JAVIER REY
Galería de Fotos Los médicos escenifican los "fusilamientos de la sanidad pública"
El factor más inmediato de inseguridad del sistema sanitario español son los cambios en la línea de privatización de los servicios, el recorte de éstos, y la introducción o el aumento del aporte económico personal inmediato para acceder a ellos, que ha introducido el Partido Popular desde que accedió por segunda vez al Gobierno de la nación. Una labor a la que varios gobiernos autonómicos populares, ahora el de Madrid de manera destacada como lo fue antes el valenciano, o de otros partidos de la derecha nacionalista, CiU en particular, aportan su grano (o montaña) de arena de manera específica.
Una característica destacada de las medidas en la línea indicada adoptadas hasta ahora es su arbitrariedad, manifestada por la marcada ausencia de razones aportadas para justificarlas cuando se han demandado. Arbitrariedad que ha llegado al extremo en Madrid con el cese por jubilación sin previo aviso de 700 profesionales que ha tenido lugar hace sólo unos días. En todo caso, se trata de medidas que afectan al sector sanitario de manera directa. Lo que ha permitido que pudieran ser combatidas de igual forma, en la calle y los centros, pero también en el terreno judicial, por los grupos de población o profesionales más afectados.
Como resultado de la combinación de una respuesta social muy activa con los recursos legales interpuestos (el presentado ante el TC por el PSOE ha sido ya admitido a trámite), más los problemas políticos añadidos derivados de esa conflictividad y de los plazos en que se deberían aplicar en relación con los calendarios electorales, caben serias dudas sobre las perspectivas de futuro de esas medidas, e incluso del interés de algunas empresas por participar en ellas. Por ahora se ha salvado así ese “match-ball” más inmediato, y hay la oportunidad de seguir jugando en defensa del sistema sanitario público y universal. Lo que ha sido posible porque había jugadores dispuestos por distintas razones a contestar la amenaza de pérdida de un partido todavía no decidido.
Esa combinación de medidas que afectan de manera evidente y directa al sistema sanitario con la existencia de grupos sensibles a las posibilidades de su deterioro con capacidad para responder al mismo no se da, sin embargo, en todos los ámbitos que afectan de manera esencial al mantenimiento de las condiciones universales y de igualdad del propio sistema. En algunos de ellos, no hay ni sensibilidad para detectar de qué manera pueden afectar medidas adoptadas en otros terrenos a la posibilidad de mantener esas condiciones, ni tampoco “jugadores” que estén interesados en responder a aquéllas Lo que convierte cualquier nuevo “match-ball” de esas características en un riesgo grave de perder el partido y constituirse en una situación irreversible y terminal que rompa definitivamente el SNS.
Esa situación es especialmente manifiesta en el terreno de la financiación autonómica. El principal motivo aducido para que se haya vuelto a plantear su modificación son las demandas planteadas desde Cataluña, con el apoyo de todo su espectro parlamentario autonómico, para obtener una financiación que limite las aportaciones que se puedan hacer desde allí a la financiación compensadora de otras CCAA con un menor nivel de renta y, en consecuencia, con una menor capacidad fiscal. Demandas planteadas sobre la base de un supuesto “déficit fiscal” de aquel territorio, acerca de cuya realidad y cuantía hay discrepancias importantes entre los propios expertos -Zabalza A. Cuatro reflexiones sobre el saldo fiscal catalán (I) y (II)-. El problema es que, incluida la financiación sanitaria en la autonómica general desde 2002, y siendo la parte sanitaria una proporción elevada del presupuesto de cada CA (que en algunos casos llega al 50%, y en todo caso no es inferior al 40% del mismo), atribuir la sostenibilidad del sistema sanitario de cada una a su propia capacidad fiscal, y reducir su carácter solidario y generador de cohesión territorial y social, condena a muchas de ellas a que sea imposible que mantengan un mismo nivel de servicios. Lo que conllevaría la ruptura de las condiciones universales e igualitarias con las que se constituyó nuestro sistema sanitario.
Si ocurre así desde el punto de vista de los ingresos, pasa igual desde el punto de vista del gasto. La elevada proporción del presupuesto sanitario sobre el total de cada CA permite también deducir que su desvío tiene mucho que ver con los déficits en que han incurrido, en proporción desigual, las CCAA como consecuencia de incrementos globales injustificados del gasto generado por su gestión, que son responsables de hasta un 80% de sus déficits respectivos (de la Fuente A. Las cuentas autonómicas en perspectiva). Está por analizar adecuadamente qué parte de esos desvíos del gasto sanitario tienen que ver con las condiciones organizativas de los servicios, entre otras con la extensión de la privatización de los mismos en cada uno de ellas. En todo caso, otro factor contribuyente a esos desvíos es la gestión de la descentralización de los servicios sanitarios que se ha producido, que ha supuesto la ruptura de las economías de escala propias de un servicio “nacional” de salud, y que se traduce en las limitaciones para establecer una verdadera central de compras del SNS (Avedillo D. et al. Centrales de compras en el abastecimiento del sector público).
En el único país federal comparable al español que ofrece protección sanitaria universal, Canadá, los mismos problemas financieros que afectan a nuestro sistema sanitario se traducen en la existencia de un sistema descentralizado de financiación sanitaria específico, que no entra en el cálculo de las balanzas fiscales de las provincias de aquel país, equivalentes a nuestras CCAA, y que se acompaña del establecimiento de determinadas condiciones organizativas y de reconocimiento de derechos dirigidas a mantener las condiciones universales e igualitarias de su sistema sanitario (Rey Biel P. Rey del Castillo J. La sanidad y el pacto fiscal catalán). Se trata de un modelo en el que precisamente ese sistema de financiación sanitario específico ocupa un lugar central en el mantenimiento de esas condiciones, y del funcionamiento coordinado de Medicare, su sistema público de salud.
A la inversa, la carencia de una perspectiva global de las condiciones de toda clase que son necesarias para mantener la protección sanitaria universal en España, uno de los derechos cuyo ejercicio más afecta a la calidad de vida de los ciudadanos y que más se está poniendo en cuestión con las medidas del PP, es una buena expresión de la escasa prioridad que han tenido hasta ahora aquí las políticas sanitarias.
Por la misma razón, la propuesta legal y organizativa de un nuevo modelo sanitario que restablezca la perspectiva de una protección sanitaria universal e igual para todos, y no sólo la respuesta negativa a las medidas que está aplicando el PP, que no se han podido evitar eficazmente con las reglas y normas hasta ahora en vigor, debería formar parte prioritaria de cualquier alternativa política creíble para los ciudadanos que pretenda dar una salida distinta a la crisis económica. Esa propuesta debería estar al menos pergeñada para el momento en el que se debata un nuevo modelo de financiación autonómica, so pena de que la aprobación de éste hipoteque las posibilidades de desarrollo posterior de cualquier alternativa sanitaria específica.
Las dificultades añadidas para levantar ese nuevo “match-ball” derivan de una parte de que no caben esperar movilizaciones ciudadanas o profesionales que entren a defender uno u otro modelo de financiación y comprendan sus efectos sanitarios. De otra, de que el modelo de financiación autonómica cuenta desde 2002 con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Las posibilidades de superar esas dificultades dependen sobre todo, por eso, en este caso de la posición que adopten al respecto los partidos que puedan intervenir en la definición de un nuevo modelo de financiación autonómica.
Nicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.
Carlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.
Vicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.
Sandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.
Carlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.
Erika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.
Ana Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.
Jose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.
Kattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.
Enrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.
Alfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.
Carles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).
Stuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.
Luis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).
José María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.
José Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).
Antonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).
Paloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.
Jesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.
Santiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.
Javier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
Hay 0 Comentarios