Ucrania: lecciones para los Balcanes

RAQUEL MONTES

Europa contempla incrédula los acontecimientos que se están precipitando en Ucrania. Y no tanto porque recuerdan a episodios de otros tiempos, sino por lo que nos anticipan del futuro. De hecho, si lo analizamos cuidadosamente, ponen en entredicho dos de las principales premisas de la política exterior europea: el no cuestionamiento de las fronteras, al menos en su periferia, así como la cuestión de la interdependencia (en este caso ruso-europea) como el mejor medio para protegerse de los eventuales impulsos “expansionistas”. Además, la anexión de Crimea y la cuestión pendiente sobre lo que va a ocurrir en el resto de Ucrania han despertado a Europa de un ensueño, en el que unas ambiguas esperanzas de asociación/integración podían sustituir sine die a una política exterior, y  de vecindad, estructurada. 

Todas estas cuestiones que emergen a propósito de Ucrania pueden ser extrapoladas a las diferentes regiones que constituyen la vecindad europea. En el caso de los Balcanes, región considerada “candidata natural” a la integración, estas preguntas son hoy más pertinentes que nunca. En primer lugar, la crisis de Ucrania ha reabierto la cuestión sobre el status y la legitimidad de Kosovo justo en un momento en el que, por fin, ambas partes se han comprometido a avanzar en un proceso de normalización de las relaciones. La situación es paradójica para todas las partes: aquellos que no reconocen Kósovo como Estado independiente, comenzando por la misma Rusia, se apoyan en el precedente de Kósovo para legitimar la acción de Crimea; aquellos que lo reconocen y que lo avalaron en su momento tienen, al menos, que asumir que con ello abrieron la caja de Pandora y que era solo cuestión de tiempo que una situación así ocurriese. En todo caso, la independencia de Crimea puede dar alas a una opción que hace poco había sido descartada: la partición de Kosovo.

Pero es sin duda también un precedente para Bosnia, que tras casi veinte años desde la firma de los acuerdos de Dayton, sigue sufriendo de fuertes tensiones separatistas, con una República Serpska que, el mejor de los casos, busca la secesión de la Federación de Bosnia-Herzegovina y, en el más extremo, su adhesión a Serbia. Recientemente el líder del mayor partido croata de Bosnia –Unión Democrática Croata- ha llamado a la creación de una tercera entidad croata enla Federación. De hecho, la revisión de los acuerdos de Dayton fue defendida hace unos días por el ex-presidente de Croacia Stjepan Mesic, quien solicitó una conferencia internacional para establecer un “Dayton 2”. Pero la posibilidad de cambiar la constitución es muy delicada por los intereses tan divergentes entre las diferentes partes. Dayton fue posible para parar la guerra, pero en el contexto actual es temida, y evitada, particularmente por la comunidad internacional que ve en ella una excusa para la desintegración. 

También el caso de Macedonia, las recurrentes tensiones inter-étnicas unida a la inestabilidad política han estancado a un país que hasta hace no mucho era un ejemplo para la región y uno de los países de los Balcanes más avanzados en el proceso de integración europeo. Para todos ellos, la independencia de Crimea y su posible adhesión a Rusia constituyen un precedente muy tentador en un contexto en el que los desplazamientos de fronteras habían sido excluidos de Europa. En todo caso y particularmente tras lo ocurrido en Ucrania, es probable que Europa tenga que enfrentarse a ello en un futuro no muy lejano.

En segundo lugar, el dique de contención hasta ahora en todos estos casos ha sido la perspectiva de adhesión a la UE. En el caso de la disputa sobre el status de Kosovo, por ejemplo, es solo cuando Serbia ha comprendido que el único obstáculo para su integración (y la salida de la crisis que arrastra desde el inicio de la guerra) es Kosovo, que se ha sentado a la mesa de negociaciones para resolver un asunto que considera ilegal. Y en el que, todo sea dicho de paso,  está respaldada por cinco Estados Miembros de la UE.

Sin embargo, en este punto cabe preguntarse sobre la realidad de estas esperanzas y hasta cuánto pueden ser mantenidas en el tiempo: ¿Está la UE preparada y dispuesta para una nueva ola de integración? Responder a esta pregunta ahora ya no es posible con un “quizás, veremos dentro de un tiempo”. La UE tiene que ser clara con las expectativas de adhesión de su periferia y, particularmente, consecuente con sus políticas: si las negociaciones de adhesión de Serbia ala UE se iniciaron el pasado enero, ¿por qué Serbia ha debido de pedir a los Emiratos Árabes un préstamo de mil millones de euros para hacer frente a la quiebra?

La frustración de unas expectativas que nunca se alcanzan puede ser muy peligrosa para la región y, por ende, para la UE. El año 2014 se ha iniciado con protestas en Bosnia contra la clase política (protestas que fueron prematuramente calificadas de “primavera Bosnia”) y que traslucen un profundo malestar de una población que, desde el fin de la guerra, está cansada de esperar una mejora de la situación material y política. En Serbia, la abrumadora mayoría con que el Partido Progresista ha ganado las elecciones celebradas el pasado 16 de marzo (los mejores resultados electorales que ha recibido un partido en Serbia desde la era de Milosevic, ganando alrededor de 160 escaños de los 250 que componen el Parlamento), con un programa centrado en la austeridad, las reformas y la lucha contra la corrupción es un signo claro de la voluntad de la sociedad para hacer frente a los problemas endémicos del país. Aquí Europa tiene que estar a la altura de sus compromisos y ahora más que nunca.

La UE no puede sustituir a los gobiernos, pero se puede convertir en un socio clave, que traduzca sus compromisos en hechos y en políticas. Si toda crisis es también una oportunidad de cambio, este es sin duda un buen momento. 

Raquel Montes es analista.

Retos para una recuperación económica inclusiva

JONÁS FERNÁNDEZ

La economía española parece haber dejado atrás la recesión. Una vez conocidos los datos del último trimestre y confirmado el registro de un nuevo crecimiento, a lo que se une la tasa positiva en la creación de empleo en ese periodo, resulta razonable aseverar que hemos superado ya la segunda fase de contracción de esta larga crisis, que suma ya más de un lustro. En todo caso, esta imagen menos pesimista de nuestro país no debe ocultar los retos aún elefantiásicos a los que hacemos frente con más de cinco millones de desempleados, gran parte de los cuales han perdido ya el derecho a la prestación. Además, las perspectivas de medio plazo adelantan una sociedad partida, cuyos efectos negativos serán aún tangibles durante largo tiempo, periodo en el cual una parte sustancial del país sufrirá aún con mayor intensidad las consecuencias de esta crisis.

Existen razones para sostener que la economía seguirá creciendo, siempre y cuando el escenario de la zona euro siga despejándose y no emerjan nuevos focos de tensión en la economía global. En este sentido, es probable que veamos nuevas medidas por parte del Banco Central Europeo y confiamos también en una revisión del mecanismo de resolución de las entidades de crédito en el Parlamento Europeo. Todo ello debería permitir una reducción sostenida de las primas de riesgo y, por lo tanto, una mejora en el acceso al crédito en las economías periféricas. Ese camino conllevaría a su vez una ralentización del ajuste fiscal, contribuyendo a cierta mejora de la demanda interna. Asimismo, el aumento del empleo, aún a pesar de los crecientes niveles de precariedad, podría animar el consumo y, a su vez, la caída de los costes laborales unitarios continuaría ayudando a la posición competitiva de las empresas, especialmente, de sus exportaciones. Esta descripción podría llevar la tasa de crecimiento en 2015 al entorno del 2% con crecimiento neto del empleo desde este mismo año.

Ahora bien, ¿es todo esto suficiente para dar por superada la crisis? No lo parece.

En primer lugar, estas previsiones macroeconómicas, que ahora configuran el escenario central, están sujetas a elevados riesgos. En los próximos meses, debemos conocer los resultados de los test de estrés a los bancos y, además, está pendiente una nueva renegociación de la deuda griega. Junto a ellos, está por ver qué hará el BCE y cómo intentará mejorar la transmisión de la política monetaria, en un marco con elevados riesgos de deflación. Es decir, todo aquello sobre lo que ahora se asienta las percepciones positivas es en sí mismo muy débil.

En segundo lugar, y suponiendo que el escenario positivo se cumple, el país camina había una sociedad no ya dual, sino “trial”. Por una parte, aún pervive un núcleo de empleados indefinidos con buenas condiciones laborales, aún con la espada de Damocles que supone la última reforma laboral. Por otra parte, los desempleados que encuentren trabajo lo harán en condiciones precarias, como ya estamos observando, y resulta improbable su paso al segmento seguro del mercado laboral. En este sentido, la recientemente anunciada “tarifa plana” para contratos indefinidos no parece que vaya a tener gran influencia en las decisiones de contratación, si confiamos en todos los análisis previos que demuestran que estas subvenciones no alteran el nivel de empleo global. De este modo, sólo supondrán una subvención a las empresas con afección negativa sobre las ya pobres bases del sistema de la Seguridad Social. En este sentido, sería bueno destinar esta financiación a mejorar las políticas activas de empleo. Y por último, aun cuando se cree empleo con mayor rapidez que en el pasado, absorber cinco millones de desempleados no será una tarea tan veloz. Así pues, a la ya clásica división entre empleados temporales e indefinidos, aún viviremos con una tercera conformada por millones de desempleados durante largo tiempo.

En tercer lugar, el sector productivo podría sufrir también una dualidad creciente. Por una parte, estamos ya observando como nuevas empresas de tamaño medio se han unido a las grandes multinacionales del país en su apuesta por los mercados exteriores. Pero, por otra, pervivirá un tejido empresarial con bajos niveles de productividad, aún más si se cronifica un mercado laboral precario, que tendrá difíciles perspectivas de sostenibilidad a medio plazo.

Este escenario que, como digo, es compatible con la senda de recuperación que ahora se descuenta debe ser combatido, y podría empeorar si alguna de las bases sobre las que se asienta esta mejora no se cristaliza.

Por ello, es urgente que el proyecto de la unión bancaria se acelere y consolide, lo que debería ir unido a una posición más ambiciosa por parte del BCE, camino que debería desembocar en algún tipo de unión fiscal en la eurozona. Asimismo, el país necesita una reforma fiscal que recupere la capacidad tributaria de las Administraciones, ayudando así a un programa de consolidación fiscal creíble, y protegiendo las políticas de cohesión social. Además, es perentorio revisar el mercado laboral, diseñando canales no discrecionales desde la contratación temporal a la indefinida y recuperando la interlocución entre los agentes sociales.  Y por último, el país precisa una estrategia energética aunada a una reflexión sobre el  futuro del tejido empresarial, que posibilite la emersión de un patrón de crecimiento sostenible.

Por consiguiente, aun cuando la recesión parece cosa del pasado, España tiene aún mucho por hacer para garantizar una oferta universal de oportunidades, combatiendo la divisa sociedad a la que parece que el actual escenario nos empuja. 

PD. Este artículo fue escrito con anterioridad al acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Eurogrupo en torno al Mecanismo Único de Resolución, dentro del marco del proyecto de la “unión bancaria”. El acuerdo final dista en mucho del objetivo deseado, aminorando así los potenciales beneficios a corto plazo de una unión bancaria sólida. Además, la insuficiencia financiera y el no acceso del mecanismo al MEDE podrá amplificar a su vez los potenciales efectos negativos de una crisis bancaria a medio plazo. 

Jonás Fernández, economista y autor de Una alternativa progresista (Ediciones Deusto).

Silicon Valley a la española: ¿industria, formación e investigación?

Un estudio de la Fundación Alternativas, realizado por el catedrático de Comunicación Audiovisual, Hipólito Vitar, analiza el origen y evolución de los parques tecnológicos en España, entendidos como polos de desarrollo ligados al territorio, a la innovación y a la tecnología.

En paralelo a la época del boom económico español, comenzaron a desarrollarse importantes tecnopolos en España, como la Ciudad de la Imagen de Madrid, la Ciudad de la Luz en la Comunicad Valenciana, el Parc Audiovisual de Cataluña, la Cidade da Cultura de Galicia, u otros más tradicionales como Parc Barcelona Media o el Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla.

Los tecnopolos son un conjunto de empresas, centros de investigación y de formación que comparten un interés común en alguno de los estados por los que atraviesa la cadena de producción de un determinado bien o servicio, desde la investigación básica hasta el desarrollo y fabricación de un producto. En ellos se desarrollan actividades de alta tecnología, centros de investigación, empresas y universidades, además de instituciones financieras, para promover el contacto entre ellas y provocar un efecto sinérgico que permita la emergencia de nuevas ideas e innovaciones tecnológicas y la creación de nuevas empresas.

El referente principal que llevó a gobiernos locales en España a tener su propio polo de desarrollo es Silicon Valley, que surgió en torno a la universidad de Stanford. Su localización privilegiada, junto con la presencia de una de las universidades más prestigiosas del mundo empezaron a atraer cada vez más talento y empresas vinculadas con la alta tecnología. Hoy en día hay miles de empresas con base tecnológica instaladas en este polo de desarrollo, y todas las grandes multinacionales del secrtor tienen ahñi su sede central

Este estudio de los polos de desarrollo españoles pone de manifiesto la existencia de enormes carencias que indican que la creación de estos complejos respondía más a intereses creados que a la necesidad de potenciar el desarrollo económico de la región en la que se asientan.  La causa reside en que en la mayoría de los complejos analizados sólo está presente el sector industrial y ausentes la formación y la investigación, situación que pone de manifiesto uno de los grandes problemas de la I+D en nuestro país: la falta de conexión entre la industria y la universidad.

Si bien es cierto que en los primeros años todos los complejos analizados han atraído a la industria y han conseguido generar puestos de trabajo, con el paso del tiempo muchos de ellos se han venido abajo. Se hace necesario tomar medidas que permitan reactivar los complejos que han fracasado o están en declive.

Habría que apostar porque la construcción de estos complejos no se lleve a cabo para satisfacer intereses privados  y sirviese para reactivar regiones deprimidas y para  crear empleo. No es imposible: la prueba es que en otros lugares funciona.

Observatorio de Cultura y Comunicación

Fundación Alternativas

 

¿El fin del saqueo?

 

NICOLÁS SARTORIUS

La crisis financiera ha sido uno de los “saqueos” más espectaculares de la historia económica de Occidente o, si se prefiere, de Europa. El descontrol y la mala gestión de las finanzas junto a la incapacidad de los gobiernos o quizá su nula voluntad política de intervenir a tiempo ha significado que multimillonarias deudas privadas se transformen en deudas soberanas, con el resultado de que el desaguisado nos ha costado a los contribuyentes, es decir, a usted y a mí, la friolera de centenas de miles de millones de euros. Solamente en España alrededor de 60.000 millones de euros, de los que ya veremos lo que se recupera.

Al mismo tiempo, el BCE que se supone maneja el dinero de todos, ha prestado a los bancos, incluidos los españoles, cientos de miles de millones de euros a un tipo de interés del 1% (¿por qué no a otras empresas privadas que producen bienes reales?), al tiempo que estas instituciones financieras se lo prestaban a los estados al interés del 3,4 ,5 % o incluso más, con el doble efecto perverso de que los gobiernos van dependiendo cada vez más de los “mercados” y se va restringiendo el crédito a las familias y a las pymes, con el consiguiente aumento del desempleo. Luego, una vez saneados los bancos en crisis, con el dinero de los ciudadanos, se suelen vender a un precio muy beneficioso a otras entidades financieras redondeándose así la conocida operación de “socializar pérdidas y privatizar ganancias”. Una vez los Estados se encuentran duramente endeudados, los gobiernos consideran que la única manera de reducir déficits y deudas es recortando los gastos y las inversiones, la famosa política de austeridad, que empobrece a las grandes mayorías y acrecienta el desempleo.

Con la unión bancaria, la idea era que este saqueo no volviera a ocurrir, es decir, que las crisis de los bancos no las paguemos los contribuyentes sino los accionistas, los grandes acreedores y, en última instancia, a través de un mecanismo único de resolución mediante un fondo capaz de hacer frente a estas crisis. Pues bien, después de muchas horas de negociación se ha llegado a un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento en esta línea si bien, en mi opinión, claramente insuficiente.

Es cierto que el BCE se va convirtiendo en el supervisor principal y que se crea un fondo- en ocho años- de 55.000 millones de euros. Una cifra ridículamente insuficiente a tenor de lo ocurrido en el pasado y lo que puede suceder en el futuro cuando se sepa de verdad la situación real de algunas instituciones financieras. Se arguye que se trata de un paso adelante, que mejor esto que nada. Es un argumento pobre, muy corriente en los temas europeos. En política, los supuestos “pasos adelante” no siempre lo son, pues depende de lo rápido que cambien las circunstancias y las necesidades de hacer frente a los problemas.

La realidad es como una cinta continua que si adquiere una velocidad superior a la de tus pasos lo más probable es que te caigas. Así puede suceder en este caso a pesar de los loables esfuerzos del Parlamento europeo que ha conseguido mejorar el acuerdo hasta un límite. Ese límite viene marcado porque los eurodiputados no son seres independientes de los gobiernos o de los partidos y cuando se trata de las cosas de comer suelen hacer lo que esos gobiernos o partidos les dicen que hagan sobre todo si se acercan las elecciones. Demostración de que el Parlamento europeo es muy importante pero no debemos olvidar que su importancia y dirección depende de a quien se vote en cada país.

En conclusión: ¿se acabará el “saqueo” con este acuerdo sobre la unión bancaria? En mi opinión, continuará con menor intensidad que en el pasado pues este despojo solo terminará el día que las crisis bancarias las paguen quienes las han provocado- para lo que se necesitan mucho más que 55.000 millones de euros- y el control del sistema financiero sea mucho más estricto. 

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, periodista, abogado y escritor.

El voto de los parados

MIGUEL CAÍNZOS Y CARMEN VOCES

Con una tasa de desempleo del 26% y unas perspectivas de creación de empleo poco halagüeñas en el corto y medio plazo, es razonable preguntarse cuál puede ser el impacto del paro en el ciclo de elecciones que se abre con las europeas del próximo mes de mayo y que continuará con las municipales, autonómicas y generales que tendrán lugar en 2015.

En realidad, esto implica hacerse dos preguntas distintas: ¿Votarán los parados de manera distinta a como lo harían si tuviesen trabajo? ¿En qué medida las percepciones y evaluaciones de los electores sobre el desempleo como problema nacional afectarán a su voto, incluso si ellos no lo sufren personalmente?

Aquí nos interesa la primera cuestión, la del voto de los propios parados, cuya relevancia se pone de manifiesto si recordamos que, en estos momentos, hay en España alrededor de cuatro millones y medio de ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentran en situación de desempleo.

Probablemente, el mejor modo de prever qué puede ocurrir en las próximas citas electorales es examinar la experiencia previa. En un estudio reciente publicado en el último número de Zoom Político que será publicado el viernes 21 de marzo en la página de la Fundación Alternativas, hemos analizado la conducta de voto de los parados españoles para comprobar si realmente se comportan de manera diferente a los ocupados. Lo hicimos abarcando un amplio período temporal que incluye todas las elecciones celebradas en España desde 1979. Esto nos permite comprobar no solo si hay una pauta de voto distintiva de los parados, sino también si esa pauta es estable a lo largo del tiempo o varía entre momentos de bonanza y de crisis económica. Además, contemplamos varias hipótesis diferentes sobre la forma que, en principio, podría adoptar la relación entre experiencia de paro y voto.

Nuestros resultados muestran que, en realidad, a lo largo de la experiencia democrática española, estar en paro no ha modificado el sentido del voto. Las preferencias electorales de los parados son indistinguibles de las de los ocupados. No han mostrado una especial propensión a usar su voto para castigar al partido gobernante o a apoyar a un partido determinado porque tuviese reputación de ser más competente o promover políticas más eficaces contra el desempleo. Esto es así tanto si se examina el comportamiento de los desempleados tomándolos en conjunto, dando por supuesta su homogeneidad, como si se tiene en cuenta la posibilidad de que haya diferencias en su conducta relacionadas con su posición ideológica. La única excepción significativa se produjo en 1986, cuando los parados de izquierdas votaron al partido gobernante (el PSOE) en menor medida que los ocupados de la misma orientación ideológica. Según nuestros análisis, desde entonces la experiencia de desempleo no ha afectado a cuál es el partido elegido por los parados de izquierdas ni por los de derechas, ni por los ideológicamente afines al partido gobernante ni por los alejados de él.

Sin embargo, estar en paro tiene una consecuencia importante: aumenta la probabilidad de abstenerse. En siete de las diez elecciones generales celebradas desde 1979 (todas salvo las que tuvieron lugar entre 1993 y 2000), los parados se han abstenido más que los ocupados. Esta reducción de la participación ha oscilado entre seis y doce puntos porcentuales; en las últimas elecciones generales, las de 2011, fue de unos ocho puntos.

En resumen, podemos concluir que en España estar en paro no cambia el partido al que se vota, pero disminuye la probabilidad de votar a algún partido.

¿Por qué ocurre esto? La explicación podría radicar en un hecho bien establecido en la investigación sobre los efectos psicosociales del desempleo. El paro promueve el desinterés por el ámbito público, la rebaja de las expectativas, la disminución de las perspectivas de cambio y, en definitiva, el fatalismo. En términos políticos, esto puede significar que los parados sienten que el sistema político en su conjunto (no un determinado gobierno, o este o aquel partido) es insensible o incapaz de dar respuesta a sus problemas más acuciantes, lo cual, lógicamente, hará que la opción de utilizar el voto para castigar al gobierno o para buscar una solución política a aquellos problemas sea poco atractiva. De ahí la mayor probabilidad de abstenerse.

Volviendo a nuestra pregunta inicial, nuestros resultados acerca de la experiencia de tres décadas de elecciones lleva a esperar que, en las próximas citas electorales, los parados participarán en menor medida que los ocupados, pero sus votos se distribuirán entre los distintos partidos de manera muy semejante.

Por supuesto, esto no agota el posible impacto electoral de la existencia de una alta tasa de paro. Tanto si les afecta personalmente como si no, los electores tienen una aguda percepción de la magnitud de este problema y hay buenas razones para pensar que los juicios que hagan acerca de quién es responsable del mismo pueden influir poderosamente en su voto. Pero esta es una cuestión que merece tratamiento aparte.

 

    Miguel Caínzos es profesor titular de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela.

    Carmen Voces es doctora en Psicología y profesora e la UNED.

La UE tras Ucrania: ¿poder global o gran potencia?

CARLOS CARNERO
Con el cierre de la campaña electoral, se constata que los principales partidos han vuelto a hacer lo mismo de siempre cuando de elecciones a la Eurocámara se trata: hablando poco de Europa. Constatación acompañada de la satisfacción que proporciona que al menos la sociedad civil organizada comprometida con la UE representa, lo que podríamos denominar el pueblo europeísta, haya intentado por todas las vías a su alcance lo contrario.

 

Ni la existencia de una crisis económica de dimensiones desconocidas en cuya gestión la UE ha tenido y tiene mucho que ver de forma protagonista (en opinión de algunos, para bien, en la de otros, para mal) POR PRIMERA VEZ DESDE QUE EXISTE (y hay que ponerlo en mayúsculas para que no pase desapercibido); ni el establecimiento de un lazo constitucional más directo que nunca entre el voto en las urnas y la elección del Presidente de la Comisión Europea; ni el sensible aumento de competencias y democracia de la Unión con el Tratado de Lisboa, que en los comicios de 2009 todavía no estaba en vigor; ni el hecho de que en esta ocasión todos los partidos europeos tuvieran un candidato o una candidata de carne y hueso a encabezar el Ejecutivo comunitario; ni la amenaza de un crecimiento de los populistas, racistas y xenófobos en los escaños de Estrasburgo como un mal augurio para la convivencia y los valores; pues bien, nada de todo eso ha conseguido que los partidos se hayan centrado en presentar sus propuestas para la UE.

 

Lo curioso del caso es que las tienen, las han elaborado de forma minuciosa, son serias, permiten diferenciar derecha e izquierda, identificar quien apoya la austeridad a palo seco y quien la suma austeridad+crecimiento, quien cree en la Europa federal y quien no, incluso quien piensa que el independentismo es un despropósito y es imposible en la UE y quien dice lo opuesto, por si faltaba alguna salsa nacional para animar el debate europeo. Pero incomprensiblemente las han guardado en el cajón. Si al menos hubiéramos visto algún cartel de los que cuelgan de las farolas con la cara de Junker, de Schulz, de Tsipras… Tampoco en eso ha habido un intento de actuar en modo europeo. 

 

El resultado, seguramente, es que quienes podían ser potencialmente animados a votar  el 25 de mayo se hayan visto tan decepcionados como acudir a las urnas y que, de nuevo, la abstención pasiva siga ganando por mayoría absoluta, no en perjuicio de los partidos –que se adjudicarían de igual manera los escaños aunque solo votara el 1 % del cuerpo electoral-, sino de la UE como construcción política, la primera democracia supranacional  existente en la historia, nuestro impresionante invento colectivo.

 

Y no ha sido así en toda la Unión, sino todo lo contrario: quienes hemos seguido la campaña en el Reino Unido, Portugal, Irlanda, Francia, Italia, entre otros países, sabemos que ahí se ha hablado de Europa más que en España.

 

Pero no todos han actuado de igual manera: las miles de mesas redondas o actos informativos, los cientos de publicaciones impresas y digitales, las decenas de llamamientos de la sociedad civil sobre y por Europa, en un desesperado intento para que se hablara de ella en la campaña, merecen un aplauso cerrado. Por ejemplo, la Fundación Alternativas ha estado en eso, publicando y presentando con éxito el Informe sobre el estado de la UE 2014: la ciudadanía europea en tiempos de crisis, junto con la alemana Friedrich Ebert Stiftung.

 

Así que a ese pueblo europeísta le corresponde la Copa de Europa. Los partidos, lamentablemente, la han perdido.

 

Aunque, a pesar de todo, los partidos son la columna vertebral de la democracia europea y a ellos les corresponde representarnos y adoptar las decisiones que afectarán la vida cotidiana de la ciudadanía de la Unión. Así que lo único inteligente sigue siendo ir a las urnas el 25 de mayo y votar por partidos europeístas con capacidad de gobierno.

 

* Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas. Ha sido embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

El reto de las primarias

PABLO SIMÓN

El estudio de la selección de candidatos en los partidos nunca ha sido algo sencillo. No en vano el primer gran libro que estudió el tema tenía como subtítulo El jardín secreto de la política. Si los partidos políticos ya son difícilmente comparables entre contextos (e incluso dentro de un país), no hay nada que guarden con más celo que las dinámicas informales por las que eligen a sus líderes. 

Sin embargo, ello no quita a que se haya intentado clasificar los sistemas de elección de candidatos. Para ello normalmente se siguen tres criterios principales.

El primero es el grado de inclusión del selectorado, es decir, de la gente que elige al candidato o líder del partido. En un extremo están los sistemas menos inclusivos, en los cuáles el líder o un conjunto de élites son los que designan al candidato (por ejemplo, Forza Italia o Frente Nacional). En el otro extremo están los sistemas más inclusivos, en los cuales todos los votantes pueden participar de la elección (por ejemplo, el sistema de primarias abiertas de demócratas y republicanos en EEUU). 

Entre estos dos polos existen tres sistemas diferentes: Los de primarias cerradas a los militantes (como casi todos los partidos en Finlandia), los de delegados en los congresos del partido (Como SPD o CDU) o los sistemas mixtos, en el cual los afiliados votan a los candidatos sobre la base de una propuesta realizada por los líderes (como el CDA en Países Bajos o el PS belga). Este último sistema es el más extendido en los países de Europa Occidental. 

El segundo criterio es el nivel territorial más decisivo en la selección. En un extremo están aquellos casos en los que el partido a nivel central controla todo el proceso mientras que en el otro están aquellos exclusivamente controlados por las ramas locales/ regionales. Con frecuencia, ambos niveles participan en la selección, si bien uno de ellos suele tener la palabra final.

Aunque la regla general en Europa es que el nivel regional/ local sea el más fuerte, teniendo los cargos orgánicos estatales un rol consultivo, hay una cierta tendencia a concentrar el  poder en el nivel nacional. Esto ha sido especialmente así en los países del sur de Europa, donde los partidos suelen acercarse más a un modelo centralizado.

Finalmente, el tercer criterio es quién puede presentarse como candidato. En un extremo están aquellos sistemas que permiten que casi cualquier ciudadano lo haga (como pasa en EEUU) mientras que en el otro se encuentran aquellos que obligan a ser miembro de partido y cumplir algún tipo de requisito (en los modelos Westminster, tradicionalmente, ser diputado). El modelo más extendido es el que permite concurrir a cualquier militante sin requisito previo. 

Este debate sobre el sistema de selección de candidatos es bastante pertinente dado que en España se están viendo ciertos cambios en ese sentido. Algunos partidos políticos ya tienen incorporadas desde su nacimiento las primarias de militantes (ICV, UPyD, ERC o Compromís) mientras que otros partidos las están adoptando más recientemente (PSC o PSOE) si bien optando por primarias abiertas a toda la ciudadanía.

¿Por qué se producen estos cambios hacia los modelos de primarias? Algunos autores han comentado que esto se da como reacción de los partidos a su sangría de militantes, como vía para reconectar con una ciudadanía cada vez más alejada de la política. Otros opinan que más bien se da por dinámicas internas, como reacción a derrotas electorales y compromiso interno.

La pregunta del millón es saber qué efecto y escenarios de futuro puede generar esta creciente apertura del selectorado, de las personas involucradas en la elección de candidatos. Y aunque el argumento es que las primarias pueden ser un impulso a la democracia interna dentro de los partidos, esto no siempre está tan claro.

En primer lugar, algunos autores han mostrado que un selectorado más inclusivo no garantiza que éste participe más y puede facilitar la rotación de militantes o la manipulación del proceso desde los cargos, democratizando en forma pero centralizando en el  fondo. En segundo lugar, a veces también puede generar problemas en términos de representación social ya que mujeres, jóvenes, minorías étnicas o perfiles sin experiencia tienen más difícil ganar primarias. Eso sin contar con la existencia de un reglamento interno que garantice un equilibrio en los recursos para competir. 

Por último, siempre es complicado realizar un proceso de primarias importado de Estados Unidos cuando los partidos políticos y organizaciones tienen un peso tan importante en Europa. No solo es relevante el candidato, sino también las etiquetas de los partidos y que exista cierta coherencia ideológica entre el programa que trae el candidato y el de la organización. Unas primarias totalmente abiertas pueden hacer que el partido y sus cargos medios dejen de ser un contrapeso en favor de una organización más “bonapartista”.

Tender a una mayor inclusión en la selección del liderazgo es la regla en España  y parece que el temor de que la división en el partido pueda ser penalizado electoralmente es infundado, al menos a nivel local. Sin embargo, tan importante como ampliar la base de la elección es asegurarse de que todos los candidatos tienen equilibrio en la competición. Eso y no olvidar que más allá de elegir a los políticos lo que la gente tiene necesidad es de otra política. Algo que no se arregla (solo) con unas primarias.

Pablo Simón es doctor en Ciencia Política por la Pompeu Fabra e investigador de la Universidad Libre de Bruselas

Beers&Polticis: El reto de las primarias, segunda colaboración entre Beers&Politics, Cercle Gerrymandering y Politikon tendrá lugar mañana jueves, 13 de marzo, a las 20 horas en La Maceta (C/Progrés, 38, Barcelona).

Cultura contra la pobreza

 

FERNANDO RUEDA

El mundo de la  cultura en España está inmerso  en un debate de emergencia, cuyo aspecto más destacado es lograr un mayor y mejor acceso a la cultura al ciudadano, a partir de: a) mejoras fiscales (IVA cultural),  b) la búsqueda de soluciones para la maltrecha economía de la industria productora, (Ley de mecenazgo y Ley de Emprendedores) y c) la lucha contra las descargas ilegales (Ley de propiedad intelectual).

Todas estas cuestiones importantes están  dirigidas a  reforzar un sector productivo de la economía española que genera un 4% del PIB.

Estas demandas, publicadas en los medios día si y día también, se producen en la calle, con los actores, artistas y gestores como protagonistas,  pero también en los despachos con los lobbies que representan a telecos, a productores o a distribuidores,  pues en el fondo, al margen del buen fin último de “mejorar el acceso a la cultura para el ciudadano”, estas soluciones beneficiarían primero y más a las corporaciones del entretenimiento, dueñas de contenidos y de contenedores.

Conviene poner el foco en otros aspectos que también son de una gran emergencia en nuestro país: la lucha contra la pobreza.  ¿Y cómo puede contribuir la cultura a  combatir esta situación? 

Términos  como pobreza energética, desigualdad, recorte de derechos, desahucios o fin del bienestar inundan los medios de comunicación día a día junto con otros menos comprensibles como prima de riesgo, reformas, reestructuración bancaria, presión fiscal o fin de la crisis. 

En medio de esta esquizofrenia, habría que poner el foco en iniciativas, programas y estrategias que ayuden a mejorar la vida de los más vulnerables. Traemos a este blog  dos  experiencias que se están llevando a cabo fuera de nuestras fronteras y que pueden servir de ejemplo de cómo, a través de las artes y de la cultura, se puede hacer una lucha eficaz contra la pobreza.

En Colombia,  el programa  Emprende cultura, puesto en marcha en 50 municipios, quiere aprovechar el potencial creativo de las personas en riesgo y situación de vulnerabilidad, dotándolas de herramientas para generar ingresos propios y autonomía económica a partir de la creación de productos y servicios culturales propios. Este programa actúa sobre personas del Registro Único de Víctimas de Guerra y Violencia.  Se parte efectivamente de un elemento del que en mayor o menor medida todos tenemos, es decir capacidad creativa.

Desde México,  la iniciativa de arte y escuela Conarte, en alianza con el sector público, promueve  a través de sus programas una mayor presencia de las artes en las escuelas públicas y en zonas rurales del país, como una parte indispensable de la educación, los derechos culturales y el desarrollo social tanto en sus capacidades expresivas y en su disposición a aprender, como en la puesta en marcha de valores como el respeto a la diversidad, la tolerancia, la equidad de género o la libertad de expresión.

En España, entre las demandas culturales de la calle y de los despachos debemos incluir  también propuestas efectivas para luchar contra la pobreza. Habría que ir acompañado  de la  de literatura de Amartya Sen, en especial su texto Pobreza y hambruna: Un ensayo sobre el derecho y la privación (Taurus, 1982).

 Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

Un pacto por Ucrania

J. ENRIQUE AYALA

Lamentablemente, la Unión Europea ha apoyado un golpe de estado en Ucrania por parte de grupos armados de ultraderecha – infiltrados en  manifestaciones pacíficas proeuropeas - , de cuya acción violenta se han aprovechado los partidos de la oposición, contra un Presidente elegido democráticamente, reconocido por todos los países del mundo - incluidos por supuesto los europeos - con el que en noviembre la UE estaba dispuesta a firmar un acuerdo de asociación.

Puede que Yanukóvich no sea precisamente un santo, pero su destitución - votada por la Rada Suprema en un clima de extrema violencia, rodeada y bloqueada por manifestantes armados - es ilegal, puesto que no se ha seguido el procedimiento de destitución del artículo 111 de la Constitución vigente, que es la única vía legal de remover a un Presidente de su puesto, aparte de la dimisión, la enfermedad o la muerte. Su sucesor es, por tanto, un Presidente ilegítimo e ilegal, como lo es el Gobierno, que  - constitucionalmente - es nombrado por el Presidente.

Los acuerdos del 21 de de febrero, una solución razonable propiciada por Alemania, Francia, y Polonia, y bendecida por la UE, no fueron respetados, y la UE calló, y otorgó. En el Gobierno actual de Kiev, un Vicepresidente, tres Ministros (incluido el de defensa), y el Fiscal General, pertenecen al partido de extrema derecha Svoboda, fundado en 1995 con el nombre de Partido Nacional-social de Ucrania, que colabora con los partidos más extremistas de Europa  en el seno de la Alianza Europea de Movimientos Nacionales. Las milicias fascistas del Pravy Sektor (sector de derechas), responsables en buena parte de la violencia de Maidan, siguen campando por sus respetos en Kiev, y condicionando los nombramientos y las decisiones del Gobierno. Enfrente, es igualmente ilegal e ilegítimo, por supuesto, el despliegue de fuerzas rusas en Crimea fuera de sus bases, y la toma del poder en esta República autónoma por parte de milicias armadas provenientes del ejército ruso, o apoyadas por él. Las acciones de Moscú van en contra de todas las leyes internacionales, incluida la Carta de NNUU.

Crimea fue rusa desde que Catalina la Grande se la arrebató a los turcos en 1783, hasta que en 1954 Nikita Khrushchev se la “regaló” a Ucrania, en el marco de la URSS. Sebastopol no entraba en la donación, pues tenía estatuto de base militar y siguió dependiendo de Moscú. Desde la disolución de la URRS y la independencia de Ucrania (1991), la adscripción nacional de Crimea - y sobre todo de Sebastopol - ha estado en cuestión, hasta que el 31 de mayo de 1997 – tres días después de la firma de los acuerdos sobre la flota del mar Negro, que permitían la presencia rusa en Sebastopol hasta 2017 – ambas partes firmaron el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación (TACA), por el que se reconocían finalmente las fronteras existentes.

Como es sabido, Ucrania está dividida en dos mitades prácticamente iguales, una prorrusa y otra proeuropea, lo que ha sido fuente de tensión y de crisis desde su independencia. Es evidente que Rusia trata de mantener a Ucrania dentro de su esfera de influencia, por razones económicas, geoestratégicas, y políticas, así como de proteger a la minoría rusa. Pero lo que es verdaderamente irrenunciable para Moscú es su posición en el mar Negro a través de la base de Sebastopol, que considera  de vital importancia estratégica. Los acuerdos  de 1997  fueron ampliados en abril de 2010, por el llamado Pacto de Kharkov , que prolongó la autorización de la presencia rusa en Sebastopol hasta 2042 (con posibilidad de prórrogas quinquenales) a cambio de una rebaja del 30% en el precio del gas. Probablemente el temor a que el nuevo gobierno de Kiev pudiera romper estos acuerdos, o incluso a que propiciara la entrada de Ucrania en la OTAN, ha empujado a Moscú a tomar riesgos extraordinarios, seguidos con entusiasmo por los habitantes rusos de Crimea (60%), cuyo nuevo gobierno - elegido por la Asamblea de la república autónoma el 27 de febrero bajo presión de grupos armados prorrusos -, se propone convocar el día 16 un referéndum para pedir la adhesión a Rusia.

Llegada la situación a este punto, es imprescindible promover un acuerdo diplomático que pueda apaciguar la tensión, y hacerlo antes de que la crisis escale - especialmente en Crimea- hasta un punto de no retorno. En el acuerdo deberán involucrarse todas las partes concernidas, es decir además de Ucrania y Rusia, EE UU y la UE, bajo el paraguas de la OSCE, de NNUU, o de ambas organizaciones.

Este acuerdo solo puede pasar por el reconocimiento por parte de Moscú de la  integridad territorial de Ucrania y de la soberanía del Gobierno de Kiev sobre todo el territorio actual del país, en aplicación de los artículos 2 y 3 del TACA, el repliegue inmediato de las tropas rusas a sus bases en Crimea, o a territorio ruso, y la aceptación por parte de las fuerzas irregulares prorrusas y el gobierno de facto de Simferopol, de la autoridad de Kiev sobre la república autónoma de Crimea.

A cambio, Ucrania debe acceder  a mantener los acuerdos de Kharkov sobre la flota rusa del mar Negro, así como comprometerse a respetar a las minorías rusas de Crimea y otras regiones del este y del sur del país, y a mantener el ruso como lengua cooficial de estas regiones. El Gobierno de Kiev, cuya legalidad no reconoce Moscú, deberá comprometerse a no tomar otras decisiones que las necesarias para la continuidad del Estado, hasta las elecciones del 25 de mayo, que deberán llevarse a cabo bajo supervisión internacional (OSCE),  así como a desarmar a los grupos irregulares de Maidan y a no tomar medidas contra los rebeldes del este y de Crimea, una vez que depongan su actitud.

La clave que puede anudar la paz y la estabilidad del país a medio y largo plazo, y que debería formar parte del acuerdo, es que se acepte por todas las partes involucradas el mantenimiento en el futuro de la neutralidad de Ucrania, es decir su no adscripción ni a la OTAN ni a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, manteniendo un estatuto que responde a la doble identidad del país. La entrada de Ucrania en la OTAN, que fue aprobada (sin fecha) en la cumbre de la organización en Bucarest, en 2008, sería incompatible  con la presencia rusa en Sebastopol y percibida como una amenaza por Rusia, además de no contar con el apoyo de la mayoría de los ucranianos, ya que según diversas encuestas hechas en esa fecha entre un 45% y un 60% de la población se oponía al ingreso y menos de un tercio estaba a favor. En cuanto al Acuerdo de Asociación con la UE, que debería ser compatible con el mantenimiento de relaciones económicas especiales con Rusia, deberá esperar a que haya un nuevo gobierno surgido de las elecciones de mayo. Moscú, por su parte, deberá aceptar el acercamiento de Ucrania a la UE y garantizar que no tomará represalias contra el gobierno de Kiev actual, ni contra el que salga de las urnas en mayo, ni en el terreno económico o aduanero, ni el suministro o los precios del gas.

El mantenimiento de Crimea dentro de Ucrania, después de lo sucedido, implicará la necesidad de dotarla de la máxima autonomía compatible con la unidad territorial, de acuerdo con el deseo de sus habitantes. Otras regiones del este y sur del país con fuerte presencia de población rusa deberán poder también disfrutar de autonomía. Probablemente el mejor futuro para un país de doble identidad como Ucrania es un sistema federal, pero esto es algo que deberá decidirla nueva Rada una vez que la situación se haya estabilizado.

Si se logra superar esta grave crisis, es de esperar que la UE haya aprendido un par de lecciones. La primera, que tratar de actuar en los países de la Asociación Oriental (Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán) sin contar con Rusia, es poco realista y puede conducir a crisis graves como la actual, mientras que la cooperación entre ambas partes - sobre la base del respeto a la soberanía de todos los países para decidir su futuro - puede conseguir una estabilidad que hoy en día no tiene ninguno de ellos. La segunda, que los 28 necesitan mucha unidad y determinación para tratar con Moscú donde hay un gobierno fuerte que sabe lo que quiere, presidido por Putin, un hombre determinado, muy distinto del acomodaticio Yeltsin. La UE y Rusia están condenados a entenderse por su insoslayable interdependencia  económica, energética en el caso de la Unión, pero más acusada en el campo comercial para Rusia. Además, Rusia en su socio imprescindible en asuntos de política internacional como Siria, Irán, o la lucha contra el terrorismo internacional o la proliferación de armas de destrucción masiva. El enfrentamiento no es solo indeseable, sino imposible. Poner piedras en el camino del entendimiento, sea quien sea el responsable, no ayuda precisamente a construir un futuro de paz y estabilidad que a todos interesa.

Claves del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

VICENTE LERA

El anteproyecto de Ley para la Seguridad Ciudadana propuesto por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díez, está causando un increíble revuelo desde que se diera a conocer la propuesta de modificación de la actual Ley Corcuera. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, así como las dos asociaciones de fiscales, han mostrado ya sus discrepancias sobre la propuesta legislativa.

Y es que, amparándose en el principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional (según la exposición de motivos), el anteproyecto de ley se caracteriza por una limitación excesiva de los derechos de reunión y manifestación, según ha empezado a considerar ya una parte de la doctrina.

Ello es así debido a que, entre los 55 artículos propuestos, hay conductas y supuestos jurídicos indeterminados que provocan que la ley sea vaga e imprecisa, provocando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan un excesivo poder de discrecionalidad en el ejercicio de sus actuaciones. Así, según la propuesta de modificación, los agentes “podrán inmovilizar a quienes se negaren o no pudieran ser identificados”, pudiendo cachear “siempre que se rija por el principio de injerencia mínima” (no especificando a qué debemos atenernos por tal concepto), siendo ésta una medida preventiva de carácter administrativo.

En lo que concierne a las limitaciones sobre los derechos de reunión y manifestación, respecto a los sujetos responsables, se atribute tal condición a las personas físicas o jurídicas que las convoquen y/o encabecen. Mientras que en lo que afecta su celebración y transcurso, se establecen ciertas restricciones y prohibiciones.

En primer lugar, la autoridad gubernativa podrá acordar la disolución de reuniones en lugares de tránsito público. O pudiendo la policía prohibir el paso a determinadas personas e, incluso, retenerlas. En segundo lugar, se establecen dos prohibiciones expresas de manifestación: las realizadas frente a las Cortes Generales, Congreso y Senado, aunque no estuvieran reunidas, así como las realizadas durante la campaña electoral, como sucedió, por ejemplo, en los días posteriores al 11M. Y, en tercer lugar, se restringe el uso de prendas en determinadas partes del cuerpo, ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán requerir, en todo momento, la identificación a las personas que llevasen el rostro embozado, así como multar a toda aquella persona que lleve gorra, capucha u otra prenda que dificulte su identificación en una manifestación.

Pero sin duda, el aspecto más polémico es el relativo al establecimiento de un régimen sancionador propio, algo que la propia ley de derecho de reunión carecía. Las sanciones pecuniarias que se establecen se caracterizan por su alta cuantía. Así, las infracciones leves serán castigadas con multas de 100 hasta 1.000 euros. Las graves, con multas de 1.001 hasta 30.000 euros. Y las muy graves, con multas de 30.001 hasta 600.000 euros. Cuantiosas multas que sancionan actos que no son delictivos en el Código Penal y que, evidentemente, no tienen en cuenta la capacidad económica del denunciado y sí la recaudatoria por parte de las Administraciones Públicas.

Además, respecto a este punto, y en lo que concierne a los menores de edad, cuando el autor de los hechos sea menor de 18 y mayor de 14 años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, o tutores, no mencionando el anteproyecto ninguna propuesta sobre medidas de reeducación social, algo mucho más lógico y acorde para un menor de edad que una imposición de una sanción pecuniaria.

Por último, se crea un Registro Central de Infracciones. ¿Para qué? En primer lugar, para poder fichar y perseguir la reincidencia de los infractores (ya que, por ejemplo, la comisión de tres infracciones leves en el plazo de dos años será considerado falta grave). En segundo lugar, para que, al ser los plazos de prescripción y caducidad de las sanciones excesivamente amplios, se asegure el requerimiento del pago de las sanciones y, en último lugar, para que, en el caso de los extranjeros, pierdan la posibilidad de obtener permisos de residencia y trabajo si cometen infracciones graves o muy graves o sean  expulsados del territorio español si no tuvieren permiso de residencia y fueren sancionados con infracción grave o muy grave.

 

Vicente Lera es licenciado en Derecho y máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la UCM