Puesta al día de la situación de la Sanidad española

JAVIER REY

Imagen: Sergio Barrenechea (EFE)

    Resulta indiscutible que con el gobierno del PP se ha producido un deterioro manifiesto de la atención sanitaria en España. Este deterioro se refleja en el lugar preferente (el quinto) que, según encuestas recientes, ha pasado a ocupar la sanidad entre los problemas que más preocupan a la población de nuestro país.
    Ese menoscabo es consecuencia de medidas que han ido adoptando los gobiernos populares central y algunos autonómicos, que, sin embargo, son de carácter diferente. Por su lado, las medidas del gobierno central, concentradas en el Real Decreto-Ley 16/2012, consistentes en recortes materiales o personales de prestaciones y servicios, aumento de los copagos para acceder a ellos, y otras similares, son reversibles por medidas de sentido contrario que se puedan tomar en el futuro, sin otros efectos posteriores que los daños innegables, y de compensación imposible,  producidos durante su vigencia. De hecho, la evidencia de los daños que tales medidas pueden producir han llevado a que el propio gobierno del PP haya limitado  o retrasado en algunos casos su aplicación respecto a sus enunciados iniciales. Incluso algunos gobiernos autonómicos del PP, además de los gobernados por otros partidos, han manifestado públicamente su negativa a aplicar las medidas adoptadas que les correspondía implementar en su ámbito (caso de los copagos de fármacos de dispensación hospitalaria) o incluso han entrado en batallas legales con el gobierno central por su decisión de no aplicarlas (como ha ocurrido con el cese de la atención en su territorio de los inmigrantes ilegales).  
    Por otro lado, algunas de las adoptadas por determinados gobiernos autonómicos del PP son de carácter estructural y, como consecuencia, de difícil reversión, con efectos temporales a medio y largo plazo que superan con creces la propia duración de los gobiernos que las promulgaron. El caso más claro de esta situación es el proceso de privatización de la gestión sanitaria de ocho hospitales por la Comunidad de Madrid, iniciado hace dos años, que tiene precedentes en la Comunidad Valenciana.  Un proceso que, como resultado de ese carácter permanente y difícil de revertir, podría además convertirse en ejemplo definitivo para otras CCAA de cómo llevar a cabo el desmantelamiento del sistema público y la penetración del negocio privado en los servicios sanitarios.
    Este intento de privatización estaba detenido provisionalmente desde el verano pasado como consecuencia de decisiones judiciales de varias secciones de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esto había sido posible gracias a los recursos que habían presentadas varias asociaciones profesionales, sindicatos y los partidos de la oposición en Madrid (PSOE, IU y UPyD). Su paralización provisional constituyó un éxito indudable de quienes se oponían por razones diferentes a la opción privatizadora. La resolución de los recursos judiciales presentados por la Comunidad de Madrid y las concesionarias privadas contra esa suspensión provisional del proceso centró, en consecuencia,  la atención sanitaria en los últimos meses. Más aún cuando una decisión cuando menos peculiar del presidente de la Sala de lo contencioso del TSJM (promovido después a miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial por el PP)  llevó a acumular la resolución de todos los recursos en el Pleno de la Sala (50 magistrados), con el objetivo supuesto de emitir una sola decisión concordante para lo que era un solo proceso privatizador, en recursos que, sin embargo, habían sido promovidos por razones diferentes, frente a los cuales se habían adoptado por varias secciones de la Sala decisiones provisionales distintas, suspensorias o no del mismo por razones igualmente diversas
    Pese al éxito logrado en la paralización temporal del proceso por la vía judicial, a la espera de la decisión del TSJM sobre el levantamiento de la suspensión provisional que había sido solicitado en sus recursos por la Comunidad de Madrid y las empresas adjudicatarias, el  desánimo se había introducido entre quienes se oponían al proceso privatizador, en particular los grupos profesionales y sindicales que, con escasas excepciones, preveían una resolución del Pleno de la Sala favorable a los intereses de la Comunidad en forma del levantamiento de la suspensión mantenida hasta ahora.  Las razones de ese desánimo habría que buscarlas en la propia arbitrariedad de la medida acumuladora de los recursos adoptada por el presidente de la Sala de lo contencioso del TSJM de la forma indicada. A esto se le añade el comportamiento igualmente arbitrario e impositivo de las medidas privatizadoras del gobierno de la Comunidad de Madrid que ha caracterizado el avance del proceso, más allá de cualquier justificación razonable de su necesidad y más aún de su urgencia, y a la presión de la empresas anunciadas como adjudicatarias. Algunas de estas empresas estaban acuciadas por una situación económica comprometida en la gestión de otros centros.
     Frente a ese estado de ánimo, que era muy evidente a final de diciembre  de 2013 y en los primeros días de enero, había criterios jurídicos y sobre el procedimiento concursal suficientes como para pensar que la decisión iba a ser de sentido contrario y, en consecuencia, en contra también a los intereses privatizadores que viene imponiendo la Comunidad de Madrid.
    Así las cosas, lo que parecía también desde hace tiempo evidente es que, frente a un gobierno decidido a imponer su criterio privatizador interesado y arbitrario, la única manera de pararlo de manera definitiva y bajo cualquier forma que pudiera adoptar es que no pudiera desarrollarlo, con la mayoría actual o con los apoyos, generales o específicos que pudiera lograr de otros partidos, un gobierno autonómico del PP. Una acción netamente política que sólo podían y pueden llevar a cabo de común acuerdo los partidos que actualmente están representados en la  Asamblea de Madrid, o aquellos que lo estén en el futuro. Partidos que, para poder actuar así, deberían lograr un acuerdo de apoyo mutuo y común a un programa que llevara como elemento central un compromiso de gobierno público y mejora de la sanidad pública madrileña.
    Un compromiso así supondría el acuerdo básico sobre casi el 50% del presupuesto del Gobierno de la Comunidad, un principio que para sí hubieran querido muchos gobiernos de coalición u otras formas de colaboración en el gobierno que se han dado aquí y en otros países. Supondría además reconocer en un sentido positivo, como no se ha hecho nunca hasta ahora, la importancia para los ciudadanos de la protección sanitaria universal e igual para todos y, en consecuencia, la importancia política paralela que debería tener,  evitando que los servicios sanitarios se conviertan en un ámbito de negocio para pocos. Y que, ante a ello, a ojos de unos ciudadanos legítimamente descreídos de los partidos políticos, resultaría secundario cuál de entre los que comparten ese punto de vista tuviera la responsabilidad concreta del gobierno sanitario aquí. El mayor obstáculo a que los partidos que constituyen la actual oposición en la cámara madrileña adopten una posición expresa común y de apoyo mutuo contra la privatización sanitaria ahora y después de las próximas  elecciones es que, ante  ese problema político principal que tiene la Comunidad de Madrid, lo que parece centrar las preocupaciones principales de cada uno son sus batallas internas por optar al liderazgo de alguno y del conjunto de ellos; e incluso las luchas miserables, por formalmente legítimas que sean, de algunos aspirantes a vivir de la política por situarse en puestos que les permitieran durante un tiempo desempeñar unos u otros cargos.
    El pasado 9 de enero se produjo finalmente la decisión del Pleno de la Sala del TSMJ, una decisión consistente en deshacer la medida adoptada por el "prófugo" ex-presidente de la misma, devolviendo la resolución de los recursos que pedían el levantamiento de la suspensión a las secciones que la dictaron.  (Es notorio además  que aquél no participó en esa decisión, dado que, hecha la faena inicial y obtenida su aparente recompensa con su puesto en el nuevo CGPJ, se había retirado a sus nuevos cuarteles  para que fueran otros los que decidieran...aunque fuera previsible que la decisión del Pleno se produjera en el sentido indicado).
    Desde esa fecha hasta el pasado 27 de enero en que la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso del TSJM acordó la suspensión definitiva del proceso privatizador hasta que se dictamine sobre el fondo del mismo y su ajuste o no a derecho. El gobierno madrileño, que olía ya a cadáver político de resucitación difícil, se dedicó con escasa base jurídica  a sembrar dudas sobre cuál podría ser el sentido de la resolución de los recursos por las Secciones correspondientes. Esta situación se hizo imposible cuando en la fecha indicada se produjo el auto suspensorio definitivo indicado, que condujo a la renuncia expresa de la Comunidad a su plan privatizador, y a la dimisión del Consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty.
     En esas condiciones, la única posibilidad de que el proceso privatizador prospere otra vez es que este PP madrileño, pese a todo, recupere una posición de gobierno con mayoría propia o con el apoyo de otros (UPyD, manifiestamente contraria a la privatización por el momento ya ha mencionado en alguna ocasión la posibilidad de apoyar con condiciones a un gobierno popular que obtuviese la minoría mayoritaria) que le permita retomar la iniciativa en esa línea. Una situación que sólo puede ser propiciada por la división del voto y la representación de todo lo que no sea el PP (la derecha parece aún lejos de fragmentarse aquí dado el carácter "tea-party"del gobierno madrileño) entre distintos partidos opuestos a las políticas de aquél, sin ningún acuerdo entre ellos para centrar como problema político prioritario actual en Madrid la privatización sanitaria. Por su parte, una manera de explorar la posibilidad de que eso ocurra es analizar las reacciones que se han producido a las recientes decisiones que paralizan por el momento el proceso privatizador, a lo que se dedica una segunda parte de este artículo.