80 propuestas para la cultura en el entorno digital

FERNANDO RUEDA

En agosto de 2012, el Presidente de Francia,  François Hollande, encargó la elaboración de un informe al ex presidente de Canal + Francia, Pierre Lescure, sobre la necesaria renovación de las políticas culturales en la era digital, en lo que vino a llamar la segunda fase de la excepción cultural francesa.  El informe es el resultado de un compromiso electoral realizado en campaña, basado en dos principio básicos:  el desarrollo en internet de una oferta cultural legal  y la corresponsabilidad de todos los actores de la economía digital en la financiación de la creación artística.

El pasado mes de mayo se presentó el informe Culture-act 2: 80 propuestas sobre los contenidos culturales digitales cuyos resultados responden a tres objetivos principales: 1) proponer mecanismos para una lucha más eficaz contra las prácticas de descargas ilegales en Internet, incrementando la oferta legal; 2) establecer medidas para garantizar un mayor equilibrio en el reparto del valor añadido de los productos y servicios culturales, evitando su concentración en los grandes operadores de Internet; y 3)  proponer medidas sobre mecanismos de financiación de la creación artística y sobre las modalidades de gestión de derechos de autor

Las 80 medidas son el resultado de un proceso, que quizá sea lo que da mayor legitimidad al informe,  en el que han participado una centena de entidades  concernidas: desde los legisladores y los operadores de telecomunicaciones, a las sociedades de gestión de derechos, pasando por los creadores, los productores, las administraciones públicas, las asociaciones, los sindicatos.

En España, es cada vez más necesario llevar a cabo un proceso similar al de nuestros vecinos del norte, para tratar de poner orden en este caos de la cultura en digital en el que vivimos.

El Partido Popular proponía en campaña, allá por el año 2011, once medidas de políticas culturales, incluidas las más llamativas sobre la marca España y protección de la “fiesta nacional”.

La única referencia a la cultura en el entorno digital fue una escueta propuesta de supresión del canon digital - y su sustitución “por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual, más justos y equitativos, basados en el uso efectivo”, o el cambio del marco legal para la protección de la propiedad intelectual e industrial. Cumplida la primera promesa (supresión del canon digital con el apoyo de todos los grupos políticos del parlamento, y su sustitución por otro mecanismo a través de un Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria en diciembre de 2011), y encaminada la segunda con la publicación del anteproyecto de ley de propiedad intelectual sometido a información pública en marzo 2013 durante apenas tres semanas, no parece que el proceso haya sido el resultado de un debate profundo con los agentes implicados.

No estaría de más analizar en profundidad la propuesta francesa y elaborar en España, una suerte de informe Lescure, que bien podría ser un “Informe Lara” o un “Informe Polanco”, poco importa. Pero debería ser  fundamentalmente un informe en el que se demostrara una verdadera voluntad de abordar  de una manera más amplia la cuestión de la cultura en digital y la voluntad de implicar, escuchar y en definitiva contar con todos los actores de la cultura. El gobierno ganaría en credibilidad, y previsiblemente España tendría mejores leyes y políticas para su cultura.