Datos, espías y derechos civiles

Por: | 28 de junio de 2013

DIEGO BEAS

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Pasado el ecuador de la administración Obama —después de arrancar su presidencia prometiendo poner en marcha la "administración más transparente de la historia"—, nos encontramos ante un escenario insospechado que súbitamente podría convertir al primer presidente negro en el más restrictivo cuando del ejercicio de libertad de expresión se trata. Doble y sugerente ironía: por las promesas de transparencia que hizo al comienzo de su mandato y porque se trate de un presidente de raza negra que acomete la interpretación más restrictiva de la aplicación de algunos de los derechos civiles más emblemáticos.

La lista es larga y abarca un número amplio de temas. Pero el caso que en definitiva ha puesto a Obama camino de ese dudable hito ha sido el revelado por Glenn Greenwald en el diario británico The Guardian. Dos casos específicos que confirman una sospecha y dejan el compromiso de Obama con la privacidad y la libertad de prensa profundamente tocadas. La primera, el descubrimiento de un programa secreto de espionaje telefónico interno de la National Security Agency; el segundo, la supuesta cooperación de compañías tecnológicas (Facebook, Google, Yahoo!, et al.) en el seguimiento y entrega al gobierno de comunicaciones y datos de usuarios específicos. Aunque ninguna de las dos revelaciones es completamente sorprendente, sí confirman dos temas fundamentales sobre el uso discrecional de las herramientas de espionaje del Despacho Oval: Obama ha continuado y expandido los programas de seguridad creados por George W. Bush después del 11-S; Obama se perfila como el arquitecto del espionaje de Estado en la era de los datos —un salto cualitativo en temas abarcados y técnicas utilizadas-.

Conocíamos ya sobre el espionaje a la Associated Press y de la utilización de inspectores de Hacienda para investigar fiscalmente y de manera específica a grupos de la oposición (sobre todo del Tea Party). Pero no sabíamos que el Gobierno tuviera programas de espionaje internos legales amparados en las draconianas —y en algunos casos secretas— leyes aprobadas después de los ataques terroristas de 2001. Las revelaciones del diario británico (y en menor medida del Washington Post) colocan en la luz pública el tema de qué significa el acceso a millones de perfiles personales en la era de los datos. Es decir, qué significa que el Estado y sus aparatos de seguridad puedan no solo recopilar los datos de las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos, sino conocer sus libros más leídos, la duración de sus llamadas, el sitio específico desde el que acceden a la red, las personas con las que intercambian información, sus desplazamientos cotidianos, sus búsquedas en Internet, entre muchos detalles más. Y, para añadirle aún más complejidad al tema, tenemos que tener en cuenta la doble dimensión nacional y transnacional del problema. Solo hace falta analizar la reacción de las autoridades europeas al caso del intercambio de datos entre compañías de tecnología y el gobierno estadounidense para comprobar la compleja relación entre los ámbitos nacionales y transnacionales —una distinción, evidentemente, que no se refleja en el uso de las tecnologías de la información—.

Después vinieron las revelaciones sobre el espionaje de los servicios de inteligencia británicos durante el G-20 en 2009. John Le Carré, repentinamente, devolvía el glamour a los servicios secretos. Bromas aparte, las últimas revelaciones sí que colocan el espionaje de Estado y sus nuevas ramificaciones digitales en una escala distinta, en una nueva serie de dilemas éticos, legales y de seguridad. Es decir, obligan a redefinir casi al completo el marco legal que regula la forma en la que gobiernos y agencias de seguridad utilizan estas herramientas. Métodos de análisis mucho más sofisticados, datos más refinados y un pool de información infinitamente más rico del cual hacer inferencias, conectar puntos aislados y, en general, conocer detalles sobre la vida de todos nosotros. Los ciudadanos. ¿Cómo regularlo? ¿Cómo restringir el acceso de los aparatos de seguridad sin poner en riesgo la seguridad nacional? Se abre un debate fundamental para redefinir estos significados. Tanto en los gobiernos nacionales como en las estructuras de gobierno transnacionales.

La privacidad individual en la "era de las redes" es profundamente incompatible con el espionaje de Estado en la era de los datos. La pugna sobre cuál prevalecerá se ha abierto.

Hay 1 Comentarios

Un espía es un bipolar, está con dios y con el diablo; o sea, carece de ética y vende su alma al poder establecido. Hay espías que espían para obtener dineros y favores, y otros, lo hacen por "ideales" Y otros, cansados del sucio juego, deciden destapar la mierda que envuelve el poder, ya sea, político o económico. ¿Por qué lo hacen, por qué ese cambio de conducta? Sin embargo, hay espías que no son capaces de espiar a un amigo. Cada cual que opine lo que considere correcto en ese turbio juego de, yo si, tu no, yo no, tu sí.

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