Un Consejo Europeo decepcionante

Por: | 22 de diciembre de 2013

J. ENRIQUE DE AYALA

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     O, mejor dicho, otro. Porque ya estamos acostumbrados, en los últimos años,  a que el máximo órgano colectivo de la UE no responda a las expectativas o a las esperanzas de los ciudadanos que creen que más Europa es la única solución posible para los problemas actuales o futuros de los europeos. En su reunión del 19 y 20 de diciembre el Consejo Europeo debía abordar prioritariamente, de acuerdo con lo previsto hace un año, la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), pero este asunto ha cedido finalmente bastante protagonismo a favor de los temas económicos, y en particular, de la Unión Bancaria.

     Posiblemente el mayor éxito del debate sobre la PCSD , es que se haya producido (y que se prevea su continuidad en junio de 2015),  en un momento en el que la dura crisis financiera y económica hace decaer los presupuestos de defensa en todos los Estados Miembros (EM), y el interés por la seguridad internacional en la mayoría de los ciudadanos. En lo que se refiere a decisiones concretas, el resultado es exiguo. Tal vez lo más importante sea la puesta en marcha de programas multinacionales en cuatro multiplicadores estratégicos: reabastecimiento en vuelo, drones, comunicaciones satelitarias, y ciberseguridad. Como quiera que los tres últimos  (y otros que pudiera poner en marcha la Agencia Europea de Defensa, EDA) pueden ser de uso dual (civil-militar) se abre la puerta a que parte de los desarrollos pueda financiarse a través del programa europeo de I+D, Horizonte 2020. Por lo demás, hay un mandato para revisar el mecanismo de financiación comunitario de las operaciones, menciones al enfoque integral de la seguridad -con un interesante llamamiento a reforzar las sinergias entre seguridad exterior e interior- y a la multilateralidad, así como abundantes referencias a la OTAN, con la que deben ser compatibles todas las iniciativas. Ni siquiera en lo que parecía ser el verdadero objetivo de este debate, el impulso a la base industrial y tecnológica de la defensa, se hacen grandes avances. El camino hacia el mercado único seguirá estando regulado por las dos -limitadas- directivas de 2009, para alivio de algunos países (como España) que veían  con preocupación una mayor apertura.

     Nada se dice sobre una revisión en profundidad de la Estrategia Europea de Seguridad de 2003, parcialmente obsoleta, solo un vago encargo a la Alta Representante para que informe al Consejo en 2015 sobre la incidencia de los cambios del entorno mundial, a pesar de que sin un marco estratégico consensuado que fije los escenarios, las prioridades de actuación, y el nivel de ambición, es imposible determinar las capacidades necesarias o las prioridades industriales. Tampoco ninguna mención al siempre postergado Cuartel General de Operaciones europeo, que permitiría la actuación realmente autónoma de la UE. Ni a la Cooperación Estructurada Permanente, olvidada a pesar de ser el avance más significativo del Tratado de Lisboa en esta materia.  Nada sobre unidades multinacionales europeas, y apenas una mención a la necesidad de mejorar las capacidades de respuesta rápida de la UE,  mediante grupos de combate  de la UE  -operativos desde 2007 pero que nunca han llegado a utilizarse- más flexibles y desplegables, “si los Estados miembros así lo deciden”. Una vez más, los EM más atlantistas -Reino Unido y los países nórdicos- se han impuesto a los que intentan construir una defensa europea digna de tal nombre -encabezados por Francia-, y en consecuencia la PCSD seguirá más o menos donde estaba, avanzando únicamente en la obtención común de algunas capacidades estratégicas, pero no en estructuras o acuerdos para su empleo. A pesar de un escenario en el de que el viraje de EEUU hacia el área Asia-Pacífico descarga sobre Europa la responsabilidad de atender a su seguridad próxima y lejana, con amenazas muy reales como las presentes en el Sahel, el Cuerno de África u Oriente Medio.


     El asunto más mediático de esta reunión ha sido sin duda el de la Unión Bancaria (UB),  en la se habían puesto muchas esperanzas  como un medio para romper definitivamente el vínculo perverso entre deuda bancaria (privada) y deuda soberana, y para aumentar la confianza en todas las instituciones bancarias de la eurozona, lo que les permitiría un financiación más fácil, y por ende, una mayor capacidad de crédito. De los tres pilares que debían formar la UB, según la Comisión, solo se ha fijado hasta ahora uno: la supervisión única, que entrará en vigor en noviembre de 2014 y será responsabilidad del BCE, pero que solo afectará a 130 bancos. Del tercero, un fondo común de garantía de depósitos, no existen ni proyectos, ante la oposición de Berlín a su constitución. En esta reunión, el Consejo Europeo ha aprobado el acuerdo alcanzado por el ECOFIN el día 18 sobre el segundo pilar: el mecanismo único de liquidación. El acuerdo al que han llegado los Ministros de Economía y Finanzas es decepcionante. La responsabilidad de la decisión última recae sobre los EM marginando a la Comisión, es decir será una competencia intergubernamental y no comunitaria, con lo que habrá que contar con las presiones de los EM para defender sus intereses. El procedimiento, basado en un Consejo de Resolución,  es largo y complicado, lo que impedirá una reacción rápida que puede ser esencial en algunos casos. Y, finalmente, el fondo europeo de resolución tardará 11 años en estar operativo, alcanzando al final de este período 55.000 millones de euros, una cantidad a todas luces insuficiente si la comparamos con lo que ha sido necesario solo para la crisis bancaria española. El proyecto tiene que pasar ahora por el Parlamento Europeo con el objetivo de ser aprobado antes del fin de la legislatura, en mayo, y es de esperar que en esta instancia las negociaciones con el Consejo conduzcan a alguna mejora de lo ahora aprobado.


     En el resto de asuntos, previsiones y aplazamientos. En la implementación del Pacto por el Crecimiento y el Empleo se ratifica la decisión de que aspectos esenciales como el Plan de Empleo juvenil y la iniciativa PYME entren en vigor en enero, para lo que se requiere la colaboración de los EM, pero el acuerdo definitivo sobre el Fondo Europeo de Inversiones no se tomará hasta mayo. La aprobación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, que debería haber tenido lugar en esta reunión, se retrasa hasta marzo. La decisión sobre el sistema de acuerdos contractuales por los que los EM se comprometerán a llevar a cabo una determinada política económica y social, cediendo soberanía a cambio de mecanismos de solidaridad aún indefinidos, se pospone hasta octubre. Y el asunto del asilo y las migraciones se tratará en profundidad en junio sobre la base de una comunicación que ha presentado la Comisión.

     En resumen, un Consejo Europeo con un orden del día muy largo y denso, con asuntos de extraordinaria importancia para el futuro de la Unión, pero cuyos resultados decepcionan en su mayoría una vez más, confirmando la tendencia hacia el predominio del sistema intergubernamental frente  al comunitarioy el aumento de la  insolidaridad, la desconfianza mutua,  y la defensa de los intereses nacionales, que han caracterizado en buena medida las políticas de la UE desde el principio de la crisis.

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