Puesta al día de la Sanidad española II

JAVIER REY

Instalaciones del hospital Infanta Sofía. / ISAAC F. CALVO

Finalizaba la primera parte de este artículo proponiendo análisis de las posibilidades de que la  privatización sanitaria intentada en Madrid, por ahora fracasada de manera estrepitosa, se imponga en el futuro. Para ello, podríamos valorar las reacciones habidas en tres ámbitos diferentes ante ese fracaso.  

1) La primera a destacar, en abierto contraste con el desánimo que había cundido entre toda clase de movimientos opositores a la privatización en los momentos previos a la decisiones del TSJM, es la euforia que parece haber cundido entre las plataformas ciudadanas ante la paralización “provisional” pero definitiva del proceso.
Derivar de una decisión judicial que el éxito de la paralización del proceso se ha debido principalmente a la oposición "en la calle" contra el mismo, como están interpretando algunos analistas y no pocos comentaristas de determinados medios, que engloban este movimiento de oposición con otros recientes (Gamonal) es cometer un error de bulto. Lo que caracteriza a este gobierno madrileño es aplastar con su mayoría absoluta, si dispone de ella, la opinión expresada de una u otra forma por grupos de ciudadanos más o menos amplios que se opongan a las medidas que aquéllos adoptan.
Debería estar claro que las demandas de  grupos de ciudadanos precisan para imponerse de una traducción expresa al terreno político, especialmente en forma de alternativa positiva (cómo organizar y mantener unos servicios públicos universales de igual acceso para todos) al proceso que se pretende detener. Más aún cuando se trata de cambios "estructurales" complejos, como es el proceso de privatización de la gestión, en un terreno como el sanitario en el que la oferta de servicios dispone de una amplia capacidad de inducir la demanda. El apoyo prestado por razones de interés personal o local por algunos alcaldes (y los vecinos a los que representaban) de los partidos que ahora se oponen a la privatización, a propuestas y decisiones (del PP) como es la construcción con financiación privada de ocho nuevos hospitales en diferentes pueblos y ciudades de Madrid, debería servir de alerta al respecto.
Debería destacarse que si el proceso privatizador ha quedado detenido en este caso y en este momento no ha sido por la intensidad de las protestas en la calle como se ha podido comprobar por cualquier asistente a las “mareas”. Sino que ha sido por la decisión de conducir por la vía del recurso a las vías legales por parte de algunos grupos, singularmente profesionales sanitarios, y la oposición al proceso privatizador. Lo que, además, se ha visto facilitado por la gestión chapucera y llena de irregularidades “técnicas” que ha llevado a cabo la Comunidad a lo largo de todo el proceso, que están en la base de la decisión paralizadora del mismo por la Sala Tercera.
No entenderlo así puede llevar a conducir la oposición ciudadana por caminos de difícil salida e imposibles de mantener, al menos con carácter mayoritario, lo que les haría perder su valor. Un ejemplo de iniciativas bien intencionadas y entusiastas, que podrían, sin embargo, hipotecar su eficacia a medio plazo es la propuesta de una de esas plataformas ciudadanas en Madrid de iniciar una recogida de firmas en la que comprometer la renuncia expresa de los ciudadanos que la suscriban a ser remitidos a centros privados para practicarles exploraciones o intervenciones que tengan mayor demora en centros públicos.  La organización de la atención sanitaria es un problema político que deben gestionar las autoridades a las que se ha elegido para hacerlo, y su solución no puede de ninguna manera pretenderse que se haga recaer principalmente sobre los ciudadanos que precisen asistencia, sean cuales sean cuales sean sus posicionamientos políticos.
Más aún cuando la forma de favorecer los intereses privados de las empresas que resultaron adjudicatarias del concurso fallido, y de las que se mueven en el mismo entorno, agrupadas en torno al IDIS (Instituto de Desarrollo e Innovación Sanitaria), será previsiblemente en el período transitorio más inmediato el aumento de las desviaciones de pacientes a centros privados con los fines citados, que ya venía siendo empleada aquí. Esta situación  que, por otra parte, será casi obligada en muchos casos como consecuencia del deterioro de los centros públicos en términos de capacidad asistencial, disponibilidad de tecnologías, reducción de las plantillas y demás, se ha venido produciendo de manera deliberada y sin justificación  alguna. Además, es un instrumento para favorecer el proceso privatizador desde hace años.
Las demandas de esas empresas para compensar la paralización del proceso privatizador no es más que una forma de hacer explícita la necesidad de obtener la rentabilidad buscada a las inversiones que han hecho a lo largo de los últimos años para expandir su propia red. Se puede ver al respecto la creación de nuevos centros y la ampliación de los medios materiales y técnicos de otros que han llevado a cabo en los últimos años en Madrid compañías de seguros y cadenas de hospitales privados, del que es un buen ejemplo el Hospital de Madrid, cuyos directivos son los que tuvieron la iniciativa de crear el IDIS con objeto de promover los intereses de todos sin contradicciones entre ellos. El riesgo de no obtener la compensación pública deseada es hoy más verosímil cuando a la vez se está poniendo en cuestión la cobertura pública de los riesgos asumidos por  las participantes en otra “burbuja”: la creada por las constructoras y concesionarias de las autopistas radiales promovidas por el mismo gobierno “popular” de la Comunidad de Madrid, encabezado entonces todavía por Esperanza Aguirre.
La respuesta al deterioro  de los centros públicos que corre paralelo al fomento de los centros privados no debe ser sólo una cuestión ciudadana, sino fruto del control político del ejercicio de sus (ir)responsabilidades por la Comunidad de Madrid por los únicos que pueden ejercerlo, que son los partidos de la oposición.  

 

2) Por su parte,  los profesionales sanitarios han visto reducida su capacidad de oposición inmediata de manera manifiesta por una impúdica modificación de la contratación de plazas sanitarias interinas o eventuales por plazos algo más estables que los contratos irregulares de todo tipo que han proliferado durante un largo plazo en los centros sanitarios. Esta modificación, que desde principios de enero está aplicando la consejería de sanidad madrileña, se pretende principalmente dividir y debilitar a los sectores que han dirigido los movimientos contrarios a la privatización.  
El primer discurso del nuevo consejero de la Sanidad madrileña dejó bien claro que su primer objetivo es “recomponer las maltrechas relaciones con los profesionales”, quienes por ciento les han ganado la partida en este momento.  
El deseo de introducir divisiones entre esos grupos o parte de ellos es evidente. La introducción de la gestión privada de los centros de salud, por médicos autoconstituídos en empresas para ello, sean o no previamente médicos del sistema público, formaba parte del proceso privatizador detenido. Aunque resulta improbable que en la actual situación de la Comunidad de Madrid se pretenda reactivar ese proceso, que no había alcanzado unos niveles de desarrollo tan avanzado como el de la privatización de los hospitales, un proceso así había recibido ya las críticas de diferentes colectivos (directores de centros de salud, profesionales de la Atención Primaria). Pero también contaba con el apoyo de otros (médicos con ejercicio privado; los de compañías aseguradoras que podrían estar interesadas en asumir la gestión de uno o varios de ellos, siguiendo la experiencia del Hospital de Alzira).
Por su parte, otros colectivos y grupos específicos de médicos de determinado nivel (en general jefes de servicio o equivalentes) apoyan de manera decidida a través de sus entidades representativas formas de privatización “particular” de áreas concretas de los hospitales públicos englobadas bajo una interpretación peculiar del concepto de “gestión clínica”. Consistiría en dotar de autonomía de gestión no sólo clínica, sino también económica, de personal, suministros y cualquier otro concepto, a los profesionales que se pusieran a la cabeza de las mismas. No es casual que ese tipo de desarrollos figurasen de manera expresa y fuesen apoyados por diferentes entidades que firmaron el “pacto” de la profesión médica con el Ministerio de Sanidad, llegando a merecer una foto con el presidente del Gobierno.
Todo ello debería tenerse en cuenta para entender lo que esconden las llamadas a la “recuperación de las relaciones maltrechas” con los profesionales, sin aludir para nada a por qué y por quién fueron maltrechas y, en consecuencia, con qué grado de confianza debería acudirse a ellas.  Y tenerse también en cuenta para considerar que las soluciones para los problemas generales del sistema sanitario no pueden partir en exclusiva ni con carácter prioritario de distintos sectores profesionales que los negocien con las administraciones públicas que lo gestionan, por mucho que hayan sido esos grupos, por las vías citadas, los que han sido capaces de detener el proceso privatizador en Madrid por esta vez.         
    
3) En cuanto a las posiciones de los partidos de la oposición, se han hecho especialmente visibles en los últimos tiempos algunas actitudes que permiten ver con claridad por dónde van sus prioridades internas, centradas ante todo en la lucha por la participación personal en las listas electorales de cualquier nivel,  y , a la vez, en tratar de obtener rentabilidad particular en el planteamiento en los programas de cada uno sobre cualquier problema que se plantee.
La respuesta más inmediata del Secretario General del PSM al mantenimiento provisional de la suspensión del proceso ("recomiendo al presidente de la Comunidad de Madrid que incorpore (la privatización) al próximo programa electoral del PP y que los ciudadanos decidan") ha abierto, sin embargo, un campo de inquietud más explícito. En primer lugar, parece marcar una tendencia a precisar más por contraste el programa electoral del rival que el propio, y a definir más éste en sentido negativo de oposición al contrario que a precisar en términos concretos el propio.
En segundo lugar, un planteamiento así parece devolver el debate sobre las ventajas de la gestión privada aplicada a los servicios sanitarios públicos cerca de treinta años atrás y en términos teóricos, cuando en el momento actual hay evidencias más que suficientes en nuestro propio país (la Comunidad Valenciana) como para poder afirmar que la privatización de la gestión pública sanitaria sólo ha avanzado en condiciones de connivencia interesada entre los sectores privados que pretenden penetrar en la gestión pública en interés y beneficio propio y los gobiernos que aplican esas políticas.
No se puede olvidar tampoco que el planteamiento del debate indicado en términos teóricos se introdujo por un Ministro de Sanidad socialista, el Sr. García Vargas, perteneciente a los sectores más  "liberales" del PSOE. La Ley General de Sanidad careció desde el principio del apoyo de esos sectores y sus términos más expresos no incluían ninguna referencia a la posibilidad de una deriva siquiera experimental de ese tipo. La vía que condujo a esa puesta en cuestión de la gestión pública por parte del ministro citado fue el encargo del informe a la Comisión Abril, de la que, como garantía de una supuesta "independencia" que nadie había pedido para poder poner en cuestión los términos de la Ley recién aprobada, no formó parte ningún miembro del partido de aquel gobierno con conocimientos sanitarios acreditados propios. En esta Comisión, las conclusiones, por imprecisas que fueron, se convirtieron en un icono de referencia original para todos los  planteamientos posteriores sobre la conveniencia de introducir formas concretas de gestión privada en la gestión de los servicios sanitarios públicos.
El mantenimiento por vías diferentes de una marcada ambigüedad partidaria sobre la cuestión citada por razones supuestas de la mejora de la eficiencia en el funcionamiento de los servicios necesaria alcanzó su expresión más elevada en el apoyo parlamentario del PSOE a la mayor parte del texto de la Ley 15/1997, sobre "nuevas formas de gestión" en el sistema sanitario, aprobada ya con un gobierno del PP. Una norma en cuyo desarrollo y aplicación está la base del inicio y la proliferación de las distintas forma de gestión privada que han culminado por ahora en el intento de privatización madrileña suspendido. Lo característico de ese proceso expansivo es que en ningún momento se propició un debate formal en el seno del PSOE sobre las cuestiones citadas.   
Las consecuencias de esa ausencia de debate partidario sobre cuestiones que, a la postre, han resultado decisivas para la evolución de la protección sanitaria en España han sido múltiples. Las políticas desarrolladas en ése y otros terrenos de la actuación sanitaria han estado siempre guiadas por los criterios personales, nunca derivados de posiciones partidarias claramente debatidas y adoptadas, de quienes han ocupado posiciones de poder en el partido o el gobierno de esta área. Las posiciones que han solido ir de una u otra manera unidas, y que han venido siendo desempeñadas mayoritariamente por personas carentes de conocimiento y experiencia previa de la actividad sanitaria antes de alcanzar las posiciones citadas (como ejemplo más extremo, las tres ministras del ramo durante la segunda etapa de gobierno del PSOE procedían de una situación como la citada, e incluso el cuarto disponía de una visión marginal del sector desde el ámbito investigador). A su vez, las carencias en los conocimientos y la experiencia sectorial previas de unos y otros responsables sanitarios partidarios se ha ido traduciendo cada vez más en una mayor semejanza de las políticas sanitarias reales aplicadas con las promovidas por el PP. Una similitud puesta de manifiesto por el apoyo prestado por el PSOE a buena parte de las principales regulaciones sanitarias adoptadas (sobre "cohesión", personal, financiación, formas especiales de cobertura sanitaria).
La ausencia de debate y criterios partidarios expresos sobre las principales cuestiones que afectan a la protección sanitaria ha permitido además una amplia libertad de expresión de posiciones no contrastadas por parte de personas que se atribuyen de una u otra manera, o se dejan atribuir sin negarla, la representación de posiciones que existen en el ámbito de la organización socialista. El espectro va desde el propio ex-ministro García Vargas, omnipresente en cuantas actividades de apoyo  a la colaboración público-privada  en sanidad, u otros eufemismos similares, promueven los sectores privados constituidos en "lobby" (el IDIS) que apoyan la penetración de los intereses privados en la actividad pública sanitaria. Hasta la ex-consejera catalana Marina  Geli, hoy defensora de una peculiar interpretación de la democracia interna en el PSC, que durante su tiempo como consejera sanitaria se ocupó por libre de defender la idoneidad de los copagos sanitarios mientras mantenía intocada una estructura sanitaria catalana, en cuya organización había una amplia coincidencia entre PSC i CiU (una especie de “modelo de inmersión sanitario”). Esa estructura ha empezado a ser puesta en cuestión por grupos de ciudadanos  de aquel territorio, que consideran que el principal problema del mismo no son los problemas identitarios, sino los derivados de  la escasa cohesión social que se deduce del mal funcionamiento de unos servicios públicos configurados en torno a intereses privados con especial presencia allí.
La ausencia de debate partidario sobre estas cuestiones que fije una posición ideológica clara y firme sobre los aspectos esenciales de la cobertura  y la organización de la atención sanitaria concebida como un derecho de ejercicio universal  e igualitario expresa bien a las claras que estas cuestiones no se han considerado nunca como materia prioritaria por parte de un partido pretendidamente socialdemócrata capaz de ofrecer alternativas a las políticas de los partidos conservadores, lo que ha llevado a  la pérdida de diferenciación de sus programas y de la gestión efectuada. Esas carencias contrastan a su vez con la importancia que ha adquirido en algunos países, en concreto ahora principalmente los Estados Unidos, la diferenciación de las propuestas en este terreno. A juicio de algunos analistas, la reforma Obama de la cobertura sanitaria, a pesar de todas sus limitaciones y problemas de aplicación que está teniendo por la cerrada oposición republicana, se puede considerar el  elemento más importante para juzgar los mandatos del actual presidente. Incluso es uno de los instrumentos más potente puesto en marcha para afrontar las desigualdades crecientes que están generando las políticas económicas aplicadas y que están en el origen de la crisis económica actual.
 Es obvio que un debate de ese tipo debe llevarse a cabo en la organización socialista a nivel estatal, donde la revisión de las propuestas en este terreno y la fijación de criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la cobertura y la organización de la protección sanitaria deberían formar parte. Por el contrario, las propuestas en ese terreno aprobadas durante la última conferencia socialista, férreamente controladas por quienes gobiernan a nivel partidario esa área, no ofrecen variación sustancial alguna sobre una acción de gobierno previa desdibujada por completo e indiferenciada hasta el Real Decreto-Ley 16/2012 de la gestión del PP en este área, a la que sólo se ofrece como alternativa la derogación de los aspectos más llamativos de éste en términos de recorte, sin proponer  ninguna medida de cambio sustancial de la organización sanitaria.
La ausencia de perspectivas a nivel estatal en la línea indicada ha llevado, sin embargo, paradójicamente a que ese vacío se esté pretendiendo llenar desde las intervenciones de los políticos autonómicos que entienden que, como en el caso de Madrid, planteamientos generales de esa naturaleza (a pesar del desconocimiento del fondo de los mismos que ponen en evidencia manifestaciones y criterios como los citados más arriba)  pueden resultar útiles a su propia búsqueda de una rentabilidad electoral que constituye su objetivo principal.
El resultado final más previsible de esa situación, y de los comportamientos políticos de unos y otros, en abierto contraste con lo que deberían ser sus responsabilidades respectivas más concretas, es que, por la vía de la dejación en el ejercicio de éstas, termine por imponerse  la ruptura de la protección sanitaria universal e igualitaria en España, que era y es una parte esencial de su Estado de bienestar. Y que, con ello, se impongan los intereses que han llevado a que la penetración del negocio privado en el ámbito de los servicios públicos, y en concreto de los sanitarios, cuyo desarrollo supuestamente excesivo no ha sido la causa de la crisis económica actual.