Cooperación cultural digital para un futuro más diverso

Mª TRINIDAD GARCÍA LEYVA

Si cooperar es poner en marcha un proceso con otro u otros para conseguir un mismo y consensuado fin, hacerlo en materia de cultura es un ejercicio insoslayable para cualquier sociedad democrática. Y como la acción en cultura es inseparable de su perfil comunicativo y, a su vez, hace tiempo sabemos que es una dimensión inseparable de la idea de desarrollo, preguntarse por la cooperación cultural es casi una obligación. A pensar su proyección en un escenario digital pretende contribuir el trabajo titulado “La cooperación cultural para el futuro digital. Recuperar la diversidad como eje central en tiempos de crisis”, y publicado por la Fundación Alternativas.

En un contexto en el que a nivel internacional la agenda de desarrollo se encuentra en plena revisión, con el debate alrededor de lo que se conoce como los Objetivos del Milenio y la Estrategia post-2015, y a nivel estatal se discute una nueva Estrategia de Acción Exterior, la cooperación oficial española en materia de cultura debe reflexionar sobre el camino transitado pero, sobre todo, prepararse para el futuro. El mencionado trabajo ofrece un diagnóstico de su situación para preguntarse por su impacto e implicaciones futuras, ya que tiene por objeto detectar los desafíos que tiene la cooperación cultural para concretarse en un entorno digital, además de y más allá de la crisis. Para ello, incluye las visiones y opiniones de un grupo de expertos y dirigentes oficiales iberoamericanos.

El balance que se ofrece, crítico, llama la atención sobre la escasa prioridad que tiene la cooperación cultural para el Gobierno, claramente sometida a una reorientación basada en una fuerte reducción presupuestaria y una estrategia política desdibujada. Sin embargo, la existencia de iniciativas como la Convención sobre la diversidad cultural de la UNESCO, ratificada por España en 2006, reivindica la contribución de la solidaridad y cooperación internacionales a la  promoción y protección de las expresiones culturales. Por lo que bajo este paraguas se invita a repensar la cooperación oficial en materia de cultura digital a partir de las cuatro siguientes propuestas:

La acción debe articular tanto la cultura clásica y las industrias culturales, como el resto de expresiones que circulan por fuera de estos circuitos, incorporando urgentemente sus manifestaciones digitales, multimedia y en línea. Los usuarios y creadores deben colocarse en el centro de las decisiones, asegurando su encuentro a través del acceso digital, gratuito, abierto y colectivo a la cultura.

Tanto desde un punto de vista institucional como de formación y profesionalización de la gestión, es necesario alcanzar el equilibrio entre promoción, proyección y cooperación, entendida ésta no sólo como co-producción sino también como co-distribución y co-promoción cultural.

Debe asegurarse la sostenibilidad a medio y largo plazo, para lo cual hay que explorar alternativas de financiación que pueden ir desde el crowdfunding al apoyo indirecto a través de cooperativas y asociaciones culturales que promuevan la descentralización y la autogestión.

Finalmente, en un escenario inmaterial y trasnacional como lo es el de la cultura digital, la cooperación debe encontrar la forma de desplegarse y declinarse de modo coherente en los ámbitos internacional, nacional y local.

Mª Trinidad García Leiva es investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid.

Economía y frustración

CARLES MANERA

Imagen: Francisco Seco (Associated Press)

    En España, el paro va a subir en 2014 (hasta llegar al 27 por ciento), la recesión se agudizará con anémicos crecimientos del PIB, la deuda y el déficit se incrementarán. Este corolario es lógico: sin crecimiento robusto apenas hay ingresos. Sin éstos, no existe la recuperación. Pero fíjense: el dato en el que no se pone suficiente énfasis es el de la inflación: pasamos de un 3 por ciento a un 1,5 por ciento. Estamos metidos de lleno en un escenario pre-deflacionario, la peor noticia de todas. También es coherente: la inversión pública y la privada se retraen, la demanda interna es escasa, el consumo se ahoga. Y los precios caen.
    El contexto mundial actual ofrece contrastes. Observen: Estados Unidos crece casi un 4 por ciento, con una perspectiva del 3 por ciento en 2014. Japón conocerá igualmente tasas positivas del 3 por ciento. Reino Unido casi un 1 por ciento. Es decir, aquellas áreas que tienen moneda propia y capacidad para que sus bancos centrales actúen con celeridad y contundencia, como lo están haciendo en Estados Unidos, Japón y Reino Unido, a fuerza de grandes inyecciones de liquidez, la crisis se atenúa, se amortigua. ¿Y en la zona euro? La miopía del Banco Central Europeo, teledirigido por el Bundesbank y la cancillería germánica, coloca a nuestro espacio directo en una tasa negativa del -0,3 por ciento como cierre para 2013, con perspectivas inciertas y oscilantes para 2014 e inquietud manifiesta por la deflación, tal y como ha reconocido el propio Mario Draghi.
    El Fondo Monetario Internacional advierte que, a pesar de estos datos, debe seguirse en la senda de la austeridad, sobre todo en la Europa del sur: más ajustes, más recortes, menos derechos sociales por tanto. Menos gasto público, en definitiva. Lo contrario de lo que el propio Fondo decía en un informe anterior: los bandazos son descomunales; la incapacidad, enorme; el despiste, monumental. De nada sirve la experiencia de la Historia Económica: el arsenal de casos concretos y argumentos teóricos de lo que no se debe hacer en un ámbito de crisis aguda. Al enfermo en la UVI se le aplican continuas sangrías –en vez de generosas transfusiones– que lo están dejando extenuado, sin capacidad de reacción. Esas magnitudes han encontrado al presidente Rajoy noqueado, con el único oasis de su visita a Obama y al Foro de Davos, incapaz de ofrecer una hoja de ruta sensata, que obedezca a un programa de inversiones tendentes a paliar los efectos de las medidas económicas.
    Urge un cambio profundo en la política económica europea. No se saldrá de la crisis, que ya es estructuralmente severa, sin un nuevo recetario, que arrincone una austeridad que conduce a mayores desigualdades, este castigo sin par que se está aplicando, sin piedad, a los países del sur. Mientras el gobierno español se regodea en su espejismo, la población se ubica en el mundo real de la frustración, de la crispación, de la desesperanza, del desengaño.

Venezuela, presente y futuro

JUAN PABLO DE LAIGLESIA

Imagen: J. BARRETO (AFP)

La situación en Venezuela ha tomado los derroteros que nadie deseaba pero que muchos temían y anticipaban. La ola de protestas que recorre el país desde hace diez días y que ya ha provocado 6 muertos, más de un centenar de heridos y numerosos detenidos y en las que han irrumpido los temidos "colectivos" irregulares de defensa del régimen ante la pasividad de las Fuerzas del orden, no son sino fiel reflejo y la expresión de la crispación en que está sumida una sociedad profundamente dividida y polarizada en la que parecen haberse cerrado todos los canales de diálogo político y no se atisba la menor voluntad de entendimiento para superar esas graves divisiones.

Más allá del detonante que han sido las protestas estudiantiles, y del progresivo descontento social ante la precaria situación económica del país, la causa real de estos graves episodios hay que buscarla en la mala digestión que tanto el Chavismo como la oposición han hecho de los resultados de los procesos electorales del pasado año que redujeron sensiblemente las distancias entre ambos bloques y sus apoyos sociales y dibujaron un escenario de profunda división social. Para el Chavismo, la victoria obtenida en ambos procesos, una más de la ininterrumpida cadena de victorias electorales que jalonan el surgimiento y desarrollo de la Revolución Bolivariana, fue el aval (y coartada) para una nueva vuelta de tuerca en la criminalización de los perdedores y dio alas a una retórica agresiva, descalificadora y victimista/conspirativa; el terreno ganado por la oposición, por su parte, fue respondido con la profundización de la revolución, medidas más populistas que eficaces en materia económica y seguridad ciudadana, la aparición de nuevas pulsiones autoritarias dificultando el trabajo de los medios de comunicación y la utilización del rodillo parlamentario. La victoria, como aval de la huida hacia adelante.

No fue más equilibrada la digestión de los resultados por la oposición al chavismo, que habiendo planteado ambas elecciones, más acusadamente las locales de diciembre, como plebiscitos contra el régimen, han optado por sobrevalorar sus moderados avances en los resultados globales y minusvalorar en cambio que la mayoría ha continuado apoyando la permanencia del Chavismo y que Maduro fue legítimamente electo Presidente. Coherentemente, desde entonces todas las acciones de la oposición han ido en la dirección de deslegitimar las credenciales democráticas del Chavismo y de tratar de obtener por la movilización social lo que no lograron en las elecciones pasadas. Es suficientemente expresivo que el slogan movilizador de las últimas protestas haya sido "la Salida", en referencia inequívoca al objetivo que persiguen.

Hay dos elementos nuevos que destacan en la situación actual. Uno interno y otro externo. El primero, el aparente agotamiento del anterior líder de la oposición Henrique Capriles y la aparición de Leopoldo López como nueva referencia y con él, nuevos lemas, mayor capacidad movilizadora, nuevas esperanzas y nuevos métodos. En esta primera fase de su liderazgo lo más notable es la desaparición de las llamadas al diálogo tan habituales en el discurso precedente de la Mesa de la Unidad Democrática y la articulación de un método de movilización constante para enfrentar al chavismo en la calle ante el bloqueo de las instituciones políticas. Apuesta arriesgada por cuanto si la movilización social no encuentra salida en el diálogo político no hará sino llamar a su control mediante la fuerza y provocar una escalada de enfrentamientos sociales que hará más profunda y difícil de salvar la brecha que divide al país.

La segunda novedad ha sido la reacción externa, particularmente la de América Latina, ante estos acontecimientos. No ha salido esta vez inmediatamente y en tromba en apoyo de la legitimidad democrática del Presidente y del régimen venezolano como estábamos acostumbrados. Ha sido mucho más matizada. De hecho, ha sido solo MERCOSUR, actualmente bajo presidencia rotatoria venezolana, la única instancia que ha hecho referencia explícita a la intencionalidad desestabilizadora de las movilizaciones, mientras UNASUR y CELAC preferían poner el acento en la condena de la violencia y el llamamiento a la apertura de vías de diálogo político para la superación de la crisis. Un enfoque que revela la honda preocupación que recorre la región por la evolución de los acontecimientos y el riego que percibe de un mayor deterioro si no se abren vias políticas entre las dos mitades de la sociedad venezolana. Es el mismo enfoque del Secretario General de Naciones Unidas y del Presidente Obama, aunque la vía que éste último ha sugerido, la OEA, el más moribundo de los organismos multilaterales  regionales, sea a todas luces una via muerta.

Es urgente frenar la escalada y sacar de la calle el debate político. La noticia de que la fiscalía ha retirado los cargos de terrorismo y homicidio que había contra Leopoldo López puede ser un principio para una nueva dinámica, pero seguramente no será suficiente. Serán necesarios pasos creíbles en la dirección de una recuperación real del mutuo respeto y es muy dudoso que haya capacidad y estrategia suficientes, tanto por el chavismo como por la oposición, para asumir los costes y las cesiones de una reorientación del actual escenario de escalada de la confrontación hacia el diálogo político y el normal juego democrático de las instituciones. Por ello la ayuda de los países de la región se hace imprescindible e insustituible para dar cobertura a los movimientos que ambas partes tendrán que hacer. Buena ocasión para que la CELAC, presidida actualmente por Costa Rica, diera una primera prueba del papel que se supone está llamada a jugar como nuevo y central actor regional.
De otra forma el futuro de Venezuela se presenta más que sombrío.  

Puesta al día de la Sanidad española II

JAVIER REY

Instalaciones del hospital Infanta Sofía. / ISAAC F. CALVO

Finalizaba la primera parte de este artículo proponiendo análisis de las posibilidades de que la  privatización sanitaria intentada en Madrid, por ahora fracasada de manera estrepitosa, se imponga en el futuro. Para ello, podríamos valorar las reacciones habidas en tres ámbitos diferentes ante ese fracaso.  

1) La primera a destacar, en abierto contraste con el desánimo que había cundido entre toda clase de movimientos opositores a la privatización en los momentos previos a la decisiones del TSJM, es la euforia que parece haber cundido entre las plataformas ciudadanas ante la paralización “provisional” pero definitiva del proceso.
Derivar de una decisión judicial que el éxito de la paralización del proceso se ha debido principalmente a la oposición "en la calle" contra el mismo, como están interpretando algunos analistas y no pocos comentaristas de determinados medios, que engloban este movimiento de oposición con otros recientes (Gamonal) es cometer un error de bulto. Lo que caracteriza a este gobierno madrileño es aplastar con su mayoría absoluta, si dispone de ella, la opinión expresada de una u otra forma por grupos de ciudadanos más o menos amplios que se opongan a las medidas que aquéllos adoptan.
Debería estar claro que las demandas de  grupos de ciudadanos precisan para imponerse de una traducción expresa al terreno político, especialmente en forma de alternativa positiva (cómo organizar y mantener unos servicios públicos universales de igual acceso para todos) al proceso que se pretende detener. Más aún cuando se trata de cambios "estructurales" complejos, como es el proceso de privatización de la gestión, en un terreno como el sanitario en el que la oferta de servicios dispone de una amplia capacidad de inducir la demanda. El apoyo prestado por razones de interés personal o local por algunos alcaldes (y los vecinos a los que representaban) de los partidos que ahora se oponen a la privatización, a propuestas y decisiones (del PP) como es la construcción con financiación privada de ocho nuevos hospitales en diferentes pueblos y ciudades de Madrid, debería servir de alerta al respecto.
Debería destacarse que si el proceso privatizador ha quedado detenido en este caso y en este momento no ha sido por la intensidad de las protestas en la calle como se ha podido comprobar por cualquier asistente a las “mareas”. Sino que ha sido por la decisión de conducir por la vía del recurso a las vías legales por parte de algunos grupos, singularmente profesionales sanitarios, y la oposición al proceso privatizador. Lo que, además, se ha visto facilitado por la gestión chapucera y llena de irregularidades “técnicas” que ha llevado a cabo la Comunidad a lo largo de todo el proceso, que están en la base de la decisión paralizadora del mismo por la Sala Tercera.
No entenderlo así puede llevar a conducir la oposición ciudadana por caminos de difícil salida e imposibles de mantener, al menos con carácter mayoritario, lo que les haría perder su valor. Un ejemplo de iniciativas bien intencionadas y entusiastas, que podrían, sin embargo, hipotecar su eficacia a medio plazo es la propuesta de una de esas plataformas ciudadanas en Madrid de iniciar una recogida de firmas en la que comprometer la renuncia expresa de los ciudadanos que la suscriban a ser remitidos a centros privados para practicarles exploraciones o intervenciones que tengan mayor demora en centros públicos.  La organización de la atención sanitaria es un problema político que deben gestionar las autoridades a las que se ha elegido para hacerlo, y su solución no puede de ninguna manera pretenderse que se haga recaer principalmente sobre los ciudadanos que precisen asistencia, sean cuales sean cuales sean sus posicionamientos políticos.
Más aún cuando la forma de favorecer los intereses privados de las empresas que resultaron adjudicatarias del concurso fallido, y de las que se mueven en el mismo entorno, agrupadas en torno al IDIS (Instituto de Desarrollo e Innovación Sanitaria), será previsiblemente en el período transitorio más inmediato el aumento de las desviaciones de pacientes a centros privados con los fines citados, que ya venía siendo empleada aquí. Esta situación  que, por otra parte, será casi obligada en muchos casos como consecuencia del deterioro de los centros públicos en términos de capacidad asistencial, disponibilidad de tecnologías, reducción de las plantillas y demás, se ha venido produciendo de manera deliberada y sin justificación  alguna. Además, es un instrumento para favorecer el proceso privatizador desde hace años.
Las demandas de esas empresas para compensar la paralización del proceso privatizador no es más que una forma de hacer explícita la necesidad de obtener la rentabilidad buscada a las inversiones que han hecho a lo largo de los últimos años para expandir su propia red. Se puede ver al respecto la creación de nuevos centros y la ampliación de los medios materiales y técnicos de otros que han llevado a cabo en los últimos años en Madrid compañías de seguros y cadenas de hospitales privados, del que es un buen ejemplo el Hospital de Madrid, cuyos directivos son los que tuvieron la iniciativa de crear el IDIS con objeto de promover los intereses de todos sin contradicciones entre ellos. El riesgo de no obtener la compensación pública deseada es hoy más verosímil cuando a la vez se está poniendo en cuestión la cobertura pública de los riesgos asumidos por  las participantes en otra “burbuja”: la creada por las constructoras y concesionarias de las autopistas radiales promovidas por el mismo gobierno “popular” de la Comunidad de Madrid, encabezado entonces todavía por Esperanza Aguirre.
La respuesta al deterioro  de los centros públicos que corre paralelo al fomento de los centros privados no debe ser sólo una cuestión ciudadana, sino fruto del control político del ejercicio de sus (ir)responsabilidades por la Comunidad de Madrid por los únicos que pueden ejercerlo, que son los partidos de la oposición.  

 

Túnez trae esperanza a las mujeres

ANA MARTÍNEZ GARCÍA-MORENO

Imagen: REUTERS

El pasado 26 de enero, tres años después de la huida de Zine el Abidine Ben Ali, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Túnez aprobó la nueva constitución. Tras dos años de discusiones y concesiones entre islamistas y laicos, la constitución fue aprobada por una abrumadora mayoría. Tras conocerse los resultados de la votación, se cantó el himno nacional, se exhibieron banderas tunecinas y hubo abrazos entre los asistentes. Los miembros del Parlamento no exageraban, había sobrados motivos para celebrarlo. La constitución que se firmó el pasado mes en Túnez es la más progresista del mundo árabe y eso se debe, en gran parte, al avance que supone para la igualdad de género. La nueva constitución promete “proteger los derechos establecidos de la mujer” y esforzarse por desarrollarlos y fortalecerlos. También garantiza la “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el acceso a todo tipo de niveles de responsabilidad y en todos los campos”. El artículo que más expectación ha despertado es el que respalda la paridad entre hombres y mujeres en las asambleas electas, ya que convierte a Túnez en una de las naciones más avanzadas de la región. Este país árabe ha dado un gran paso a favor de la igualdad de género, pero lo conseguido todavía es frágil y requiere una atención constante.

Para entender lo que supone esta nueva constitución para las mujeres tunecinas, es necesario remontarse a la época de Habib Bourguiba. En 1956, Bourguiba aprobó un código que supuso una conquista para las mujeres del país debido a que les concedía el derecho al divorcio, instauraba una edad mínima para el matrimonio y prohibía la poligamia. Más adelante, Ben Ali (a pesar de todo) promovió la educación y el empleo de las mujeres, incrementando así el número de niñas escolarizadas. Según datos de 2010 del Ministerio de Educación tunecino, el porcentaje de mujeres cursando estudios de secundaria aumentó del 25,6% entre 1965 y 1966 al 58% entre 2008 y 2009. Sin embargo, la revolución árabe sembró incertidumbre entre las mujeres progresistas del país. Desde que Ennahda llegó al poder en 2011, la tensión entre este partido islamista y los grupos opositores laicos ha sido palpable. El asesinato de dos políticos de la oposición el año pasado produjo violentos altercados en las calles del país. Debido a las circunstancias que afrontaba Túnez, muchos ciudadanos y organizaciones de derechos humanos temían que los derechos de la mujer estuvieran en peligro. Este miedo no carecía de justificación. Durante el verano de 2012, el gobierno pretendía aprobar el borrador del artículo 28 de la constitución que consideraba a la mujer “una socia del hombre” y  “complementaria” a éste. Gracias a la movilización de socialistas y feministas, el gobierno dio un paso atrás y se vio obligado a modificar el artículo.

Lejos de limitar los derechos de la mujer, el país ha conseguido llegar a un compromiso para fortalecer la igualdad de género. Lo ocurrido el pasado mes de enero significa una victoria y un alivio para las progresistas tunecinas. Sin embargo, no todo está ganado. Todavía existen muchos motivos por los que los ciudadanos y la comunidad internacional deben permanecer escépticos.

En primer lugar, es importante recordar que la firma de la nueva constitución no convierte automáticamente a Túnez en un país estable. Muchas cosas pueden suceder, y los ciudadanos y organizaciones a favor de los derechos humanos tienen que seguir pidiéndole cuentas al gobierno. Es necesario que estos grupos continúen reclamando mejores condiciones para las mujeres y estén pendientes de las medidas que tome el gobierno. Es demasiado pronto para cantar victoria y todavía queda mucho por mejorar. El Instituto Nacional de Estadística (INS) de Túnez publicó en 2009 que tan solo el 25,4% de las mujeres en edad de trabajar (comparado con el 69,6% de los hombres) estaban empleadas en el sector formal.
Algunas organizaciones internacionales han reclamado un lenguaje más específico en los artículos relacionados con los derechos de la mujer para conseguir una mayor eficacia a la hora de aplicar la legislación. Muchos dudan de que estos cambios lleguen realmente a beneficiar a las tunecinas. Esta nueva constitución es un gran paso, pero hay que asegurarse de que se lleva a la práctica. Ahora todo depende de los altos cargos tunecinos, quienes tienen que lograr que las mujeres puedan ejercitar estos derechos. Túnez debe seguir en el punto de mira de la comunidad internacional porque ello redundará sin duda en que el esfuerzo por cumplir estas leyes sea mayor.

Además, para que estos logros no sean en vano, Túnez tiene que concentrarse en mejorar la situación económica. Algunos periódicos internacionales han criticado la poca atención que han estado prestando los políticos tunecinos a la reforma económica. Según el INS, el nivel de desempleo en el tercer trimestre de 2013 era del 15,7%. La desigualdad fue lo que llevó a la gente a la calle en 2011 y, a pesar de todo, todavía no se ha tomado ninguna medida para resolver este problema.

Por último, la estabilidad del país y la confianza en el gobierno también dependen de que el poder judicial sea independiente. El artículo 103 de la nueva constitución declara que los jueces serán nombrados por el presidente, lo cual ha hecho que miles de personas salgan a la calle para reclamar un poder judicial autónomo.
Se ha hecho esperar, pero por fin se vislumbra un ápice de luz en medio del caos de la revolución árabe.

Las publicaciones de la Fundación Alternativas, ¿varían según los cambios de Legislatura?

PAULA PÉREZ MULEIRO

Imagen: SAUL LEB (AFP)

•    Durante la legislatura de Rajoy se han incrementado de forma excepcional los estudios sobre “laicismo” y “empleo”.
•      El total de publicaciones muestra la correlación entre el aumento de los estudios sobre Economía y la crisis económica.
•   La Fundación Alternativas combina una cualitativa variedad publicaciones que la sitúan a la vanguardia de la investigación progresista española.

Cuando hablamos de investigación, el contexto es un factor ineludible. Uno se pregunta sobre un tema cuando éste resulta relevante para la sociedad en la que vive. Sin embargo, ¿publicamos bajo la influencia de la agenda política? A continuación nos disponemos a mostrar si las tendencias de cambio en la Fundación Alternativas desde el año 2003 acompañan a los cambios del ejecutivo.

La Fundación Alternativas produce anualmente una gran diversidad de publicaciones que atañen a los temas mostrados en el gráfico 1. Aquí podemos ver la tendencia de cada uno de los contenidos de sus documentos por legislaturas desde el año 2003, clasificándolos por los gobiernos de Aznar, Zapatero y Rajoy.  

Figura 1: Temáticas de las publicaciones de F. Alternativas por legislatura.
Fuente: www.falternativas.org

Atendiendo a este gráfico, percibimos que en los últimos dos años ha aumentado de forma notable los trabajos centrados en crecimiento económico, política social y laicismo. Es cierto que los documentos que abordan las instituciones y la calidad de la democracia han descendido,. Quizás, la existencia de un trabajo muy consolidado como es “Informe sobre la Democracia en España” (IDE), puede explicar este descenso. En cambio, la reciente aparición en 2012 del “Zoom Económico” está muy relacionado con el incremento de la temática sobre crecimiento económico y empleo. La pregunta que surge es: ¿hay relación entre estos cambios temáticos y las circunstancias políticas, sociales y económicas?
En el gráfico anterior observamos que, por un lado, el contexto de la II legislatura de Zapatero es un momento clave de cambio en las publicaciones. Por otro, tal y como se acaba de señalar, en los últimos años se produce un fuerte aumento del estudio sobre el crecimiento económico. Pero, ¿aparecen estos fenómenos a raíz de la crisis económica? O por el contrario, ¿es la investigación pionera en adelantar posibles consecuencias sociales?
La conclusión no está clara. Tal y como muestra la figura 2, la similitud entre las variaciones de la tasa de paro y las publicaciones sobre “crecimiento económico” es muy estrecha, siendo clave el aumento de ambas en 2008.

Figura 2:
Fuente: INE / El País

En definitiva, la Fundación Alternativas publica anualmente una heterogénea serie de documentos sobre la dimensión social, económica, política e institucional de nuestro país. Sin embargo, su independencia no equivale a la ausencia del interés por el estudio de la realidad social, pues el investigador se encuentra en continua interrelación con el mundo en el que vive, creando un fuerte vínculo entre pensamiento y acción. Todo ello es una muestra de las ideas de alto valor cualitativo que la Fundación Alternativas produce para las futuras decisiones políticas. Situado a la cabeza en el Ránking Global de Think-Tanks 2013 de la Universidad de Pennsylvania, Alternativas juega un papel político proactivo, a la vanguardia de la creación del pensamiento progresista español.    

Paula Pérez Muleiro, estudiante de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid

Más cultura para salir de la crisis

FERNANDO RUEDA

Demostrar que el sector cultural tiene una gran capacidad de  generación de riqueza, crecimiento y empleo ha sido una de las preocupaciones de no pocos analistas investigadores y otros agentes durante las últimas décadas. Desde distintos enfoques, partiendo de muy diferentes premisas sobre qué sectores productivos forman parte de eso que llamamos industrias culturales y creativas,  la lista se amplia o se reduce en función de corrientes de opinión o intereses concretos.

Las opciones son amplias: desde aquellas que incluyen solo a las industrias clásicas (cine, música y libro),  a otras que añaden las de contenidos y  entretenimiento,  de comunicación, o todas las relacionadas con la propiedad intelectual,  u otros sectores anejos, culturales o creativos, como el turismo cultural, el diseño, la publicidad o la arquitectura. O incluso aquellas que no son puramente industrias en tanto que productoras de bienes de consumo en serie, como los museos, el patrimonio, las artes escénicas, o las artes visuales.

Desde cualquiera de estos enfoques, se han generado en los últimos años datos interesantes sobre el aporte de la cultura a la economía, como su peso relativo en el PIB, el volumen y perfil del empleo cultural, el peso de las exportaciones, o los niveles de consumo cultural, etc. Entre los factores que influyen positivamente, consideramos  que las industrias culturales y creativas tienen generalmente altas tasas de retorno de inversión, altos niveles de competitividad en comparación con otros sectores, y un capital humano más cualificado.

Además, para abordar las bondades de la cultura se añaden - y se mezclan- argumentos relativos a su capacidad para generar cohesión social, riqueza patrimonial, valores, símbolos e identidades, capacidad crítica o desarrollo de la libertad personal y colectiva. Y con todo ello, el  debate genera algunas controversias en cuanto a las políticas que a partir de esos argumentos se deben poner en práctica.

No debemos olvidar, en cualquier caso que el sujeto de las políticas relacionadas con la cultura,  no es la industria cultural en sí,  o los creadores, productores, editores u otros intermediarios, sino, como en el resto de políticas públicas, el centro de las mismas no es otro que el ciudadano. El apoyo al sector cultural y creativo en este sentido debe ser un  medio instrumental.

En la cultura hoy se está dando una crisis en tres dimensiones (económica, estructural, e ideológica):  En medio de la actual crisis económica en España, que ha penalizado el consumo cultural  y  ha desmantelado el sistema de apoyos públicos a la cultura que venían funcionando hasta ahora, hay que sumar una crisis estructural más de fondo,  debido a la revolución tecnológica y digital que está transformando los hábitos de consumo y ha puesto en cuestión no pocos modelos de negocio de la era analógica.  Y en el fondo se trata también de una crisis de ideas y valores, en la que se cuestiona el papel del Estado y de la esfera pública en los asuntos culturales, en los que ganan terreno aquellas propuestas políticas que priman las leyes de mercado y la desaparición de los servicios públicos no esenciales, entre los que figuran muchos de los servicios culturales.

El peso de los intereses de esta economía ha llegado a tener tanta influencia en decisiones de Gobierno que cada día nos encontramos con decisiones que sitúan a la cultura únicamente como parte del negocio del entretenimiento, tanto en su faceta pública (y en el castigo consiguiente a usuarios y empresas como subidas de impuestos y recortes en los apoyos), como en su defensa de los sectores tradicionales y más reacios a los cambios.

Pero el sector cultural en tanto que sector productivo es, por muchos motivos, una interesante apuesta para un nuevo modelo que ayude a consolidar un sistema económico más fuerte y sostenible. Si bien no hay soluciones a corto plazo,  si es primordial revertir las medidas cortoplacistas que se han tomado en los últimos tiempos.

Entre otras posibles  soluciones,  se puede apostar por el desarrollo de una verdadera política industrial para la cultura, por generar políticas culturales redistributivas, por invertir en innovación social y cultural y por impulsar lo más posible el acceso al entrono digital…

En primer lugar se trataría de llevar a cabo una reforma fiscal para el sector: España es el país de la Eurozona con el IVA cultural más alto. Frente a una media del 8%, nuestros productos soportan un IVA del 21%. Los recortes en los presupuestos del Estado y de las administraciones autonómicas y locales han sufrido drásticos ajustes en los últimos años, en algunos casos hasta el 80% y muchas partidas prácticamente han desaparecido.

En segundo lugar se debe llevar a cabo una actualización en toda regla del marco legislativo que tenga en cuenta la actual revolución digital. A causa de la irrupción de lo digital, los derechos de autor y de propiedad intelectual han sufrido un gran desajuste. Aparecen a la vez, nuevos modelos como la gestión colectiva de derechos de autoría que buscan mayores equilibrios entre el derecho de autor y la necesidad de la sociedad de acceder a la información, el conocimiento y la cultura; o cuestiones como el papel de los productores de contenidos y los proveedores de telecomunicaciones en el entorno digital o la distribución de ingresos por propiedad intelectual entre el creador, el productor, el consumidor y el distribuidor. Se hace imprescindible una adecuación y actualización de políticas y leyes de modo que nuestras industrias sean más competitivas y el capital humano en cultura sea una inversión fundamental.

En cuanto a la financiación, dado que el sistema de subvenciones toca a su fin y no ha sido sustituido por un modelo alternativo, hace falta un nuevo marco político que ofrezca el debido reconocimiento social a creadores y empresas,  un cambio en la cultura organizativa de las instituciones culturales públicas para una más eficaz búsqueda de financiación privada o el control, la transparencia y la responsabilidad de las entidades involucradas en el mecenazgo. También focalizar en el apoyo al acceso a la cultura por parte del ciudadano.

Por último,  convendría apoyar mejor la competitividad de la cultura española en un mercado global. Los nuevos mercados que se mueven por este nuevo entorno digital, se ven afectados por diversos factores entre los que destacan las condiciones de acceso y la persistente brecha digital, la concentración de las redes de distribución de contenidos culturales, los desequilibrios regionales internos y la ausencia de políticas públicas claras. En el mercado mundial de las industrias culturales, la Unión Europea figura como primer exportador y primer importador de contenidos culturales. Sin embargo, el peso de España dentro de la UE, es muy inferior al de su potencial económico o el de su población. El español, lengua materna de uno de cada 15 habitantes del planeta  y los crecientes niveles de formación y educación de su población, sobre todo en América Latina y en el mundo hispano de Estados Unidos, abren una gran oportunidad para el sector cultural de España.

Artículo publicado en The Economy Journal

Industriosa defensa

BERNARDO NAVAZO

    De los riesgos y amenazas a los que se enfrenta nuestra comunidad política la Estrategia de Seguridad Nacional da buena cuenta. Cuenta España así con un glosario de los primeros ante los que debe asegurarse (p. ej., catástrofes naturales, proliferación de armas de destrucción masiva, inestabilidad regional) y de las segundas ante las que protegerse (mantenimiento de la disuasión, terrorismo internacional, crimen organizado, inter alia).
    Y para llevar a cabo tales tareas de seguridad y defensa, nosotros, como comunidad política, encargamos ésta a varios departamentos (un Ministerio de Defensa, un Ministerio de Interior, un Centro Nacional de Inteligencia, etc.), departamentos que, a su vez, requieren de ciertos activos militares (sistemas de armamento y de protección, entre otros) que son (lógicamente) producidos por industrias, al tiempo que se procura (y este razonamiento no es ya tan evidente) que las importaciones no sean más que las mínimas y que la producción de estos sistemas sea (casi) siempre propia.

“Que las importaciones [de defensa] no sean más que las mínimas y que la producción de estos sistemas sea (casi) siempre propia”.   

    ¿Por qué este (algo anacrónico) alegato a la autarquía en la industria de la Defensa? La razón, doble. En primer lugar, si debemos gastar en Defensa (gasto, a primera vista, no productivo*) para proteger la comunidad política que conformamos, que deje al menos ese gasto retornos económicos dentro de nuestras fronteras (puestos de trabajo cualificados, tejido industrial y tecnológico). Y en segundo lugar, y en pro de la capacidad de acción independiente del país ante una crisis de seguridad propia, mejor no depender de un suministrador o fabricante extranjero sobre el que, en caso de extrema necesidad y urgencia, no tendremos más poder de persuasión que la letra del contrato (and we all very well know que inter arma silent leges).
    De ahí la especial imbricación de la industria del sector con la seguridad y la defensa del país en el que nace. Y es que la independencia estratégica y capacidad de acción de dicho Estado depende no sólo, y entre otras variables, de sus capacidades militares, sino también de sus capacidades industriales tecnológicas: que ante una crisis de seguridad la acción que decidamos emprender no necesite del plácet o de la anuencia del suministrador extranjero que proporciona ese activo militar o esa tecnología que resultan críticos.
    De este modo, y si pueden permitírselo, los Estados buscan eliminar estas dependencias industriales de terceros (cuya reacción en un momento de crisis permanece fuera de control).  
Así, la industria de Defensa es Defensa. Y si, como abríamos este post, de lo segundo pensamos estratégicamente (qué riesgos, qué amenazas, qué oportunidades; cómo asegurarnos, cómo protegernos, cómo aprovecharlas), ¿cómo no lo haremos del primero? (Para tales riesgos y amenazas no compartidos, para tal oportunidad, estos sistemas de armamento, aquellas avanzadas tecnologías)

Parafraseando al clásico, “la industria y la tecnología son los tendones de la Defensa**”.

    Sirva el introito anterior, algo extenso, como un sucinto resumen de las justificaciones estratégicas de la existencia de una industria de la Defensa, justificaciones, se admite, para las que el adjetivo “modernista” sienta pintiparadamente (ya que hablamos de autarquía, de “industria de la soberanía”,  de estados independientes, etc.).
Pero los nuevos vientos no están ya tan en consonancia con estos supuestos.
    Y así el pasado Jueves 6 de Febrero la Fundación Alternativas se preguntó, en voz alta y acompañada por la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio y varios amigos y socios de la Fundación, cómo los supuestos sobre los que se asienta, la lógica que se aplica y las conclusiones del razonamiento anterior (que hemos denominado “modernista”) se ven modificados por los acontecimientos geopolíticos de la última década, enmarcando el debate con la publicación de un documento recién salido de imprenta por título “La Industria de Defensa en España y sus capacidades tecnológicas”.

    ¿Cuáles son esas dinámicas globales que alteran el equilibrio en el que habitaba la industria de Defensa y a las que busca este documento dar respuesta? A saber, i) la crisis económica y su consiguiente consolidación de gasto público, Defensa incluida; ii) la transferencia de poder de Norte a Sur y de Oeste a Este; iii) la “securitización” de la Defensa***; y iv) nuestra sempiterna vocación europeísta e integracionista y el impulso dado en la Unión Europea a la Política Común de Seguridad y Defensa en el Tratado de Lisboa y, más recientemente, en el Consejo Europeo del 19 y 20 de Diciembre del pasado año.
    Lo primero (austeridad en el gasto de Defensa) implica que el principal cliente de nuestras industrias, los Ejércitos, no será suficiente para permitir la viabilidad de éstas, amenazando así su supervivencia y haciéndonos dependientes, de no mediar solución, de suministradores extranjeros.
    Lo segundo (un nuevo tiempo post-europeo) y lo cuarto (¿una posible europeización de la Defensa?) conlleva que la emergencia del resto del mundo y nuestro ya minúsculo y decreciente peso relativo en los asuntos globales (si en estos asuntos intervenimos como países independientes) suponen un acicate a la puesta en común de capacidades militares e industriales, una tarea hercúlea al lado de la cual el compartir moneda y sus problemas asociados pueden ser considerados, por su sencillez al comparar, con desdén.
    Lo tercero nos recuerda la nueva naturaleza multidimensional de las amenazas y que éstas infligen su daño en terrenos más cercanos a la seguridad (ciberataques, protección de infraestructuras críticas, terrorismo) que a la defensa (nada de lo anterior amenaza nuestras fronteras físicas – con matices), ergo cualquier estrategia de supervivencia de la industria de la Defensa debe admitir que los límites entre lo que se considera tecnología civil y tecnología militar se han difuminado.
    Así, una industria “modernista” (autárquica, independiente, nacional-estatista, militar) debe imaginar cómo adaptarse (¿abrazar? ¿moldear? ¿versatilizarse?) al nuevo mundo que asoma.
Estas son las bases de nuestra industria, estos son los retos a los que se enfrenta y estos son los temas sobre los que Constantino Méndez, Manuel García Ruiz, Jaime Denís Zambrana y Francisco de Argila Lefler, autores del documento, en éste discurren.

    Y si es habitual escuchar aquello de que son los aficionados los que se interesan por las batallas y los expertos los que deliberan sobre industria y logística, lean pues este documento, siéntanse unos expertos y debatan con nosotros soluciones a los siguientes problemas que confronta el país (pues para esto, ni más ni menos, existe una fundación como Alternativas: aportar a la ruidosa conversación pública con honestidad intelectual y, admitido, vocación progresista): ¿qué riesgos y amenazas son propios de España y para los cuales, por tanto, se necesita mantener una capacidad de acción independiente? ¿Con qué otros Estados podría España, en su opinión, cooperar en materia de Defensa y Seguridad? Y por mera curiosidad del que escribe estas líneas, ¿con qué países jamás entrarían Uds. en un matrimonio de conveniencia?

 

(Pulse aquí para acceder al documento)

UNA ADENDA: el interés de la Fundación Alternativas, el Observatorio de Política Exterior española y de su área de Defensa es el de promover el debate en estos asuntos (siempre tan controvertidos y delicados) de la Seguridad y Defensa. Al tiempo, el realizar un control externo al Ministerio y a la Política española de Defensa (tarea muy importante) y proporcionar análisis desinteresado desde una óptica progresista conforman también el leit motiv de nuestra acción.

*En realidad, procurar un espacio de seguridad y orden constitucional es un sine qua non sobre el que construir una economía: nadie invierte (nadie amplía su negocio, nadie contrata, nadie emprende, nadie comercia) en zonas en conflicto (pues no sabes si lo creado será respetado o si siquiera seguirá en pie mañana). Visto de este modo, es el gasto en Defensa, en esa primera instancia, altamente productivo (sin él no hay nada). (Cf. Adam Smith, The Wealth of Nations)
**El ciceroniano “endless money forms the sinews of war.”
***Esto es, que los Estados han dejado – con matices – de percibirse entre sí como fuente principal de amenazas y éstas han devenido transnacionales y amorfas. Amenazas que está de moda definir con el adjetivo tan certero como pedante de “proteico”. Proteicas, pues, amenazas.

Puesta al día de la situación de la Sanidad española

JAVIER REY

Imagen: Sergio Barrenechea (EFE)

    Resulta indiscutible que con el gobierno del PP se ha producido un deterioro manifiesto de la atención sanitaria en España. Este deterioro se refleja en el lugar preferente (el quinto) que, según encuestas recientes, ha pasado a ocupar la sanidad entre los problemas que más preocupan a la población de nuestro país.
    Ese menoscabo es consecuencia de medidas que han ido adoptando los gobiernos populares central y algunos autonómicos, que, sin embargo, son de carácter diferente. Por su lado, las medidas del gobierno central, concentradas en el Real Decreto-Ley 16/2012, consistentes en recortes materiales o personales de prestaciones y servicios, aumento de los copagos para acceder a ellos, y otras similares, son reversibles por medidas de sentido contrario que se puedan tomar en el futuro, sin otros efectos posteriores que los daños innegables, y de compensación imposible,  producidos durante su vigencia. De hecho, la evidencia de los daños que tales medidas pueden producir han llevado a que el propio gobierno del PP haya limitado  o retrasado en algunos casos su aplicación respecto a sus enunciados iniciales. Incluso algunos gobiernos autonómicos del PP, además de los gobernados por otros partidos, han manifestado públicamente su negativa a aplicar las medidas adoptadas que les correspondía implementar en su ámbito (caso de los copagos de fármacos de dispensación hospitalaria) o incluso han entrado en batallas legales con el gobierno central por su decisión de no aplicarlas (como ha ocurrido con el cese de la atención en su territorio de los inmigrantes ilegales).  
    Por otro lado, algunas de las adoptadas por determinados gobiernos autonómicos del PP son de carácter estructural y, como consecuencia, de difícil reversión, con efectos temporales a medio y largo plazo que superan con creces la propia duración de los gobiernos que las promulgaron. El caso más claro de esta situación es el proceso de privatización de la gestión sanitaria de ocho hospitales por la Comunidad de Madrid, iniciado hace dos años, que tiene precedentes en la Comunidad Valenciana.  Un proceso que, como resultado de ese carácter permanente y difícil de revertir, podría además convertirse en ejemplo definitivo para otras CCAA de cómo llevar a cabo el desmantelamiento del sistema público y la penetración del negocio privado en los servicios sanitarios.
    Este intento de privatización estaba detenido provisionalmente desde el verano pasado como consecuencia de decisiones judiciales de varias secciones de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esto había sido posible gracias a los recursos que habían presentadas varias asociaciones profesionales, sindicatos y los partidos de la oposición en Madrid (PSOE, IU y UPyD). Su paralización provisional constituyó un éxito indudable de quienes se oponían por razones diferentes a la opción privatizadora. La resolución de los recursos judiciales presentados por la Comunidad de Madrid y las concesionarias privadas contra esa suspensión provisional del proceso centró, en consecuencia,  la atención sanitaria en los últimos meses. Más aún cuando una decisión cuando menos peculiar del presidente de la Sala de lo contencioso del TSJM (promovido después a miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el PP)  llevó a acumular la resolución de todos los recursos en el Pleno de la Sala (50 magistrados), con el objetivo supuesto de emitir una sola decisión concordante para lo que era un solo proceso privatizador, en recursos que, sin embargo, habían sido promovidos por razones diferentes, frente a los cuales se habían adoptado por varias secciones de la Sala decisiones provisionales distintas, suspensorias o no del mismo por razones igualmente diversas
    Pese al éxito logrado en la paralización temporal del proceso por la vía judicial, a la espera de la decisión del TSJM sobre el levantamiento de la suspensión provisional que había sido solicitado en sus recursos por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias, el  desánimo se había introducido entre quienes se oponían al proceso privatizador, en particular los grupos profesionales y sindicales que, con escasas excepciones, preveían una resolución del Pleno de la Sala favorable a los intereses de la Comunidad en forma del levantamiento de la suspensión mantenida hasta ahora.  Las razones de ese desánimo habría que buscarlas en la propia arbitrariedad de la medida acumuladora de los recursos adoptada por el presidente de la Sala de lo contencioso del TSJM de la forma indicada. A esto se le añade el comportamiento igualmente arbitrario e impositivo de las medidas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid que ha caracterizado el avance del proceso, más allá de cualquier justificación razonable de su necesidad y más aún de su urgencia, y a la presión de la empresas anunciadas como adjudicatarias. Algunas de estas empresas estaban acuciadas por una situación económica comprometida en la gestión de otros centros.
     Frente a ese estado de ánimo, que era muy evidente a final de diciembre  de 2013 y en los primeros días de enero, había criterios jurídicos y sobre el procedimiento concursal suficientes como para pensar que la decisión iba a ser de sentido contrario y, en consecuencia, en contra también a los intereses privatizadores que viene imponiendo la Comunidad de Madrid.
    Así las cosas, lo que parecía también desde hace tiempo evidente es que, frente a un gobierno decidido a imponer su criterio privatizador interesado y arbitrario, la única manera de pararlo de manera definitiva y bajo cualquier forma que pudiera adoptar es que no pudiera desarrollarlo, con la mayoría actual o con los apoyos, generales o específicos que pudiera lograr de otros partidos, un gobierno autonómico del PP. Una acción netamente política que sólo podían y pueden llevar a cabo de común acuerdo los partidos que actualmente están representados en la  Asamblea de Madrid, o aquellos que lo estén en el futuro. Partidos que, para poder actuar así, deberían lograr un acuerdo de apoyo mutuo y común a un programa que llevara como elemento central un compromiso de gobierno público y mejora de la sanidad pública madrileña.
    Un compromiso así supondría el acuerdo básico sobre casi el 50% del presupuesto del Gobierno de la Comunidad, un principio que para sí hubieran querido muchos gobiernos de coalición u otras formas de colaboración en el gobierno que se han dado aquí y en otros países. Supondría además reconocer en un sentido positivo, como no se ha hecho nunca hasta ahora, la importancia para los ciudadanos de la protección sanitaria universal e igual para todos y, en consecuencia, la importancia política paralela que debería tener,  evitando que los servicios sanitarios se conviertan en un ámbito de negocio para pocos. Y que, ante a ello, a ojos de unos ciudadanos legítimamente descreídos de los partidos políticos, resultaría secundario cuál de entre los que comparten ese punto de vista tuviera la responsabilidad concreta del gobierno sanitario aquí. El mayor obstáculo a que los partidos que constituyen la actual oposición en la cámara madrileña adopten una posición expresa común y de apoyo mutuo contra la privatización sanitaria ahora y después de las próximas  elecciones es que, ante  ese problema político principal que tiene la Comunidad de Madrid, lo que parece centrar las preocupaciones principales de cada uno son sus batallas internas por optar al liderazgo de alguno y del conjunto de ellos; e incluso las luchas miserables, por formalmente legítimas que sean, de algunos aspirantes a vivir de la política por situarse en puestos que les permitieran durante un tiempo desempeñar unos u otros cargos.
    El pasado 9 de enero se produjo finalmente la decisión del Pleno de la Sala del TSMJ, una decisión consistente en deshacer la medida adoptada por el "prófugo" ex-presidente de la misma, devolviendo la resolución de los recursos que pedían el levantamiento de la suspensión a las secciones que la dictaron.  (Es notorio además  que aquél no participó en esa decisión, dado que, hecha la faena inicial y obtenida su aparente recompensa con su puesto en el nuevo CGPJ, se había retirado a sus nuevos cuarteles  para que fueran otros los que decidieran...aunque fuera previsible que la decisión del Pleno se produjera en el sentido indicado).
    Desde esa fecha hasta el pasado 27 de enero en que la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso del TSJM acordó la suspensión definitiva del proceso privatizador hasta que se dictamine sobre el fondo del mismo y su ajuste o no a derecho. El gobierno madrileño, que olía ya a cadáver político de resucitación difícil, se dedicó con escasa base jurídica  a sembrar dudas sobre cuál podría ser el sentido de la resolución de los recursos por las Secciones correspondientes. Esta situación se hizo imposible cuando en la fecha indicada se produjo el auto suspensorio definitivo indicado, que condujo a la renuncia expresa de la Comunidad a su plan privatizador, y a la dimisión del Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.
     En esas condiciones, la única posibilidad de que el proceso privatizador prospere otra vez es que este PP madrileño, pese a todo, recupere una posición de gobierno con mayoría propia o con el apoyo de otros (UPyD, manifiestamente contraria a la privatización por el momento ya ha mencionado en alguna ocasión la posibilidad de apoyar con condiciones a un gobierno popular que obtuviese la minoría mayoritaria) que le permita retomar la iniciativa en esa línea. Una situación que sólo puede ser propiciada por la división del voto y la representación de todo lo que no sea el PP (la derecha parece aún lejos de fragmentarse aquí dado el carácter "tea-party"del gobierno madrileño) entre distintos partidos opuestos a las políticas de aquél, sin ningún acuerdo entre ellos para centrar como problema político prioritario actual en Madrid la privatización sanitaria. Por su parte, una manera de explorar la posibilidad de que eso ocurra es analizar las reacciones que se han producido a las recientes decisiones que paralizan por el momento el proceso privatizador, a lo que se dedica una segunda parte de este artículo.

Ránking de Think Tanks 2013: avanza el pensamiento español

La crisis, en cualquiera de sus vertientes y en todas a la vez, nos ha situado ante la necesidad de redoblar y renovar el pensamiento: hay que pensar más y mejor para salir de ésta. No basta con proponer la vuelta a un pasado mejor ni prometer un futuro que no sería ni justo ni eficaz.

El mensaje lo han captado la mayoría de los miles de think tanks existentes en todo el Planeta, compelidos a cumplir con su tarea de proveer a los decisores públicos y privados de análisis y alternativas basados en criterios científicos, rigurosos, a la altura del enorme desafío que la crisis ha puesto encima de la mesa.

Si alguien pensaba antes de 2008 que los think tanks eran prescindibles, habrá tenido que variar su punto de vista porque sin su caudal de reflexión y propuesta la política, la economía y la sociedad carecerían de muchas herramientas básicas para caminar con sentido.

De ahí que sea cada vez más relevante auditar la capacidad de los centros de pensamiento para trabajar en muchos vectores y terrenos, de forma que los citados decisores y, desde luego, la ciudadanía global pueda priorizar su atención.  

Por eso crece cada año el interés por el mayor y mejor intento hasta la fecha de hacer una evaluación de los think tank en términos mundiales, regionales y sectoriales, que lleva a cabo la Universidad de Pennsylvania a través de su Think Tanks and Civil Societies Program, que dirige el profesor McGann.

Ese programa elabora anualmente, a través de un cuidado procedimiento, un Global Go To Think Tank Index, cuya edición de 2013 acaba de ser presentada en la sede la Universidad de la ONU en Nueva York.

España sale bien parada del ejercicio. Por ejemplo, seis think tanks de nuestro país figuran entre los mejores de Europa Occidental: CIDOB, FRIDE, Instituto Elcano, Faes, Institución Futuro y Fundación Alternativas. Además, Alternativas ha sido seleccionada entre los mejores think tank del mundo en otras cuatro categorías: mejor dirección, mejor nueva idea o paradigma, mejor uso de las redes sociales y mejor red de centros.

¿Quiere esto decir que el pensamiento de nuestro país ocupa un lugar relevante en la escena internacional? Probablemente sí, o al menos de manera creciente, teniendo en cuenta el retraso histórico que la dictadura infligió a la sociedad civil española respecto a la de otros países de su entorno geográfico.

Ante esa realidad, sin embargo, no cabe dormirse en los laureles, sino seguir trabajando en mejores condiciones. Y si el estado quiere poner su granito de arena, lo tiene al alcance de la mano aprobando una Ley de Mecenazgo que permita fortalecer el tercer sector en España –que ya representa el 10 % del PIB y el 11 % del empleo-, como reclama la Asociación Española de Fundaciones.