Federalismo español: ¿qué federalismo?

VICENTE LERA CAMACHO. Licenciado en Derecho.
Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios legislativos por la UCM.

Desde hace unos meses, los ciudadanos hemos venido asistiendo al debate político que se ha producido alrededor a la propuesta del P.S.O.E. de reformar el Título VIII de nuestra Constitución, relativa a la organización territorial del Estado. Conscientes de que hay que darle una solución a los nacionalismos periféricos, los socialistas se lanzaron por la reforma constitucional y por la implantación real de un Estado Federal.
Pero como bien dice el catedrático García Roca, la verdad es que “España es ya un federalismo atenuado”. Cuando se conformó el Estado de las Autonomías, lo que verdaderamente fundaba el  Título VIII era la implantación de un Estado regional-federal. Si bien es verdad que tras tres décadas de funcionamiento se ha comprobado que su funcionamiento ha sido satisfactorio, el sistema también ha demostrado que debe ser reajustado.  

La cuestión no debe centrarse en un problema de nombre, sino de fondo. La dificultad viene a la hora de establecer qué tipo de federalismo se quiere y cómo se articula. Debemos ser conscientes de que la respuesta no debe consistir en la copia literal de un sistema federal concreto, sino que debe fundamentarse en la adecuación de ése modelo a las características propias de nuestra cultura política.
En lo que está de acuerdo la práctica totalidad de la doctrina es en que se debe comenzar eliminando, de nuestra Carta Magna, el principio dispositivo. Se debe clarificar, de una vez, qué competencias ostenta la Administración central y cuáles las Administraciones territoriales. No se puede estar debatiendo ad eternum sobre el ejercicio y la ejecución de las competencias compartidas que se establece en la legislación. El “melón” competencial debe cerrarse de una vez por todas.

El modelo de financiación es otro de los escollos que también debe remediarse. Los principios de equidad horizontal y equidad vertical no se han cumplido como debieran, provocando un desequilibrio fiscal que ha provocado un desajuste en la balanza de nivelación y que es la causante del conflicto fiscal que hay, ahora mismo, entre las Autonomías y el poder central.
Debemos dejar claro que la nueva financiación fiscal no debería pasar por la simetría total entre todos los territorios autonómicos. La solución vendría por proponer un nuevo modelo en el que se hiciera compatible la autonomía financiera con la equidad, para garantizar así un modelo fiscal igualitario y corrector, donde la solidaridad interterritorial también fuera clave.

Otra de las cuestiones esenciales radica en solucionar la funcionalidad actual del Senado como Cámara de representación territorial. En este aspecto, la doctrina se ha visto dividida históricamente entre “unicameralistas” y “bicameralistas”, pero la práctica política también nos ha venido a decir que la realidad en el funcionamiento de los Senados en los Estados Federales es que no se suele actuar conforme a los intereses territoriales, sino a favor de los intereses partidistas. Por eso, lo más lógico y sensato sería eliminar, de una vez, el bicameralismo de nuestra Constitución.
Esa eliminación podría suplantarse con la constitucionalización de las Conferencias sectoriales, así como las Conferencias de Presidentes en nuestra Carta Magna. La práctica de estas experiencias nos ha venido a demostrar su utilidad política, así como la defensa de los intereses regionales.

Por último, no podemos olvidarnos de la construcción europea. Nuestro proceso federalista pasa, ineludiblemente, por ir conjuntamente con un proyecto federal dentro de la Unión Europea. Primero, porque ello serviría para delimitar y clarificar, todavía más, las competencias entre los Estados y la Unión. Segundo, porque incardinaríamos en nuestra Carta Magna los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y tercero, porque avanzaríamos notablemente en el proyecto de integración europea. No como país, sino como ciudadanos europeos y europeístas.

No obstante, la clave de todo este proceso federalista radicará en la capacidad que tengan las fuerzas políticas para entenderse y para respetar la cultura del pacto y de la lealtad institucional que supone un modelo federal. Como ha dicho en múltiples ocasiones el filósofo Daniel Innerarity, dependerá de la “ética de la hospitalidad”, puesto que las identidades se constituyen en una relación de reciprocidad. 

 

Comments

[Publicado por: JordiPPP]

Pues estoy casi de acuerdo con la línea general del artículo. No obstante, debe recordarse que el pernicioso "café para todos" fue diseñado para diluir el "hecho diferencial" de un par de territorios con vocación nacional. Y que algunas CCAA hubieron de introducirse en el sistema a empujones, como usuarios del metro de Tokio en hora punta. Muchos votantes no se sentían concernidos por la "necesidad" de constituirse en CA ni habían en algunos territorios gente preparada para dedicar al sevicio de su país una profesionalidad idónea. Eso sí, la presión de algunos caciques consiguió poner al alcance de las familias habituales una larga serie de prebendas y canongías que ahora a ver cómo y quién se las quita. Otra cosita: sería un error transformar "comunidad autónoma" en "comunidad federada" así, como si fuera un ascenso jerárquico por antigüedad. Yo entiendo una federación como un acuerdo de funcionamiento entre dos o más territorios (sus habitantes, claro) pero desde su libre albedrío constitucional y legal. Es decir, entre territorios políticamente (y todo lo demás) independientes. Por tanto, una federalización sólo seria posible entre naciones independientes con esquemas jurídicos, políticos, económicos, financieros y sociales propios y autosuficientes, con capacidad para decidir sobre su funcionamiento diario y, obviamente, sobre su propio destino nacional.