¿Dónde reside la soberanía popular? Crisis de la representación democrática

JORDI ORTEGA

Imagen: CARLOS ROSILLO

Las revoluciones constitucionales del siglo XVIII convierten a los ciudadanos en ciudadanos democráticos; no se reconoce “enemigos interiores”, no hay límite en los valores solo en los procedimientos, que deben ser, conforme la propia constitución. Para Carl Schmitt la escisión entre lo político y lo jurídico, entre poder constituyente y constitución, supone domesticar la voluntad del soberano. La crisis del euro se ha convertido en una crisis democrática, ¿dónde reside la soberanía popular?

Los diputados, dice el artículo 67.2 de la constitución, “no estarán ligados por mandato imperativo”. Esta prohibición es la piedra de toque de las democracias representativas; los diputados, cada uno de ellos, representan la soberanía popular, no a sus electores, ni su circunscripción. La nación entera expresa su voluntad a través del parlamento. La constitución alemana es clara y concisa, en su artículo 38.1 señala que los diputados, sus decisiones, sólo estarán sujetas a su consciencia (nur ihrem Gewissen unterworfen); excluye la coacción por órdenes o instrucciones (Aufträgen und Weisungen).  

La constitución de Estados Unidos, en su preámbulo, abre con un desafío frente los estados absolutistas europeos privados de libertad: “Nosotros, los pueblos de los Estados Unidos” (We the People of the Unit States –se refiere tanto a los ciudadanos de la unión como los pueblos  de los estados particulares que fundamenta la Federación; una “soberanía dividida diría Jürgen Habermas). Una revolucionaria  y provocativa declaración de soberanía popular. El artículo 1.1 de nuestra constitución sitúa a España de sujeto constituyente. Solo en el artículo 1.2. los poderes del Estado emanan del pueblo.

¿Es compatible la disciplina de partido con la prohibición de ese imperativo presente en la constitución? Se me atragantaba la tostada del desayuno al leer el Reglamento del Grupo Socialista, en su artículo 33 y 34 dice que "el comité de Dirección podrá sancionar la emisión de voto contrario"… y que sólo "el pleno del grupo podrá excepcionalmente acordar la libertad de voto". ¿Es constitucional? En 16 años solo en 4 ocasiones se ha aplicado ese artículo 33 del reglamento. Francisco Rubio Llorente, en este diario, señalaba la crisis de representación, los representantes del pueblo actúan de servidores de la dirección del partido.
Los términos de amplio debate en Europa son muy distintos a los que tenemos en España. Permitan ilustrar con una escena. La periodista Marietta Slomka entrevistaba al presidente del SPD, Sigmar Gabriel. “Como periodista tengo la tarea de enfrentar los políticos con críticas... somos independientes, no importa quién esté en el poder”. Cuestionaba si era constitucional celebrar un referéndum entre la militancia del SPD para aceptar la gran coalición; ¿no es algo que deben elegir los diputados, representantes del pueblo, en lugar de unos cientos de miles de militantes del SPD?

Sigmar Gabriel respondía, ¿vamos a prohibir la democracia interna del partido? ¡Es una tontería lo que plantea! Por supuesto que respetamos la constitución; la decisión solo vincula la dirección del SPD, no a los diputados que votarán en consciencia.  Marco Bülow hizo campaña en contra de la gran coalición. Reconocía que había tenido lugar un amplio debate. Incluso valoraba positivo el nuevo gobierno.  Manifestaba que votaría en contra para representar ese 24% del SPD que se manifestó en contra. De los 504 diputados que suman SPD y CDU solo 462 lo hicieron a favor. ¿Algún titular en la prensa calificando de díscolos estos diputados? Sería ridículo si a alguien se le pasa por la cabeza plantear el dilema entre la obediencia a las decisiones de la mayoría o dejar el escaño.

En Alemania existe un debate de la crisis de representación democrática; cómo un gobierno, con una amplísima mayoría, el parlamento se dota de más poder de control. No solo el parlamento. Torsten Albig, primer ministro de Schleswig-Holstein, se opone a la reforma de la retribución de las energías renovables. Un amplio debate que concluirá antes de agosto. En el caso de que no se introduzca modificaciones, pide Torsten Albig del SPD, llevar el tema a la comisión de conciliación del partido.

Lo que tenemos es una pésima calidad democrática descarnada. La reforma del sector energético de José Manuel Soria, aprobada antes de navidad en el parlamento, se hizo sin apenas debate. Los diputados no tuvieron materialmente tiempo ni siquiera para leer, menos aún comprender lo que votaban. Si la Unión Europea le pide al Gobierno la creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal; no pasa nada, se cumple el trámite, después se desvirtúa. ¿Qué tipo de reguladores se eligen en una “democracia de partidos”? Aquel que el presidente pueda llamar a las 2 de la madrugada para que a las 4.15 diga lo que quiere oír el gobierno. Sucedió en la estrenada CNMC. No hay ni consciencia en los diputados, ni valor ni autoridad en los regulares. ¿Puede estar más desautorizado un parlamento que vota una reforma energética, con disciplina, dos horas después el gobierno encarga a la CNMC un método alternativo para calcular el precio de la electricidad?

¿Puede el poder legislativo reclamar la inocencia antes las políticas equivocadas que han agravado la crisis? El reglamento les exime de responsabilidad que existe en la constitución al prohibir el “mandato imperativo”. Estamos ante una fachada democrática; permite que las decisiones se adapten a la legitimidad jurídica, pero no a la legitimidad democrática. No me mal interpreten si recuerdo los argumentos de aquellos criminales que en Nüremberg se excusaban por cumplir la ley. Hannah Arendt los describió como buenos padres de familia, defensores del orden. Jürgen Habermas señala cómo los políticos siguen, sin la menor vergüenza, el guión oportunista de la pragmática del poder, despojado de todo nuclear normativo, con la mirada puesta en las encuestas. Olvidan que representan la soberanía popular. No unas maquinas electorales, que funcionan con estrategias empresariales, evitando perder clientes. Urge más democracia.

Desigualdad y mercado de trabajo

ROGER SENSERRICH

Ilustración: EVA VÁZQUEZ

Durante dos décadas, las desigualdades en España disminuyeron. Eran los años de la burbuja inmobiliaria, cuando una combinación entre la demanda insaciable de la construcción para atraer mano de obra poco cualificada y la expansión del estado de bienestar (especialmente en los años de Zapatero) contribuyeron poco a poco a reducir la brecha en ricos y pobres.

Como casi todo salido de esos años de crecimiento artificial, la caída de las desigualdades no era sostenible. La productividad española durante esas dos décadas no creció en paralelo a la economía; comparado con los trabajadores del resto de la eurozona, la productividad por empleado en España era un 9% menor que a principios de la burbuja. Aunque cada vez ganábamos más dinero, lo hacíamos produciendo menos -una de las causas de la profunda crisis que vino después-.

El fuerte incremento de las desigualdades durante la gran recesión, sin embargo, no tenía por qué haber sucedido. La burbuja creó gran cantidad de puestos de trabajo poco cualificados y subidas salariales; el ajuste posterior podía haber afectado a un grupo o a ambos, distribuyendo su efecto en toda la economía. Los datos, sin embargo, parecen sugerir que la gran recesión no ha afectado a todos por igual, sino que su impacto parece haberse concentrado de forma desproporcionada en los trabajadores en la parte baja de la escala salarial:

En la gráfica vemos el efecto en los ingresos del 10% de hogares con mayor y menor renta por países durante los tres primeros años de la gran recesión. Ambos grupos han visto una caída; si nos fijáramos en el 1% con más renta, el ajuste ha llegado incluso a los que más tienen. España no obstante es excepcional en la enorme, gigantesca caída del poder adquisitivo de las familias más pobres; ningún país desarrollado ha visto nada remotamente parecido durante estos años. Ni siquiera Grecia.  La desigualdad aumenta porque sus efectos se han cebado sobre los más pobres de forma desproporcionada.

Aunque es difícil atribuir causalidad sin datos completos, la composición del mercado laboral español probablemente tenga algo que ver. Más específicamente, la dualidad en este mercado, y como la crisis se ha cebado con los trabajadores temporales:

El ajuste, parece, ha recaído de forma desproporcionada en el tercio de trabajadores precarios de nuestra economía -los trabajadores temporales-. A falta de tener más datos, no es descabellado pensar que las familias en empleo precario son un porcentaje muy significativo del 10% de familias con menos ingresos del país. La dualidad de nuestro mercado de trabajo ha hecho que prácticamente todo el ajuste en esta crisis haya caído en sus espaldas, conduciendo a un descomunal aumento de la desigualdad.

Si queremos reducir las desigualdades en España, por tanto, debemos hablar de dualidad y reforma del mercado laboral. Por desgracia, la última reforma del gobierno lejos de arreglar el problema, parece haberlo acentuado. La próxima crisis, me temo, estaremos otra vez con las mismas.

Bajan los impuestos del arte ¿a quién beneficia?

FERNANDO RUEDA

Sin tradición de coleccionistas, con un mercado “pequeño, abrupto e inestable, porque se expande y se contrae a una velocidad superior a la que lo hace en otros países” según el informe de  la Fundación Arte y Mecenazgo sobre el mercado del arte español en 2012, el Gobierno ha tomado una medida de gran trascendencia para salir de la crisis en el terreno cultural. Por fin, ¡estamos salvados!

La realidad es que el mercado del arte español representa anualmente un volumen equivalente a las ventas de unos 5000 coches de lujo, o unos 400 áticos en Golf-resorts, primera línea de playa, o los ahorros de aproximadamente unos 12.000 preferentistas.

De la medida de reducir el IVA en las entregas de arte del 21% al 10%, no se benefician de forma especial los galeristas ni las casas de subastas, pues esta bajada afecta exclusivamente a la entrega de obras por parte de artistas a compradores, sin intermediarios, en lo que parece ser uno nuevo nicho de “emprendedores free-lance”: artistas que crean, promocionan, publicitan, se dan de alta como autónomos y entregan su obra a quien lo pueda pagar (el coste medio de las transacciones de Arte en 2011 fue de 50.000 euros).

Los beneficiarios de esta rebaja fiscal, no son otros que los que compran arte y por los datos del estudio, parece que tampoco lo hacen los artistas españoles pues, según dicho estudio “el mercado extranjero representa el 97% en términos de valor, del total de las obras de artistas españoles vendidas”. Tampoco es el conjunto de la ciudadanía, pues no está claro que las instituciones públicas vayan a aprovechar ahora para adquirir obres con las que incrementar sus colecciones.

La decisión de aplicar esta medida está tomada a golpe de ARCO y Fallas (que también se beneficia de la rebaja), representa un plan en toda regla para salir de la crisis. Los demás sectores de la cultura, están expectantes ante el anuncio del gobierno de que sólo ha sido una medida anticipada que repercutirá también en los sectores de cine, música, escénicas, etc.

Han aprovechado el día para rectificar un  descuido equiparando la retención por rendimientos del trabajo, con la de dividendos de las empresas. No me lo explico, ¿Cómo se les pasó? ¡Qué despiste!

Lo que siempre me ha parecido una ventaja de la derecha española es la claridad que tiene en sus prioridades, qué tipo de interés común defienden y cómo lo justifican. Qué envidia.

Ginebra II: esperando nada

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO

Imagen: STR (EFE)

Han tenido que transcurrir tres años para que el régimen y la oposición se sienten a la mesa de negociaciones para hablar juntos del futuro de Siria. Demasiado tiempo si tenemos en cuenta el nivel de destrucción alcanzado y la magnitud de la catástrofe humanitaria: 130.000 muertos, 2.400.000 refugiados y 6.500.000 desplazados internos.
El acuerdo de mínimos alcanzado entre EEUU y Rusia para convocar Ginebra II teóricamente obliga a las partes a aceptar el marco de negociación establecido en Ginebra I. Es decir: que se comprometan a una transición política en el curso de la cual se establecerá una autoridad transitoria con plenos poderes ejecutivos para gobernar el país hasta que se celebren unas elecciones legislativas y presidenciales libres y plurales. Sus integrantes deberían ser consesuados por las partes. Por lo tanto tanto el régimen como la oposición disponen de capacidad de veto. Se da por entendido que todas aquellas personas que tengan las manos manchadas de sangre no podrán ser parte de dicho gobierno interino.
¿Cuál será entonces el futuro de Bashar El Asad? Ante la falta de acuerdo, la Casa Blanca y el Kremlin apostaron en 2012 por la ambigüedad constructiva confiando en que el tiempo se encargase por sí mismo de despejar las incógnitas que se cernían en el horizonte. Pero contra todo pronóstico, el régimen ha sido capaz de mantener su cohesión y recuperar parte del terreno perdido más por los errores de sus rivales que por sus propios aciertos. Además de explotar a pleno rendimiento su maquinaria de aniquilación y muerte que ha devastado buena parte del país, también ha contado con la inestimable ayuda de tres aliados estratégicos. Rusia, Irán y Hezbolá le han mostrado un inquebrantable apoyo que ha sido indispensable para que el régimen pudiera sobrevivir en condiciones sumamente adversas. No debe extrañarnos, por lo tanto, que El Asad se sienta reforzado y que la delegación oficial siria desafie a la oposición acusándola de “traición” en la apertura de la conferencia.
Por el contrario, la oposición ha tenido mucha menos suerte en sus respaldos. Sus desesperadas llamadas a la comunidad internacional para que se involucrara activamente y evitase una carnicería cayeron en saco roto. No se fijaron zonas de exclusión aérea ni corredores humanitarios, tal y como demandaban. Ni tan siquiera se aprobó un embargo armamentístico contra el régimen, que no ha dejado de masacrar a los rebeldes y a la población civil aprovechándose de su notable superioridad. La oposición también ha acusado la falta de respaldo militar por parte de sus supuestos aliados, lo que le ha llevado a arrojarse a los brazos de países como Arabia Saudí o Catar, que financian genorasamente a las diferentes milicias que combaten sobre el terreno. Esta contribución no es, obviamente, desinteresada y ha pasado una elevada factura a la oposición. Los activistas que se movilizaron pacíficamente contra El Asad en los primeros compases de la revuelta han sido desplazados y ahora son los combatientes del Ejército Sirio Libre y el Frente Islámico los que combaten a las tropas asadistas. La penetración de yihadistas internacionales ha fortalecido al Frente de Al Nusra y al Estado Islámico de Irak y Siria, satélites de Al Qaeda, que libran su propia guerra sectaria contra el ‘apóstata’ régimen alauí.
Es en este alambicado escenario en el que tiene lugar Ginebra II, una conferencia que parece condenada al fracaso ante las abismales diferencias que separan al régimen y la oposición sirias. Mientras el primero considera que la prioridad debería ser combatir al terrorismo, los segundos tienen como meta trazar la hoja de ruta de la Siria post-Asad. El presidente sirio ha dejado claro, por activa y por pasiva, que no está dispuesto a abandonar el poder. Además considera que, dada la división de la oposición y su falta de respaldos internacionales, el tiempo juega en su favor. Si ha acudido a Ginebra II no ha sido para negociar su salida, sino para dejar claro que continuará resistiendo de manera numantina aunque su obstinación reduzca a cenizas al país.
Ante esta manifiesta falta de voluntad política debería fijarse una agenda más modesta basada en acuerdos concretos sobre puntos en los que existe cierta voluntad de consenso. El régimen y la oposición deberían centrarse en aliviar la catástrofe humanitaria en la que se haya inmersa Siria. Para ello sería conveniente que se alcanzaran acuerdos de alto el fuego en los frentes de combate y se permitiera la apertura de corredores humanitarios por los cuales se evacuase a los heridos y se introdujeran productos de primera necesidad y material médico. Un acuerdo de mínimos en torno a estas cuestiones además permitiría afianzar canales de diálogo entre las partes, punto indispensable para reconstruir puentes y sentar las bases de una posible, y todavía lejana, solución negociada.

*Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos
de la Universidad de Alicante

¿Podría haber una relación entre el consumo de agua de las familias y la participación electoral?

JULIO EMBID

Las familias consumen agua en sus domicilios a diario. Desde la ducha, hasta la limpieza del hogar, la cocina, agua de boca o electrodomésticos precisan litros de agua. Sin embargo no todos gastamos igual cantidad. Depende algo del número de habitantes en la vivienda y mucho del tipo de vivienda que tengamos. Las viviendas unifamiliares con jardines consumen mucha más agua que los pisos pequeños de la periferia. Las comunidades con piscina comunitaria consumen más agua que los pisos de protección oficial del Sindicato Vertical de los años 50. Así las familias con una mayor renta consumen más agua que las que menos tienen y lo mismo pasa con los barrios ricos sobre los pobres. El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el agua en la Comunidad de Madrid, gasta millones de euros en publicidad invitándonos a una gestión responsable del agua y a que consumamos menos. Cada año presenta estadísticas del consumo de litros de agua por distritos y municipios madrileños. Sin embargo no nos dice que esto está muy relacionado con el tipo y el precio de las viviendas.

 

Figura 1. Relación entre consumo de litros de agua por habitante/día y precio medio de la vivienda (euros/m2) en los distritos de Madrid en 2013

Fuente: Canal de Isabel II y Ayuntamiento de Madrid

El precio de la vivienda en Madrid ha caído sin parar en los tres últimos años. Hoy es mucho más fácil encontrar alquileres por 500 euros, impensables en 2006. La renta de las familias ha caído a la vez que ha aumentado el desempleo. Sin embargo el paro no es homogéneo en todos los lugares de una misma ciudad. Hay una diferencia del 238% entre el distrito con menor paro como es Chamartín (9,07%) frente al que más paro tiene como es Puente de Vallecas (21,55%). Evidentemente, el precio de una vivienda en el Paseo de la Castellana y en la Avenida de la Albufera no es el mismo. Nadie se va a sorprender entonces con la Figura 2. en donde se ve que las zonas con mayor precio de la vivienda tienen una menor tasa de desempleo.

 

Figura 2. Relación entre paro y precio medio de la vivienda (euros/m2) en los distritos de Madrid en diciembre de 2013

Fuente: Oficina estadística del Ayuntamiento de Madrid

Llegamos entonces al final al tema electoral. Los ciudadanos no participan igual en política. Hay gente que milita en partidos y hay gente que no. Los que se informan a diario y los que no lo hacen. Los que votan siempre y los que no votan nunca. Si cogemos la participación de las últimas elecciones que ha habido en Madrid (Generales de noviembre de 2011) y cruzamos los datos con la tasa de paro nos da lo siguiente:

 

Figura 3. Relación entre paro y abstención en las Elecciones Generales de 2011 por distritos de Madrid

Fuente: Ayuntamiento de Madrid y Ministerio de Interior

En conclusión, si A influye en B, B influye en C y C influye en D, podemos afirmar que sí hay una relación entre A (Consumo de agua de las familias) y D (Abstención electoral). Con ello no quiero decir que si eres de los ecologistas comprometidos con el Medio Ambiente que consumen pocos litros de agua, sea más probable que no votes. Sin embargo si hay una diferencia de clase entre parados-clase media-baja y las clases más acomodadas a la hora de ir a votar. Parado tú no votes, ya decidirán ellos por ti mientras se bañan en la piscina de su casa.

 

 

 

Europa e Israel: cómo dejar atrás el Estado guerrero

VICENTE PALACIO

Cualquiera que ponga un pie hoy en Israel se ve arrastrado enseguida por tres tiempos diferentes: el pre-moderno de Tierra Santa y la Biblia; el moderno de la guerra con los palestinos - los asentamientos y los cohetes; y el posmoderno, de las start-ups, la tecnología y los business. Especialmente para un europeo, esta confluencia de tiempos, de tipos humanos, de actitudes – el fanático ultraortodoxo, los jóvenes hipster - le produce una sensación de completa irrealidad, que exaspera y fascina a un tiempo.  

La cosa es: cómo puede ayudar la Unión Europea para que un día Israel deje atrás el tiempo de la guerra, y se afiance como el Estado-Promesa de múltiples religiones y culturas, y de la pujanza económica y tecnológica? Ese sería otro mundo, con lo mejor del pasado y del futuro, y muy poco del presente.

Cierto clima de euforia recorre estos días los espacios post-modernos de Israel en la línea de lo que expone el célebre libro Start-up Nation: La historia del milagro económico de Israel, de Dan Senor y Saul Singer: el liderazgo global del estado divino en investigación por habitante y emprendimiento. Una realidad que convive, como siempre en Israel, con su contraria: desde Haaretz, el gran periódico progre e internacionalista, se ha puesto el acento en que el boom tecnológico se desvía a la exportación y no se traduce aún en servicios de Internet a la población ni se reparte por el conjunto de la sociedad.

Mientras el Secretario de Estado norteamericano John Kerry se arremangaba para sudar la gota gorda con Netanyahu y Abbas, la aún Alta representante, Catherine Ashton, encabezó el pasado 16 de Diciembre una interesantísima  propuesta del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la UE. En dicho comunicado, Europa  promete a la Tierra Prometida una nueva Tierra del Post-conflicto, bajo el nombre de Special Privileged Partnership. Desde dinero para el futuro Estado Palestino, hasta colaboración en el tema de los refugiados o Jerusalén, pasando por el acceso privilegiado a los mercados europeos, y un incremento exponencial del comercio y las inversiones en la región.

Si no fuera por la crisis que atraviesa Europa, estaríamos hablando mucho de ello. Esto en cuanto al post-conflicto, porque ciertamente la iniciativa de la presión a  ambas partes corresponde a los norteamericanos, que ya están hartos de los innecesarios problemas a los que les exponen las torpezas de su aliado israelí, desde los asentamientos hasta Irán. En este punto, los dirigentes de Israel parecen empeñados desde hace tiempo en emular los pasos de todo un EEUU al decir de Churchill: escoger la opción correcta solo después de agotar al completo todas las vías erróneas. La desaparición reciente de figuras como Ariel Sharon, la vieja guardia de los históricos del Estado moderno Israelí, debería aprovecharse para pasar página, mirar al futuro y no persistir en errores que siguen saliendo demasiado caros para las dos partes.

En este momento de relativa calma tensa, sin embargo, sería mejor que la UE mantenga la cabeza muy fría ante las provocaciones o excesos derechistas, y se centre más en los extraodinarios incentivos que puede ofrecer para un final feliz, y en los grandes nichos de sensatez que existen en muchas cabezas de la Tierra Santa. Las amenazas de sanciones para empresas israelíes con actividad en los territorios ocupados es un paso justo desde cierta óptica, pero poco efectivo en la realidad. Mejor dejar ahora a un lado los palos, que siempre pueden utilizarse para el victimismo por parte  de un gobierno de Netanyahu de cuya coalición de centro-derecha forma parte el Partido Hogar Judío, partidario de los asentamientos.

Las cosas están así. Como siempre en Oriente Medio, todo se puede ir al traste en cualquier momento. Pero valdría la pena que desde el Parlamento Europeo o la Comisión se promueva un estudio donde se cuantifiquen en detalle los inmensos beneficios económicos y geopolíticos para Israel, para los palestinos y para la propia UE de un escenario post-conflicto de convivencia de los dos Estados. Ello podría empujar algo en la dirección correcta las negociaciones en curso, y dar argumentos electorales para futuras campañas en Israel a los partidos y las asociaciones civiles que están del lado bueno de la Historia.

Puede parecer ingenuo pensar en la Paz. Pero ahora, comparado con las tribulaciones de los vecindad árabe – amenaza nuclear, chiítas contra sunitas, los tribalismos, las guerras civiles, las re-fundaciones de países enteros como en Túnez, Egipto, Libia -  lo del conflicto palestino-israelí parece un juego de niños. Al menos, aquí hay una hoja de ruta y a estas alturas las dos partes ya saben quién es quién y lo que deberían hacer.

La austeridad, un suicidio económico

CARLES MANERA

Ilustración de EDUARDO ESTRADA

Las severísimas políticas de austeridad nos llevan al precipicio. La traslación social es dramática. No crean a quienes les digan que no hay dinero. Hay muchísimo capital. Vean lo que escribía en junio de 2012 Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton: “las grandes empresas están sentadas sobre un gran montón de dinero; pero no lo invertirán en crear nuevos puestos de trabajo; la mayor parte de las ganancias de la productividad, van a los propietarios del capital, mientras los trabajadores reciben sueldos cuyo valor real no hace más que descender”. Es decir, dinero hay; se trata de explicar que no existe y que, por tanto, se deben recortar gastos. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional sobre 173 casos de austeridad fiscal para el período 1978-2009, revela que las consecuencias fueron negativas: se confirmó la recesión económica y el aumento del paro. Ante esto, el FMI cambió; pero la esperanza ha sido vana: ha vuelto al redil de la ortodoxia.
    La preocupación enfermiza por el déficit y la deuda tiene como objetivo privatizar los servicios esenciales para la ciudadanía, servicios que pueden convertirse en un suculento negocio para empresarios privados. Paul Krugman lo ha subrayado sin ambages: se trata de usar el miedo al déficit para destrozar la red social de protección. Pero fíjense: todo el relato ultraconservador descansa sobre lo que el profesor Josep Fontana ha calificado como de “fábula”: se ha tratado de convencer a la gente de que la culpa era de lo que se había malgastado en escuelas y hospitales, de manera que correspondía ahora pagar estos excesos del pasado.
    El caso de la deuda pública española es ilustrativo. Era baja: los datos del Banco de España lo avalan. La privada, empero, de las mayores del mundo. Y se fraguó a partir de los Landesbanken alemanes: prestaron a bancos y cajas de ahorro españoles, que concedieron créditos para operaciones poco recomendables de constructores y para demandas de particulares sin recursos. A éstos últimos, las propias entidades les estimulaban a endeudarse. Tal imprudencia se debe adscribir a financieros germánicos e hispánicos, aunque la cancillería teutona culpe al sur por despilfarrador. Pero todo es distinto. Europa está pagando los errores de la economía alemana, que ha acumulado grandes beneficios con la exportación (estadísticas de balanzas comerciales y de pagos, publicadas por el FMI, entre 1970 y 2013); pero vive obsesionada ahora con la austeridad; esto bloquea su crecimiento interior por la obcecación, también, en controlar de forma insensata la inflación. En tal sentido, Richard Koo, economista del Namoura Research Institute de Tokio –un liberal sin mácula–, afirma, en un trabajo de economía comparativa, que la reducción del gasto público y una “sobredosis de austeridad” es, justamente, un “disparate”.
    En síntesis: la obstinación de Alemania y el seguidismo de Europa promueven esta austeridad destructiva, que debilita el crecimiento económico y contribuye a un incremento descomunal del desempleo. Es un suicidio económico, el mayor despropósito al que nos encaminamos.

El uso privado del patrimonio de todos

FERNANDO RUEDA

Fuegos artificiales al acabar la ceremonia en el MNAC. Imagen de ALBERT GARCÍA

Todo se compra con dinero: El pasado mes de diciembre “A lomos de un corcel blanco y bajo un palio bermellón, rodeado de rosas rojas”, una pareja de adinerados utilizó a su antojo y en exclusiva las calles, las fuentes y los museos de la ciudad de Barcelona.

No es la primera vez, ni será la última, que a cambio de una ridícula cantidad de dinero -para el adinerado-, se utilice el patrimonio cultural público para el interés privado. Este tipo de eventos han estado tradicionalmente reservados a los espacios de culto (que por cierto, también forman parte del patrimonio cultural público) como una interesante fuente de ingresos para la iglesia católica. Nada que reprochar. Incluso algunos eventos de esta naturaleza quedan muy lucidos, como el de la poderosa boda celebrada en El Escorial hace algunos años, con un gran desfile de prohombres, acercándose en limusinas por el empedrado, y que años más tarde vemos desfilar en furgones hacia Soto.

La gran boda india celebrada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña es un ejemplo grotesco de cómo el uso de los espacios públicos para fines privados ha alcanzado niveles de práctica obscena, basada en la riqueza de los contrayentes y el poderío político, social y económico de sus invitados. Por parte de las autoridades, se argumenta que estos eventos proporcionaran grandes ingresos que repercutirán  positivamente en las arcas municipales y en la economía de la ciudad. Sin embargo, conviene pensar bien y determinar cuál es el límite de la usurpación y en qué medida esas monedas suponen una compensación efectiva.

Lo mismo ocurre con la reserva en exclusiva del patrimonio natural para el interés privado. Los poderosos cazadores pretenden que el Gobierno modifique la Ley de Montes para utilizar el patrimonio natural público en jornadas cinegéticas, pretendiendo prohibir el paso a otros ciudadanos (senderistas, seteros, ciclistas), bajo el pretexto de “mejor hoy no pases, no vaya a ser que te mate accidentalmente” , o bien “si hoy pasas, o te multo o te mato”.

La ocupación privada de nuestro patrimonio cultural y natural está alcanzando unos niveles de enorme desfachatez, reflejo de estos tiempos en los que minorías poderosas y afines al poder actual, logran usurpar nuestra más valiosa riqueza (el patrimonio cultural y natural) para usos de interés privado, sencillamente porque “tenemos el dinero” para comprarlo. No es de recibo.

Asia-Pacífico: Una tensión peligrosa

J. ENRIQUE DE AYALA

Ilustración de EDUARDO ESTRADA

    El espectacular ascenso de China en las dos últimas décadas hasta un papel de potencia mundial que solo comparte con EEUU, tenía que producir necesariamente movimientos en el equilibrio geopolítico del área de Asia-Pacífico, convirtiendo a esta región en el centro de gravedad  de la política mundial. China fue en 2013  la primera potencia comercial del mundo (si no contamos a la UE en su conjunto), superando por primera vez a EEUU, al que adelantó también como primer importador de petróleo, y  -con ritmos de crecimiento superiores al 7,5% (aunque más moderados que en años anteriores)- podría convertirse en la primera economía del mundo en 2016, según un informe de la OCDE.
     La política exterior china se había caracterizado hasta estos últimos años por la prudencia en las relaciones con otras potencias, la entrada pacífica en países de África, Latinoamérica y Oriente Medio, en busca sobre todo de recursos energéticos, y la defensa del principio de soberanía y no intervención en los asuntos internos. De hecho,  la principal preocupación de seguridad de las autoridades chinas ha sido -y es aun- mantener la integridad territorial, amenazada por las tensiones separatistas en el Tibet y en Xinjiang, así como completarla con la integración de la autodenominada República China de Taiwan, un asunto que puede reactivarse en cualquier momento con consecuencias imprevisibles.
     A pesar de las declaraciones pacifistas de sus dirigentes, el poder militar de China ha crecido últimamente de manera alarmante, al tiempo que sus equipos y plataformas se modernizaban al nivel occidental, manteniendo siempre una importantísima capacidad nuclear. El presupuesto de defensa ha aumentado en la última década más de un 10% anual hasta situarse en 2012 en 100.000 millones de dólares (el segundo del mundo pero seis veces menos que el de EEUU), según fuentes oficiales chinas, aunque analistas internacionales consideran que existe una total falta de transparencia y creen que en realidad sería hasta un 50% superior al declarado. El tercer plenario del 18º Comité Central del Partido Comunista decidió crear el 12 de noviembre un comité de seguridad estatal que otorga un mayor poder en los asuntos de seguridad -tanto internacional como interna- al presidente Xi Jinping, que ha impulsado desde su llegada al poder, hace menos de un año, una política exterior  más agresiva en su zona de influencia. En los últimos años, China ha tenido disputas con Filipinas, Vietnam, Japón y Corea del Sur, siempre relacionadas con las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas.
     El 23 de noviembre Pekín hizo público el establecimiento unilateral de una zona de identificación de defensa aérea  (ZIDA) que se solapa con la japonesa y que incluye el espacio aéreo de las islas Diaoyu (Senkaku para los japoneses), ocho peñascos deshabitados, pero cuyas aguas  podrían contener importantes yacimientos de petróleo y gas. Las islas fueron transferidas  a Japón en 1972 por EEUU, junto con Okinawa, pero son reclamadas tanto por la República Popular China como por Taiwan. En los últimos años se han sucedido numerosos incidentes entre patrulleras marítimas y barcos de pesca de los tres países y en la República Popular se han producido manifestaciones nacionalistas en contra de Japón, y llamamientos al boicot de los productos japoneses. En China continúa muy viva la memoria de la guerra chino-japonesa que comenzó en 1937 y se prolongó -en el marco de la Segunda Guerra Mundial- hasta 1945.
     La visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe, el 26 de diciembre al Santuario Yasukuni, en el que están enterrados los soldados japoneses (incluidos 14 criminales de guerra) no ha hecho sino agravar el clima de tensión emocional entre ambos países. Abe, un nacionalista que accedió hace un año por segunda vez al puesto de primer ministro,  está promoviendo la transformación de las fuerzas de autodefensa japonesas en unas fuerzas armadas convencionales proyectables fuera de su territorio (lo que puede requerir una reforma de la Constitución pacifista impuesta por EEUU al final de la GM II). Por primera vez se ha aprobado una estrategia de seguridad nacional, se ha creado un Consejo de Seguridad Nacional, y se ha anunciado el aumento del presupuesto de defensa en un 5%,  así como la constitución de una fuerza aeronaval y anfibia con la que se podrían defender las islas en litigio. De todas formas, el desequilibrio de fuerzas es tan grande (las fuerzas armadas chinas disponen de unos 1.500.000 efectivos, además de capacidad nuclear, frente a 250.000 de las japonesas) que Japón seguirá aún por mucho tiempo dependiendo de EEUU para su defensa.
     La visita de Abe a Yasukuni tampoco ha sentado nada bien en Corea del Sur que sufrió en la GM II la brutalidad de la ocupación japonesa. Seúl mantiene también con Tokio un litigio por las islas Dokdo (Takeshima en japonés), dos islitas donde Corea tiene una pequeña guarnición de guardias costeros,  en cuyas aguas podría haber yacimientos de gas, reivindicadas por Japón. El  8 de diciembre Corea del Sur reaccionó al establecimiento de la ZIDA china, ampliando la suya, que se solapa con aquélla (y con la japonesa), e incluye la estación de investigación oceánica de Ieodo, construida sobre un arrecife sumergido que también reivindica Pekín.
     Por su parte, Corea del Norte continúa siendo una amenaza regional y global por la hostilidad y el carácter  autárquico y paranoico de sus gobernantes que han emprendido una loca carrera armamentística, incluyendo un pequeño stock de armas nucleares y vectores de lanzamiento todavía imperfectos, que les ha llevado incluso a debilitar sus tradicionales relaciones con China. La reciente crisis interna que condujo a la ejecución de Jang Song-thaek, tío del dictador Kim Jong-un y prohombre del régimen, puede ser un indicio de inestabilidad política que, de radicalizarse, no contribuiría precisamente a mejorar la situación en la península coreana.
     En última instancia, una evolución negativa de la situación en esta área podría conducir a un enfrentamiento entre China y EEUU, que no consentiría una agresión contra  Japón o Corea del Sur,  aliados clave con los que tiene acuerdos de defensa,  y en los que despliega bases militares con importantes efectivos (50.000 y 30.000 respectivamente), incluyendo fuerzas nucleares. EEUU no tiene ninguna intención de respetar la ZIDA proclamada por Pekín en la que entraron el 26 de noviembre dos bombarderos B-52 norteamericanos. Washington mantiene además relaciones no oficiales con Taiwan  y probablemente reaccionaría ante cualquier intento de la República Popular de someter a la isla por la fuerza. EEUU ha basculado su poder militar hacia el Pacífico, donde tiene desplegado el 50% de su fuerza naval y ha aumentado sus contingentes en Filipinas y Australia. En la actualidad es la potencia militar hegemónica en la zona y se vería inevitablemente implicado en cualquier incidente o modificación del statu quo estratégico que se pudiera producir. Además, no se puede olvidar que China representa -y representará más en los próximos años- un rival comercial y económico muy importante para EEUU, y este tipo de rivalidades han dado lugar en el pasado a las guerras más cruentas.
     En definitiva, el área Asia-Pacífico contiene todos los elementos necesarios para que se produzcan en cualquier momento crisis graves, cuyas consecuencias podrían tener una repercusión global.  La concurrencia geográfica de una nación de vocación hegemónica -EEUU -, con otra en ascenso imparable -China-, y con la competencia de dos potencias industriales como Japón y Corea del Sur, constituye el escenario perfecto para una confrontación, que constituye hoy en día la mayor posibilidad de conflicto armado entre estados consolidados que existe en nuestro planeta. Esperemos que el buen juicio y la terrible experiencia de la GM I (de cuyo inicio se cumplen 100 años) y de la II, que transcurrió en gran parte en aquéllos mares,  guíen  a los dirigentes de estos países para buscar soluciones negociadas -siempre posibles, siempre deseables- a todos los litigios, presentes y futuros, en favor del imprescindible mantenimiento de la paz.

Impotencia

SANDRA LEÓN

Fréderic Oudéa, presidente de Société Générale, en las oficinas de la entidad en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Hace unos días, El País publicaba una entrevista con el presidente del banco francés Société Général. Lo interesante del artículo es que en algunas de las respuestas del banquero pueden encontrarse pistas sobre la relación entre el poder político y el poder económico en Europa. En concreto, su contestación a las preguntas pueden conectarse con tres problemas del actual contexto europeo: la democracia nacional como “obstáculo” para las reformas; la impunidad del sector bancario y el trato privilegiado por parte del poder político; y la creación de bancos demasiado grandes cuyos desmanes solo puedan ser resueltos con ayuda pública.
El primer ejemplo lo encontramos al final de la entrevista, en un comentario que inquietaría a cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad democrática. En su respuesta a la última pregunta, el banquero afirma apoyar la necesidad de reformas estructurales en algunos países y la unión bancaria, añadiendo que “hay que aprovechar que en 2014 y 2015 no hay elecciones en la mayoría de países para avanzar”.
De sus palabras se deduce que “avanzar” significa, en el contexto actual, hacerlo pese a la democracia. Que el presidente de un banco haya deslizado tal comentario sin atisbo de duda ni rectificación nos da una idea de lo interiorizado que está el discurso de que la democracia es un problema en la actual gestión de la crisis. Su reflexión es un reflejo de la forma de hacer política que se ha impuesto en Europa, en la que la existencia de mayorías nacionales en contra de las reformas impulsadas es percibida como un estorbo, y no como una señal para un cambio en la dirección de las políticas.
En segundo lugar, sorprende la suavidad con la que este banquero aborda la autocrítica a la hora de hablar de la implicación de su banco, junto con otros, en la manipulación del Euribor (multados por la Comisión Europea). La ausencia de afectación en su discurso refleja en gran medida la seguridad de quien se sabe no cuestionado por su entorno. Es un ejemplo más de la resistencia del poder del sector bancario, cuya  legitimidad como interlocutor frente al poder político permanece impermeable a los abusos cometidos. Las escuetas explicaciones del banquero son un ejemplo de la desconsideración de la banca hacia una ciudadanía que está sufriendo los costes directos de sus abusos (hipotecas más caras) o indirectos (rescates).
Finalmente, el banquero propone la creación de bancos más grandes en Europa, “como los de Estados Unidos”. El problema de esta propuesta es que entidades más grandes conllevan también más riesgo para el sector público. Si son demasiado grandes no será posible hacerles responsables frente a sus riesgos, pues serán “demasiado grandes para dejarlos caer”, y los gobiernos acabarán saliendo una vez más a su rescate. De hecho, para evitar que se repita la situación del 2008, lo que se está discutiendo en EEUU es precisamente una norma que reduzca el tamaño de las entidades separando la banca comercial de la de inversión.  
Lo peor de los rescates que se han producido no han sido los costes presupuestarios asumidos por todos, sino el doble discurso frente a la banca y la ciudadanía: mientras se apelaba al “riesgo moral” para negar la ayuda a quienes iban a ser desahuciados, se destinaban enormes sumas de dinero público para salvar a quienes contribuyeron a crear la crisis financiera.
A estas alturas los ciudadanos ya habrán comprendido que cualquier comparación entre el trato que se está dando al sector bancario y a la ciudadanía en esta crisis conduce a un sentimiento de infinita impotencia. Y la realidad no hace más que brindar ejemplos a diario para alimentarla. El más reciente lo tenemos en casa. Mientras los bancos consiguen que el gobierno de Mariano Rajoy proteja el anonimato de los banqueros que sean multados por irregularidades, el Ministro del Interior pretende hacer un Registro policial de aquellos ciudadanos que han decidido no dejarse vencer por la impotencia.