FERNANDO RUEDA
Hoy se publica en el BOE la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Mañana entra en vigor el inicio del desmantelamiento del poder local en España, el fin de la relación democrática actual de los gobiernos municipales con sus ciudadanos, el fin de la capacidad de gestionar con autonomía e independencia la cartera de servicios básicos de los ayuntamientos. También parece que pierde mucho de su sentido la celebración de elecciones municipales.
Con la combinación del argumento de “una Administración, una competencia”, y el de la reforma constitucional de Rajoy - Zapatero de 2010, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que en definitiva da prioridad de pago a bancos y acreedores financieros y después, si llegan los recursos, se prestarían servicios básicos, aparece este nuevo revés para el sistema democrático, que aleja cada vez más a los ciudadanos de las instituciones.
A partir de ahora entra también un nuevo juego de poder, en el que las políticas locales se verán condicionadas por los gobiernos autónomos o las diputaciones que delegarán - o no - competencias ”impropias” o “atribuidas por delegación” en la versión más suavizada en el texto final, según sean del mismo u otro color político que sus superiores jerárquicos.
En la ley apenas se determina las garantías para una suficiencia financiera de las entidades locales, ni se avanza la rendición de cuentas para el control ciudadano. Sencillamente se limita al máximo la capacidad competencial, a la vez que establece ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría en función de cómo y cuántos convivan juntos, perjudicando a los que habitan en núcleos urbanos pequeños. Es también el principio del fin modelo de organización territorial de España.
Conviene leer las recomendaciones internacionales sobre gobierno local y comprobar una vez más que nos dirigimos en la dirección opuesta a las demandas ciudadanas. La descentralización a nivel local es esencial para la democratización, la buena gobernanza y el compromiso ciudadano. Así lo establece el programa ONU-Habitat, en sus directrices internacionales sobre descentralización y acceso de servicio básicos para todos.
En definitiva, en las próximas elecciones municipales, seremos llamados a elegir democráticamente a buenos gestores de residuos, de alumbrado y de infraestructuras que consigan buenas condiciones contractuales con alguna empresa privada. Quizá sea más práctico, elegir alcalde por sorteo, como en las comunidades de vecinos.
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2013, 'annus horribilis' para los derechos sociales y la propia democracia: http://marat-asaltarloscielos.blogspot.com.es/2013/12/2013-annus-horribilis-para-los-derechos.html
Publicado por: Marat | 31/12/2013 10:01:50