Datos, espías y derechos civiles

DIEGO BEAS

Pasado el ecuador de la administración Obama —después de arrancar su presidencia prometiendo poner en marcha la "administración más transparente de la historia"—, nos encontramos ante un escenario insospechado que súbitamente podría convertir al primer presidente negro en el más restrictivo cuando del ejercicio de libertad de expresión se trata. Doble y sugerente ironía: por las promesas de transparencia que hizo al comienzo de su mandato y porque se trate de un presidente de raza negra que acomete la interpretación más restrictiva de la aplicación de algunos de los derechos civiles más emblemáticos.

La lista es larga y abarca un número amplio de temas. Pero el caso que en definitiva ha puesto a Obama camino de ese dudable hito ha sido el revelado por Glenn Greenwald en el diario británico The Guardian. Dos casos específicos que confirman una sospecha y dejan el compromiso de Obama con la privacidad y la libertad de prensa profundamente tocadas. La primera, el descubrimiento de un programa secreto de espionaje telefónico interno de la National Security Agency; el segundo, la supuesta cooperación de compañías tecnológicas (Facebook, Google, Yahoo!, et al.) en el seguimiento y entrega al gobierno de comunicaciones y datos de usuarios específicos. Aunque ninguna de las dos revelaciones es completamente sorprendente, sí confirman dos temas fundamentales sobre el uso discrecional de las herramientas de espionaje del Despacho Oval: Obama ha continuado y expandido los programas de seguridad creados por George W. Bush después del 11-S; Obama se perfila como el arquitecto del espionaje de Estado en la era de los datos —un salto cualitativo en temas abarcados y técnicas utilizadas-.

Conocíamos ya sobre el espionaje a la Associated Press y de la utilización de inspectores de Hacienda para investigar fiscalmente y de manera específica a grupos de la oposición (sobre todo del Tea Party). Pero no sabíamos que el Gobierno tuviera programas de espionaje internos legales amparados en las draconianas —y en algunos casos secretas— leyes aprobadas después de los ataques terroristas de 2001. Las revelaciones del diario británico (y en menor medida del Washington Post) colocan en la luz pública el tema de qué significa el acceso a millones de perfiles personales en la era de los datos. Es decir, qué significa que el Estado y sus aparatos de seguridad puedan no solo recopilar los datos de las conversaciones telefónicas de sus ciudadanos, sino conocer sus libros más leídos, la duración de sus llamadas, el sitio específico desde el que acceden a la red, las personas con las que intercambian información, sus desplazamientos cotidianos, sus búsquedas en Internet, entre muchos detalles más. Y, para añadirle aún más complejidad al tema, tenemos que tener en cuenta la doble dimensión nacional y transnacional del problema. Solo hace falta analizar la reacción de las autoridades europeas al caso del intercambio de datos entre compañías de tecnología y el gobierno estadounidense para comprobar la compleja relación entre los ámbitos nacionales y transnacionales —una distinción, evidentemente, que no se refleja en el uso de las tecnologías de la información—.

Después vinieron las revelaciones sobre el espionaje de los servicios de inteligencia británicos durante el G-20 en 2009. John Le Carré, repentinamente, devolvía el glamour a los servicios secretos. Bromas aparte, las últimas revelaciones sí que colocan el espionaje de Estado y sus nuevas ramificaciones digitales en una escala distinta, en una nueva serie de dilemas éticos, legales y de seguridad. Es decir, obligan a redefinir casi al completo el marco legal que regula la forma en la que gobiernos y agencias de seguridad utilizan estas herramientas. Métodos de análisis mucho más sofisticados, datos más refinados y un pool de información infinitamente más rico del cual hacer inferencias, conectar puntos aislados y, en general, conocer detalles sobre la vida de todos nosotros. Los ciudadanos. ¿Cómo regularlo? ¿Cómo restringir el acceso de los aparatos de seguridad sin poner en riesgo la seguridad nacional? Se abre un debate fundamental para redefinir estos significados. Tanto en los gobiernos nacionales como en las estructuras de gobierno transnacionales.

La privacidad individual en la "era de las redes" es profundamente incompatible con el espionaje de Estado en la era de los datos. La pugna sobre cuál prevalecerá se ha abierto.

Ciberespionaje: ¿otra patada a los Derechos Fundamentales?

JAVIER VALLS PRIETO. Prof. Contratado Doctor. Universidad de Granada

El caso de espionaje por parte de EE.UU. ha vuelto a saltar todas las alarmas con respecto a la intromisión por parte del Estado en la vida de los ciudadanos. La justificación como está empezando a ser recurrente cada vez que el Estado quiere limitar los derechos de los ciudadanos es la seguridad. O como diría el Presidente “no se puede tener 100% de intimidad y 100% de seguridad”. Esto nos plantea dos dudas: ¿La seguridad es un medio o es un fin? y ¿Realmente tenemos un 100% de intimidad?

La respuesta a la primera pregunta es sencilla dentro de un Estado de democrático de Derecho, la seguridad es un medio para mantener los Derechos de los ciudadanos en el Estado. Pero nunca debe ser considerado como un fin. Sin embargo tras los atentados del 11 de septiembre la obsesión por la seguridad nos ha decantado por ceder (por no decir que los gobernantes nos los han quitado) parte de nuestros derechos con el fin de conseguir mayor seguridad. Las amenazas que surgen en la globalización ponen en serio peligro el sistema democrático y el terrorismo no es la principal. La criminalidad organizada con utilización de Internet ya sea para perpetrar crímenes o como forma de comunicación ha conseguido un poder tan fuerte que sin duda es la mayor amenaza del Siglo XXI a los Estados Democráticos siendo necesario combatirla para conseguir asegurar nuestros derechos como ciudadanos, pero nunca sobreponerlos a estos. Por tanto, el espionaje por parte de los Estados debe tener el límite de mantener efectivos los Derechos individuales.

Hasta aquí no hay nada nuevo en esta materia puesto que la vida en sociedad implica la cesión de parte de nuestra libertad para conseguir convivir en sociedad y permitir que ese control de la misma se lleve a cabo por una estructura como el Estado. Por eso mismo la necesidad de que haya un control del Estado por el poder judicial y por los ciudadanos con sus derechos políticos. Aún así el Estado ya posee muchos datos personales de los ciudadanos. Por tanto, no vamos a tener un 100% de intimidad y podemos aceptarlo.

El problema surge cuando se aplica las nuevas formas de procesamiento de datos en la información que se encuentra en Internet, dando como resultado la desaparición de la intimidad tal y como la tenemos concebida. El debate no es si se tiene el 100% de intimidad sino si entre la posibilidad de no poder borrar la información sobre un individuo y el cruzar los datos con las diferentes fuentes el paradigma de la privacidad se desvanece. Y más si nos encontramos con que los recolectores de dicha información son empresas privadas a escala mundial. Esta situación deja la magnífica frase de Obama en un 0% de intimidad, pero tampoco conseguimos un 100% de seguridad, como se pudo observar en el atentado de Boston en la que la información que tenían los servicios secretos podían haber evitado el atentado.

La situación en la que nos encontramos es que existe una gran indefensión de los ciudadanos ante las grandes potencias del ciberespionaje. La única posibilidad es que mediante normativa supraestatal se pueda controlar este tipo de situaciones. Aquí la UE tiene mucho que decir y que proteger, principalmente porque tiene un poder internacional mucho más fuerte que el de los Estados nación. Además en la propuesta de Directiva sobre procesamiento de datos por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o persecución de crímines o de ejecución de penas y de movimiento libre de esos datos pone uno límites que pueden servir para poder realizar las investigaciones protegiendo los derechos de intimidad de las personas poniendo el límite de los datos que puedan producir una discriminación por raza, origen étnico, características genéticas, religión o creencias, opiniones políticas, orientación sexual o discapacidades, atenten contra los derechos del niño o afecten a la posibilidad de que el ciudadano tenga la posibilidad de defenderse ante un Tribunal.

La necesidad de una protección real junto con la necesidad de combatir la ciberdelincuencia es hoy día vital para la protección de nuestro sistema democrático. Como ha señalado Juli Zeh en su artículo en The Guardian “La protección de datos es a la era de la comunicación lo que la protección medio ambiental a la era de la industrialización”.

La excepción cultural es papel mojado

FERNANDO RUEDA

Hacia el año 2005, la Fundación Alternativas presentaba un informe sobre la excepción cultural cuyas recomendaciones siguen estando hoy vigentes, incluso algunas de ellas han sido tomadas en cuenta por nuestros gobiernos en estos últimos años. Ya se recomendaba la creación de una dirección general de industrias culturales en el Ministerio de Cultura o la creación de una cuenta satélite de cultura, que recabara datos del valor económico de las Industrias culturales, del empleo o del consumo cultural o el apoyo a estructuras y plataformas supranacionales de distribución capaces de  competir a escala europea y en los mercados internacionales, al modo del consorcio Airbus.

El informe pretendía dar un paso hacia delante en la protección de la cultura, utilizando la “excepción” como medida útil para defender un principio de carácter universal, el de la diversidad cultural. En definitiva se defendía la idea de la especificidad de la cultura en el ámbito económico, social y de derecho, incluido el del comercio internacional.

En aquél año se discutía en el seno de la UNESCO la Convención internacional para la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales, al tiempo que Valenti, presidente de la Motion Picture Association por aquél entonces, arremetía con fuerza para incluir su cine en las negociaciones de libre comercio entre Europa y Estados Unidos. La Unión Europea se adhería a la Convención de la Diversidad en 2006. España junto con Francia fue uno de los primeros países en ratificar dicho instrumento internacional.

Hoy día, del lado norteamericano los personajes han cambiado, pero no sus posiciones. Del lado europeo ocurre exactamente lo contrario. Cristopher Dood, actual presidente de la MPAA, suaviza los argumentos y maneras de su antecesor pero enfrente ha tenido la suerte de encontrarse con un Comisario de Comercio europeo y a un Presidente de la Comisión enfrascados en debates internos a la manera de Valenti, acusando de reaccionarios a los cineastas europeos y al gobierno francés.

Entre tanto nuestro Ministro Wert firma cartas en el Festival de Cannes, a partir de las ocho de la tarde, cuando ejerce de Ministro de Cultura, en defensa de la excepción cultural para retractarse una semana después utilizando los eufemismos a los que nos tiene acostumbrados. En este caso sustituye el concepto de especificidad de la cultura por el de ”competencia razonable”.

La defensa de la excepción cultural en la negociación del nuevo tratado ha sido aprobada por una abrumadora mayoría en el Parlamento europeo con 381 votos a favor por 191 en contra. Pero nuestros actuales dirigentes europeos están convirtiendo la excepción cultural en papel mojado. Argumentan que no se cruzarán unas líneas rojas, pero ¿cuáles son estas líneas rojas?. ¿Serán las del principio de tratamiento nacional y acceso al mercado? ¿Será el de nación más favorecida?

El principio de tratamiento nacional se caracteriza por el hecho de extender el trato nacional, como si realmente fueran propios, a los productores y los productos extranjeros. Ésta obligaría a extender la política de ayudas públicas a todos los productores o prestadores de servicios extranjeros. En el supuesto de la existencia de un fondo de financiación pública obtenido a través de los ingresos de las entradas de las salas de cine, como es el actual en España, las películas norteamericanas, las más vistas, serían las principales beneficiarias del tales ayudas. El principio de acceso al mercado impide toda política de establecimiento de cuotas pantalla, lo que, de aplicarse supondría el fin de muchas producciones nacionales en muchos países europeos. El principio de nación más favorecida, obliga a multilateralizar acuerdos bilaterales de cooperación. Para el caso español, esto implica que cualquier acuerdo de cooperación y coproducción o comercio cultural con los países que comparten lengua y cultura (Latinoamérica) deben extenderse al resto.

Con el fin de la excepción cultural, se debate en realidad el fin de las ayudas públicas al cine , el fin de la política de cuotas de pantalla y el fin de la cooperación cultural con países culturalmente afines. Menudo final nos espera.

El último G-8 y el dinero oculto ¿el principio del camino hacia una mayor transparencia?

JOSÉ LUIS ESCARIO

La cumbre del G8 de Irlanda del Norte concluyó el martes con una declaración de los líderes de los países miembros de este foro con diez puntos destinados a combatir la evasión fiscal y el blanqueo de dinero. Este acontecimiento forma parte de un nuevo ciclo que ya se inició en Consejo Europeo de mayo y que va a continuar en el G20 de septiembre de Rusia.

Las recientes fugas de información bancaria (offshore leaks) y “escándalos fiscales” relativos a ministros, deportistas, empresarios y otras celebridades han colocado otra vez el tema de la evasión fiscal en lo más alto de la agenda internacional. Esperemos que esta vez los líderes mundiales se vean obligados a abandonar la tradicional retórica política en esta materia y acuerden medidas concretas para paliar un fenómeno que priva a los Estados de ingentes cantidades de dinero. Por otro lado, en una época de austeridad y de subida de impuestos a los ciudadanos y a las pymes, se vuelve cada vez más intolerable que ciertas corporaciones multinacionales estén pagando facturas fiscales minúsculas, en proporción a su capacidad económica. Y ello, muchas veces, sin la necesidad de infringir ninguna ley. Simplemente se limitan a sacar “el máximo partido” de las lagunas existentes en la legislación nacional e internacional para trasladar sus beneficios a aquéllas jurisdicciones con fiscalidad baja o nula (paraísos fiscales). En este sentido, es importante que el G8 haya reconocido que la “planificación fiscal agresiva” practicada por ciertas empresas es un problema muy grave. La reciente reprobación de Apple en el Senado de los EEUU por pagar un ínfimo 0,05 % de impuesto de sociedades (las pymes pagan entorno al 30%), gracias a una utilización cuando menos cuestionable de sus filiales en Irlanda, es una muestra de que los gobiernos no están dispuestos a tolerar por mucho tiempo este tipo de prácticas abusivas. Sin embargo, para que el problema se resuelva eficazmente es necesaria una mejor adaptación y coordinación de los sistemas fiscales, así como la aprobación de normas con carácter transnacional. En este sentido, la UE prevé adoptar antes de finales de año la revisión de la Directiva sobre empresas matrices y filiales. Sería también importante desbloquear una propuesta de la Comisión Europea para armonizar la base imponible del impuesto de sociedades en la UE (la llamada BICCIS). Con ella se establecería un régimen único y consolidado para calcular el impuesto que pagan los grupos multinacionales que operan en territorio comunitario. Una vez calculado el beneficio neto que cobra el grupo en la UE, éste se distribuiría entre los Estados miembros en función de una fórmula basada no tanto en la contabilidad corporativa cuanto en la actividad real de la misma (activos del grupo, mano de obra y volumen de ventas). En cualquier caso, una mayor transparencia exige que las empresas presenten públicamente una información financiera desglosada, al menos país por país, y no por zonas geográficas más amplias, tal y como se expresa claramente en el comunicado salido del G8.

Otra medida que facilita enormemente la tarea de las administraciones fiscales para detectar los posibles casos de fraude es la implantación generalizada de un sistema de intercambio automático de información bancaria entre Administraciones. Tanto el último Consejo Europeo (22-5-2013) como el reciente G8, consagran este intercambio automático  como el estándar global de transparencia en la materia, en sustitución del sistema de intercambio de información previo requerimiento, mucho menos eficaz. La OCDE parece que también va a seguir el mismo camino, impulsada por lo acordado en las últimas reuniones del G20.

A este respecto, hay que destacar el hecho de que el último G8 haya servido de foro de concertación de las voluntades de EEUU y de los países europeos participantes en esta materia. En EEUU entró en vigor el pasado mes de enero la ley FATCA, que ha elevado los estándares de transparencia requeridos a los bancos extranjeros que acogen cuentas y productos financieros americanos. La UE, por su parte, hace tiempo que aplica Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro (STD, por sus siglas en inglés), portadora desde 2005 de un sistema de intercambio automático de información, aunque con alcance limitado. Efectivamente, el ámbito de aplicación de la STD se limita a las personas físicas y a los ingresos provenientes de los intereses del ahorro, y además contiene un régimen excepcional que exime a ciertos países de las obligaciones de intercambio fiscal. En este sentido, el último Consejo Europeo estableció un calendario para revisar la STD antes de finales de año, y colmar así dichas lagunas, aunque para ello habrá que vencer la feroz resistencia de Austria y Luxemburgo. Estos países han declarado que sólo darán un paso adelante si la Comisión Europea acuerda similares estándares de transparencia con los otros paraísos fiscales europeos, como Suiza. En 2015 se espera someter a intercambio automático de información a los principales tipos de ingresos, además de los intereses del ahorro, gracias a la aplicación total de la Directiva de Cooperación Administrativa.

Una vez que la UE supere sus obstáculos internos y alcance el nivel de transparencia y efectividad de la legislación norteamericana, el siguiente reto es que estos dos grandes bloques económicos contribuyan a extender este nuevo clima de cooperación fiscal a otros países. Es esta una inquietud que aparece claramente recogida en el comunicado final del G8. Pero ello sólo será posible en la práctica si se diseña un marco automático y multilateral de cooperación fiscal con alcance global. El último G20 de Los Cabos señaló que el Convenio de la OCDE y del Consejo de Europa sobre Asistencia  en Materia Tributaria podría ser el acuerdo multilateral de referencia. Asimismo,  la OCDE está actualmente diseñando un sistema de intercambio automático basado en la FATCA americana, que cuenta con el apoyo de 17 países europeos y de la mayoría de los BRICS (Brasil, Rusia, India y China), y también podría convertirse en el modelo a seguir a escala mundial.

Menos satisfactorio ha sido, sin embargo, el avance del G8 para afrontar uno de los últimos reductos de la opacidad fiscal: la creación de empresas tapadera, fundaciones y fiducias con dueños invisibles cuyo objeto no es otro sino el de ocultar al fisco la identidad del beneficiario real de los bienes y activos corporativos. Los datos son también aquí escalofriantes. En ciertos territorios, como Liechtenstein, Islas Vírgenes e Islas Caimán existen más empresas que personas. En las Islas Mauricio 9 personas administran 1.550 sociedades. Según la ONG americana Global Financial Integrity, “las firmas fantasma” (aquellas que no tienen ninguna actividad real en el territorio) costaron a los países en desarrollo 750 millones de euros en 2010. El problema es que en gran parte de países no se requiere a los propietarios de las sociedades pantalla desvelar su identidad. Esta situación les permite trasladar sus beneficios de una jurisdicción a otra con el fin de reducir su factura fiscal.  Dichas estructuras jurídicas opacas se utilizan para lavar el dinero del crimen organizado, evadir impuestos, financiar anónimamente  a los partidos políticos, entre otras cosas. La mejor medida para solucionar este problema, planteada por David Cameron pero no recogida en el acuerdo final del G8, es la confección de registros públicos, con información relativa a los beneficiarios reales de empresas y accesibles a cualquier interesado. El proceso de revisión de la directiva antiblanqueo, prevista para finales de año, es una gran ocasión para introducir este requisito. Sólo así se permitirá  a las autoridades fiscales detectar quién es el verdadero beneficiario de cada compañía.

En resumen, la declaración del G8 respalda los primeros pasos dados por la UE en mayo hacia un acuerdo más concreto y efectivo en materia de transparencia y de lucha contra la evasión y elusión fiscales. Los ciudadanos merecen que, por fin, sus expectativas no se vean defraudadas en este aspecto tan grave para países como España, que sufren una caída estrepitosa de sus ingresos fiscales. No se pueden exigir grandes esfuerzos a los trabajadores y a las pymes y, a la vez, ser permisivo con los contribuyentes más poderosos.

http://www.joseluisescario.com

Las paradojas de la revolución energética y el cierre de Garoña

JORDI ORTEGA

¿Qué entendemos cuando oímos que la prima a las energías renovables provoca una subida de precio? De inmediato surge la obsesión de poner “frenos a los precios”. Con la excusa del déficit de tarifa se aprueban recortes retroactivos a las energías renovables.
En España la retribución a la renovable y cogeneración ha aumentado un 5,6% respecto el pasado año, una meteorología favorable para la eólica e hidráulica. ¿Cómo se explica, entonces, que la prima haya aumentado un 36%? La causa no está en la energía renovable sino en la prima que cubre la diferencia entre el precio regulado -que obtienen las renovables- y el precio de mercado. Al caer éste un 17%, hace que los consumidores deban pagar 1.334 millones de euros de incremento de la prima. Es perverso. La energía renovable que baja precios pasa a ser “demonizada” por subir la prima.
Jürgen Trittin, candidato de Los Verdes, señala que sólo un 10% del incremento de coste de la prima está relacionado con la expansión de las renovables, un 50% con esa caída del precio del pool; al caer el precio de pool, los esfuerzos para retribuir a las renovables, el mercado reduce su aportación que recae en los consumidores. ¿Y el resto? Se debe a que la industria, incluso, los campos de golf, no pagan esa tasa EEG; la parte de la tarifa que va a sufragar el precio de las renovables. En España forma parte de los peajes de acceso, no está dentro de generación, otro error. Sigma Gabriel, presidente del SPD, critica la contradicción de frenar el aumento de la tasa EEG al tiempo que aumentan las exenciones de pagar dicha tasa.
El Consejo Europeo preguntaba por la eficiencia del gasto de las renovables, ¿no se hace lo mismos con los subsidios al petróleo? Europa quiere crear una red mayada de gas y electricidad, ¿no acabamos de reconocer que las centrales de gas actúan de “bomberos” -dando respaldo a unas renovables, en momentos puntuales? Seguimos pensando que Garoña presiona al gobierno para seguir abierta. Hace una década, cuando el precio del gas subía un 40% e incluía el coste del CO2 a 32 euros, a las nucleares les caía dinero del cielo (windfall profit).
El presidente del foro nuclear alemán, Ralf Güldner decía “con los precios actuales no sale a cuenta tener las plantas nucleares abiertas”. Explica que Nuclenor no esté interesada en Garoña, por más que insista el ministro. Cuando la protesta ecologista se agota, “la industria nuclear”, como señalaba Ulrich Beck el 5 de abril de 2011 en este diario, “contra sí misma”. No es que fueran muy baratas, es que la inadecuada regulación le ofrecía enormes beneficios.
Vivimos una revolución energética sin teoría, ni sujeto revolucionario, es una revolución en que las condiciones objetivas se imponen contra la voluntad. La escenificación del cierre de Garoña, no se produce ni por una decisión política -Alemania-, ni a regañadientes –Japón-, sino por un descuido administrativo. Después de forzar al CSN a aceptar un procedimiento inédito, ad hoc, se olvida modificar el Orden Ministerial. Álvaro Nadal, jefe de Moncloa, gesticulaba su “malestar” con la Secretaría de Estado de Energía por no publicar ese cambio de fecha que permitiera a Garoña renovar la licencia. Una falta de coordinación con, nada menos, que con su hermano gemelo, Alberto Nadal.
Ya no es que falte una foto nítida de a dónde queremos ir, falta una foto de dónde estamos. Muestra la decadencia de las coordenadas políticas y los conceptos rectores, interpretados con conceptos del pasado. La creación del Club de Energiewendel desmonta el argumento de la soledad Europea, aún queda  desmontar el mito de los “sobrecostes”.
Se hacen análisis de coste beneficio, ¿cuántos MW de renovables permite bajar un euro el precio del pool? Sabemos que cada euro que baja el precio del pool -gracias a las energías renovables- aumenta la prima en 100 millones de euros. El éxito de las renovables puede convertirlas en su sepultador. Los excesos de potencia de renovables en Alemania se venden a Polonia o a Holanda, bastaría interés para optimizar las tecnologías renovables y fósiles, el ahorro sería impresionante.
“La transición energética somos nosotros” es el lema de las cooperativas locales Buerger-Energie-Berlin. La mitad de las renovables está en manos de municipios y cooperativas. ¿Quién pone los frenos? Una acelerada revolución energética podría dejar a los gigantes energéticos sin mercado, ahorros institucionales corren el riesgo de ver estallar una “burbuja del carbón”. Mientras los gobiernos se entretienen en cambios regulatorios, los ciudadanos y los municipios han iniciado esa transición energética.

Cultura, barbarie y descuido

(¡Cuidado con la lectura!)

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Alessandro Baricco en su ensayo “Los bárbaros” propone una categoría cultural que describe a buena parte de los nuevos lectores, dinámicos mutantes que cambian las reglas del juego e introducen en el sistema social otras formas de consumir, comportarse o responder a la complejidad. Estos actores, bárbaros desconocidos para quienes detentan la escasa autoridad institucional, y sus veloces mutaciones tienen en la lectura uno de sus campos de desarrollo.

Muchos peligros acechan su futuro. En el transcurso de las recientes Jornadas de Fomento del Prat de Llobregat, la pensadora Marina Garcés describía con pasión cómo en las prácticas de la lectura hoy, y por extensión y contraste en las políticas para la lectura, pueden condensarse buena parte de las formas de la conversación democrática y de sus límites. Y al referirse a esos peligros, hablaba de tres formas esenciales de neutralización por el poder: La destrucción, el descuido y la codificación. Recomiendo detenerse en esa lista y sus detalles.

Sería simplificar aplicar esta clasificación a la acción del Gobierno español en la materia: codificar, descuidar y destruir. Pero las formas en que tanto éste como otros Gobiernos nacionales, autonómicos y locales vienen tratando a la lectura, bien a través de las políticas de acceso o de las destinadas a la industria editorial, merecen una reflexión que no cabe en este post. Y ese análisis tendrá sin duda que incluir entre sus activos nefastos momentos como aquellos en los que se ha hecho desaparecer la aportación estatal a la compra de fondos bibliográficos (2011) que llegó a suponer una inversión de más de 50 millones de euros en libros al año y hoy se ha quedado en cero, la subida del IVA del libro digital, una puerta más al campo que muestra la influencia de nuestra gran industria editorial sobre el Gobierno, o la paralización sine die de los compromisos de inversión en bibliotecas públicas.

Los resultados de la primera oleada de la encuesta que la organización independiente Laboratorio de Ideas sobre el Libro realizada este año, amplían la agenda crítica. Siendo las bibliotecas públicas pilar esencial del futuro del libro y de sus lectores, reafirman la estrecha relación entre su futuro y el panorama crítico de las políticas educativas y culturales; también el ominoso silencio sobre los modelos de compra y préstamo electrónicos. En sus propias palabras, y siendo el lector el protagonista necesario del proceso, quedan pendientes de resolver, además de las cuestiones señaladas, cada vez más interrogantes: “La demanda de respuesta a preguntas del tipo cuál sería el formato adecuado y el precio razonable de los e-books para los nuevos perfiles de lector; el futuro de la publicación bajo demanda y de los libros de texto; la generación de nuevos contenidos y el uso de las redes sociales para su promoción y difusión…”.

La lectura desafía con acciones a quienes quieren cercenarla. Se publicaba días atrás en este diario un repaso amplio sobre la fuerza vital de la lectura y los latidos de la realidad social y personal que se resiste a su desaparición, respondiendo con compromisos, colaboración y alternativas a la perversión destructiva de los Gobiernos, a su desidia o a la no menos peligrosa acción codificadora. A pesar de la escasez de novedades la asistencia a las bibliotecas y los índices de lectura siguen creciendo. A pesar de los impedimentos, los clubs de lectura pueden llenar teatros para oír a quienes escriben. Y a pesar de todo los lectores, los de siempre y los nuevos bárbaros que reclaman espacios y derechos, demandan con hechos respuestas de quienes detentan, por ahora, su representación política.

La alternativa: Un gran pacto europeo

Observatorio de política exterior española (Opex)  - Fundación Alternativas

Felicidades: Gobierno y oposición han sumado fuerzas en una Proposición No de Ley (PNL) para dar un mayor pedigrí democrático a la posición de España en el próximo Consejo Europeo de 27 y 28 de junio. Considerando la trascendencia de la cita, las objeciones de CiU, PNV, UpyD o Izquierda Unida han dado la impresión más de pataleta - producto de las altas expectativas basadas en encuestas - que de una cuestión de fondo. La pretensión de “dejar solos” a PP y PSOE resulta bastante inoportuna, pues la PNL busca logros en asuntos vitales para España y muy concretos como la recapitalización directa de nuestros bancos, el flujo del crédito, o el empleo. También su diatriba anti-bipartidista resulta algo ilusoria: la realidad es que ambos partidos aún suman hoy por hoy una mayoría abrumadora de más de dos tercios del Congreso de Diputados. En fin: la PNL se someterá a votación en el Congreso dos días antes del Consejo; sería de esperar que las fuerzas minoritarias recapaciten, y se adhieran al acuerdo.

La iniciativa de pacto de Rubalcaba era tan arriesgada como imprescindible. Es el momento para hacer valer en la UE una posición española sólida. Gobierno y oposición han entendido que no se podía esperar más, y que el momento de unirse es ahora. Que la política de austeridad nos ha sumido en la recesión y ha destruido miles de empresas. Con un 26 % de desempleo, España no puede permitirse ni un minuto más apretarse el cinturón si no quiere estrangularse y morir por asfixia. Que una política europea errónea impuesta desde Berlín no ha hecho sino empeorar la situación heredada del endeudamiento privado y la burbuja inmobiliaria. Incluso el Presidente Rajoy se ha sumado recientemente al clamor universal: ¡no hay crédito!. O que la elevada y fluctuante prima de riesgo española y las dudas externas sobre el futuro del euro se deben en último término a la ausencia de un Banco Central Europeo (BCE) de similar contundencia que la Reserva Federal de EEUU, o a la reticencia alemana a los eurobonos. Bienvenidos pues al consenso.

Estamos en un momento propicio para un cambio de rumbo. Está claro para casi todo el mundo que la debacle económica y social europea no se puede entender en términos exclusivamente nacionales. Incluso la economía alemana se tambalea y camina hacia el estancamiento, lo que podría propiciar un giro de su política económica en vísperas de las elecciones de septiembre. ¿Será verdad que cuanto peor para Alemania, mejor para Europa?. Pero esto no pasa de ser una broma muy pesada.

España puede aprovechar el tímido cambio de rumbo de  la Comisión Europea reflejado en su Informe reciente en el marco del Semestre Europeo, que nos otorga dos años más – hasta 2016 – para alcanzar el objetivo de déficit del 3%. Otra cosa serán las contrapartidas de la Comisión en pensiones, reforma laboral y reforma fiscal, que se habrán de lidiar aparte. La reforma fiscal habrá de ser integral, de acuerdo a principios de equidad o eficacia; la reforma laboral debería evaluarse por un organismo internacional de prestigio, como es la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ; y la reforma del sistema público de pensiones debería atenerse al factor de sostenibilidad, tras un periodo deliberativo adecuado y a un consenso de las fuerzas parlamentarias y los interlocutores sociales en el marco del Pacto de Toledo.

¿Qué margen de éxito tiene la PNL de cara al encuentro en Bruselas el 27 y 28? No debería ser pequeño, si se tiene en cuenta que la PNL – un acuerdo de mínimos pero de enorme potencial - solo pide que la UE, a través del Consejo, respete sus propios acuerdos aprobados hace un año: el Plan de Crecimiento y Empleo, o el planteamiento para la Unión Bancaria.

Sobre la mesa del Consejo estarán iniciativas apoyadas por la PNL, como la Iniciativa por el Empleo Juvenil, con su Garantía Joven para menores de 25 años, o el Erasmus de formación profesional. Podrían utilizarse los 6.000 millones previstos para formación y empleo juvenil hasta 2017; o movilizar 16.000 millones de fondos de cohesión bloqueados desde hace meses y destinarlos al empleo juvenil, la innovación y la educación. Todo ello está muy en la línea de la reciente propuesta conjunta de Francia y Alemania presentada el pasado 29 de mayo - France and Germany, Together for a stronger Europe of Stability and Growth - sobre empleo de los jóvenes y reactivación de crédito a PYMES, a las que se podría fácilmente sumar España. Cabe poner en marcha por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) todos los instrumentos financieros para aumentar el crédito bancario a las Pymes, incluidas garantías y avales, capital-riesgo, bonos de proyectos, así como la movilización de fondos estructurales de la Comisión Europea. Un aumento de capital del BEI de los 10.000 millones previstos a 30.000 permitiría mediante apalancamiento disponer de 180.000 millones para la financiación de las empresas, el empleo, y la I+D+i. Respecto a la Unión Bancaria, Europa está ya tocando con los dedos un supervisor único que le permitiría recapitalizar bancos directamente; un mecanismo único de Resolución, y un fondo de Garantía de Depósitos. Las Directivas sobre estas dos últimas, deberían estar aprobadas por el Consejo antes del fin de junio y ratificadas por el Parlamento Europeo lo antes posible. Con todo, el flanco más débil de la cita del 27 de junio se halla en la parte de protección social – y ahí hay que rescatar de la Estrategia 2020 un Fondo Solidario para compensar a los perdedores de la crisis - la sanidad o la educación.

Nadie quiere hablar de frentes anti-Merkel. Llevamos semanas de mucho movimiento, donde los países diversifican sus opciones y juegan todas sus cartas. Así, por un lado, Rubalcaba se ha encontrado en París el fin de semana pasado con el primer secretario del Partido Socialista francés Harlem Désir, el portugués Antonio José Seguro, el griego Evangelos Venizelos, y el alemán Martin Schulz, para lanzar un nuevo mensaje conjunto por el crecimiento. No es para menos: sólo el PIB de España, Francia e Italia representa en su conjunto el 49% del total de la eurozona, un peso muy superior, por ejemplo al del grupo de Alemania, Países Bajos, Austria, y Finlandia cuyo PIB conjunto solo alcanza el 39,5%; por lo que los tres del sur deberían elevar su perfil político en los Consejos Europeos.

Sin embargo, no hay que olvidar que antes, a fínales de mayo, el propio Hollande sellaba con Merkel el mencionado acuerdo franco-alemán. Dicho acuerdo, si bien supone un avance importante en áreas como el empleo y la financiación, al mismo tiempo marca realmente los límites de lo posible en Europa, al menos hasta después de las elecciones alemanas. Por un lado, reserva para Francia su espacio de “soberanía”, política o de mercado interior; por otro lado, no aborda para Alemania su necesario cambio de política económica en la dirección de un incremento de la demanda interna  - lo cual ayudaría a reducir los desequilibrios dentro de la UE - ni contempla la opción de un BCE más robusto en sus políticas de estímulo.

Lo novedoso reside en el hecho de que la PNL española apunta a la construcción de un gran consenso básico europeo, semejante al que permitió gobernar Europa durante décadas, si bien ahora con un contexto y unos instrumentos muy diferentes. En el horizonte de este pacto español está la esperanza de llegar a un acuerdo en la gran familia europea. Ese es su sentido último y un valor sobre el que trabajar a partir de ahora. Es muy importante que los conservadores recuperen la cordura y renuncien a seguir por la senda del debilitamiento del proyecto europeo. Tan importante como que los progresistas europeos diseñen fórmulas imaginativas para elevar la competitividad y apuntalar el modelo social que tanta admiración causa fuera del continente.

No es hora de juegos tácticos de vuelo corto; aunque legítima, la cuestión principal ahora no es si el pacto beneficiará más al PP o al PSOE, o qué intenciones electoralistas lo animan. Lo relevante es que el Gobierno está girando hacia postulados defendidos hace tiempo por los socialistas españoles y europeos de apoyo a los estímulo al crecimiento – y que han sido propugnados incluso por el FMI. Sería deseable que este pacto refuerce la posición de España en Bruselas y, a la postre, de los europeos que se han quedado sin futuro. En este sentido, el pacto será juzgado en gran medida por sus resultados. Si España consigue arrancar en el Consejo una recapitalización directa a los bancos españoles por el MEDE, o un acelerón a la Unión Bancaria, o un compromiso activo por el empleo juvenil, éste habrá sido un gran pacto. PP y PSOE no deben quedarse ahí, sino empujar para que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo retornen a un gran pacto e inviten a hacerlo a otras fuerzas políticas, a empresarios y a sindicatos de todo el continente. Sería una prueba de que un bipartidismo bien llevado (que no funcione como un rodillo en el parlamento o a espaldas de la ciudadanía) puede resultar positivo para la democracia nacional y europea: la punta de lanza para avanzar hacia una unión política federal de Europa.

Rajoy año I: Un gran salto hacia atrás

ALICIA TIRADO. Periodista especializada en Comunicación política e institucional

"Haré cualquier cosa, aunque no me guste y aunque haya dicho que no lo voy a hacer". Esta frase hubiese supuesto un valioso aviso a navegantes de Mariano Rajoy, si no fuera porque la pronunció cinco meses -entrevista en Onda Cero Radio el 7 de mayo de 2012- después de haber tomado posesión como Presidente del Gobierno. Anteriormente, durante el periodo de oposición a Rodríguez Zapatero, la campaña electoral e incluso en el programa con el que el PP concurrió a las elecciones, ni siquiera insinuaron las medidas de recorte de gasto social y subidas de impuestos adoptadas durante el primer año de gobierno del Partido Popular.

El “Informe sobre la democracia en España 2013” que acaba de publicar la Fundación Alternativas analiza este primer año de gobierno de Rajoy, y pone de manifiesto de manera elocuente el abismo entre los dichos y los hechos del PP, así como el denodado intento de explicar las contradicciones aludiendo a la sorpresa que se encontraron al llegar al gobierno. Una excusa, la de la herencia recibida, que resulta difícil de creer cuando se la somete a un análisis mínimamente serio, y que sin embargo se mantiene como la justificación máxima en toda la política de comunicación de este Gobierno.

Medidas como la mutilación de los derechos laborales, la subida de impuestos, o el recorte acusado en dependencia, sanidad o educación han sido además bautizadas con eufemismos cuando no directamente ocultadas en las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros. Un enorme esfuerzo de disfraz de la realidad que ha convertido al BOE en la fuente primaria para los informadores.

El gobierno por Decreto, el compulsivo esconderse de Rajoy y las reformas legales ideológicas son otros de los aspectos que analiza el informe, que además revela que los ciudadanos no se han dejado engañar por las maniobras dialécticas del PP. La percepción mayoritaria de los españoles sigue siendo pesimista en todos los indicadores clave, y lo es en  mayor grado que en los últimos momentos del Gobierno Zapatero.

El informe además repasa fenómenos como el déficit democrático en la UE, el papel de los movimientos sociales, las formas poco democráticas de la política económica, el incremento de las desigualdades en España, la cuestión catalana  o la aguda merma de confianza en las instituciones que están manifestando los ciudadanos. Son asuntos que completan un mapa, el de la democracia en España, que la Fundación Alternativas se encarga cada año de trazar.

La sexta medición de la democracia que publica el Informe la sitúa al límite del suspenso. La caída supone 0,6 puntos menos desde 2012 y un punto con respecto a 2008. Es decir, tan solo en 2013 se ha registrado una erosión del 60% en la valoración de la democracia que realizan los españoles. Hacen falta muchas decepciones acumuladas, y en órdenes muy diversos, para explicar este preocupante resultado que el informe se encarga de analizar.

El Informe sobre la Democracia en España 2013. Un gran salto hacia atrás se presenta mañana miércoles 12 a las 18.00 horas en el Pabellón de Actividades del  Banco Sabadell en la Feria del Libro de Madrid (Parque del Retiro). Presentan Felipe González, Pere Portabella, Joaquín Estefanía y Belén Barreiro.

Este libro se puede adquirir en papel por 21 euros (IVA incluido) en librerías o mediante la página web de la Editorial La Catarata y en formato epub.

La plataforma cultural

FERNANDO RUEDA

No son muchos los sectores de nuestra economía que cumplen en la actualidad con los requisitos adecuados para tener una posición de ventaja en la salida de la crisis.  El sector de las industrias culturales y creativas es uno de ellos. Este sector posee  un alto grado de innovación tecnológica en sus productos, el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por PYMES, que son las principales generadoras de empleo, y su  capital humano posee una cualificación por encima de otros sectores. Además este sector no requiere de ingentes inversiones a largo plazo para ser productivo. Su potencial real en la economía digital es innegable y además puede ser un elemento importante de  nuestra política exterior y elemento fundamental de la imagen que proyecta nuestro país.

Estados Unidos lo sabe hacer desde hace muchas décadas. Protege muy bien a su industria cultural. Lo hace tan bien que ha propuesto que la cultura –principalmente su cine y nuestro cine-  formen parte de las negociaciones para el nuevo tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos.

Entre tanto, los europeos ya no sabemos si queremos o no mantener la excepción cultural. Los creadores quieren, las grandes compañías de producción y distribución de contenidos europeos  también, así como la opinión pública. Incluso nuestro parlamento europeo y trece países de la Unión, abogan por mantener las  subvenciones (¿Qué subvenciones?). Pero no parece que los que están a cargo de la negociación como el comisario europeo de comercio o el propio presidente de la Comisión, Durao Barroso, lo quieran. El 14 de junio el Consejo Europeo, decidirá si esto es negociable. Estaremos atentos.

La Fundación Alternativas publicó la semana pasada el informe sobre la Internacionalización de las industrias culturales y creativas españolas, cuyas propuestas han sido remitidas al Gobierno y al Congreso de los diputados y sus recomendaciones ya están siendo objeto de debate entre profesionales y analistas.

Este es un mercado de grandes contrastes.  Amazon tiene el 30% de la cuota de mercado mundial de distribución y comercio electrónico de libros. En España, se ha vuelto a proponer la creación de una “gran” plataforma de distribución de libros  que reúne al 20% del mercado de libros en el mercado local. Los datos son elocuentes.  En una lucha de gigantes contra pequeños ¿Cómo competir?

Una de las ideas propuestas en el informe es la de la creación de una gran plataforma europea de contenidos culturales, un gran buscador de nuestra producción cultural, que se sitúe a la altura de los grandes, y esto solo es posible con la alianza decidida del sector público y del sector privado, que incluya alianzas  con el sector tecnológico, el financiero y el creativo. Y la prueba de que se puede hacer es que ya existe, pero está en manos de nuestros competidores.

De Turquía, Bruselas y la Democracia

CARLOS CARNERO

De viaje en el Magreb, el Primer Ministro de Turquía habrá sido el primer sorprendido al comprobar que por las calles de Estambul se repetía cada vez más fuerte el “Erdogan istifa!” (¡Erdogan dimisión!) de estos últimos días. Qué lejanas le habrán parecido las jornadas del “Erdogan babacan!”, cuando una mayoría social le reclamaba al frente de los destinos de Turquía como alternativa a lo que muchos ciudadanos consideraban con razón una insoportable losa de ejecutivos inestables, incapaces de atajar los problemas económicos y sociales del país, empezando por la corrupción.

Y, sin embargo, la realidad ha sorprendido al líder del islamismo moderado turco cuando la unanimidad de los medios de comunicación internacionales no hacía más que señalar el milagro del crecimiento económico experimentado por el país, la posibilidad abierta de acabar con el conflicto armado en el Kurdistán y, desde el comienzo de la Primavera Árabe, la ejemplaridad del modelo del AKP para los países de mayoría musulmana que accedían a la democracia pero no querían o no debían apostar por el confesionalismo más o menos radical propugnado por los extremistas en otros lugares del mundo islámico.

Por su parte, criticada como es tantas veces –en unas ocasiones justamente, en otras no tanto-, la Comisión Europea se habrá visto reconfortada al comprobar que la dureza de su último Informe de Etapa sobre los avances de Turquía encaminados a cumplir con los imprescindibles criterios de Copenhague para pasar de candidato a miembro de la UE, no era excesiva. Porque, se quiera ver o no, en ese gran país se siguen violando principios democráticos y derechos fundamentales. Es verdad que no como ocurría hace casi veinte años (cuando el que escribe estas líneas ejercía como ponente del Parlamento Europeo sobre la Unión Aduanera con Ankara y por eso mismo propugnó un NO al que la Cámara hizo caso omiso mayoritariamente), desde luego, pero todavía con una gravedad, una frecuencia y una cantidad apreciables e inaceptables.

Empezando por la libertad de expresión. Hoy, como entonces, decenas de periodistas son encarcelados por ejercer su derecho a informar y a opinar porque no se han suprimido o modificado suficientemente las leyes que permiten hacerlo, empezando por el contenido del famoso Artículo 8 legado por la última dictadura militar.

Fijémonos bien en esto: buena parte de los manifestantes que hoy piden la salida de Erdogan lo hacen porque consideran que está adoptando decisiones guiadas por su angosta concepción de la libertad individual a la luz de sus creencias religiosas, temerosos de que la laicidad del estado esté en peligro y con ella las conquistas alcanzadas por las mujeres o, en general, por cualquier ciudadano que desee llevar una vida cotidiana libre de las ataduras morales impuestas desde una religión. O sea, que quiera vivir tan libre como en cualquier otro país de la UE.

Pero junto a ello persisten deficiencias democráticas que no vienen de las convicciones religiosas de Erdogan y sus compañeros de ejecutivo y de partido, sino que fueron legadas por quienes han pretendido erigirse en los salvadores de la libertad laica habiendo conculcado antes todas las libertades: las Fuerzas Armadas y buena parte de la judicatura, que durante años se ha dedicado a disolver partidos como quien sale a cenar, empezando por los de formación kurda y terminando incluso por quienes hoy gobiernan Turquía.

No sabemos ni la duración en el tiempo ni el ritmo de extensión o reducción de las actuales protestas ni sus consecuencias políticas, si las hay. Pero lo que sí conocemos ahora, una vez más, es que  casi nunca es oro lo que reluce, aunque haya sido llevado a los altares por académicos, comentaristas y políticos deseosos de encontrar en Erdogan la piedra filosofal capaz de unir islamismo y democracia.

Sin embargo, todo apunta a que la UE no se ha equivocado tanto al tratar con Turquía: declarado país candidato, Bruselas no tiene más remedio que continuar insistiendo en que Ankara debe dar todavía muchos pasos para ser una democracia plena, sin zonas de sombra. Ese es el marco en el que han de desarrollarse las negociaciones para una adhesión que es un medio y un fin en sí mismo, porque, una vez dentro, Turquía y la Unión se beneficiarán mutuamente o, mejor dicho, llevarán haciéndolo a lo largo de un camino en el que los turcos conseguirán ser más libres a cada presión ejercida por las instituciones comunitarias.

Si yo estuviera entre los manifestantes de estos días, miraría a la UE con simpatía. ¿Fatiga turca respecto a la Unión? No lo creo. Aunque, lógicamente, sí la habrá con quien prometió, se comprometió y hoy no quiere cumplir: las derechas alemana y francesa pueden sentirse directamente aludidas. La Comisión y el Parlamento Europeo, aunque algunos no lo crean, son otra cosa y representan el verdadero interés comunitario.