Algo se mueve en Europa a favor del empleo juvenil

VÍCTOR ECHEVARRÍA. Universidad Complutense de Madrid

Las últimas semanas se han visto varias iniciativas de los gobiernos europeos para reducir el problema acuciante del desempleo juvenil.  En marzo la Comisión Europea anunció la iniciativa para el empleo juvenil,  posteriormente, Alemania alcanzó acuerdos con países del sur de Europa para dar oportunidades a jóvenes en paro y anteayer  se conocieron algunos detalles del plan contra el desempleo juvenil que se discutirá en el Consejo de Ministros de Empleo del 3 de julio en Berlín. Este plan se centrará, según anunciado por los jefes de gobierno de Alemania, Francia e Italia,  en acciones en aquellos países más afectados, tomando iniciativas para facilitar el acceso al crédito de las PYMES, desarrollar nuevos programas de prácticas para jóvenes y aumentar la movilidad geográfica de los jóvenes.
Estas medidas tratan de lidiar con un problema cuya magnitud está alcanzando niveles insoportables: 6 millones de europeos jóvenes están desempleados. La disparidad del problema entre los distintos países es notable: en países como España o Grecia, la tasa de paro juvenil se sitúa entorno al 50%, mientras en Portugal e Italia se sitúa en niveles cercanos al 40%. En Austria y en Alemania, sin embargo, se sitúa por debajo del 10%.  De forma similar, aproximadamente un 20% de la población joven de España, Italia y Grecia ni trabajan ni estudian, ratio que en la práctica totalidad de los países del norte apenas supera el 5%. Por tanto, se trata de un reto fundamental y de una de las asimetrías más dolorosas de las existentes en la Unión Europea, por lo que el foco que se pone en este problema es bienvenido. Sin embargo, existen algunas dudas sobre cómo el plan va a gestionar algunos de los problemas que anuncia.
En primer lugar, respecto al acceso al crédito de las pymes, las dudas surgen sobre la eficacia de las medidas ante la fragmentación de los mercados financieros y la disparidad de las condiciones de financiación en el seno de la UE. El acceso a financiación en los países del sur no se normalizará sin acción decidida hacia la mutualización de riesgos entre los países y la creación de una auténtica unión bancaria y fiscal. Hasta hoy, los avances han sido escasos por la resistencia feroz de algunos países,  lo que invita al pesimismo.
En segundo lugar, la movilidad laboral es fundamental para el funcionamiento correcto de la UE: más allá de suponer una verdadera integración entre países,  para la zona euro es un mecanismo que puede facilitar el ajuste ante un shock asimétrico y suplir la imposibilidad de devaluar la moneda. Sin embargo, la experiencia muestra que son las grandes diferencias en condiciones laborales las que provocan la emigración. Hasta que éstas no converjan, las iniciativas tomadas tendrán un impacto marginal.
Respecto a la facilitación de la contratación en prácticas y el aprendizaje en el trabajo, las iniciativas son sin duda bienvenidas, si bien su alcance será limitado ya que los elementos que evitan un mejor acoplamiento de los estudiantes a la vida laboral se encuentran sobre todo en la legislación nacional de índole nacional. En este sentido, la Iniciativa podrá fomentar las prácticas  adecuadas en casos concretos pero difícilmente tendrá un impacto general para facilitar la transición de los estudios  al primer empleo.
Por tanto, no se debería esperar una varita mágica de Bruselas. Más allá de las dificultades prácticas sobre la capacidad del programa de tomar las acciones necesarias, existe también un desacuerdo de fondo sobre las medidas que se deben tomar: las distintas recomendaciones de las organizaciones internacionales así lo indican: mientras la OCDE aboga por un aumento de los periodos  de prueba de los empleados, un sueldo mínimo más bajo para jóvenes y reducir la dualidad entre empleados temporales y permanentes, la OIT apuesta por programas de empleo público, subvenciones al empleo, y la realización por parte de los estados de programas de infraestructura intensivos en la utilización de mano de obra.

Es fundamental que la UE actúe ante el desempleo juvenil, pero debe acordar su posición en el debate de fondo, para encontrar el impulso que le permita tomar las medidas necesarias que no ha tomado hasta ahora.

Federalismo español: ¿qué federalismo?

VICENTE LERA CAMACHO. Licenciado en Derecho.
Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios legislativos por la UCM.

Desde hace unos meses, los ciudadanos hemos venido asistiendo al debate político que se ha producido alrededor a la propuesta del P.S.O.E. de reformar el Título VIII de nuestra Constitución, relativa a la organización territorial del Estado. Conscientes de que hay que darle una solución a los nacionalismos periféricos, los socialistas se lanzaron por la reforma constitucional y por la implantación real de un Estado Federal.
Pero como bien dice el catedrático García Roca, la verdad es que “España es ya un federalismo atenuado”. Cuando se conformó el Estado de las Autonomías, lo que verdaderamente fundaba el  Título VIII era la implantación de un Estado regional-federal. Si bien es verdad que tras tres décadas de funcionamiento se ha comprobado que su funcionamiento ha sido satisfactorio, el sistema también ha demostrado que debe ser reajustado.  

La cuestión no debe centrarse en un problema de nombre, sino de fondo. La dificultad viene a la hora de establecer qué tipo de federalismo se quiere y cómo se articula. Debemos ser conscientes de que la respuesta no debe consistir en la copia literal de un sistema federal concreto, sino que debe fundamentarse en la adecuación de ése modelo a las características propias de nuestra cultura política.
En lo que está de acuerdo la práctica totalidad de la doctrina es en que se debe comenzar eliminando, de nuestra Carta Magna, el principio dispositivo. Se debe clarificar, de una vez, qué competencias ostenta la Administración central y cuáles las Administraciones territoriales. No se puede estar debatiendo ad eternum sobre el ejercicio y la ejecución de las competencias compartidas que se establece en la legislación. El “melón” competencial debe cerrarse de una vez por todas.

El modelo de financiación es otro de los escollos que también debe remediarse. Los principios de equidad horizontal y equidad vertical no se han cumplido como debieran, provocando un desequilibrio fiscal que ha provocado un desajuste en la balanza de nivelación y que es la causante del conflicto fiscal que hay, ahora mismo, entre las Autonomías y el poder central.
Debemos dejar claro que la nueva financiación fiscal no debería pasar por la simetría total entre todos los territorios autonómicos. La solución vendría por proponer un nuevo modelo en el que se hiciera compatible la autonomía financiera con la equidad, para garantizar así un modelo fiscal igualitario y corrector, donde la solidaridad interterritorial también fuera clave.

Otra de las cuestiones esenciales radica en solucionar la funcionalidad actual del Senado como Cámara de representación territorial. En este aspecto, la doctrina se ha visto dividida históricamente entre “unicameralistas” y “bicameralistas”, pero la práctica política también nos ha venido a decir que la realidad en el funcionamiento de los Senados en los Estados Federales es que no se suele actuar conforme a los intereses territoriales, sino a favor de los intereses partidistas. Por eso, lo más lógico y sensato sería eliminar, de una vez, el bicameralismo de nuestra Constitución.
Esa eliminación podría suplantarse con la constitucionalización de las Conferencias sectoriales, así como las Conferencias de Presidentes en nuestra Carta Magna. La práctica de estas experiencias nos ha venido a demostrar su utilidad política, así como la defensa de los intereses regionales.

Por último, no podemos olvidarnos de la construcción europea. Nuestro proceso federalista pasa, ineludiblemente, por ir conjuntamente con un proyecto federal dentro de la Unión Europea. Primero, porque ello serviría para delimitar y clarificar, todavía más, las competencias entre los Estados y la Unión. Segundo, porque incardinaríamos en nuestra Carta Magna los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Y tercero, porque avanzaríamos notablemente en el proyecto de integración europea. No como país, sino como ciudadanos europeos y europeístas.

No obstante, la clave de todo este proceso federalista radicará en la capacidad que tengan las fuerzas políticas para entenderse y para respetar la cultura del pacto y de la lealtad institucional que supone un modelo federal. Como ha dicho en múltiples ocasiones el filósofo Daniel Innerarity, dependerá de la “ética de la hospitalidad”, puesto que las identidades se constituyen en una relación de reciprocidad. 

 

El marco (framing) de la cultura

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Las declaraciones de Umberto Eco sobre el carácter de la cultura y su íntima relación histórica con la crisis ponen de nuevo el foco, incluso con su alto voltaje contradictorio, sobre algunas de las Grandes Preguntas, de las que tan poco amigos son muchos de los profesionales del sector y la mayoría de los responsables de las políticas del ramo: Para qué vale la cultura, con su sabiduría crítica hoy, qué papel han de jugar la producción, la difusión, las formas presentes de la participación, las instituciones de mediación o las industrias culturales y del entretenimiento en el devenir social de nuestras comunidades. O qué derechos universales han de garantizarse respecto a la cultura en los nuevos marcos de convivencia que puedan establecerse local y globalmente. Preguntas que, en el flujo acelerado de los cambios, corren el riesgo de ser definitivamente retóricas, vista la velocidad de la conversión de lo cultural en un bien de consumo prescindible. Esta idea tiene éxito entre gobiernos y organizaciones de todo el espectro ideológico, según podemos ver en las prioridades presupuestarias de aquí y allá.
En el campo de las estrategias sociales la cultura circula en flujos paralelos. Un cada vez más amplio contingente de colectivos y personas profundizan en formas y prácticas de convivencia, producción y distribución que no tienen al mercado como objetivo único (siendo incluso reconocida esa generación de capital cultural en el sector artístico, como acaba de ocurrir con el Golden NICA de comunidades del festival de referencia Ars Electronica, que premia al proyecto madrileño Campo de Cebada). A la vez, en el espacio hegemónico, el trabajo de los operadores globales del negocio audiovisual y del espectáculo han trabajado, especialmente desde fines de los noventa, para completar un círculo del consenso respecto a la producción cultural en torno a las denominadas industrias creativas. Y lo han hecho fomentando  una estrategia de valor definida que acoge desde los think tanks de los partidos liberales y socialdemócratas del ámbito anglosajón hasta el Partido Comunista chino, por motivos bien distintos  (los chinos trabajan para crear su propio círculo de influencia asiática para el control del negocio de los contenidos).
Una parte importante del éxito en la implantación del discurso conservador es la creación de una serie de códigos que se van divulgando y estableciendo, una vez testada su eficacia comunicativa,  a través del discurso dominante. La política, los medios tradicionales, las redes sociales, todos los canales de distribución de señal son utilizados para ese fin. Las estrategias de programación neurolingüística (EPN) son herramientas que desde mediados de los años 80 vienen aplicándose en el mundo de la publicidad y que hace más de dos décadas se incorporaron a la comunicación política de todos los colores . Frank Luntz sabe bien de este trabajo a favor de los conservadores estadounidenses y de medio mundo. Lo mismo que George Lakoff en el mundo socialdemócrata. O que numerosos lingüistas devenidos expertos o simplemente en publicistas en busca de clientes.
Y este trabajo de creación de estereotipos, de framing o enmarcado, o como dice Luntz, de frases ganadoras, la ocupación del campo de la cultura, un terreno que tópicamente se adscribe a la izquierda, se va produciendo sistemáticamente, en especial en medio de la crisis del Estado de derechos, a través de varios frentes: Por un lado generando un nuevo marco, que estimula la reflexión en torno a la cultura únicamente como parte del andamiaje de la competitividad nacional o internacional: “cultura creativa”, cultura como generadora de recursos económicos (el penúltimo caso es el estudio del Arts Council británico sobre su contribución y efectos añadidos en la economía británica). En este campo se llega al paroxismo en conceptos como “desencargo creativo” (“creative deccomissioning”), una perla que subtitula un reciente estudio de NESTA en Gran Bretaña, llamado por cierto “El Arte del Abandono”, que explica cómo dejar de hacer programas culturales que no cumplen expectativas económicas. Por otro, despreciando todo lo que no es negocio a través de la descalificación caricaturesca (“cultura para ricos” ”despilfarro cultural” “titiriteros” “pesebristas culturales” ”los de la zeja”…). Y para quienes no se conforman con el estado de las cosas se reservan calificativos más estigmatizantes si cabe: “antisistema”, “ultrarradicales”, “paraísos okupa”. Todo en la nada inocente convicción de que así se acaba de una vez por todas con la supuesta hegemonía de la izquierda en la cultura.
Somos testigos desde hace años, con múltiples complicidades silenciosas, de otra manipulación sistemática a la que responden muy pocas voces de los antes llamados “intelectuales comprometidos” (otra muestra del framing muy aceptada). Y se nos hace ver que quienes más alzan sus voces, o son viejos o están muertos. Hora va siendo ya de aclarar posiciones entre quienes dicen defender la cultura como un derecho más allá de los negocios. O de aceptar sin ambages su conversión, sin más, en otra mercancía.

EEUU y México: ¿NAFTA, TAFTA o qué?

VICENTE PALACIO

Fotogalería de la visita de Obama a México

En unos pocos meses se cumplirán veinte años de la firma del controvertido NAFTA (North Atlantic Free Trade Area) o Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EEUU, México y Canadá. Este aniversario podría coincidir con la puesta en marcha de la nueva ley migratoria de Obama que estos días se debate en el Senado norteamericano. La confluencia de ambos seguro que dará que pensar.

De hecho, gran parte del debate sobre la reforma migratoria en EEUU y de los dilemas que afrontan las economías estadounidense y mexicana, tiene su origen en un tratado que ha resultado ser bastante disfuncional para el sur del Río Bravo en términos económicos y sociales y ha acentuado la amenaza del narcotráfico a ambos lados de la frontera.

¿Estamos al final de un ciclo que se ha acelerado desde la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994? Quizá sea buen momento para replantearse, tanto en Washington como en el D.F. y en otros centros de poder, qué tipo de acuerdos comerciales convienen más a los países y a sus sociedades.

Lo cierto es que nuevas perspectivas se abren en el comercio multilateral: EEUU ensaya una diversificación de grandes acuerdos con áreas como Europa (el Transatlantic Free Trade Area Assotiation, TAFTA), y coincide con su vecino del sur en el Transpacific Partnership (TPP) o la Asociación Transpacífica de 11 países de la cuenca del Pacífico: el propio EEUU, Australia, Vietnam o Singapur, pero también Colombia, Chile, y Perú. En la Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre pasado, el presidente Calderón apostó fuertemente también por esa otra Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y Perú, antes de pasarle el testigo a Peña Nieto.

Esta nueva sopa de siglas podría crecer en relevancia frente a un modelo naftiano que parece agotado. ¿Cuál es la diferencia con el pasado? Ahora ya no se habla de comercio a secas, sino que en su narrativa entran la educación y el tejido social: o sea, transferencia de conocimiento, I+D y demás factores que apuntalan un crecimiento sostenido.

Todo el debate sobre la inmigración ilegal procedente de México de los últimos años, los malentendidos y sobresaltos a uno y otro lado de la frontera, le deben mucho a un mal acuerdo. El NAFTA disparó las asimetrías a ambos lados, y tuvo mucha parte en la economía de las maquiladoras y las remesas. Aunque en modo alguno cabe atribuir al TLC todos los males de México, está claro, casi veinte años después, que los tratados de libre comercio regionales deberían contener elementos compensatorios e incentivos para la parte más débil.

En el Congreso norteamericano, un grupo de senadores, republicanos y demócratas -el “gang de los ocho”- lleva trabajando en un proyecto de ley de reforma. Once millones de indocumentados podrían ver pronto la luz del túnel, la mayor parte en unos trece años –sumando los de la petición de residencia permanente y la naturalización– y otros menos tiempo -trabajadores del campo y niños-. Aunque no sin tener que someterse a una tortuosa casuística –encontrar un trabajo, entre otras- y pagar sucesivas multas para lograr la normalización. Y no sin que los republicanos consigan elevar en 4.500 millones de dólares más el gasto en control fronterizo.

Todo este drama se ve con una especial ansiedad desde la frontera mexicana –país de origen del 60% de los inmigrantes ilegales, y que tiene a 33 millones de méxico-americanos viviendo en EEUU-.

Según datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, la reforma migratoria traería efectos económicos muy positivos: solo la ley de reforma migratoria de 2006 –bloqueada en su momento- hubiera incrementado tres millones de puestos de trabajo adicionales en 2016. Si a los indocumentados se les garantizara un estatus legal este año, el Center for American Progress estima que en los próximos diez años el PIB se incrementará en 832 billones (americanos) de dólares, en 121.000 puestos de trabajo al año, y 109 billones de dólares en impuestos.

Estas reformas podrían traer efectos positivos a México en forma de remesas, en un país que es el cuarto receptor del mundo de este tipo de ingresos. Pero de los 26 billones de 2007 de flujo se ha pasado a 22.4 billones en 2012, bajando a un 1.8% del PIB. Hasta ahora, en el modelo NAFTA de los hogares mexicanos que reciben remesas, más de la mitad del total de ingreso familiar proviene de aquéllas. Es cierto que si la reforma migratoria sale adelante, el incremento de las remesas contribuiría a una mayor inversión y consumo. Pero eso solo sería satisfactorio si sirve para afianzar una diversificación de la economía.

A pesar de infundados temores, la reforma migratoria probablemente no llevará a un boom de inmigración ilegal –lo que en España se llamaría el “efecto llamada”-. De hecho, las cifras disponibles muestran que en estos momentos de crisis, sale más gente de EEUU hacia México -donde la economía vive un momento de moderado despegue por encima del 3%- que al revés.

Estamos pasando a acuerdos de segunda generación frente a otros que han quedado algo caducos. Así que la pregunta que muy pronto se harán Peña Nieto y Obama, si la reforma migratoria finalmente tiene éxito, y los TAFTA, TPP y alianzas del Pacífico van saliendo adelante es: ¿y ahora qué hacemos con el NAFTA?.

Una visión heterodoxa sobre la crisis económica

CARLES MANERA. Catedrático de Economía de la Universidad de Baleares y Ex Consejero de Economía y Hacienda de las Islas Baleares

La bibliografía existente sobre la crisis que arrancó en 2008 es ya muy abundante, aunque desigual. Las aportaciones se suelen centrar sobre aspectos de carácter financiero y bancario. Pero no pueden descartarse visiones más amplias sobre las causas y el desarrollo de la crisis, aunque son escasas en el panorama bibliográfico. Abordar la economía con posicionamientos holísticos resulta todavía extraño. Si se adoptan, puede apreciarse que la crisis es de carácter sistémico, y no sólo obedece a sus orígenes financieros. Este planteamiento incluye los problemas de sobreproducción, la caída en los beneficios empresariales, las externalidades ecológicas y la insistencia en la aplicación de unas políticas económicas pro-cíclicas, centradas en la austeridad. En tal sentido, un mayor conocimiento de la Historia Económica permitiría tanto a economistas como a gobernantes disponer de ejemplos precisos para evitar la reiteración de errores. El desprecio existente a los análisis del largo plazo, la óptica inmediatista de políticos y muchos economistas, promueve la equivocación en los diagnósticos.
    Tres puntos esenciales definen este nuevo enfoque. Primero, la necesidad de que el liderazgo europeo se asuma plenamente por parte de Alemania (y que ésta no vea el proceso económico de la Unión en clave estrictamente “nacional”). De hecho, Alemania ha salido muy beneficiada con la entrada del euro, contrariamente a lo que se explica desde Berlín, tal y como se observa en las variables estadísticas sobre balanzas comercial, de servicios y de pagos entre 1970 y 2010. Segundo, un urgente cambio en la política del Banco Central Europeo, que debe preocuparse menos por los movimientos de los precios y más por estimular un crecimiento económico que es anémico. Esto implica una mayor inyección de liquidez que cubra deudas soberanas y que facilite el crédito a gobiernos, empresas y familias. Y tercero, debe retornarse a impulsos de carácter keynesiano, en el sentido de estimular planes que recojan buena parte de los recursos existentes –destinados muchas veces a salvar, sin contrapartidas, el sistema financiero–, que debieran canalizarse hacia proyectos concretos de ocupación, nuevas inversiones en nichos de alto valor añadido y, también con la misma intensidad, en aquellas actividades que componen los sectores cuaternario (génesis de conocimiento) y quinario (prestación de servicios sociales) de la economía.

    Estas y otras cuestiones se recogen en el libro The Great Recession. A subversive view, publicado por Sussex Academic Press-London School of Economics (2013), del que es autor el profesor Carles Manera, y que invita a repensar esta grave crisis del capitalismo.

La cultura es clave para el desarrollo sostenible

FERNANDO RUEDA

Este es el lema del congreso internacional que  China y la UNESCO celebraron la semana pasada en Hangzhou con la presencia de gobiernos y expertos de todo el mundo,  con el propósito de actualizar y poner en valor una idea que cobró mucha fuerza en los inicios del nuevo siglo, inaugurada por el Congreso intergubernamental de políticas culturales para el desarrollo celebrado en Estocolmo en 1998.

La propuesta de UNESCO, quince años después sigue siendo la de integrar la cultura de forma más eficaz en la agenda de desarrollo. El congreso presentó un interesante recorrido con las experiencias de los últimos años, con estudios de caso que certifican el trascendental papel que juega la cultura en el desarrollo sostenible.

Efectivamente, las herramientas que aporta la cultura para el desarrollo humano y desarrollo sostenible son de gran calado. Su papel en los procesos de paz y reconciliación con los ejemplos de la Orquesta Baremoim o la transformación de armas por instrumentos musicales en Colombia o México. El éxito de programas y acciones culturales para la disminución de la violencia urbana –recordemos el documental de Trueba, el milagro de Candeal, el empoderamiento de comunidades culturales y minorías o su papel en la cohesión e inclusión social-.

En este ámbito, Europa ha perdido el rumbo: su gran apuesta para la próxima década es el programa Europa Creativa, cuyo exiguo presupuesto de partida, se va reduciendo y reduciendo cada vez que se reúne el Consejo. Lo interesante de la propuesta europea es su argumentario: se trata de liberar el potencial de las Industrias Culturales y Creativas, como factor esencial de la estrategia “Europa 2020”; especialmente para permitir que se expanda en una nueva cultura empresarial. Y las medidas y herramientas que proponen  consisten  en facilitar créditos bancarios, avales y formación en emprendimiento empresarial.

Entre tanto, desaparecen y se instrumentalizan los servicios públicos de la cultura. Se dedican cero euros para la adquisición de libros en bibliotecas públicas, se duplica el precio de las entradas a Museos estatales, los recortes en los presupuestos para actividades culturales en todos los países de la Eurozona son devastadores.

En España estamos fiando nuestro desarrollo cultural a las bondades caritativas de los mecenas y los poderosos, al más puro estilo de los Medici. Sus donaciones no llegarán en tanto no tengan garantizado un buen sistema de exenciones y desgravaciones fiscales, una tasa de retorno competitiva y una publicidad a muy bajo coste, con un modelo de mecenazgo que en plena crisis hace aguas en los países de nuestro entorno.

En España , durante los años de bonanza, se ha relacionado especialmente  la cultura con el desarrollo urbanístico, con esas burbujas  megalómanas a lo largo y ancho de nuestra geografía como, por citar algunas, la ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, la Cidade da Cultura en Galicia, el gran Circo inacabado de Alcorcón, -sustituido por el gran casino de Alcorcón-  o la ciudad de la luz de Alicante. ¿Qué tiene que ver esto con cultura y desarrollo? nada de nada.

Por el contrario, lo que vemos es cómo se desmonta el tejido cultural y cómo, paralelamente, crecen las opciones políticas xenófobas. En lugar de combatir prejuicios a través de la educación y otras políticas de convivencia, los gobernantes incluyen en sus programas tales propuestas extremas para recuperarse de su erosión electoral. Expulsamos a indocumentados del sistema sanitario, identificamos protestas con parodias, eliminamos educación para la ciudadanía para elevar a materia imprescindible la religión católica o en su defecto los valores culturales hispanos -toros y tapas-.  Y no hay atisbo de reflexión en torno a políticas de cohesión e inclusión social. Crecen las desigualdades y perdemos posiciones en el índice de desarrollo humano -del puesto 20 en 2010 al puesto 23 en 2012, mejorando únicamente en esperanza de vida- . Este índice mide un vida larga y saludable, los conocimientos y un  nivel de vida digno.

La vida en España será larga pero no más saludable, los conocimientos y la educación serán mayores, pero  para rezar y encomendarse a la virgen y el nivel de vida digno, en fin, qué decir. Con este panorama toca poner el foco en las estrategias de recuperación en torno al ciudadano,  incluyendo a la cultura como factor de cohesión social.

Italia: ¿el posibilismo destructivo?

NICOLÁS SARTORIUS

I.- Con el resultado de las recientes elecciones italianas se le abrían a la izquierda -Partido Democrático liderado por Bersani- tres posibilidades: llegar a un acuerdo con el movimiento 5 Estrellas de Grillo; ponerse de acuerdo con el partido de Berlusconi o volver a convocar elecciones generales. El primer movimiento de Bersani fue intentar un acuerdo con 5 Estrellas en el Senado -en el Congreso tenía mayoría absoluta- en base a un programa de 10 puntos de renovación democrática, un presidente de la República de consenso en la prestigiosa figura del jurista progresista Rodotá y un apoyo al gobierno en temas concretos, sin que los “grillistas” entraran a formar parte del ejecutivo. Esta operación, que hubiera supuesto un cierto giro a la izquierda y hubiese liquidado a Berlusconi, fracasó tanto por la intransigencia de Grillo de no apoyar un gobierno Bersani, haciendo así el juego a la derecha, como a la oposición de importantes sectores de PD a cualquier acuerdo con 5 Estrellas, haciendo de nuevo el juego a Berlusconi.
II.- Estas contradicciones estallaron con ocasión de la elección del presidente de la República. Ningún candidato lograba la mayoría suficiente y, en el caso de un aspirante posible, en la persona de Romano Prodi, ex-primer ministro y adversario declarado del “cavalliere”, una parte de la izquierda, encabezada según se dice por D´Alema, rompió la disciplina de voto, provocó la dimisión de Bersani e hizo inevitable solicitar al presidente Napolitano que siguiera en el cargo, a pesar de su avanzada edad.
III.- Llegados a este punto del drama o de la farsa, según se mire, quedaban dos escenarios posibles: o llegar a un acuerdo con Berslusconi o convocar nuevas elecciones. Volver a las urnas no era deseado ni por el presidente de la República por razones de estabilidad  económica y política, ni por la izquierda dado que las encuestas daban de nuevo ganador a Berlusconi teniendo en cuenta la confusión en el campo de la izquierda . El hecho es que los errores de unos y de otros habían convertido al ya condenado por la justicia y al que ahora pide la fiscalía 6 años de cárcel por inducción a la prostitución, en el árbitro de la situación del país. El PD quizá en un acto de posibilismo destructivo acepta formar un gobierno de coalición con el “berlusconismo” y formar así el gobierno Letta, segundo de abordo de Bersani en el PD hasta antes de ayer, hombre procedente de la Democracia Cristiana, bien considerado pero que tiene que aceptar como vice-presidente y nada menos que ministro del Interior a Alfano, mano derecha de Berlusconi y que pasará a la pequeña historia de la infamia por ser el inspirador de las leyes “ad personam” que tenían por finalidad impedir que el llamado “cavalliere” acabara con sus huesos en la cárcel.
Como es fácil de imaginar el malestar y el desconcierto de las gentes progresistas es profundo. Según algunos el PD está roto e incluso hay quien sostiene que es el final de una cierta izquierda pues pactar con Berlusconi no es acordar con una derecha normal sino con una categoría relacionada con el código penal. De ser ello cierto, se demostraría una vez más  que el posibilismo en política tiene límites como es el de no atravesar la linea de tu propia destrucción. Se puede sostener que antes de pactar con sujetos como Berlusconi es mejor ir a elecciones aunque las pierdas, pues de lo contrario arriesgas todo, es decir, el futuro.
IV.- Con el fin de impedir que el incendio se extienda el PD, olvidándose de las primarias que en su día ganara Bersani, elige internamente líder al socialista Guglielmo Epifani, ex-secretario General del sindicato CGIL, persona honesta y valiosa, con una difícil tarea por delante y quizá solución de transición. En cuanto al gobierno Letta, aparte de los graves problemas económicos -una Deuda del 130% del PIB y 10 años estancados- tiene la complicada misión de cambiar la ley electoral, para lo que se ha dado un plazo de 100 días. ¿ Aceptará Berlusconi soltar la gran presa de la actual ley electoral, que tanto le beneficia?. Los expertos en la maquiavélica política italiana sostienen que sí, siempre que le garanticen la impunidad en sus numerosos procesos y condenas, por ejemplo vía nombramiento de senador de por vida...... y la previa división de la izquierda. ¿ Se llegará a ello? . Quizá lo veremos en las próximas semanas o meses, porque todo es posible.

El "match-ball" sanitario de nunca acabar

JAVIER REY

Galería de Fotos Los médicos escenifican los "fusilamientos de la sanidad pública"

El factor más inmediato de inseguridad del sistema sanitario español son los cambios en la línea de privatización de los servicios, el recorte de éstos, y la introducción o el aumento del aporte económico personal inmediato para acceder a ellos, que ha introducido el Partido Popular desde que accedió por segunda vez al Gobierno de la nación. Una labor a la que varios gobiernos autonómicos populares, ahora el de Madrid de manera destacada como lo fue antes el valenciano, o de otros partidos de la derecha nacionalista, CiU en particular, aportan su grano (o montaña) de arena de manera específica.
       Una característica destacada de las medidas en la línea indicada adoptadas hasta ahora es su arbitrariedad, manifestada por la marcada ausencia de razones aportadas para justificarlas cuando se han demandado. Arbitrariedad que ha llegado al extremo en Madrid con el cese por jubilación sin previo aviso de 700 profesionales que ha tenido lugar hace sólo unos días. En todo caso, se trata de medidas que afectan al sector sanitario de manera directa. Lo que ha permitido que pudieran ser combatidas de igual forma, en la calle y los centros, pero también en el terreno judicial, por los grupos de población o profesionales más afectados.
    Como resultado de la combinación de una respuesta social muy activa con los recursos legales interpuestos (el presentado ante el TC por el PSOE ha sido ya admitido a trámite), más los problemas políticos añadidos derivados de esa conflictividad y de los plazos en que se deberían aplicar en relación con los calendarios electorales, caben serias dudas sobre las perspectivas de futuro de esas medidas, e incluso del interés de algunas empresas por participar en ellas. Por ahora se ha salvado así ese “match-ball” más inmediato, y hay la oportunidad de seguir jugando en defensa del sistema sanitario público y universal. Lo que ha sido posible porque había jugadores dispuestos por distintas razones a contestar la amenaza de pérdida de un partido todavía no decidido.
    Esa combinación de medidas que afectan de manera evidente y directa al sistema sanitario con la existencia de grupos sensibles a las posibilidades de su deterioro con capacidad para responder al mismo no se da, sin embargo, en todos los ámbitos que afectan de manera esencial al mantenimiento de las condiciones universales y de igualdad del propio sistema. En algunos de ellos, no hay ni sensibilidad para detectar de qué manera pueden afectar medidas adoptadas en otros terrenos a la posibilidad de mantener esas condiciones, ni tampoco “jugadores”  que estén interesados en responder a aquéllas Lo que convierte cualquier nuevo “match-ball” de esas características en un riesgo grave de perder el partido y constituirse en una situación irreversible y terminal que rompa definitivamente el SNS.

Ciegos, sordos, mudos.

Parodias de diálogo entre la administración y la industria audiovisual

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Las actuales muestras de desprecio hacia la cultura de la mayoría de las instituciones públicas españolas no son por desgracia visibles en muchos de sus aspectos más dañinos para la comunidad. De la casi total desaparición de la inversión pública en adquisición de libros (físicos o digitales) para las bibliotecas, y de su impacto tremendo en la cadena de valor del libro, ocasión tendremos de escribir, así como de otros muchos casos de abandono que afectan a millones de usuarios de servicios públicos culturales. Pero, por su visibilidad mediática, ese desinterés lo perciben bien millones de ciudadanos en la actitud de los responsables en materia de políticas para las industrias y la creación audiovisual, desde el Gobierno central a la mayoría de los Gobiernos autonómicos. Y son especialmente visibles las tensiones diarias que afectan a la supervivencia de la cadena de negocio del cine, desde la producción a la exhibición, aunque ni mucho menos sean la única señal de esa desidia.
Se constata, en efecto, como reunión tras reunión las promesas rotas, los calendarios incumplidos y la falta de respuestas van colmando la paciencia del sector, expresada con distintos matices según su origen. Y no se trata solo del impacto de la subida del IVA (ya está analizado por ejemplo su efecto devastador para las artes escénicas en sus primeros meses de aplicación y los datos de la taquilla del cine no le van a la zaga, con una previsión para este fin de semana escalofriante, que supondría ver reducidos casi un 50% los ingresos respecto a la misma semana del pasado año). Tampoco ayuda la falta de respuesta a la modificación solicitada del incremento de los incentivos fiscales (el 18%, establecido en la limitada Ley de la Comunicación Audiovisual no contenta al sector, frente a los más generosos de las fórmulas francesa -35%- o italiana -40%-).  Del abandono de las colaboraciones de RTVE para hacer sostenible el negocio de los pequeños industriales de la distribución queda constancia directa y dolorosísima en el cierre o anuncios de cierre de salas, distribuidoras e iniciativas como ALTA Films, el más visible de los muchos en marcha. Todo esto se resume en una clara renuncia a la defensa de la excepción cultural, incluso en el campo de la industria convencional, y por tanto una entrega rendida a las exigencias del oligopolio mundial del entretenimiento.
A este panorama de silencios se suman otros datos de deficiencias estructurales no abordadas, como el escaso grado de digitalización de nuestras salas en el contexto europeo: Un 45% de renovación de equipos, frente a la digitalización completa de Finlandia o las casi completas de Alemania, Francia y Gran Bretaña y el consiguiente peligro de desertización cinematográfica de la mayoría de nuestras ciudades en muy pocos años, cuando la distribución digital del cine se generalice tanto para grandes como para pequeños proyectos). Y también pesa, y mucho, la falta de líneas propias de ayudas que complementen sólidamente los 20.000 euros por sala de la convocatoria europea MEDIA de ayudas para hacer posible el cambio a las salas independientes, las más perjudicadas y que caminan, en este desierto de silencio y ceguera administrativa, hacia su cierre irreversible.
La lista de asuntos pendientes deviene interminable. Y si la sordera acompaña a la falta de visión en el campo de la industria, qué decir del desinterés absoluto respecto a las nuevas formas de producción, distribución y consumo nacidas al calor sobre todo de la popularización de las herramientas digitales y las nuevas visiones de generaciones de creadores y consumidores que no quieren, legítimamente, ampararse en los mecanismos de la industria, y desean disponer de su propio espacio público para compartir y participar en el espacio de lo audiovisual. Son invisibles para los administradores públicos, aunque en número e intensidad productiva sean ya un importante contingente de actores cuyo papel debería merecer la atención y el cuidado de cualquier política pública de I+D cultural. Pero, al parecer, estamos ocupados en asuntos más importantes. O eso dicen. Y ya se sabe que la investigación mejor es la que no existe.

¡MALDITA ONU!

CARLOS CARNERO

“¡Maldita ONU!”. No es difícil imaginar que esa habrá sido la expresión de algunos de los halcones de Washington cuando hayan escuchado las palabras de Carla del Ponte afirmando que “existen fuertes y concretas sospechas, aunque no pruebas incontrovertibles, de la utilización de gas sarín en Siria…por algunos grupos de la oposición”.

Mientras la guerra civil en Siria acentúa su espantoso balance de muertos, heridos y destrucción moral y material, algunos grupos de interés elevan su presión para que Obama se decida a intervenir militarmente (vía bombardeos aéreos) para poner fin al conflicto con una derrota militar del régimen. Pero el Presidente parece resistirse a poner en marcha una operación que implica bastantes riesgos.

En primer lugar, porque no hay testimonios de que las líneas rojas que se marcó para autorizar el despegue de los cazabombarderos hayan sido traspasadas por parte de El Assad. El régimen del dictador sirio ha cometido crímenes brutales e incontables  a lo largo y ancho del conflicto, pero es complicado probar que haya hecho uso hasta la fecha de las armas químicas, condición marcada para su intervención por los propios Estados Unidos.

En segundo lugar, porque no da la impresión de que el nivel de acuerdo (y en su caso, implicación) con la intervención entre los aliados norteamericanos, particularmente en la Unión Europea, haya alcanzado una masa crítica suficiente como para no convertir el ataque en una acción cuasi unilateral, con algunos apoyos aislados en lo militar y declarativos en lo político.

En tercer lugar, porque la desconfianza de Washington hacia algunos sectores de la oposición siria –más allá del reconocimiento formal obtenido por su plataforma conjunta en las principales capitales occidentales- sigue siendo patente. Es decir, no se tiene la garantía de poder influir de manera suficiente en el desarrollo de los acontecimientos una vez que el régimen se desplome.

Y en cuarto lugar, porque ni existe ni probablemente existirá un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU para intervenir en Siria. Es verdad que tal situación responde al rechazo hasta la fecha de dos países con poder de veto (Rusia y China), pero, independientemente de las causas, tal mandato ni se ha pedido con nitidez ni se ha obtenido.

De forma que la diferencia con la intervención en Libia sería que aquella se llevó a cabo en el marco del derecho internacional porque las Naciones Unidas la amparaban. Ahora mismo, actuar en Siria equivaldría a decir que el unilateralismo fue expulsado por la puerta pero ha retornado por la ventana, algo poco acorde con la política exterior de Obama.

Algunos han creído ver en los ataques israelíes en Siria una especie de boca de ganso militar de los Estados Unidos: Tel Aviv intervendría cuando su principal aliado no puede o no quiere hacerlo. Quizás sea así o también que Israel haya decidido actuar de forma preventiva tras formar un gobierno escorado a la derecha, argumentando que en realidad lo hace contra Irán y Hezbolá y seguro de que el ejército del régimen de Damasco no tiene ninguna capacidad de respuesta en un segundo frente.

Volvamos, en todo caso, a las preguntas esenciales: ¿la responsabilidad de proteger (antes conocida como derecho de injerencia) está o no por encima de elementos que pueden ser considerados formales, como la existencia previa de una autorización onusiana?; ¿hasta qué punto pueden las democracias verse paralizadas por el veto de los de los de siempre en el Consejo de Seguridad a la hora de actuar para impedir las masacres de regímenes sin escrúpulos como el sirio?; ¿seguiremos siempre dejando que los conceptos de “no intervención” o “apaissment”, tan terribles para la historia de España y Europa, jueguen a favor de quienes cometen crímenes contra la humanidad?

Es evidente que la acción política, diplomática y humanitaria a favor del pueblo sirio y en contra del régimen no solo debe continuar sino reforzarse, lo mismo que ha condenarse cualquier atrocidad por parte de la oposición al mismo. Pero el debate está abierto sobre la necesidad de intervenir militarmente y de hacerlo incluso sin una autorización de la ONU. Eso sí, la discusión es urgente, urgentísima, porque cada día mueren personas inocentes en una guerra civil que parece no tener fin.

En todo caso, las Naciones Unidas –tan criticadas, a veces justamente, y tan poco alabadas, en ocasiones injustamente- vuelven a demostrar su incuestionable valor cuando su propia existencia y el derecho internacional que han ido creando obliga a todos a pensar dos veces lo que hacer antes de apretar el gatillo. En algunos casos, repito, siempre habrá quien reaccione a ello con ese “¡Maldita ONU!”.