Los derechos sanitarios de gays y lesbianas: no es oro todo lo que reluce

 

JAVIER REY

Por unos días, los transcurridos entre la suspensión provisional del proceso de privatización hospitalaria en Madrid y su levantamiento por el Tribunal Superior de Justicia de ésta el pasado 24 de julio, la atención de la opinión publicada sobre los temas sanitarios se centró en otro distinto: la exclusión de las parejas de lesbianas de la prestación pública de las técnicas de reproducción asistida.
Con la misma rapidez de reacción con la que se produjo una respuesta por parte de las grupos interesados en esta nueva cuestión ante el anuncio de que se iba a tratar este tema en la reunión del Consejo Interterritorial del día 23, los sectores que quieren ser reconocidos como “progresistas”, incluidos los partidos desde el centro hacia la izquierda (¡hasta el PNV¡), dictaron su “sentencia: se trata de una medida  ultraconservadora para atacar cualquier modelo de familia distinta de la tradicional, y de un atentado contra la igualdad de derechos de quienes tienen una condición sexual diferente. No parece caber, en consecuencia, sin necesidad  de discusión añadida alguna, ninguna alternativa que no deba pasar por echar abajo la medida o, a la manera del PNV, por buscar la forma de que, al menos en algún territorio,  no se pueda aplicar. A reforzar esta posición, se vino a sumar una sentencia de un tribunal asturiano que consideró discriminatoria la exclusión de la prestación de esos servicios a una mujer de esa condición; en consecuencia con ello, la sentencia obliga a pagar al Servicio de Salud de esa CA una parte sustancial de los gastos en que incurrió al acudir a la reproducción asistida en el ámbito privado.

Antes de descalificar genéricamente las propuestas en la línea  indicada cabría, sin embargo, considerar algunos aspectos complementarios de la cuestión que merecen alguna atención. El primero es el auge que han tenido las técnicas de reproducción asistida en España desde que en 1988 se promulgó, por iniciativa de una comisión parlamentaria formada por representantes de varios partidos, y no por iniciativa del gobierno (socialista) de aquel momento, ni por la de ningún partido en concreto, una de las primeras leyes del mundo, y una de las más abiertas y tolerantes, en esta materia. Desde entonces, y aprovechando una situación de escaso, casi nulo, control de su desarrollo por parte de todas las administraciones de uno y otro color que se han ido sucediendo hasta ahora, en nuestro país se ha producido una verdadera explosión de la utilización de estas técnicas, que las ha convertido en un área de negocio de gran relevancia; una tendencia ya anunciada por lo ocurrido en otros países, en particular en los Estados Unidos (Baby Business. Deborah L. Spar. Tendencias Editores, 2006).

Desde un punto de vista cuantitativo, el volumen de ese negocio, difícil de calcular de manera precisa, se puede, sin embargo, atisbar: en el momento actual, y partiendo de cifras más bajas que han ido progresivamente creciendo, se inician anualmente en España más de 40.000 ciclos de fecundación in vitro (FIV), y más de 35.000 de inseminación artificial (IA).  Más del 80% de los centros y clínicas que las practican, cuyo número crece de año a año, son privados, proporción que resulta igualmente aplicable a los ciclos iniciados.  El precio que se aplica en ese ámbito dominante varía de unos a otros centros, pero para el caso de la FIV puede oscilar entre 3.000 y más de 7.000 euros, según modalidades,  una cifra que puede bajar hasta los 1.000 euros en el caso de la IA. Uno de los factores que más pueden contribuir a encarecer el servicio es la utilización de ovocitos donados, que se obtienen por un acto que según la ley debe ser altruista y gratuito; las normas no escritas al respecto hacen, sin embargo, que se esté tolerando de hecho y sin control administrativo alguno  una “compensación por las molestias y daños causados” por la donación  por encima de los 900 euros. Esas compensaciones, imposibles de realizar de manera regular en el ámbito público, se traducen en los precios cargados por los centros privados, supuestamente no por los ovocitos utilizados, sino por las actuaciones realizadas para conservarlos y prepararlos para su utilización. La conservación de los embriones “sobrantes” que se hayan podido generar en cada ciclo reproductivo es también objeto de cobro por parte de los centros privados, con precios que tampoco están sujetos a ningún control. Algunas técnicas complementarias de la reproducción asistida, como el diagnóstico genético preimplantacional (DGP), autorizado aquí legalmente desde 2006, se practica en España (de manera casi exclusiva en el ámbito privado, donde se cobra por ello de manera independiente de la FIV) en cifras, superiores a 10.000 casos al año, que casi igualan la suma de las realizadas en el resto de los países europeos, sin que parezca existir para ello ninguna razón de orden clínico que lo pueda justificar.

Desde el punto de vista cualitativo la situación es también llamativa: el “negocio” de la reproducción asistida en el ámbito privado se ha extendido no sólo ni quizás principalmente a expensas del tratamiento en condiciones de control clínico riguroso de las situaciones de esterilidad biológica patológica, evitando la repetición de tratamientos con escasas probabilidades de éxito. Esa extensión es también en buena parte consecuencia de la ampliación del uso de las mismas técnicas a situaciones de otra naturaleza sin relación alguna con la esterilidad patológica: cabe incluir aquí a las parejas de lesbianas, o las mujeres solas (posibilidad que abrió ya la ley de 1988), o incluso aquéllas que, con o sin pareja masculina, mediante la conservación de sus ovocitos, y por razones diversas, prefieren demorar la maternidad a edades avanzadas en las que la capacidad reproductiva normal desaparece, a la vez que se amplían los riesgos de la gestación. Se trata de un ejemplo manifiesto de “demanda inducida por la oferta” que, ciertas  clínicas privadas en especial, se han encargado de difundir con una publicidad muy agresiva dirigida a los grupos “diana” interesados. Lo que ha convertido a nuestro país en el lugar de referencia para la realización de algunas de estas prácticas, que no se realizan de manera significativa en ninguno de los países de nuestro entorno más próximo, e incluso están prohibidas en algunos de ellos (esta prohibición en países como Alemania podría estar más en relación con el “recorte” que se ha demandado desde allí en este terreno concreto, que razones relacionadas con la ideología del PP, que, de ser la razón fundamental de las medidas propuestas, debería haber tenido otras muchas expresiones distintas de las prestacionales descritas).

Atracción e influencia: el soft-power en la diplomacia pública

FERNANDO RUEDA

La carrera silenciosa –o estruendosa- por el poder y la capacidad de influencia en la escena internacional de las naciones, se nutre también de estrategias de acción y promoción cultural.  

Efectivamente, junto a los tradicionales mecanismos para defender intereses en la escena internacional – lograr mayores cuotas de poder económico y político con medidas coercitivas, que van desde los embargos comerciales hasta la intervención militar-, conviven formas más “suaves” de incrementar dicha influencia , como el deseo de crear una imagen positiva hacia el exterior para atraer inversores o turistas- lo que en nuestro país hemos llamado burdamente “Marca España”- , o la voluntad de promover (o imponer) normas y valores, a través de la ideología, las identidades y la transmisión de valores simbólicos, como por ejemplo la influencia del cine norteamericano en el mundo.

Esta idea de la diplomacia cultural no es nueva.  Sin embargo si existen en el nuevo siglo, nuevas formas de desarrollar este poder blando, que ya no están exclusivamente en manos de los Estados. Nuevos actores como los medios de radiodifusión, las empresas  comerciales o las ONGs tiene un peso sustancial.

El British Council ha publicado un interesante informe sobre las tendencias globales y los movimientos  de los países en las relaciones internacionales a través de la diplomacia cultural, bajo el título Atracción e Influencia. Al margen de que las recomendaciones que emergen del estudio se refieren a las potencialidades de la cultura británica, lo interesante es la mirada que realiza hacia sus competidores y hacia los nuevos actores que juegan en el mismo terreno internacional. Las potencias occidentales se enfrentan a la competencia de los países emergentes con economías de alto crecimiento que están cada vez más abiertas hacia el exterior.  

Estas estrategias de poder blando adquieren en la actualidad una gran fuerza, en especial en los países emergidos (Brasil, Sudeste asiático) o en las potencias mundiales tradicionalmente aisladas (China, Rusia). Por el contrario, en muchos países occidentales, incluida España, las relaciones culturales están sujetas a grandes recortes y políticas cortoplacistas y esto está generando un riesgo a largo plazo en  la influencia de Europa en el mundo y su desempeño en términos de cultura, educación,  turismo o comercio.

Destaca en particular la gran movilización cultural internacional de China, que desde  2006  hasta hoy ha duplicado su presencia en el mundo a través de la apertura de más de 400 institutos Confucio (el equivalente a nuestros Institutos Cervantes), en más de 100 países, o el objetivo, en su último plan quinquenal, de duplicar el peso en el PIB de sus industrias culturales, del 2,5% actual al 5%.

El informe presenta otro interesante punto de vista, que consiste en valorar los focos de atracción de la acción cultural exterior. Es decir  ¿dónde quieren estar presentes las naciones con voluntad de proyección cultural exterior? Nuevamente países como Brasil, Rusia, India, China o Korea son los lugares donde se juega la partida. Los ladrillos (BRICKS) ya están fabricados, y el edificio se eleva  a buen ritmo.  Entre tanto, nosotros seguimos invitando a cócteles en las Embajadas patrocinados por alguna empresa exportadora de jamón ibérico.

Las empresas en la ciberseguridad

JAVIER VALLS. Profesor de Derecho en la Universidad de Granada

En la teoría más clásica del liberalismo una de las funciones reservadas al Estado y por las que se justifica su existencia es la de asegurar que se protege la vida, la libertad y la propiedad, derechos básicos que aseguran que el hombre pueda desarrollarse en el mercado libre.
Este ideal en el siglo XXI se ha visto superado. Hoy día la seguridad de estos derechos no es un monopolio estatal. Las empresas han ido tomando posiciones en áreas que estaban reservadas al Estado, desde la gestión de las prisiones hasta la seguridad privada. En el tema de la ciberseguridad ha ocurrido lo mismo.
Dado que el tema da para mucho, nos vamos a limitar al tema de la lucha contra la delincuencia en el mundo cibernético.
El descubrimiento del nivel de perfección del ciberespionaje realizado por la NSA ha sido, sin duda, de un gran impacto en la protección de la intimidad de los ciudadanos. Sin embargo, lo que se ha comentado menos es la participación de las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Son éstas las que tienen la información necesaria de los ciudadanos para poder realizar la investigación. Datos suministrados voluntariamente por los usuarios de sus servicios y que mediante el contrato que se acepta para utilizar sus productos (pero que casi nadie se lee) se permite a la empresa hacer un uso anónimo de la información (o al menos eso decía el último que leí).
Con la entrada del sector privado en áreas de defensa y seguridad, y puesto en conexión con los grandes avances en el análisis de datos que se han producido en los últimos años, la intimidad de la persona está en serio riesgo.
Nos surgen varias preguntas: ¿Ofrecen las empresas las mismas garantías que el Estado a la hora de proteger los datos de sus clientes/ciudadanos? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos para protegerse con respecto a estos atentados a su intimidad? ¿La relación contractual entre el cliente y la empresa, que  determina la jurisdicción en caso de incumplimiento, será quien resuelva los abusos o tendrán que resolverse ante Tribunales Constitucionales? ¿De qué país?

Es cierto que la responsabilidad corporativa de las empresas ha mejorado mucho en su relación con sus clientes. Sin embargo, el oscurantismo con el que se está tratando la colaboración de las grandes compañías de Internet con la NSA genera más incertidumbre que el fin por el que se justifica la intromisión en nuestra vida privada, la seguridad.

Tal colaboración no es beneficiosa para ninguna de las partes. Las empresas temen un gran castigo por el consumidor (no hay que olvidar la colaboración de algunas con China para controlar la información que suministran). Al ciudadano se le lesionan sus Derechos. Y el Estado democrático pierde legitimidad al no defender las libertades. Sobre todo cuando tiene en su mano medios para conseguir la información, con las garantías necesarias, sin tener que recurrir a este tipo de medidas para conseguir la anhelada seguridad.

Por otro lado, cuando el sector privado asume funciones que le corresponden al Estado se rebaja el nivel de respeto a los ciudadanos, principalmente porque dichas situaciones no están reguladas. Un ejemplo de esto ha sido la entrada de empresas de seguridad en la gestión de la invasión de Irak, como Blackwater. En este tipo de conflictos no existe una legislación de la actuación de empresas privadas, con competencias y funciones estatales, pero sin el sistema jurídico al que tienen que someterse los Estados. En el caso de la ciberseguridad ocurre lo mismo con las empresas que tienen y gestionan los datos.

Dado que el ciberespacio no tiene fronteras es muy posible que muchos de los conflictos que se generen puedan ser resueltos por las jurisdicciones nacionales. Sería necesario plantearse la creación de instituciones internacionales que controlen este tipo de actividad al igual que ya se ha realizado con otros ejemplos transnacionales que ya han surgido en la actualidad.

Una vez más la UE juega un papel vital para la defensa de los Derechos de los ciudadanos europeos. Esperemos que el retraso producido en la propuesta de Reglamento relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos sirva al menos para que se normatice una correcta protección de los Derechos de los ciudadanos en este tipo de situaciones.

Free, free Nelson Mandela

CARLOS CARNERO

Es tan incontestable que el fin de la Guerra Fría se produjo por la desaparición de la Unión Soviética y de las dictaduras que giraban en torno a ella en la Europa del Este como que el símbolo de ese cambio histórico fue la caída del Muro de Berlín.
Pero conviene no olvidar que también hubo otros hechos políticos relacionados con el citado que marcaron el cambio de ciclo incluso con mayor fuerza para los cientos de millones de habitantes del Planeta que veían la dinámica de bloques como un problema esencialmente intra-occidental aunque, en realidad, conllevara graves y negativas consecuencias para ellos. 
Entre esos hechos hay dos particularmente representativos: la firma de los Acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP y el fin del apartheid, con Arafat entronizado en la Casa Blanca y Nelson Mandela abandonando la prisión en la que había pasado varias décadas.
Ni el conflicto del Próximo Oriente ni el apartheid fueron el resultado de la Guerra Fría, aunque la persistencia de la misma contribuyó poderosamente a su estancamiento o permanencia.
En el caso de Sudáfrica, el Gobierno racista había sabido convertirse en un fiel e indispensable aliado de las democracias occidentales, empezando por los Estados Unidos, frente al avance de la liberación colonial en el sur de África y la llegada al poder en Luanda, Maputo y Windhoek de partidos próximos ideológicamente a Moscú, que les apoyó vía Cuba frente al intento de las fuerzas reaccionarias de derribarles a través de sangrientas guerras civiles.
En esas condiciones, Washington no tuvo empacho en apoyar a los “rebeldes” con el inestimable y brutal apoyo de Pretoria, especialmente en el caso de Angola.
Caído Moscú (o variada 180 grados su política exterior con Gorbachov aún al frente), el régimen del apartheid vio evaporarse su utilidad geoestratégica y entendió que tratar de hacer frente a la oposición de la mayoría negra del país, organizada en torno al Congreso Nacional Africano (ANC), era inviable. Se inició así una transición pacífica hacia la democracia cuya puerta se abrió al mismo tiempo que la de la celda de Mandela.
A veces, el cine refleja la realidad histórica de forma inmejorable. En el caso de la película “Invencible” es así: la descripción de un Madiba empeñado en moderar la política del ANC (que había combatido con las manifestaciones y con las armas al apartheid y era de facto una gran  coalición de fuerzas de todo tipo, empezando por un poderoso Partido Comunista firmemente enraizado en los suburbios de color de todo el país) y liderar una transición que pusiera por encima del ajuste de cuentas la reconciliación (gracias a instrumentos tan impresionantes como la “Comisión de la Verdad”), para lo que contó con el apoyo de personajes tan imprescindibles como Desmond Tutu, es absolutamente correcta.
Mandela se puso a la cabeza de la nación para que lo fuera por primera vez, para que Sudáfrica dejara de ser de unos (los blancos) para serlo de todos (negros –y, dentro de ellos, los zulúes, con cuyos líderes le tocó lidiar con paciencia y habilidad-, blancos, mestizos, indios), explotando a fondo sus capacidades económicas –incluyendo sus impresionantes recursos naturales-, geoestratégicas y políticas para elevar el nivel de vida, promover la igualdad y jugar su papel en África y el Mundo.
Los años de Nelson Mandela como Presidente fueron un auténtico éxito porque supo combinar la firmeza en los principios con el pragmatismo en las decisiones.
Lamentablemente, sus herederos en el poder no estuvieron tan acertados y, a pesar de que el ANC sigue ostentando y previsiblemente lo seguirá haciendo una amplia mayoría, es evidente que en su seno y con otras de las fuerzas políticas representativas de la mayoría del país se han agudizado sensiblemente las contradicciones.
Los sangrientos acontecimientos de los últimos tiempos reflejan tanto las tendencias autoritarias del poder como la exigencia de la mayoría negra de que se aceleren los cambios a favor de una sustancial redistribución de la riqueza, excesivamente lenta después de veinte años de la llegada al Gobierno del ANC. Ahí están, a la vez, el problema y la solución de la Sudáfrica de hoy en día.
Tarde o temprano, Mandela dejará de estar entre nosotros. De momento, celebramos su 95 aniversario y repasamos su ejemplo personal y político. Para los que durante años nos manifestamos por su libertad y la de su patria (cantando aquello de “Free, free Nelson Mandela”), para los que luego tuvimos la ocasión de conocerle libre en su tierra y escucharle, seguirán resonando los versos del poeta victoriano W. E . Henley puestos en su boca en la gran pantalla y que parecen describir la decisión de la Sudáfrica arco iris:
“En medio de la noche oscura,
Negra como un pozo insondable,
Doy gracias al Dios que fuere
Por mi alma inconquistable…
Soy el dueño de mi destino,
Soy el capitán de mi alma”.

La oposición de los ciudadanos

IGNACIO URQUIZU

En el arranque de la actual legislatura hay una novedad que destaca frente a años anteriores: la ciudadanía ha cobrado un protagonismo desconocido. Un mero repaso a 2012 nos revela la gran cantidad de mareas que han tomado la calle identificándose con distintos colores: verde (educación), blanca (sanidad), negra (funcionarios), morada (mujeres), naranja (servicios sociales) o amarilla (dependencia). Y junto a ellos, ha tenido un papel muy destacado organizaciones como Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).
Es cierto que todo empezó el 15 de mayo de 2011. Entonces cientos de miles de jóvenes se echaron a la calle al grito de “no nos representan” o “democracia real ya”. Los datos indicaron que en su inmensa mayoría eran ciudadanos de izquierdas, menores de 35 años y con estudios universitarios. Era el origen del movimiento de los indignados. Su repercusión internacional fue enorme no sólo porque las imágenes causaron un gran impacto en todo el mundo, sino que además inspiró a otros movimientos como por ejemplo Occupy Wall Street.
Sin embargo, 2012 presenta dos rasgos diferenciados respecto al origen de la movilización. Por un lado, el año pasado la ciudadanía apareció mucho más organizada y articulada. Pero no porque tuviera liderazgos visibles, sino porque sus demandas eran mucho más reconocibles, se centraban en aspectos concretos y las movilizaciones eran fácilmente identificables. Los colores de las mareas no sólo se hicieron muy populares, sino que además lograron visibilizar de forma muy clara qué querían los ciudadanos.
Por otro lado, el aumento de la movilización fue espectacular. Tal y como indica la siguiente tabla, las movilizaciones en España han pasado de 18.422 en 2011, a 32.884 en octubre de 2012. Es decir, es muy probable que en un solo año se hayan duplicado y, respecto a 2006, se habrían multiplicado por tres.

Tabla 1. Número de manifestaciones

Fuente: Informe de Evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2011, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No se incluye el País Vasco y Cataluña. Los datos de 2012 fueron facilitados por el Ministerio del Interior ante una pregunta de Izquierda Plural, aunque son datos hasta octubre de ese año. Ver gráfico

No obstante, como casi todo fenómeno social, hay muy pocas cosas que no hayan sucedido antes. Seguramente, si hay un momento comparable al actual es el que se vivió en España en los años 70 del siglo pasado. Entonces la sociedad española también fue consciente de su protagonismo y comenzó a movilizarse de forma totalmente desconocida. Algunas cifras que mostré en otro artículo lo revelan:
1.    En sólo diez años, de 1966 a 1976, las horas perdidas por huelga pasaron de 1,5 millones a 150 millones.
2.    En los tres primeros meses de 1976 se produjeron 17.731 huelgas, cuando un año antes apenas observamos 3.156.
Pero estas movilizaciones sociales no fueron sólo por motivos laborales. Es cierto que entre 1963 y 1967 sólo el cuatro por ciento de las movilizaciones obreras eran políticas. En cambio, de 1967 a 1974 el motivo de la reivindicación pasó a ser política en un 45 por ciento (ver José María Maravall, 1981, La política de la transición 1975-1980, Taurus).
En definitiva, 2012 ha sido un año de gran agitación social donde la ciudadanía ha cobrado protagonismo como actor de oposición. El único aspecto negativo es que esta gran movilización social se ha visto acompañada de un aumento de la desafección política. Por ello, desde julio de 2012, uno de cada dos españoles se muestran indecisos o se declaran abstencionistas. A diferencia de los años 70, cuando la sociedad era optimista y acompañaba al cambio político desde la calle, en los momentos actuales nos encontramos con una ciudadanía pesimista que ha perdido gran parte de sus referentes políticos. 

* El Informe sobre la Democracia en España 2013 puede adquirirse por 21 Euros (IVA incluido) en Los Libros de la Catarata  

¿Qué hacer con la Ayuda al Desarrollo en España?

KATTYA CASCANTE

El viernes pasado cesaron al Director de la Agencia española de cooperación internacional y de desarrollo (AECID), una entidad que apenas cuenta este año con presupuesto suficiente como para justificar su supervivencia. Pareciera un acto de coherencia en esto que se ha venido a llamar el desmantelamiento de una política con vocación pública de más de 30 años de existencia. Sin embargo es una decisión política, cargada de desavenencias partidistas, donde importa poco quien tiene razón, porque esta, no predomina sobre quien tiene el poder.
El hasta cuatro veces modificado Estatuto de la AECID desde que se gestó en noviembre de 2007, y del que se espera en breve su quinta versión, impone mayor discrecionalidad en los puestos de decisión. La presidencia (política) de la AECID lidera un órgano rector de doce personas donde nueve (diez si se incluye el presidente) son designados libremente por el actual gobierno y solo dos, por las organizaciones sindicales más representativas de la Administración General del Estado.
Un retroceso más que sumar a la distancia que crece entre las políticas de los donantes que mantienen su ayuda oficial al desarrollo (AOD), los nuevos actores que emergen y los que como España, han decidido un repliegue sin estrategia pero aparentemente legitimados por la misión de controlar el déficit público nacional. La ayuda oficial española para el desarrollo, sujeta a la retórica desde que la crisis comenzó a mostrar su peor cara, se desinstitucionaliza y desde luego que no lo hace para mejorar su eficacia.
Como ejemplo, la AOD multilateral española cayó en 2012 un 81%. Un descenso que no ha significado la concentración de esfuerzos anunciada, sino una mayor dispersión: mientras la contribución media en 2011 fue de 3,65 millones de euros, en 2012 la contribución media ha sido de 1,85 millones de euros. Es decir, menos recursos y más dispersión, por tanto no hay mayor eficiencia, ni avance en la eficacia sobre los compromisos adquiridos.
Desde los propios límites de la política de Ayuda, hasta lo que ésta representa en relación al resto de los compromisos adquiridos por los donantes, no parece haber una respuesta suficiente para los nuevos desafíos (desde la comunidad internacional ni por supuesto de España). El debate actual focaliza el problema en la propia existencia de la ayuda donde el donante adopta un rol que no le corresponde (D. Moyo), en la mala distribución de ésta y peor diseño de sus objetivos (W.Esterly) y en estudios econométricos transversales con más disenso que consensos (J.Sachs). Toda una diversidad doctrinal donde la AOD apenas representa el 17% de los compromisos financieros de los donantes con el desarrollo y que ascienden en la actualidad al 0.31% del PIB (unos 134 mil millones de Dólares). Una cantidad que sigue sin poder responder a los retos globales. 
Las nuevas relaciones de poder y desafíos globales como la crisis financiera, energética y alimentaria, la degradación medioambiental y climática obligan a al AOD a transformarse en un marco de trabajo más representativo de la gobernanza internacional. La configuración de la próxima agenda de desarrollo debe profundizar en el debate tanto de los donantes emergentes como de los tradicionales. Para los primeros, la influencia sin interferencia y el respeto a la soberanía son argumentos para priorizar los intereses geoestratégicos y económicos en una cooperación bilateral abierta. Para los segundos, el aumento de la ayuda reembolsable ligada a proyectos de infraestructura, financiar gastos de defensa, el apalancamiento de otros recursos vía impuestos, créditos e inversión directa, son catalizadores del desarrollo.
Dos modalidades que confluyen, sin duda, en la necesidad de rediseñar la AOD como instrumento y donde parece que a España se le verá cada vez más en el pelotón de cola. En la Fundación Alternativas, hemos publicado el memorando Recomendaciones en un contexto de crisis: ¿qué hacer con la ayuda oficial al desarrollo en España? donde ante un contexto en el que va a ser más necesaria la ayuda externa para salir de la pobreza (para los más pobres), se analiza el repliegue de España y recomienda una nueva visión de desarrollo para el escenario post 2015.

Ha llegado el tiempo de la cultura

(Al menos para otros)

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

“No hay nada más poderoso que una idea cuyo tiempo ha llegado”. Con estas palabras se dirigía hace un par de semanas a un grupo de 300 líderes y expertos culturales procedentes de ocho países  europeos Garrelt Duin, el Ministro de Economía del gobierno del Estado alemán de Nord-Rhein Westfalia. Hablaba de la economía de la cultura y la creatividad como actividad líder de un proyecto que, a la vez y en sus propias palabras, ha de jugar un papel central en el cambio social de la comunidad, además de continuar siendo un distribuidor de riqueza en el cuerpo económico y social de la comunidad.

Y lo hacía en uno de los foros que en los últimos años está adquiriendo una cierta notoriedad como marco para el debate y la investigación cultural en Europa: Se trataba de “La cultura es la clave”,el encuentro Forum de Avignon-edición Ruhr 2013, nuevo spin-off del Forum de Avignon, un grupo de pensamiento y de presión cultural creado hace varios años en Francia para analizar y debatir el estado de la cuestión, con presencia de representantes de Gobiernos, empresas de las industrias culturales y creativas, pensadores y expertos.

Si los datos no engañan, hablamos de un sector que supone en torno a los 8 millones de empleos (más y menos precarios) y que genera un 4% del PIB, solo en Europa. Y eso, más que otros factores de derechos culturales, sigue siendo motivo de preocupación en este tiempo de recortes. Por eso en los encuentros que en el próximo mes de noviembre celebrarán en el impresionante palacio de los Papas de la ciudad francesa, el tema central es Cultura y Poder (no hay política sin cultura), y se pretende examinar, entre otras cosas, si nos hallamos ante un cambio de tendencia global, vista la regresión de las políticas culturales en distintos países europeos frente a la multiplicación de las apuestas de países como China (un 9´3% de incremento en sus inversiones culturales en el último presupuesto).

Estos signos de respuesta de organismos y gobiernos como el del mayor Estado federal alemán indican que, incentivados por la distribución en cascada de sus efectos económicos además de por sus impactos de cambio en la vida de las comunidades,  son muchos los actores de la vida europea que perciben la importancia de la apuesta por las políticas culturales, aunque no sean los Gobiernos de los grandes países quienes estén liderando la tarea. Ni Alemania ni Gran Bretaña ni España han dado signos de percibir la importancia que, de una u otra forma, tiene la apuesta por la cultura como un multipotenciador de efectos económicos, de empleo y cohexión social.

El próximo año, en principio los días 6 y 7 de marzo, tendrá lugar en Bilbao la primera edición del Fórum en nuestro país. Está enmarcada en un proyecto europeo llamado Catalyse, en el que, con la colaboración de la asociación Bilbao Metrópoli-30 y los organizadores del foro alemán, ECCE, se planteará, una vez más, la importancia de la colaboración entre países como eje transversal para el desarrollo cultural. Será una buena ocasión para comprobar si la política española sigue siendo un actor desaparecido en el debate. Y si nuestros Gobiernos autonómicos son conscientes de su relevante papel en esa apuesta.

 

Ideología y planes de consolidación fiscal autonómicos

JOSÉ FERNÁNDEZ-ALBERTOS

En 2012 las Comunidades Autónomas fueron obligadas a presentar planes de consolidación presupuestaria para que el conjunto de las administraciones públicas españolas cumplieran con los objetivos de déficit fijados por el gobierno central. En uno de los capítulos del Informe sobre la Democracia en España 2013 recientemente publicado por la Fundación Alternativas analizamos en qué medida el color político del gobierno autonómico es capaz de explicar la variación entre planes de consolidación autonómicos.

Gráfico 4. Ajustes fiscales de las comunidades autónomas.

Fuente: Ministerio de Hacienda

El gráfico resume el tamaño de los Planes Económico-Financieros presentados por las comunidades autónomas y aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera en sus dos dimensiones clave: aumentos de los ingresos (en el eje horizontal), y reducción del gasto (en el eje vertical), ambos medidos en porcentaje sobre el PIB autonómico. Para el conjunto de comunidades autónomas, por cada punto porcentual del PIB de aumento de los ingresos, el gasto se reduce en 2,6 puntos porcentuales. Esa relación media entre el tamaño del ajuste vía ingresos y vía gasto está representada en el gráfico por la diagonal. Así, en aquellas comunidades situadas por encima de la línea el ajuste se hace más a través de la reducción de ingresos que en la media, y en aquellas situadas por debajo el ajuste es más a través de subidas de impuestos que en la media. Es interesante observar cómo, con la excepción de Asturias (un caso excepcional, pues sufrió un cambio de color ideológico del gobierno durante la presentación y aprobación de los planes), todas las comunidades autónomas del primer grupo están gobernadas por el Partido Popular, mientras que en el segundo son de hecho minoría las comunidades gobernadas por este partido.
Así pues, si en el conjunto de comunidades autónomas el 75% del ajuste recae en reducciones de gastos, la media para las comunidades gobernadas por el PP es 6 puntos superior a esa cifra, mientra que las de las comunidades donde el PSOE participa en el gobierno es de 10 puntos inferior. Cataluña, la única comunidad autónoma que en la que ninguno de los dos grandes partidos tenía presencia en el gobierno en 2012, también realiza una proporción de gasto vía reducción de gasto ligeramente menor que la media. Un análisis algo detallado de los datos indica que ni el tamaño del ajuste, ni el peso relativo de las medidas coyunturales en el plan de ajuste tienen efecto significativo alguno en la proporción del ajuste realizado vía reducción del gasto o vía aumento de los ingresos. Sin embargo, el color del gobierno sigue siendo estadísticamente significativo incluso después de tener en cuenta el efecto de estas dos variables.
    Estos hallazgos sugieren que las adscripciones ideológicas de los gobiernos, incluso cuando como en este caso el margen de maniobra del que disponen es muy limitado, no es irrelevante a la hora de explicar las políticas económicas que estos gobiernos aplican. Una explicación bastante obvia tiene que ver con las consecuencias distributivas de estas diferentes formas de ajuste. Como muestra un reciente documento de trabajo de la OCDE, mientras que los aumentos de impuestos tienden a tener consecuencias progresivas (reducen la desigualdad), las reducciones de gasto tienden a ser claramente regresivas (la aumentan). Parece lógico que estas cuestiones distributivas afecten de forma diferente a unos partidos que a otros. 
    A la luz de estos resultados, cabría preguntarse por qué el gobierno socialista que controlaba la administración central en 2010 y 2011 decidió que la austeridad significaba fundamentalmente reducir gastos, mientras que los gobiernos socialistas en las administraciones autonómicas en 2012 decidieron (en términos relativos) aumentar los ingresos. Si les interesa, en el IDE proponemos dos posibles explicaciones a esta paradoja.

* El Informe sobre la Democracia en España 2013 puede adquirirse por 21 Euros (IVA incluido) en Los Libros de la Catarata

El mecenazgo cultural. Lecciones Internacionales

ENRIQUE BUSTAMANTE

Ante el derrumbe de las ayudas del Estado central en España a la cultura (en un 50%, entre 2009 y 2013) y autonómicas y municipales (en un 70% estimado en ese período), frente a la subida brutal del IVA (en un 162 %) a la mayoría de las actividades culturales, y en el marco de las dramáticas consecuencias que esas decisiones están teniendo, todas las expectativas se han centrado en España sobre el mecenazgo, y sobre las promesas oficiales de su reforma legal para incentivar las donaciones.

Con fronteras siempre borrosas respecto del patrocinio, definido reiteradamente en términos altruistas, como apoyo no lucrativo y por tanto sin retorno económico posible –lo que no deja de resultar contradictorio con las rebajas fiscales que pretenden incentivarlo-, la ausencia de una experiencia consistente en España ha teñido esta promesa de matices voluntaristas e ideológicos, sin que ello implicara un auténtico debate político o ciudadano sobre sus mecanismos o sus consecuencias sobre la cultura. Ni siquiera se ha acudido generalmente a los modelos internacionales de mecenazgo más acuñados, que podrían orientar las actuaciones y conclusiones en esta línea.

Y sin embargo, la experiencia internacional sobre el mecenazgo es amplia y rica. No tanto en cifras, ya que la evaluación oficial de la inversión resulta generalmente difícil y sujeta a instancias privadas no garantizadas, como en términos de herramientas y de sus impactos sobre la cultura. Luces y sombras sobresalen frecuentemente de ese abanico de experimentos, especialmente centrados en la Europa occidental, pero también y sobre todo en los casos americanos más veteranos, Estados Unidos y Brasil, que permiten aprender mucho de las grandes virtudes y clamorosos fallos de este sistema que no es sólo ciertamente financiero.

Los estudios realizados sobre esas trayectorias dan conclusiones muy claras: el mecenazgo de las grandes corporaciones detrae dinero del fisco estatal, y desvía así el poder cultural hacia las empresas y sus departamentos de marketing, que orientan sus apoyos hacia las grandes instituciones culturales, hacia proyectos de gran visibilidad, centrados en las capitales o grandes urbes, que aseguren un retorno comercial en términos de marketing o de ganancias comerciales; Tiende a marginar pues a los proyectos sociales, vanguardistas e innovadores, para minorías, descentralizados o para públicos de renta baja.

Por ello, en Brasil o Francia se ha planteado en los últimos años el debate cultural sobre los efectos incontrolables del mecenazgo: exigen una agencia independiente que mida y controle periódicamente las donaciones, y su orientación pública hacia las prioridades estratégicas y de interés general (culturales y económicas), bien mediante una graduación de las deducciones o bien mediante un label especial que prime los objetivos esenciales para la sociedad.

Pero ambas tareas suponen, evidentemente, organismos de selección cualitativa (Estado, sociedad civil, empresas donantes…) en donde es preciso asegurar buenas prácticas que impidan todo dirigismo estético, tanto desde la presión estatal como de parte de las grandes corporaciones.

Por otra parte, y si se quiere impulsar verdaderamente la vinculación de la cultura en la sociedad civil, sería preciso dar especiales incentivos a las donaciones de las personas físicas y, especialmente al mecenazgo de masas (microfunding, crowfunding), que en España alcanza cifras todavía ridículas, pero que podría constituir un complemento interesante de las políticas estatales.

En definitiva, todas las fuentes financieras son aceptables y el mecenazgo no es en absoluto desdeñable como instrumento de apoyo a la cultura, más aun en época de crisis, pero las políticas y regulaciones públicas son las únicas garantes de su plegamiento al interés general, y de su integración en la sociedad civil, que se asegura especialmente si la financiación pública es mayoritaria en el conjunto o, al menos, si el sector público canaliza el grueso de los recursos extraordinarios que deben afluir, más allá del mero consumo, hacia la cultura.

Este texto es un fragmento del informe “España: Cultura en tiempo de crisis”, Fundación Alternativas (en prensa).

Y ahora, en Brasil

JUAN PABLO DE LAIGLESIA

Como antes en Europa, el Mediterráneo y los Estados Unidos, una vez más, la explosión del descontento social en Brasil ha cogido por sorpresa a la clase política y las autoridades gubernamentales. Una vez más, un tema aparentemente menor, la subida de 20 centavos de real (unos 7 cts. de euro) de los transportes públicos de Sao Paulo, ha servido de banderín de enganche para la articulación de reclamaciones mucho más profundas y la expresión de una generalizada desconfianza en la clase política que no encuentra en los canales institucionalizados de participación la audiencia que exige.
Pero hay no pocos elementos en las revueltas ciudadanas que se han producido en Brasil coincidiendo con la Copa Confederaciones, preludio de los fastos deportivos de los que el país será anfitrión en los próximos años, que les dan un perfil propio y merecen detenerse en los matices.
El primero, su contraste con el buen estado general del país, al menos tal como es percibido desde fuera. Puede defenderse que Brasil está en estado de gracia; potencia global más emergida que emergente, con un liderazgo regional progresivamente consolidado, en una fase de crecimiento sostenido con perspectivas de continuar si se corrigen a tiempo algunas disfunciones, una incuestionable estabilidad democrática y unas decididas políticas en pos del crecimiento con equidad. Los datos avalan los éxitos en términos de reducción de la pobreza y liderazgo global. Y sin embargo, la magnitud del descontento es evidente.
Una pista para la interpretación es sin duda que el descontento lo han manifestado las crecientes clases medias urbanizadas, a las que acaban de incorporarse grandes contingentes de ciudadanos merced al crecimiento económico y las políticas sociales. Y eso hace de estas revueltas un fenómeno hasta ahora inédito y le da su verdadera dimensión a las reivindicaciones. No se trata tanto de demandar servicios, como de exigir su calidad; de abandonar políticas como de revisar las prioridades. Quizá por ello puede considerarse que hay un punto de insolidaridad en los planteamientos, que piden más atención para quienes han dejado de ser los más vulnerables.
Otra diferencia importante con movimientos similares ha sido su efecto inmediato en la agenda política y la respuesta rápida y contundente del Gobierno y los partidos. Dos circunstancias han ayudado a ello: por un lado el foco de atención puesto esos días en Brasil por la Copa Confederaciones, por otro la proximidad de unas elecciones sobre cuyo pronóstico no parecía haber dudas. Y de ahí, la reacción inmediata de los partidos tratando de capitalizar las revueltas y la Presidenta ofreciendo reconstruir el pacto social vía, primero de una Constituyente, luego de un Plebiscito.
Parece evidente que la respuesta desde el poder tiene mucho de sobreactuación y no poco de improvisación. En un país donde no hay ninguna formación política que realmente conteste la prioridad de las políticas sociales la constatación de la magnitud del descontento ha llevado a la clase política a una carrera desenfrenada para ponerse a la cabeza de la manifestación, a pesar del rechazo de las plataformas que organizaron las revueltas. Es, por cierto, un ejercicio de instrumentalización que no tiene parangón en las situaciones similares ocurridas en otros países, como tampoco lo tiene el giro que ha provocado en la actuación legislativa, desempolvando viejos proyectos y aprobando a la carrera otros hasta entonces muy controvertidos. La proximidad de las elecciones, por su parte, coloca a los partidos, y especialmente a la plataforma que apoya a la hasta ahora indiscutible candidata/presidenta Dilma Rouseff a una profunda revisión de sus narrativas y prioridades para preservar sus expectativas. Y de ahí la entidad de las respuestas que han incluido la revisión constitucional, la reconstrucción del pacto social, la reasignación de recursos y la modernización de las vías de acción y participación política de los ciudadanos.
Está por ver cómo y cuándo se concretarán las respuestas a esas aspiraciones y si Brasil será capaz de aprovechar esta oportunidad para reducir la brecha que separa a la sociedad de su clase política. Pero con los datos de que ahora disponemos podemos anticipar que pocas veces unas revueltas ciudadanas habrán logrado un éxito tan rápido y unos resultados tan significativos.
Una derivada importante que merece reflexión y seguimiento es la repercusión de estos hechos en el resto de América Latina. En la región hay no pocos países en una situación económica, social y política muy similar a la brasileña. El fortalecimiento de las clases medias, el crecimiento económico sostenido, la disminución de la pobreza, la persistencia de la desigualdad, la debilidad de los partidos políticos, son características que muchos de ellos comparten. Y es lógico esperar que el éxito de las revueltas brasileñas tenga un efecto llamada.
Algo puede haber empezado a ocurrir en Chile, donde el persistente descontento estudiantil puede ser preludio de otras cosas. Perú atraviesa una coyuntura muy parecida a la de Brasil, con un fuerte crecimiento y una ampliación sustancial de las clases medias pero un nivel de servicios aún deficiente y una desigualdad importante. Paraguay, recién salido de sus elecciones generales es otro país en situación vulnerable. Menos probable parece el contagio a los neobolivarianos donde el control social es mayor, o a Bolivia donde todavía no se ha producido ese incremento sustancial de las clases medias y la componente indigenista tiene un peso determinante.
El éxito siempre provoca emuladores. Pero América Latina es hoy tan diversa que es cuando menos aventurado adelantar una hipótesis de comportamiento regional a partir de lo que ocurra, incluso en un país de la influencia y el peso de Brasil.