La Sanidad y la Política: el caso de la Comunidad de Madrid

JAVIER REY

    La casualidad ha hecho coincidir de manera casi exacta en el tiempo dos hechos sin relación alguna aparente, de los que, sin embargo, cabría deducir algunas lecciones en común. El primero, el décimo aniversario de la maniobra que excluyó un gobierno común de la izquierda en la Comunidad de Madrid. El segundo, la finalización del plazo para que las empresas que lo desearan presentasen sus ofertas para hacerse con la gestión sanitaria de seis hospitales de la misma región.
    Sobre este segundo, y el número limitado de empresas que han acudido a la licitación, lo que ha obligado a la Comunidad a buscar in extremis ofertas en otros países en un intento patético de evitar que quedase patente el fracaso político de la operación si las ofertas para alguno de los hospitales quedaban desiertas, se ha escrito mucho. Al final, una empresa puertorriqueña desconocida ha salvado formal y transitoriamente los trastos al Gobierno madrileño, a la vez que se incumplía por la Comunidad la obligada publicación del concurso en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que puede provocar su anulación.
    Por su parte, sobre el aniversario citado se ha pasado casi de puntillas. Recordar algunos datos relacionados con el caso puede, sin embargo, tener algún interés para quienes se enfrentan por distintas razones con el proceso privatizador. El primero de esos datos es la marcada incapacidad política demostrada por el Partido Socialista en aquel momento para afrontar con garantías de éxito democrático el fraude a los resultados electorales que supuso aquella actuación, de manera que se evitara pasar aquella página de la peor manera posible; ésta fue la repetición de las elecciones, cancelando con ello cualquier posibilidad de investigación fiable posterior. Probablemente de esa  incapacidad política nació y aumentó hasta los niveles que se han alcanzado, la desconfianza de una parte importante de la ciudadanía hacia las capacidades de ese partido para responder a sus aspiraciones y deseos expresados a través de las urnas, que quedaron seriamente deslegitimadas.
    El segundo dato de valor es el recuerdo de las actuaciones que en el terreno sanitario han llevado a cabo desde entonces los gobiernos, legales, pero ilegítimos en el origen, que ha tenido desde entonces la Comunidad de Madrid. Cabe citar al consejero Lamela, hoy en una empresa privada sanitaria, y el deterioro en la imagen del servicio público que consiguió con sus investigaciones igualmente ilegítimas y maliciosamente erradas en el Hospital de Leganés. Después, la construcción  y privatización parcial (hasta ahora de la gestión no sanitaria) de ocho nuevos hospitales de pequeño tamaño, llevada a cabo por ese mismo consejero y su sucesor Güemes, también después en otra empresa sanitaria de la que tuvo que dimitir por aparente colusión de intereses. Una ampliación producida sin oposición alguna, e incluso con el apoyo de los alcaldes de la localidades correspondientes, a la vez que se “jibarizan” las plantillas y los medios de los grandes hospitales públicos, base fundamental de la atención sanitaria de calidad en Madrid.
    Esas actuaciones marcan el rumbo de una tendencia sin solución de continuidad, que ha culminado ahora en el intento privatizador llevado a cabo por el actual gobierno madrileño que, encabezado por un presidente sustituto, y gestionado en lo sanitario por otro consejero, Lasquetty, que sigue en cinismo e imposición de intereses sesgados a los anteriores, no duda en justificar estas actuaciones sobre la base de su actual mayoría absoluta; y ello pese a que no había ningún indicio en el programa electoral previo de que se pretendiera avanzar en la legislatura en esa dirección.
    El sentido de la privatización actual no ofrece duda alguna: se trata de hacer efectiva la introducción de las aseguradoras y cadenas de hospitales privados en la gestión de los centros públicos, un ámbito nuevo de actuación de unas y otras que se ha convertido en su principal fuente de crecimiento y una nueva vía de paliar la ralentización que se viene observando desde hace años en el crecimiento de las pólizas y la atención privadas. Esta situación de partida era, por otra parte, común a todos los países que disponían de un Servicio Nacional de Salud universal y de acceso gratuito, y en la que en otros países, de manera destacada el Reino Unido, se ha llegado a un resultado semejante, extendiendo la participación privada en la gestión de lo público por vías propias.
    Ninguna de esas medidas habría sido posible si los gobiernos sucesivos del PP responsables de su adopción no hubieran dispuesto de la mayoría absoluta que le ha permitido imponerlas de manera arbitraria, sin refrendo democrático ni discusión previa alguna de las razones (nunca demostradas) que pudieran justificar su adopción, ni menos aún oposición política eficaz alguna a su imposición.
    La única oposición eficaz a las medidas más recientes adoptadas, a diferencia de las previas, ha sido el movimiento en contra generado, sobre todo por los médicos, con independencia de sus tendencias políticas, contra una operación que pone en peligro cierto la forma de ejercicio profesional que ha permitido alcanzar los altos niveles de reconocimiento nacional e internacional de que ha venido gozando hasta ahora nuestro sistema público de salud.  Un acierto añadido de ese movimiento ha sido la combinación de las medidas de protesta con la utilización  de las vías de recurso legal posibles frente a las propias medidas. Es una vía que ha supuesto la presentación de diferentes recursos contenciosos, e incluso penales, contra su desarrollo, en buena parte sufragados con las aportaciones de los profesionales, con cuya presentación se demanda a la vez la suspensión de su ejecución.
    La eficacia de la oposición ejercida de esa manera se ha puesto de relieve con la renuncia de numerosas aseguradoras y cadenas de hospitales que estaba previsto que presentasen sus ofertas al concurso a participar en el mismo. Lo que ha dado lugar al recurso a la empresa portorriqueña citada, y a un reparto de las ofertas para distintos centros entre las que finalmente han participado en el concurso que parece eliminar la competencia entre ellas; lo que,  junto con las modificaciones llevadas a cabo desde su convocatoria en las condiciones económicas del concurso para incentivar la participación de las empresas, puede ser un motivo más para su suspensión. Si a ello se le añaden las explicaciones de la empresa portorriqueña citada, cifrando su interés principal en fomentar y aprovecharse del turismo sanitario (un problema que hace pocos días provocó una llamada de atención a España por parte de la Unión Europea;) no es imposible pensar en el fracaso global de la operación en el corto plazo..
    En todo caso, con las vías de oposición profesional y social mencionadas los sectores que se han movilizado han agotado sus posibilidades de actuación más inmediata. Es por eso el momento de pensar qué vías de actuación política pueden contribuir a  hacer posible la vuelta atrás de las medidas privatizadoras si éstas llegaran a aplicarse de manera efectiva y, en todo caso, de qué manera podría evitarse que se repitan o se amplíen a otros centros, cuyo deterioro deliberado parece ir preparando el futuro en esa misma dirección.
    Lo que parece claro es que cualquiera de esas posibilidades pasa por evitar que se repita el gobierno del PP en la Comunidad madrileña en la siguiente legislatura. Una posibilidad que, si parece lejana  en términos de repetición de su mayoría absoluta, no es imposible de imaginar por la vía de una abstención masiva en los apoyos a otros partidos, que son los más afectados por la desconfianza de gran parte de su electorado natural, y con el apoyo de algún otro partido “bisagra” o menor.
    La única forma de evitarlo sería que los otros partidos, y su electorado, asuman que el problema político principal de esta Comunidad en este momento es la destrucción de su sistema público sanitario (que consume cerca del 50% de sus presupuestos y recursos) que está llevando a cabo el PP. Y que, en consonancia con ello, comprometan desde ahora el apoyo mutuo para formar o apoyar un  futuro gobierno entre todos los partidos que estén de acuerdo  en esa valoración.
    Un compromiso público en esa línea daría credibilidad a los compromisos que de manera individual han iniciado algunos partidos, singularmente el PSOE, de revocar las medidas que se han adoptado hasta ahora “cuando gobiernen”, una posibilidad que les está vedada sin el apoyo de otros partidos según cualquier valoración razonable de las perspectivas de voto en esta región.  Eliminaría además de la confrontación política el intento de utilizar ese argumento como atractivo electoral para cada partido, dejando claro ante unos electores desengañados que en las siguientes elecciones lo importante para cada uno de los que pudieran adherirse a un pacto de esa naturaleza, más allá de sus intereses legítimos, no es quién pueda acceder a la presidencia del Gobierno de la Comunidad, sino recuperar para los ciudadanos su sistema público de salud.
    Es obvio que un pacto así, y ceñido a la Comunidad de Madrid, no supone el diseño de una alternativa consolidada para la renovación del conjunto del Sistema Nacional de Salud, cuya organización y funcionamiento precisan de transformaciones profundas para hacerlo sostenible no sólo ni principalmente en el sentido económico, aunque también en éste. Sobre la necesidad de medidas generales que impidan desarrollos similares al madrileño, que ya se han producido en otras CCAA, como Valencia, y que parecen querer extenderse hacia otras, como Cataluña, que parecía disponer de un modelo propio diferente, no cabe duda alguna. La posibilidad  del diseño de alternativas globales al conjunto del SNS  pasa en todo caso en este momento por detener de manera eficaz  el avance privatizador del PP en esta región, lo que exige que los comportamientos políticos de los partidos que pueden hacerlo, más allá de los intereses particulares de unos y otros, se ajusten a esa opción.