El hundimiento del Prestige y las responsabilidades políticas.

Por: | 20 de noviembre de 2013

LUIS BOUZA

Prestige

La semana pasada se daba a conocer la sentencia del caso Prestige. Llega 11 años después de los hechos y absuelve a los imputados de casi todas las acusaciones. La reacción instintiva es que se produce una injusticia y que de nuevo existe una visible impunidad ante el mal comportamiento de las instituciones. Digamos de entrada que yo sé muy poco por no decir nada de derecho penal, por lo tanto quien espere una disección detallada de la sentencia se sentirá decepcionado. Pero me parece que el juicio tenía por objetivo desentrañar la responsabilidad por una parte de los oficiales del petrolero hundido en el estado del buque y en su hundimiento y por otra la del Director General de la Marina Mercante en la decisión de alejar el buque de la costa. Poco tengo que decir sobre la decisión en el primer caso. Me fío del juez y creo que debemos cuidarnos mucho de pedir inmediatamente la cárcel para quien tiene un accidente en su trabajo, en parte por la irresponsabilidad de sus jefes.

Veamos qué pasa con la segunda cuestión. El gobierno tuvo que elegir entre conducir el barco a un puerto o una ensenada para limitar el área afectada o alejarlo de la costa en la esperanza de que su hundimiento en aguas de gran profundidad facilitase la congelación del fuel evitando el vertido. Una decisión como esta no puede ser en ningún caso de carácter solamente técnico. Tiene que ver con la aversión al riesgo de los decisores, con los condicionamientos institucionales – está por ver que fuese legal haber acercado el barco a la costa – y en último término con una visión de la justicia distributiva – es decir, si era más justo contaminar un área pequeña de manera muy intensa o repartir el daño en un área mayor. El gobierno decidió alejar el buque de la costa, sin duda en un cálculo político tendente a evitar el impacto mediático de una gran marea e intentando que el vertido se repartiese entre la costa española y la portuguesa. Como es bien sabido el efecto fue el contrario al esperado, al alejarse el barco de la costa la marea se extendió afectando a la mayor parte de la costa atlántica y cantábrica. Fue una mala decisión y una mala gestión, acompañada de un comportamiento prepotente por parte de algunos responsables políticos que optaron por acudir a una cacería mientras se producía el vertido y culminado por el insulto del presidente Aznar a los críticos, a quienes se refirió como “perros que ladran su rencor por las esquinas”.

Evidentemente la justicia debe perseguir a quienes gestionan mal los servicios públicos en interés propio o en favor de amigos o clientes. Sin embargo en este caso el juez no ha apreciado que las decisiones que se tomaron fueron dolosas o gravemente imprudentes. La cuestión de fondo es por lo tanto si la mala gestión, es decir, la simple incompetencia, son susceptibles de reproche penal. La respuesta tradicional en una democracia es que los responsables de enjuiciar la competencia de un representante son los ciudadanos en las urnas. Quizá la continua reivindicación de castigos ejemplares para los malos gestores sea más bien sintomática de la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia.

¿Incita esta sentencia al delito medioambiental? Más bien deja claro que los instrumentos jurídicos de los que dispone el Estado para defender el medio ambiente son bastante limitados en un contexto global en el que la responsabilidad choca con empresas residenciadas en paraísos fiscales y en normas internacionales defectuosas. Es llamativo que los armadores, responsables entre otras cosas del estado del barco, no hayan comparecido. En este como en otros casos este desastre debería sobre todo animar una mejor gobernanza global.

Luis Bouza ( @luisbouzagarcia ) es Profesor Asociado de CC.Políticas de la Universidad Carlos III

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