JOSÉ LUIS ESCARIO
La cumbre del G20 de San Petersburgo finalizó la semana pasada con el foco de atención mediático puesto en la crisis de Siria. Pero los líderes de los países más poderosos del mundo también abordaron durante esta cita temas económicos de gran calado. No hay que olvidar que la razón de ser del G20, desde que comenzó a reunirse al máximo nivel en 2008, ha sido afrontar la crisis económico-financiera global de forma eficaz y coordinada.
Un dato importante es que las ocho reuniones habidas tras la crisis de Lehman Brothers han incluido en su agenda la cuestión de la evasión fiscal y de los flujos ilícitos de capital. Los líderes mundiales fueron conscientes desde el principio del importante papel que han jugado los paraísos fiscales en las turbulencias financieras que han hecho tambalearse al mundo. Jurisdicciones que han favorecido la proliferación de productos tóxicos y caracterizadas por una débil supervisión bancaria, los paraísos fiscales son además lugares privilegiados para ocultar rentas procedentes de actividades delictivas.
El G20 de San Petersburgo se ha celebrado en un momento en el que los países europeos parecen dar muestra de una frágil recuperación y las economías emergentes de una cierta debilidad. Con esta coyuntura tan delicada, los jefes de Estado y de Gobierno han inscrito la lucha contra la evasión fiscal dentro de la estrategia más general de favorecer una política de estímulo al crecimiento económico global, basada en la confianza y en la transparencia.
Pero esta vez el G20 ha hecho especial hincapié en un aspecto que, si bien es a menudo fronterizo con la evasión fiscal, no suele considerarse strictu sensu como una violación de la ley. Se trata de la llamada “planificación fiscal agresiva” que llevan a cabo no pocas multinacionales. A este respecto, hay que decir en primer lugar que la planificación u optimización fiscal no es sino la legítima utilización por el contribuyente de los medios legales que tiene a su disposición para aligerar su carga fiscal. Sin embargo, ciertas corporaciones transnacionales llevan al límite esta posibilidad y aprovechan su estructura grupal para reducir a la mínima expresión su factura fiscal. Digamos que explotan al máximo las lagunas que les dejan las legislaciones nacionales y la falta de coordinación internacional. A ello sin duda ha contribuido la existencia de una vasta red de convenios internacionales bilaterales que se fue desarrollando, en un principio, para evitar la doble imposición de los contribuyentes. El problema ha surgido cuando algunos conglomerados empresariales eligen su Estado de implantación con el principal propósito de beneficiarse al máximo de la articulación de los diferentes convenios fiscales, lo cual da frecuentemente lugar a situaciones de “doble no-imposición”.
Más allá de la negligencia de los países por no adaptar sus sistemas fiscales a la economía globalizada y por no coordinarse entre sí de forma más eficaz, las estrategias corporativas de “elusión fiscal” encuentran su más fiel aliado en la competencia fiscal desleal entre países. En efecto, ciertos territorios intencionadamente establecen una baja fiscalidad y reciben por ello flujos de inversión extranjera desproporcionados a su riqueza nacional y a la talla de sus economías. No hay que olvidar que la diferencia de presión fiscal es uno de los factores principales a la hora de decidir dónde ubicar las filiales de un grupo transnacional. Este puede planificar, a través de una serie de técnicas como la manipulación de los precios de transferencia, localizar sus beneficios en países de menor carga fiscal y sus gastos en los países de fiscalidad alta o media. Las empresas de la economía digital son, sin duda, los casos de mayor virtuosismo en la utilización de estas técnicas. Recientemente, las estrategias fiscales de gigantes como Apple, Google, Facebook o Amazon han sido cuestionadas por las instituciones de varios Estados, entre ellas el Senado de los Estados Unidos.
Es pues una necesidad imperativa, especialmente para países con dificultades en sus finanzas públicas como España, que las Administraciones fiscales recuperen la capacidad de poder gravar más eficazmente los beneficios que generan las multinacionales en sus territorios. Este es uno de los objetivos del “Plan de acción sobre la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios” recientemente elaborado por la OCDE. Dicho plan ha contado con el visto del último G20, en cuya declaración final se señala que “los beneficios deben ser gravados allí donde la actividad económica tiene lugar y el valor añadido es creado”. Se pretende con ello acabar con el divorcio entre la localización de las actividades reales y la localización de los beneficios (paraísos fiscales).
Por el momento, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el tema de la fiscalidad internacional, como ocurre en otros campos afectados por la globalización, los grandes actores económicos llevan la delantera a los Estados. Y esto no son buenas noticias para el interés general de los ciudadanos.
Hay 5 Comentarios
Siendo ciudadanos de Europa es como decir que jugamos en primera división.
Con la cámara encendida todo el tiempo, las mismas contradicciones obligan a ser gente de ley.
Para al menos que no se vea el desfase tremendo entre la ciudadanía rasa y los grandes gestores de capital, que negocian con el consumo diario.
Repartiendo dividendos y estipulando los precios.
Resulta tan claro y evidente, que han de hacer algo por fuerza, si se quiere mantener en alto el concepto de democracia vigente.
Así de simple.
Publicado por: Merche | 14/09/2013 20:14:01
Es cierto que ha habido mucha hipocresía en el tema de los paraísos fiscales y que el propio G20, por ahora, ha mostrado más declaraciones de buenas intenciones que medidas concretas. A lo mejor el hecho de que la crisis de las finanzas públicas persista y que se trate de una cuestión que perjudica a prácticamente todos los grandes países (EEUU, Francia, Alemania...) hace que las cosas se muevan de verdad. En cuanto a la complicidad de ciertos políticos con los poderes fácticos en el tema fiscal, creo que es muy importante que la sociedad civil y la prensa fiscalice de cerca estas actitudes.
Publicado por: José Luis Escario | 13/09/2013 16:07:39
Este problema (como otros muchos) se sabe desde el principio, los políticos sólo ven los beneficios a corto plazo (solo para rentabilizar su periodo de gestión) y no se dan cuenta de que es una trampa a largo plazo, y los perjudicados como siempre, son los ciudadanos de a pié, ahora se dan cuenta de que, unos pocos, se están haciendo los AMOS del mundo, los del G20 lo quieren cortar (ojalá lo consigan), pero hubiera sido mucho mejor haberlo hecho antes, desde la raíz, ¿no creen?. Espero que sirva de lección.
Saludos… Félix.
Publicado por: Félix Francés | 13/09/2013 14:19:08
El problema que yo veo es que si hay clientelismo entre los grandes partidos y las grandes empresas, como es el caso de España, los gobiernos gobiernan para los intereses de esas empresas. Con lo cual, aunque el diagnóstico sea correcto, la terapia no se da.
Publicado por: Extra | 13/09/2013 13:58:11
A los ciudadanos democráticos que pagamos los impuestos nos tranquiliza saber, que en las altas instancias de la economía mundial se conoce perfectamente la raíz de los grandes problemas fiscales que afectan a los países productores.
Y que además pueden poner nombres y apellidos a los mismos.
Lo cual quiere decir, que si se conoce el fallo en las instituciones es de lógica que se propongan las soluciones que en justicia corresponde tomar.
Hablando de democracias respetuosas con la justicia, es lo normal esperar una reacción acorde con el derecho legal, que nos ampara a la ciudadanía.
Publicado por: Marisa | 13/09/2013 12:31:44