¿Un doble deshielo?

NICOLÁS SARTORIUS

Hace días sostuve que la solución a los múltiples conflictos que asolan Oriente Medio pasaban, en principio, por un entendimiento de EE.UU con Rusia e Irán, con el acompañamiento de la UE y NN.UU. Pues bien, en el marco de la Asamblea General de NN.UU ambos procesos de negociación han comenzado con buen pie. Rusia y EE.UU han alcanzado un acuerdo sobre Siria con el fin de que Bachar el Asad entregue sus armas químicas, y éstas puedan ser eliminadas y evitar así una intervención militar que a ninguna de las partes, por razones diferentes, interesaba. Obama, presidente que cree más en la diplomacia que en las armas, no tenía ningún interés en meterse en un conflicto sin salida y Putin no deseaba ser humillado contemplando cómo se atacaba a un aliado sin poder hacer nada, cuando empieza a levantar cabeza como potencia a tener en cuenta. Este acuerdo, si efectivamente se cumple –la resolución de NN.UU debe ser estricta en este sentido- podría abrir la vía a una solución negociada de la guerra civil siria, encajonada entre la dictadura de El Asad y una oposición caótica trufada de fuerzas islamistas radicales. Incapaz cada una de las partes de imponerse a la otra en el terreno militar, lo más sensato sería que los valedores y/o padrinos de cada uno de los bandos forzaran una conferencia de paz de la que pudiera surgir, con ayuda económica, una nueva Siria más democrática capaz de aislar a los sectores más radicales.
El otro gran deshielo, que podría adquirir alcance histórico, es el que se ha iniciado entre EE.UU e Irán, con la presencia de China, Rusia, UK, Francia, Alemania y la UE, en torno a la cuestión nuclear iraní y otros asuntos colaterales de importancia.
Frente al escepticismo de muchos creo que el cambio producido en Irán, con la elección de Rohani, con el apoyo del ayatolá Alí Jamenei, es un giro sustancial y no una nueva maniobra. El régimen iraní ha comprendido que el radicalismo de Ahmadineyad les había conducido al aislamiento, a la crisis económica, sin beneficio alguno, cuando es un país que por población, riqueza, historia y cultura puede convertirse en uno de los grandes actores de la zona e incluso en potencia emergente. Por su parte, la Administración Obama ha llegado a la conclusión de que Irán es clave para resolver los problemas de Oriente Medio y que se trata de un error jugar solo la carta de Arabia Saudita. Deberá, eso sí, convencer a su gran aliado Israel de que no es lo más inteligente llamar cínico a Rohani cuando está reconociendo como hecho histórico el holocausto.
Sólo nos faltaría para completar los deshielos que se alcanzase un acuerdo entre palestinos e israelitas. Para ello, entre otras cosas, sería imprescindible que Netanyahu dejara de extender los asentamientos, pues en caso contrario hará inviable un Estado palestino y en vez de la paz perpetua de la que hablaba Kant tendremos la Guerra perpetua.

El euroescepticismo posible

ÁLVARO DE LA PAZ

 
Engullen la crisis económica y la extendida corrupción la intención de voto de los dos grandes partidos en España. Ni el PP, ahora en el Gobierno, ni el PSOE, que lo estuvo hasta finales de 2011, se libran del desgaste de sus medidas anticrisis y de ser las formaciones sustentadoras de un modelo bipartidista de facto que ha dejado de seducir a la ciudadanía. Si en las elecciones generales de 2008 ambos partidos obtuvieron el 84% de los votos, su perspectiva conjunta si hoy hubiera cita con las urnas rondaría el 60%. Se escapan millones de votos desde el núcleo de los partidos con posibilidades de formar gobierno hacia otras alternativas. Parte del porcentaje que abandona a conservadores y socialdemócratas españoles lo recogen otras formaciones de ámbito estatal o partidos nacionalistas y regionalistas. Otra porción recala en la abstención y en votos blancos o nulos. Sin embargo, la grieta abierta podría permitir la entrada de nuevas fuerzas políticas, partidos que podrían tener un discurso desconocido, también en los aspectos vinculados a la relación afectiva y efectiva de España con la Unión Europea.

La entrada en la UE en 1986 está vinculada a un período de estabilidad y crecimiento, de inversiones recibidas y modernización de las estructuras sociales y económicas del país. Sin embargo, la actual crisis, el rechazo ciudadano a las medidas de austeridad propugnadas desde diferentes organismos comunitarios y la percepción del sometimiento de las instituciones europeas a Alemania han erosionado una imagen que siempre fue positiva.

En la primavera de 2007 la sociedad española era fervorosamente europeísta. Un 64% de la población manifestaba que la Unión le transmitía una opinión (muy o bastante) positiva. Sólo Irlanda y Rumania superaban a España en la clasificación de los más entusiastas de la construcción europea. La media comunitaria quedaba lejos de la tan favorable valoración de los españoles: el 52% de los europeos aprobaba a la UE, porcentaje que disminuía hasta el 50% de Francia, el 41% de Suecia o el pírrico 29% de Finlandia. Desde la primavera de 2004, la nota que recibían las instituciones europeas por parte de los españoles no había dejado de mejorar.

Sin embargo, el Eurobarómetro de la pasada primavera, seis años posterior al comienzo de la crisis económica, mostraba una desilusión creciente entre la población española con las instituciones comunitarias. Sólo el 17 % de los encuestados manifestó tener confianza plena en la UE, mientras que la media continental se situó en el 31%. Respecto a la anterior encuesta, realizada en el otoño del 2012, el porcentaje de ciudadanos españoles que creen en el entramado de la Unión disminuyó un 3%, caída superior a la del resto los 27 países. Tres de cada cuatro españoles recelan abiertamente de los organismos europeos. También es inferior la confianza que expresa la sociedad española, en contraposición con la de sus vecinos, en el potencial de la UE para resolver los problemas actuales. Sólo el 19% de los españoles cree que Europa es el actor internacional que puede liderar la salida definitiva de la crisis. En los demás países miembros la cifra sube hasta el 22%. Sorprende que la ciudadanía española confíe más en el liderazgo del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos que la media de los europeos.

Según el barómetro del Real Instituto Elcano del pasado mes de febrero, la Unión Europea seguía gozando de una aceptable simpatía entre los españoles. Era la única organización de carácter supranacional que aprobaba con claridad, obteniendo una nota de 5,9. En el lado opuesto, la sociedad española suspendía a todos los organismos económicos mundiales. Solo uno de cada tres ciudadanos afirmaba que tendría sentido plantear en España un referéndum sobre la permanencia o salida de la UE similar al propuesto desde el Reino Unido.
La actuación de la UE en la crisis de España fue una de las preguntas que incluyó el barómetro de junio del Real Instituto Elcano. Más del 85% de los encuestados calificaron como insuficiente el papel jugado por las instituciones comunitarias. El abrumador resultado indica que sólo uno de cada diez españoles cree que Europa ayuda a un país que atraviesa su sexto curso consecutivo de dificultades económicas y paro. Además, la buena nota que había obtenido la Unión en el sondeo de febrero (5,9) cayó casi un punto, quedándose en un exiguo 5,1 al borde del suspenso. Naciones Unidas fue entonces el organismo internacional mejor valorado, con una puntuación de 5,6.

El euroescepticismo no ha germinado en España pero puede encontrar caminos para hacerlo. Paralelo al discurrir de la economía nacional camina el desarraigo hacia lo europeo. En muchos países del Viejo Continente esta opción contestataria ha sido propugnada por partidos nacionalistas, fascistas o ultraderechistas (algunos abiertamente eurofóbicos), formaciones con escasa implantación e influencia en el nuestro. Grecia ha vivido una trayectoria política similar a la española durante el último siglo. Las condiciones económicas y educativas son similares en ambas sociedades. Después de las medidas de austeridad impuestas por la troika para rescatar al país, brota en la ciudadanía helena el rechazo hacia la Unión. Además del preocupante crecimiento de alternativas que canalizan este sentimiento (como el partido filonazi Amanecer Dorado), la propia actuación política de la UE ayuda a la propagación del desencanto.
Sirva como ejemplo la irrupción del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP) en la escena política británica. Se ha consolidado como tercera opción y su discurso, que cuestiona la permanencia en la UE, ha obligado al resto de fuerzas tradicionales a posicionarse sobre la cuestión. El propio premier británico, el conservador David Cameron, se ha comprometido a celebrar un referéndum en 2017 preguntando si su país “debe seguir” la aventura comunitaria. En el arco parlamentario español no hay, hasta la fecha, –tampoco en otras instituciones de menor alcance territorial– ninguna formación euroescéptica similar al UKIP.

Europa es uno de los ejes de la acción exterior española junto con las relaciones con Latinoamérica y el Mediterráneo. El pacto por la UE, suscrito en junio después del acuerdo entre PP y PSOE y que secundaron UPyD, CiU y PNV, reafirmó la necesidad de tener una voz fuerte en el continente. La última cumbre se cerró con un éxito parcial; la reunión del Consejo Europeo sólo abordó superficialmente alguno de los debates más urgentes. Ni certificó el final de las políticas de austeridad ni encaró el problema del desempleo juvenil, lastre en los países del Sur y muy especialmente en España donde la tasa de parados menores de 25 años supera el 50%.
Alrededor de la idea que sugiere la UE entre los ciudadanos cabe también una posible transformación generacional. Desde los propios jóvenes, recién incorporados al censo electoral o que lo harán próximamente, puede crecer un distanciamiento con el viejo anhelo de sus antepasados. A menos de un año para la celebración de las elecciones europeas, probable acontecimiento abstencionista (es la cita electoral con menor participación en España: locales, autonómicas y generales siempre gozan de mayor concurso popular), no puede descartarse la apertura de un debate que cuestione todas las aristas que rodean la aventura española en Europa. Los meses venideros medirán la vigencia de aquel maná que terminó con décadas de aislamiento social y político. El lugar paradisíaco que desearon intelectuales como Ortega y Gasset se juega su futuro.

Alemania tiene un problema

VICENTE PALACIO

Ha sonado una voz de alarma en Alemania: el partido anti-euro del AfD planea sobre el Bundestag, mientras se hunden los Liberales. La cosa tiene su valor simbólico: los eurófobos todavía son pocos y de especie muy heterogénea. Pero esto inevitablemente agitará viejos fantasmas germanos: ¿y si la economía alemana empeora en los próximos años, en una Europa esclerotizada?
Tras el aplastante triunfo de Merkel en las elecciones, para los europeístas solo queda la esperanza de una gran coalición de último minuto entre democristianos y socialdemócratas. Algo que al menos no cierre con llave la puerta de un cambio de rumbo alemán y de la Unión Europea.
Durante los últimos cuatro años Merkel ha gestionado a su manera la crisis del euro. La crisis presionaba a Alemania a liderar la reactivación económica y política del continente; pero, como sabemos, hasta ayer Mutti (Mami, apodo de Merkel) mandó a la Historia a tomar vientos.
Hoy a Merkel hay que reconocerle la gran habilidad de conseguir que los alemanes y el resto de ciudadanos europeos se creyeran dos cosas: La primera es que el problema son los demás o lo tienen los demás: Grecia, Portugal, o la misma Europa, pero no Alemania. Claro que los demás tienen problemas: el desempleo español, la amenaza de colapso griego, o la desastrosa política italiana. Y claro que en la Alemania de hoy hay múltiples motivos de inspiración para planificar y construir un país. Pero si los vecinos del sur se estancan en la recesión, ¿qué sentido tiene para el “corazón de Europa” hablar de una “Alemania fuerte”? Pero una mayoría de alemanes se lo ha creído.
La segunda cosa que todos creyeron es que nada iba a cambiar sustancialmente después de las elecciones. Por razones de táctica electoral, durante la campaña ni democristianos ni socialdemócratas han querido revelar contenidos de un posible pacto. Pero ello no cerraba necesariamente las puertas a un cambio. Al igual que ocurre a menudo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se repitió que nada cambiaría; que los dos candidatos eran iguales; que nada podía hacerse desde fuera. Merkel ha ganado en volandas de la auto-profecía.
Curiosamente, también en España (con nuestro Gobierno a la cabeza), un gran número parece haber claudicado ante la causa calvinista (¡nada distinto puede hacerse!), mientras bajo la mesa hacen vudú con una muñeca de Mutti. Pero esta actitud es insostenible para nuestro país y para el conjunto de Europa. Sería bueno si, por un momento, podemos abstraernos del resultado, y de nuestras propias miserias, y mostrar, sin maniqueísmos pero a las claras, que Alemania tiene un gran problema de ensimismamiento y de pérdida de la brújula europea, que le acabará pasando factura.
Afuera de su pequeño paraíso, Alemania tiene una larga tarea para lavar su imagen entre los ciudadanos del sur. ¿Hasta cuándo será soportable para el resto el éxito alemán y el fracaso propio?. Alemania lleva gastados más de 150 billones de euros en rescates; un gran esfuerzo que sin embargo no lo ha rentabilizado políticamente. Ha sido un tiempo de contener la crisis y las enormes turbulencias del euro. Sólo si Merkel aprovecha su segundo mandato para completar la tarea con políticas de crecimiento y una mayor flexibilidad, hay futuro para Alemania y para Europa.
¿Pero cuál es el futuro? ¿Va a ser el prometido por la Canciller en campaña electoral? No a los eurobonos (¿qué se han creído?); reformas (aunque destrocen los pactos sociales y políticos de un país); respeto a los Tratados (mejor si como el Pacto Fiscal se negocian a espuertas del Tratado de la Unión). ¿Mamá para los alemanes; madrastra para los europeos? Alemania tendrá un problema si continúa por esa vía.
Más allá de la euforia merkeliana de hoy, el fondo de la cuestión es adónde quiere llegar Alemania con Europa, y a responder esa pregunta tienen que contribuir el resto de los europeos. Nadie va a pedir cuentas a Merkel por el incremento de los euroescépticos. A nadie se le pide un gran relato. Pero sí son necesarias grandes acciones. Si eres la cuarta economía mundial y la primera europea estás obligado a liderar. Pero hoy lo que se nos ofrece es solo un crecimiento raquítico y un despego de la escena internacional.
Sea cual sea el Gobierno resultante, la política existe. Es hora de que España y los principales socios europeos renegocien de una manera más inteligente las bases de la recuperación. Mutti no tiene precisamente un camino de rosas. Le toca aplacar en casa los peores fantasmas de la anti-Europa, y fuera los fantasmas de la anti-Alemania. Queda por ver qué podrá más en ella y en la política alemana: si el miedo a los eurófobos, o el miedo a una gran política europea. Habría, en fin, otra vía para un giro hacia una política más expansiva: la de una recaída de la economía germana que obligara a un cambio. Pero la vía del cataclismo es de imprevisibles consecuencias. Eso nos dice la Historia europea.

 

Artículo publicado en El País Digital

El ganador de las elecciones al Bundestag parece claro pero ¿quién gobernará Alemania?

MARIO KÖLLING, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Las elecciones al Bundestag del día 22 de septiembre despiertan muchas expectativas. Estas expectativas parecen ser más grandes en el exterior que en el propio país. Tras una campaña electoral que ha sido considerada por varios medios como aburrida y principalmente orientada a los problemas domésticos, como por ejemplo la creciente brecha social, el salario mínimo, los contratos precarios y los costes del cambio energético, el dedo corazón extendido del candidato del SPD y las elecciones de Baviera aumentaron el interés. Mientras que el burdo gesto parece haber favorecido al candidato socialdemócrata, en lo que se refiere a las elecciones de Baviera, no resulta tan relevante la recuperación de la mayoría absoluta por parte de la CSU, pero sí el pésimo resultado del Partido Liberal (FDP), socio del gobierno de Merkel a nivel de la Federación. Aunque ni el sistema electoral ni el sistema de partidos de Baviera es igual al de la Federación, en Berlín han tomado nota de los resultados. 
Según todas las encuestas, parece claro que la CDU será el ganador de las elecciones con un 39-40% (un 6% más con respecto a las elecciones en 2009). Aunque esta intención de voto deberá materializarse el próximo domingo, ya que la certeza de victoria puede llevar a una falta de movilización de sus electores. El SPD, que ha mejorado ligeramente durante los últimos días llevando una campaña electoral a todo riesgo para movilizar a su electorado y a los jóvenes, podría llegar al 25-28%. Este resultado significaría una ligera mejora con respecto a su desastroso resultado en las pasadas elecciones (un 23% en 2009), aunque queda lejos de lo conseguido en anteriores elecciones. Los verdes (entre un 9-12%) y la izquierda “Die Linke” (entre un 8-10%) mantendrían resultados similares que en 2009. El gran perdedor como en los comicios del domingo pasado en Baviera, sería el Partido Liberal (FDP), que tras el mejor resultado de su historia en el 2009, con un 14,6%, perdería entre 9-7 puntos y aún debe temer sobre su entrada en el Bundestag. Los dos nuevos partidos, y si no hay sorpresas en el día de las elecciones, el partido euroescéptico Alianza para Alemania (AfD) y los Piratas, no entrarían en el Bundestag por no pasar la barrera del 5%. En este sentido, se puede esperar un Bundestag con el mismo número de partidos o incluso con menos partidos que en el periodo legislativo actual.
No obstante la cuestión principal es: ¿Cómo será la coalición gobernante?. Una nueva edición de la coalición actual entre CDU/CSU y FDP parece, según las encuestas y tras lo acaecido el domingo pasado, poco probable. Aunque el partido liberal intentará conseguir el apoyo de los votantes de la CDU pidiéndoles el segundo voto que determina la cantidad de parlamentarios que cada partido tendrá en el Bundestag, (una estrategia que resultó exitosa en las elecciones del año 2009), cada vez más alemanes rechazan la continuidad del gobierno actual (según Infratest un 54% optan por un cambio y un 37% por la continuidad del gobierno).
Los malos resultados de los verdes parecen también desilusionar las perspectivas de una coalición gobernante entre ellos y el SPD. Las posibilidades de un gobierno tripartito, sea de izquierdas con el SPD, los Verdes y die Linke, o de centro con la CDU/CSU, el FDP y los Verdes parecen también muy poco probables, además de ser rechazadas por los propios candidatos.
Solamente una coalición entre CDU/CSU - SPD tendría una mayoría suficiente y sería también la opción preferida por los alemanes. Según la última encuesta de Infratest, el 47 % de los encuestados considera que una gran coalición es una buena opción para Alemania. Con una gran coalición se podría suavizar también el potencial de bloqueo del Bundesrat (la cámara territorial), donde el SPD está presente en la mayoría de los gobiernos de los Länder, y resultaría especialmente importante con vistas a la reforma del sistema de la financiación del Estado federal, que se debe acordar durante los próximos años.

Retos europeos ante un nuevo curso

JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & asociados.

Este nuevo curso se inicia en Europa con las elecciones alemanas del próximo 22 de septiembre, que anteceden a la esperada sentencia del Tribunal Constitucional germano sobre el programa OMT del Banco Central Europeo, y terminará con los comicios europeos de finales de mayo, que darán lugar a una renovación del conjunto de instituciones comunitarias. Así pues, los próximos meses marcarán el devenir de Europa durante un nuevo lustro y existen algunos indicios para ser algo más optimistas que en el pasado.
En primer lugar, las elecciones alemanas se han planteado como el rubicón necesario de cruzar antes de revisar la hoja de ruta reformista en la eurozona. En los últimos meses, demasiadas decisiones han sido pospuestas a la espera de ese resultado electoral. A priori, los datos disponibles no son muy halagüeños. Según una reciente encuesta, elaborada por YouGov a instancias del think-tank Open Europe, el 52 por ciento de los alemanes rechaza otorgar nuevos préstamos a otros miembros de la eurozona, el 57 por ciento no compartiría ningún tipo de quita sobre la deuda pública de los países periféricos, el 56 por ciento afirma que el gobierno no tendrá ningún mandato para configurar un fondo común en el eurozona de respaldo a las entidades bancarias y el 70 por ciento está en contra de cualquier tipo de transferencia fiscal. Así pues, a la vista de estos resultados parece que el proyecto de integración se encuentra en una posición de bloqueo. Además, los programas electorales de los principales partidos en liza, aun con matices, parecen bastante cercanos a ese votante mediano que en Alemania parece desconfiar de mancomunar riesgos e instituciones, paso esencial para superar esta recesión. Ahora bien, si realizamos una encuesta similar en los países del sur de Europa preguntando a la ciudadanía hasta qué punto estarían dispuestos a ceder soberanía fiscal, transfiriendo parte de la responsabilidad sobre el control presupuestario a Bruselas, muy probablemente nos encontraríamos con un resultado parecido. De algún modo, estos ya cinco años de crisis han despertado a la bestia nacionalista en Europa (también en España) y la desconfianza se ha extendido por todo el continente.
Sin embargo, y aún a un ritmo demasiado lento, la eurozona ha dado señales para la esperanza habida cuenta del impulso, aunque sea incipiente, a la unión bancaria que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. Esta semana se aprobaba en el Parlamento Europeo el mecanismo único de supervisión tras un acuerdo entre Schulz y Draghi. Esa unión bancaria conducirá a una supervisión europea de los propios bancos, elevando la credibilidad de la eurozona y, con ello, la transmisión de la política monetaria, lo que permitirá rebajas adicionales de las primas de riesgo. Por consiguiente, los déficits públicos serán menos gravosos en términos de sus costes de intereses, facilitando así una suavización de los procesos de consolidación fiscal. Todo ello confluirá, a su vez, en un control comunitario de la política presupuestaria nacional, abriendo la puerta a nuevas medidas de unión fiscal, necesarias por otra parte para dar coherencia a la propia unión bancaria. Sin duda, la velocidad y la profundidad de tal agenda dependerán críticamente del resultado de los distintos hitos de este curso político. En este sentido, sería necesario que la futura coalición de gobierno en Alemania tuviera un amplio respaldo y una notable capacidad de pedagogía política ante las necesidades de la eurozona, que responden también a los propios intereses de los alemanes. La mejor manera de evitar nuevos rescates, quitas u otras políticas de apoyo y, a su vez, garantizar el cobro de sus activos pasa también por acelerar el proceso de integración de la eurozona.
En segundo lugar, y también en Alemania, Europa está pendiente de la decisión de su Tribunal Constitucional sobre el programa del BCE que habilitaría la compra ilimitada de deuda pública en el mercado secundario tras la petición de un país y bajo un programa de condicionalidad (OMT). Este instrumento ha permitido rebajar las primas de riesgo en este último año y especialmente ganar tiempo a la espera del consenso político necesario para impulsar una agenda de reformas que profundice en la unión económica de la eurozona. Pues bien, por una parte, todo parece indicar que el Constitucional alemán dará el visto bueno a la OMT y, por otra parte, la única vía de solución permanente para esta crisis, que pasa por esa aceleración de la agenda europeísta, se está abriendo paso ya de la mano de los avances en la unión bancaria.
Por último, los comicios europeos en el próximo mayo terminarán de reconstruir el nuevo entramado institucional comunitario. Además, de ese resultado dependerá también el perfil del próximo Presidente de la Comisión, tal y como recoge el Tratado de Lisboa. Y, por supuesto, el papel del próximo Europarlamento será central en la revisión institucional del futuro de Europa. En el lado negativo, hay que situar algunas encuestas que adelantan un peso notable en el Parlamento Europeo de fuerzas eurófobos. Ahora bien, si esto se confirma, ese resultado debería ser el acicate para impulsar con mayor fuerza la agenda europeísta. Quizá ese reparto de escaños pudiera ser la vacuna que permita acentuar y acelerar la integración de Europa.
Ciertamente, el panorama que presento en este artículo muestra un elevado grado de optimismo, que algunos podrían señalar como ingenuo. Sin embargo, el contra-factual es tan negativo que no puedo considerarlo más probable que el lento camino de las reformas. Hace apenas unos días conmemorábamos el 50 aniversario del fallecimiento de Robert Schuman. Merece la pena recordar ahora sus palabras en su declaración del 9 de mayo de 1950: “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho". Seguimos, pues, en ese camino que en este momento nos exhorta a tomar nuevas y profundas decisiones.

Cambios legislativos y tendencias en el entorno digital: ¿algo para la cultura?

FERNANDO RUEDA

La propiedad intelectual, los derechos de autor, el acceso a la red, la protección de datos (Cloud Computing, Big Data), el consumo cultural (e-comercio, streaming, suscripciones digitales), o nuevas formas de financiación (crowdfunding), son algunos de los términos que nos han invadido y debaten aspectos cruciales que afectan de manera radical a las formas de operar del sector cultural en el entorno digital. En la última década, debido a esta transformación tecnológica, la mayoría de los países de nuestro entorno han emprendido reformas legislativas que de momento van muy por detrás de los nuevos tiempos.
La Agenda digital Europea de 2010, aborda entre otros asuntos, algunos de estos temas cruciales, como el de acceso en línea legal a los contenidos, la gestión de derechos de autor o el avance hacia el mercado interior digital con la concesión de licencias europeas y el establecimiento de un marco común para los servicios, la producción y la distribución de contenidos culturales y de comunicación audiovisual.
En España estamos viviendo un intenso proceso de adaptación y modernización de leyes en muy poco tiempo pero que quedan obsoletas incluso antes de su aprobación, como la ley de Telecomunicaciones, la ley de Propiedad intelectual, o la famosa  ley de Mecenazgo a buen recaudo en algún cajón del Ministerio de Hacienda.
De todos modos y a pesar de lo dicho parece que el número de causas incoadas por delitos contra la propiedad intelectual descendió en 2012 un 25 % con respecto al año anterior, según los datos incluidos en la Memoria anual de la Fiscalía. Aunque los portales que ofrecen servicios de contenido legal, no acaban de despegar en España, y las plataformas que ofrecen servicios ilegales siguen campando a sus anchas por la red, y quedándose exclusivamente con los beneficios.
Kevin Spacey, nada sospechoso de ir contra la industria audiovisual,  en la presentación del Festival Internacional de Televisión de Edimburgo reflejaba la situación: "Los estudios y las cadenas que ignoren cualquiera de estos cambios —ya sea el incremento de una narrativa elegante o el constante cambio ante los avances tecnológicos— se quedarán atrás" alegando que ya no vivimos en un mundo de vista impuesta".
A todo esto los grupos de interés están jugando un papel fundamental y ejercen toda la presión posible. Lobbies como REDTEL, AMETIC, ADEPI o asociaciones de consumidores como los Internautas o FACUA  dedican muchos esfuerzos para lograr que la ley favorezca al máximo sus legítimos intereses.
Pero si hacemos una lectura transversal de estas propuestas de leyes, desde la perspectiva del acceso a la cultura a través de la red, observamos que siguen caminos separados, sin atisbo de convergencia. En este conflicto no se exige posicionamiento sino militancia. Los creadores se debaten entre el respeto al valor de la obra y por otro lado las ventajas de la difusión de su obra, sobre todo en sectores como la música.
En la  ley de telecomunicaciones no se regula ni se aborda la participación o contribución de los operadores a los derechos de autor. El consumidor paga dos veces por un mismo acto: una vez por el tráfico de datos, y una segunda vez por el tipo de datos con los que trafica, las operadoras de telecomunicaciones miran hacia otro lado mientras ofrecen 100mb y tecnología 4g para los terminales móviles eximiendo cualquier tipo de responsabilidad en dicha operación, discriminado el tipo de contenido y en su propia guerra contra los proveedores de contenidos. En la ley de propiedad intelectual, el objetivo se centra en combatir las descargas ilegales, y no regula en profundidad las nuevas formas de propiedad intelectual y derechos de autor como al creative commons. El consumidor, vuelve a pagar varias veces, por traficar con datos, incluidos aquellos cuyos autores determinan que su obra es de acceso libre. Y para la ley de mecenazgo no parece que exista ningún grupo con suficiente entidad como para forzar la aceleración del proceso, si en algún momento decidieran apostar por ello algo que parece francamente difícil .

El G-20 de San Petersburgo y la fiscalidad de las multinacionales

JOSÉ LUIS ESCARIO

La cumbre del G20 de San Petersburgo finalizó la semana pasada con el foco de atención mediático puesto en la crisis de Siria. Pero los líderes de los países más poderosos del mundo también abordaron durante esta cita temas económicos de gran calado. No hay que olvidar que la razón de ser del G20, desde que comenzó a reunirse al máximo nivel en 2008, ha sido afrontar la crisis económico-financiera global de forma eficaz y coordinada.
Un dato importante es que las ocho reuniones habidas tras la crisis de Lehman Brothers han incluido en su agenda la cuestión de la evasión fiscal y de los flujos ilícitos de capital. Los líderes mundiales fueron conscientes desde el principio del importante papel que han jugado los paraísos fiscales en las turbulencias financieras que han hecho tambalearse al mundo. Jurisdicciones que han favorecido la proliferación de productos tóxicos y caracterizadas por una débil supervisión bancaria, los paraísos fiscales son además lugares privilegiados para ocultar rentas procedentes de actividades delictivas.
El G20 de San Petersburgo se ha celebrado en un momento en el que los países europeos parecen dar muestra de una frágil recuperación y las economías emergentes de una cierta debilidad. Con esta coyuntura tan delicada, los jefes de Estado y de Gobierno han inscrito la lucha contra la evasión fiscal dentro de la estrategia más general de favorecer una política de estímulo al crecimiento económico global, basada en la confianza y en la transparencia.
Pero esta vez el G20 ha hecho especial hincapié en un aspecto que, si bien es a menudo fronterizo con la evasión fiscal, no suele considerarse strictu sensu como una violación de la ley. Se trata de la llamada “planificación fiscal agresiva” que llevan a cabo no pocas multinacionales.  A este respecto, hay que decir en primer lugar que la planificación u optimización fiscal no es sino la legítima utilización por el contribuyente de los medios legales que tiene a su disposición para aligerar su carga fiscal. Sin embargo, ciertas corporaciones transnacionales llevan al límite esta posibilidad y aprovechan su estructura grupal para reducir a la mínima expresión su factura fiscal. Digamos que explotan al máximo las lagunas que les dejan las legislaciones nacionales y la falta de coordinación internacional. A ello sin duda ha contribuido la existencia de una vasta red de convenios internacionales bilaterales que se fue desarrollando, en un principio, para evitar la doble imposición de los contribuyentes. El problema ha surgido cuando algunos conglomerados empresariales eligen su Estado de implantación con el principal propósito de beneficiarse al máximo de la articulación de los diferentes convenios fiscales, lo cual da frecuentemente lugar a situaciones de “doble no-imposición”.
Más allá de la negligencia de los países por no adaptar sus sistemas fiscales a la economía globalizada y por no coordinarse entre sí de forma más eficaz, las estrategias corporativas de “elusión fiscal” encuentran su más fiel aliado en la competencia fiscal desleal entre países. En efecto, ciertos territorios intencionadamente establecen una baja fiscalidad y reciben por ello flujos de inversión extranjera desproporcionados a su riqueza nacional y a la talla de sus economías. No hay que olvidar que la diferencia de presión fiscal es uno de los factores principales a la hora de decidir dónde ubicar las filiales de un grupo transnacional. Este puede planificar, a través de una serie de técnicas como la manipulación de los precios de transferencia, localizar sus beneficios en países de menor carga fiscal y sus gastos en los países de fiscalidad alta o media.  Las empresas de la economía digital son, sin duda, los casos de mayor virtuosismo en la utilización de estas técnicas. Recientemente, las estrategias fiscales de gigantes como Apple, Google, Facebook o Amazon han sido cuestionadas por las instituciones de varios Estados, entre ellas el Senado de los Estados Unidos.
Es pues una necesidad imperativa, especialmente para países con dificultades en sus finanzas públicas como España, que las Administraciones fiscales recuperen la capacidad de poder gravar más eficazmente los beneficios que generan las multinacionales en sus territorios. Este es uno de los objetivos del “Plan de acción sobre la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios” recientemente elaborado por la OCDE. Dicho plan ha contado con el visto del último G20, en cuya declaración final se señala que “los beneficios deben ser gravados allí donde la actividad económica tiene lugar y el valor añadido es creado”. Se pretende con ello acabar con el divorcio entre la localización de las actividades reales y la localización de los beneficios (paraísos fiscales).
Por el momento, podemos decir sin temor a equivocarnos que en el tema de la fiscalidad internacional, como ocurre en otros campos afectados por la globalización, los grandes actores económicos llevan la delantera a los Estados. Y esto no son buenas noticias para el interés general de los ciudadanos.

http://www.joseluisescario.com

Los discos duros del caso Bárcenas ¿Delito informático, encubrimiento, todos, o ninguno?

JORGE ALEXANDRE GONZÁLEZ HURTADO. Abogado, Máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos y Máster en Derecho Público.

    Es bueno empezar señalando que el Derecho no es una ciencia exacta y por tanto la respuesta a esta pregunta pasa, en primer lugar, por conocer perfectamente las circunstancias del caso. Por ello se debe confiar siempre en la resolución judicial, pues son los jueces y tribunales los que a menudo cuentan con el mejor conocimiento de los hechos. Aun así, siempre se pueden aventurar algunas ideas que nos ayuden a todos a entender mejor lo que nos traemos entre manos.
    Poniéndonos en antecedentes, el Partido Popular entregó al Juez instructor del llamado caso Bárcenas dos portátiles que éste utilizaba como trabajador del partido. Uno de ellos no contenía disco duro alguno mientras que el segundo, conteniéndolo, presentaba claros signos de haber sido manipulado -práctica que no es ni mucho menos extraña, y que si no fuera por la repercusión del caso, no debería ser tomada como sospechosa-. Cabe señalar que el disco duro de los ordenadores es una pieza necesaria para su funcionamiento, si bien puede ser extraído y/o sustituido con sencillez. Lo que es seguro es que sin disco duro el ordenador no puede funcionar. En ambos casos, parece desprenderse de los hechos descritos en la diligencia que no va a poderse encontrar aquello que se presuponía debía encontrarse, es decir, documentos que confirmen las cuentas en B del Partido Popular. Pero, ¿jurídicamente que consecuencias conlleva?
    Respecto del citado en los medios delito de borrado -en realidad delito de daños informáticos del artículo 264.1 del Código Penal- cabe destacar, por varios motivos, su más que difícil aplicación. En primer lugar, porque tal delito parte de la base de que para producirse debe constatarse la existencia cierta de datos previos. Este extremo es de una prueba casi imposible en el caso del ordenador presentado sin disco duro, y muy complicada en el caso del portátil con el disco duro manipulado. Además, el tipo penal exige que los supuestos datos destruidos deben ser ajenos al que realiza la acción de destruirlos. Nos podemos preguntar si los datos respecto de una “empresa” como puede ser el Partido Popular, por mucho que se alojen en el ordenador personal de un trabajador o extrabajador, son propiedad o no realmente de la empresa, si lo fueren, como creo que sería adecuado entenderlo, harían imposible aplicar el tipo penal. Y por último, pero no menos importante, el resultado del supuesto borrado debe conllevar una gravedad en el sentido de pérdida de valor económico para el propietario de los datos, y de las muchas consecuencias que puede suponer el borrado de datos para el señor Bárcenas, una suerte de perjuicio económico directo no parece poder contemplarse.
    Respecto del caso expuesto también se puede hacer una valoración sobre la posible existencia de un delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento del artículo 451.2 CP castiga al que “con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución […] ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento”. Una vez más, la existencia de este delito debe construirse en base al conjunto de pruebas practicadas, y la presunción de inocencia juega un papel muy relevante -y así debe ser-  en el mismo. En primer lugar, el delito de encubrimiento es un delito autónomo, si bien exige la existencia de un delito previo (que no tiene por qué haber sido judicialmente declarado, si bien ello dificultará inevitablemente la prueba de propio delito de encubrimiento). Sobre los requisitos objetivos poco se puede señalar, pues es obvio que la información de los discos duros podría ser instrumento del supuesto delito previo. El tipo subjetivo exige, y solo así puede ser contemplado, la existencia de un dolo de burlar la acción de la justicia y es aquí donde debemos de nuevo acudir a los indicios ante la dificultad de encontrar prueba concreta. En palabras de nuestro Tribunal Supremo, significa que no basta la simple sospecha o presunción de que existía un delito previo, sino que se debe conocer la trasgresión punible cometida aunque ello no contemple todos los detalles en cuanto al lugar tiempo y modo. Si bien este extremo ha sido matizado también por el Tribunal Supremo contemplando la posibilidad de un dolo eventual, que deberá deducirse de los indicios existentes a la hora de juzgar los hechos. A todo este planteamiento, además, debe añadirse la no menos importante circunstancia de que el delito de encubrimiento no contempla a las personas jurídicas como posibles responsables penales, lo que implica que el partido político no puede ser responsable del encubrimiento en sí, sino que debería probarse la participación de personas concretas en dicho delito, lo cual, desde un plano jurídico estricto, dista mucho de hacer responsables sin más a los dirigentes del Partido Popular.
    De una forma muy resumida podemos decir que tanto para el delito de daños informáticos como para el de encubrimiento toda la acusación debería construirse en base al mero indicio de que esos datos existieron en esos ordenadores y, además, que éstos eran conocidos por el Partido Popular.
    En conclusión, debe diferenciarse la indignación que a todos nos producen los hechos que rodean este caso y la respuesta jurídica que pueden dar las instituciones que es -y debe ser- más pausada y comedida. Como he señalado al inicio, aquellos que cuentan con los mejores medios para aclarar los hechos y encontrar indicios delictivos son los profesionales que participan en el caso: jueces, fiscales, policía científica, etc. Y son ellos y sólo ellos los que deben hacer los juicios de valor sobre los hechos acaecidos. Lo que hacemos lo demás es simple especulación jurídica.

Imagen "low cost"

FERNANDO RUEDA

Muchas de las razones que se esgrimen estos días para explicar la no elección de Madrid como ciudad organizadora de los Juegos Olímpicos, en su tercera presentación como candidata, están relacionadas con cuestiones que no dependen de la capacidad de influencia, convocatoria u organización de la ciudad y de España, como por ejemplo la opacidad en el sistema de votos de los miembros del COI, los intereses de  terceros países en que Madrid no sea la elegida para tener opciones en 2024, o -la más sencilla -, la geográfica. Efectivamente, desde la segunda guerra mundial las Olimpiadas se han celebrado con cierta distribución geográfica entre ciudades de Europa, Asia/Oceanía y América, y según esta explicación,  hasta 2024 no le correspondería por este motivo organizar los Juegos  en una ciudad europea.

Madrid presenta su derrota con el argumento de que los factores que influyen en la decisión no se corresponden con nada de los que se haya podido hacer, pues técnicamente no se puede hacer más, ni mejor. Recordemos que la candidatura ha obtenido en los informes y diferentes cortes previos a la votación en Buenos Aires las mejoras calificaciones. No cabe duda de que la candidatura era técnicamente buena por tener una propuesta económica razonable, las infraestructuras necesarias, un gran apoyo popular, político y experiencia en organización de grandes eventos.

El caso es que los miembros del COI no han debido encontrar argumentos en positivo de la candidatura. Madrid se presentó con el lema de los juegos de la austeridad.  Pero los JJOO son un acontecimiento extraordinario y una gran fiesta, y Madrid ha invitado a una fiesta austera, de canapés y refrescos pagados y contratados en un 80% y con gente simpática y divertida. Es decir se ha presentado una imagen  low cost.

Lo cierto es que España hoy día presenta una imagen hacia el exterior muy negativa en muchos aspectos y con muchos flancos abiertos. Según el último barómetro sobre Marca España del Instituto Elcano España proyecta una imagen muy debilitada en lo social y en lo político. En el último análisis del  barómetro destaca el peso en la prensa internacional de los casos de corrupción que han ido apareciendo y que se han  deteriorado la imagen de políticos y altos cargos españoles.   Los casos de dopaje en el deporte también han calado en esa imagen exterior.  En ambos casos (el político y deportivo) esta imagen negativa no lo es tanto por que existan, que ocurre en muchos lugares, sino por la sensación de impunidad que, en definitiva, la crisis de nuestra economía, transformada en una crisis moral, política y social, nos convierte en unos socios poco fiables para la organización de tales eventos.

Corresponde revisar esta imagen que tenemos de nosotros mismos, transformarla en otra que también tenemos y proyectarla al exterior: Esta imagen es la de las conquistas sociales y el desarrollo de las políticas de igualdad, la de nuestra diversidad y riqueza cultural, la de la cooperación y el multilateralismo, como socio de peso en la UE y socio prioritario en América Latina, la de la innovación, el I+D, y  el alto nivel educativo de la población, La de un sistema sanitario pública y universal de calidad.

Esta imagen que también tenemos se puede conseguir, evidentemente,  aplicando políticas basadas en ideologías diferentes de las que venimos aplicando en los últimos  años.

El avispero sirio

NICOLÁS SARTORIUS

    No es fácil decidir que es lo que hay que hacer, en este momento, en Siria. Es muy difícil porque la guerra en ese martirizado país dura más de dos años, con 100.000 muertos, varios millones de desplazados y la famosa "comunidad internacional" -¿quien será?- no ha hecho nada por evitarlo. Ahora, se plantea la disyuntiva de si lanzar una acción de castigo contra el régimen de Assad por cuanto éste habría utilizado armas químicas prohibidas, matando a más de 1.000 personas. Por pura lógica y mínima prudencia, se debería exigir, antes de nada, que se acreditase de forma fehaciente, en el Consejo de Seguridad de NN.UU y no en otra parte, que se han usado dichas armas y quien las ha utilizado, no vaya a ser que ocurra lo mismo que en Irak, con las inexistentes “armas de destrucción masiva” de Busch y compañía, con consecuencias nefastas. Ergo, habrá que esperar al informe de los inspectores de las NN.UU, salvo que aceptemos que cierto país o países puedan decidir, cuando quieran y como deseen, a quien hay que atacar y la forma y manera de hacerlo, lo que desestabilizaría toda la situación internacional, aún más de lo que ya está.
     En el supuesto de que se demostrase que Assad -lo más probable- o sus enemigos han utilizado gases letales contra la población, esa acción no debería quedar impune y las NN.UU no deberían solo condenarla sino tomar medidas serias para frenar a Assad y la guerra. El problema complicado, como siempre, es cómo hacerlo. Obama, creo que bastante arrastras, propone una acción quirúrgica de castigo, limitada en el tiempo y en su alcance, que no comprendería ni invadir Siria ni acabar con Assad. Acción a la que se sumaría Francia, Turquía y algunos más, y se opone la mayoría de los países del G-20, lo que dejaría en evidencia, una vez más, la división de los países de la UE. Y después del ataque ¿qué?. Porque cuando uno no tiene claros los objetivos de una guerra, o de un ataque, es que ya ha perdido la partida por mucha capacidad de sacudir que tenga. Después, la matanza y el éxodo continuarían con armas químicas o con otras igual de mortíferas. Porque esta contienda, en mi modesta opinión, no tiene solución militar. El conflicto sirio es el escenario actual de otros muchos conflictos: la lucha despiadada -véase Irak- entre sunitas y chiítas; la batalla por la hegemonía en el área entre Arabia Saudita, las monarquías del Golfo, Irán, Turquía, Siria, Hezbolá, Egipto, etc.; el eterno problema Israel/Palestina; el control del petróleo... Todas estas crisis, que se entrecruzan, no tienen una salida por medios militares que, de utilizarse, solo generarían un conflicto generalizado en toda la región con efectos pavorosos para las poblaciones afectadas, un recrudecimiento del terrorismo y consecuencias profundamente negativas para los europeos, de  seguridad y  económicas, pues no hay que olvidar nunca que todos esos países son nuestra frontera.
     No hay otra salida, como han declarado el presidente del Consejo Europeo Van Rompuy y el Secretario general de la ONU que la política y toda salida política supone, a fin de cuentas, dialogar y negociar con las partes implicadas. La guerra de Siria no tiene solución sin contar con Rusia y con Irán. Sería conveniente que USA -e Israel- comprendieran que el problema sirio hay que negociarlo con Rusia e Irán, por muy complicado que esto sea. Entender que el cambio en el gobierno iraní, después de las últimas elecciones, abre nuevas posibilidades que sería conveniente explorar. Unos cuantos pepinazos para salvar la cara, desde barcos o aviones, contra objetivos sirios, con sus probables daños colaterales y que serán interpretados que van dirigidos, también, contra Irán y otros, no resuelve nada. Habría que forzar, por el contrario, una conferencia de paz que de un giro a la política en la zona: de las armas, que no arreglan nada, a una ayuda masiva para el desarrollo de esos países y eso solo se puede hacer si se ponen de acuerdo EE.UU/UE/Rusia/China, que “ convenzan” a los países claves de la zona a negociar y caminar por un camino de sensatez que les permita salir del actual callejón sin salida.