Revisar la Transición o revisitar la Historia

AURORA NACARINO-BRAVO

Ha sido el último un mes para la memoria colectiva, valga el oxímoron. En este tiempo, los españoles hemos despedido a Adolfo Suárez, timonel de la transición democrática; hemos celebrado los 75 años del fin de la guerra civil, fantasma funesto; hemos visto, como cada 14 de abril, renacer la eterna disyuntiva: república o monarquía; y hemos recordado, entre procesiones y torrijas, aquel Sábado Santo en que resucitó el PCE.

Todo ello ha alentado un debate que lleva tiempo tomando cuerpo y que, abanderado por una generación de intelectuales jóvenes, pretende revisar de forma crítica la transición que emprendimos a la muerte de Franco. Soy de la opinión de que el periodo que va desde 1975 a 1982 es acaso, y con todos sus defectos, el de mayor éxito político de nuestra historia. Es el momento en que España destierra para siempre las asonadas, los pronunciamientos y conjura su espíritu cainita: nuestro never again. El instante en que España se sienta a la mesa y cambia la imposición por la negociación, la aspiración de máximos por el acuerdo de mínimos.

Pero aquella no era la primera transición democrática que intentábamos los españoles y quizá pueda apreciarse mejor el triunfo político de los años setenta si tomamos perspectiva y lo comparamos con su precedente liberal. El ensayo democrático que supuso la Segunda República había estallado en armas cuatro décadas atrás, y su profusión de sangre y miserias había calado en el ánimo de una sociedad que no estaba dispuesta a repetir los errores del pasado.

Pero, ¿por qué fracasó la joven democracia republicana que hoy muchos idealizan y añoran? La España de 1931 no era la de 1975, pero podemos establecer algunos paralelismos entre ellas. Los 20 fueron años de una modernización sin precedentes, solo comparable a la que tendría lugar en la década de los sesenta. La transformación se sintió especialmente en las grandes ciudades, que vieron emerger edificios, cines y teatros en sus avenidas. Madrid conoció los atascos, se subió al metro y se dejó ver fumando cigarrillos en los cafés de la Gran Vía. Las clases medias florecieron tímidamente y las universidades se llenaron de pedantes con gafas de montura de cuerno (hipsters, diríamos hoy) y chicas maquilladas que creían en el amor libre.

La bonanza de los años veinte generó unas expectativas sociales que el régimen inmovilista de Primo de Rivera no fue capaz de satisfacer ni gestionar, algo parecido a lo que le sucedería al franquismo décadas después. La frustración de expectativas (ese efecto de jota invertida que señalará James C. Davies) tras un crecimiento sostenido suele ser el preludio de las grandes transformaciones políticas. Fue así como llegamos a 1931 y a 1975. Después, se haría patente que las ideas tienen consecuencias, y que en la ideas que cimentaron las dos transiciones está buena parte de la explicación al fracaso de la primera y el éxito de la segunda.

Los arquitectos institucionales de la Segunda República diseñaron una constitución que, lejos de tener la vocación inclusiva de la Carta aprobada en 1978, significaba la apropiación legal y moral del régimen. La república sería antimonárquica, anticlerical y de izquierdas, o no sería. En efecto, las izquierdas excluyeron del nuevo sistema a las opciones conservadoras, a las que se negaba cualquier legitimidad política. A diferencia del PSOE que a partir de 1982 convirtió España en el país moderno y europeo que es hoy, el compromiso del PSOE de los años treinta con la democracia resultaba ambiguo, dando la impresión de que esta podía ser sacrificada en el altar de la revolución que trajera el verdadero socialismo. Fernando de los Ríos llegaría a afirmar que “liberalismo económico y democracia inorgánica están superados”. Y, por supuesto, tampoco puede alabarse el compromiso democrático de las derechas, que desde el primer día conspiraron contra el nuevo régimen republicano, derrocándolo finalmente y dando origen a una tragedia que aún hoy nos esforzamos por sepultar.

La situación condujo a un faccionalismo enconado y unos movimientos electorales pendulares, esto es, la inestabilidad necesaria para cocinar, a fuego lento, una guerra civil. Pero los partidos políticos no supieron entender la gravedad de las ideas puestas en práctica, o bien no les importó. Otro socialista, Luis Araquistáin, se lamentaba en 1934 de que “en España ha habido muy poca guerra civil”. El bueno de Araquistáin sería el primero en arrepentirse de aquellas palabras, una vez consumada la tragedia fratricida. Del arrepentimiento de Araquistáin y del de Prieto y Azaña, del “todos fuimos culpables” de Juan Simeón Vidarte, se consiguió extraer la vacuna que salvaría la democracia, capitaneada por Suárez, 40 años después.

Nunca sabremos si la República habría corrido mejor suerte de haber contado con una figura moderada de la talla de Adolfo Suárez. El hombre que pudo ejercer esa influencia fue Alejandro Lerroux, que experimentó una metamorfosis personal a lo largo de la Dictadura de Primo de Rivera, pasando de ser el “demagogo de esquina” que describiera Shlomo Ben-Ami, a abanderar un discurso responsable, gubernamental e interclasista. El Emperador del Paralelo (como se le conocía) abogó por integrar a todas las opciones y comprendió que el éxito democrático pasaba por la mesura y el pluralismo. Sin embargo, Lerroux no fue capaz de transformar su viejo partido de notables en la maquinaria electoral de masas necesaria para convertirse en la primera fuerza política.

Sea como fuere, abril seguirá siendo el mes de las tentaciones para la revisión de nuestra transición política y la evocación nostálgica de la República; y, también por ello, una muy buena ocasión para revisitar nuestro historial democrático.

Aurora Nacarino-Bravo es doctoranda en Ciencias Políticas en la Fundación Ortega y Gasset

“Gobernar (democráticamente) Europa”, el día después

DAVID CHICO ZAMANILLO

Las próximas elecciones al Parlamento Europeo (PE) tendrán lugar entre el 22 y el 25 de mayo. Nunca antes unas elecciones europeas habían levantado tanta expectación ni tanta atención mediática, pues en anteriores ocasiones siempre había primado su  consideración como elecciones subordinadas en importancia a otras (lo que los politólogos denominan second-order elections).

El impacto de las medidas tomadas a nivel europeo para hacer frente a la crisis, la decisión de los partidos políticos europeos de nombrar candidatos para presidente de la Comisión Europea, el incremento en los poderes del PE desde el Tratado de Lisboa, cuestiones nacionales específicas, como en el caso de nuestro país que sean las primeras elecciones en dos años… Por el motivo que sea, todo conduce a que en los próximos meses gran parte de la actualidad política tendrá como centro estas elecciones.

Sin embargo, dejando a un lado su resultado final, el día después de las elecciones tendríamos que ir dando respuesta a una serie de cuestiones que pese a su enorme importancia, mucho me temo que no vayan a estar presentes en los debates de la campaña.

La UE es hoy víctima de una profunda crisis financiera y económica, que se ha acabado por trasladar al ámbito político hasta convertirse en una crisis existencial. La crisis ha dejado al descubierto las carencias de la construcción de la Unión Económica y Monetaria que alumbró la moneda única y cuya consecuencia más importante ha sido una mayor trasferencia de soberanía al nivel supranacional europeo a través de instrumentos como el llamado Semestre Europeo o el nuevo Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza.

Pero estas trasferencias de soberanía al nivel supranacional europeo, derivadas de las medidas tomadas para frenar las crisis, no han venido acompañadas del necesario control democrático a ese mismo nivel. La estructura de la Troika y su falta de control es el mejor ejemplo de ello.

De esta manera, algunos de los tradicionales problemas de legitimidad y eficacia que desde hace tiempo aquejaban al sistema institucional europeo no han hecho sino exacerbarse con las medidas anticrisis. Nos encontraríamos en una situación en la que, si no se desarrollan más y mejores mecanismos de control, correríamos el riesgo de que el proyecto europeo signifique un retroceso en términos de desarrollo democrático. Si  no aparecen mecanismos de representación y control adecuados, un sistema, caracterizado por normas comunitarias impuestas a sus Estados miembros para garantizar la estabilidad de la Unión Monetaria, acabará siendo políticamente insostenible.

La UE no debe construirse como un desafío a las democracias establecidas en cada Estado miembro sino como la posibilidad renovada de construir una democracia a escala europea, en ámbitos donde el marco nacional ha quedado definitivamente superado. Por ello, el gran reto que la UE tiene ante sí es avanzar desde la Unión Monetaria hacia una verdadera Unión Económica con la Unión Política como estación final, pero sin que en este trayecto se socave el modelo social y democrático europeo que ha caracterizado a nuestro continente frente a otras maneras de organización social en otras partes del mundo. Haríamos bien en tener estas cuestiones en mente, aunque sea el día después de las elecciones.

Ni cultura ni creativa

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Una marca recorre el mundo de la cultura (y ha venido para quedarse). Las Industrias Culturales y Creativas, un elaborado concepto postfordista que fue desarrollado en el mundo anglosajón hace casi dos décadas, hizo después del Laborismo inglés de fines del pasado siglo su punta de lanza y ha logrado implantarse internacionalmente en las grandes instituciones políticas (la Unión Europea y su “Europa Creativa”), de negocios (Organización Mundial de Comercio) y de acuñación cultural global (UNESCO).

La consolidación de la etiqueta, en cuyo seno se mezclan las industrias culturales, el negocio del entretenimiento y las nuevas prácticas creativas,  ha llevado a los países que lideran la economía europea a trabajar con intensidad en su desarrollo. Los gobiernos británicos encargaron hace más de una década su desarrollo a su Ministerio de Cultura, Medios y Deporte (DCMS) que primero (2001) definió el campo y más tarde, a través de organizaciones ad hoc como NESTA, ha puesto al sector en el mapa de las prioridades del país. El último informe presentado el mes pasado por las consultoras Enders/Bain, Creative UK 2014, abre un nuevo capítulo en la penetración del sector, ligando conceptual y numéricamente el desarrollo de la economía creativa a lo que denominan “la transformación digital del Reino Unido”. Un giro interesante para anunciar que más de 1,7 millones de empleos y una aportación al PIB nacional equivalente al 5,2% (unos 71.000 millones de libras en 2012) se vinculan a la economía on-line.

En el caso de Alemania, los asuntos de la cultura y de las industrias creativas están en manos del Ministerio de Economía y Tecnología, en cuyo seno se encuentra la Comisión Federal para la Cultura y los Medios. El Gobierno Federal ha puesto en marcha hace más de cuatro años la denominada Iniciativa por las Industrias Culturales y Creativas, definido su campo de desarrollo y viene elaborando periódicamente informes estatales en torno a su desarrollo y crecimiento, que complementan otros informes de los estados federales. De los mismos se deduce que, con datos conservadores, el sector ocupaba a más de un millón de personas en 2011, de los que 740.000 eran empleados y el resto autónomos y que el negocio generado de 143.000 millones de euros, de los cuales 62.700 eran Valor Añadido Bruto, suponía algo más de 2,4% del PIB (disminuyendo dos décimas respecto a los datos de 2009).

La forma de entender las políticas culturales y de ligarlas a la estrategia de país encuentra en el caso francés una singularidad interesante. Y para muestra este texto, firmado por 10 ex Ministros de Cultura y Comunicación, que se incluye como prólogo de la publicación Panorama de las Industrias Culturales y Creativas en Francia, recién publicado. “La cultura es un campo de naturaleza necesariamente dual. De una parte es la expresión de creaciones intelectuales y artísticas que no pueden ser reducidas a un único valor comercial. De la otra es un sector económico por si mismo que en nuestro país representa un vivero importante de valores y de empleos. Es a través de esa convicción y teniendo en cuenta ambos dos pilares que constituyen el campo cultural como siempre hemos encontrado en torno a la cultura en Francia una forma de unión que transciende a las familias políticas”. El informe, un encargo del Presidente de Gobierno, está articulado a través del Ministerio de Cultura y Comunicación y presenta un escenario de éxitos del sector, con 1,2 millones de empleos “no deslocalizables” y un peso del mismo en la economía equivalente al negocio de las telecomunicaciones.

Ministerios, Delegados Especiales, Presidentes, coalición de ex ministros…¿Podemos imaginar algo parecido para España en el próximo futuro? Porque por ahora, y además de los escalofriantes informes que la Fundación Alternativas viene presentando en los últimos meses sobre el estado clínico de los derechos culturales, lo que vamos viendo, (Subdirección General de Industrias Culturales aparte), son documentos como la reciente publicación del Anuario AC/E de Cultura Digital, que, por desgracia y más allá del esfuerzo loable de los compiladores del trabajo, nos sitúan en un escenario  de absoluta ausencia de cualquier marco deseable de prioridades o de visión estratégica para el sector. Y ese vacío reclama soluciones urgentísimas y una cierta visión de estado, ausente demasiadas veces de la acción del Gobierno de España.

 

Jorge Fernández León es director de Programas de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijoón

Suspenso a la cultura

La cultura suspende su propio examen. Los agentes culturales otorgan un 4,5 de media (suspenso alto, casi aprobado) al sector cultural español, una calificación que lo sitúa en el filo de la navaja, con solo dos futuros: recuperación o derrumbe. Así se deriva de las conclusiones del estudio El estado de la cultura en España 2013. La opinión de los agentes culturales , un trabajo de Patricia Corredor, pionero en España por recoger por primera vez la voz de los agentes culturales. Una selfiedel sector, su propia autofotoy una excelente panorámica del coyuntura española en materia de artes y cultura, con la que Alternativas ha presentado titulares para el debate y la búsqueda de soluciones, según explicó el director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación, Fernando Rueda, en la presentación del estudio el 8 de abril pasado.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a 304 expertos, da como resultado una puntuación de 4,5 para la cultura en España -frente al aprobado ajustadode 5,1 obtenido en su primera edición -, una media por debajo del límite del aprobado, pero en un nivel todavía que un profesor universitario calificaría tanto de suspenso alto como de cercano al aprobado. 

Las mejores calificaciones son para la cultura española en su relación con las redes y soportes digitales, tanto desde el punto de vista de la creación como de los propios usuarios. Las peores, para laspolíticas públicas culturales, tanto interiores como de cooperación y proyección exterior. La tónica evaluadora se repite por esferas de actividad, sectores y profesionales. 

Por esferas de actividad, resalta en los resultados el contraste entre el aprobado alto obtenido por las valoraciones de la creación (5,7) y del uso de la cultura (5,4) frente al suspenso medio de la producción/edición (4,7) o de la distribución (4,5), frente al suspenso sin paliativos obtenido por las políticas públicas culturales (3,4) y la proyección exterior de nuestra cultura.

En cuanto a sectores, el único aprobado claro es para las artes plásticas (5,2). En cambio, cosechan suspensos rotundos las artes escénicas (3,8), la música y la industria discográfica (4,1), los videojuegos y la industria multimedia (4,6), la creatividad publicitaria y el diseño (4,5), el cine y lo audiovisual (4,4).

Por profesiones, destaca la valoración de los gestores de la cultura (productores, editores y distribuidores) que detentan la opinión más optimista sobre el estado de la cultura española, con un 4,6 cercano al aprobado. En el otro extremo, los creadores ofrecen la visión menos optimista con un 4,3.

La edición 2013 del estudio incorpora cuatro preguntas de actualidad sobre el tratamiento fiscal de la cultura en España. Sus calificaciones, bajísimas, no dejan lugar a dudas de la rotundidad y contundencia de lacondena del mundo cultural español alsistema fiscal aplicado a la cultura española y, muy especialmente, alIVA cultural aplicado desde el último cuatrimestre de 2012, una cuestión a resolver de manera urgente, según el catedrático Enrique Bustamante, director del equipo de investigación que ha llevado a cabo el estudio. 

En cuanto a la piratería, uno de las piedras en el zapato del sector, los agentes culturales piden generar mayor conciencia de que el contenido cultural debe ser pagado - No se trata de hurtarle unos euros a las majors americanas, sino de que la industria cultural sea viable sin anuncios”, se lee en una de las respuestas- al tiempo que critican el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual presentado por el Gobierno porque “no contribuye al desarrollo de la industria cultural ni al equilibrio entre los derechos de los titulares y el acceso de los ciudadanos a los contenidos culturales y de entretenimiento”. 

Puntos fuertes de la cultura en España

El top de las diez puntuaciones más altasrevelan el optimismo por el futuro de la cultura en España en relación con las redes y soportes digitales, aunque con optimismo más moderado que en 2011: los creadores están aprovechando las nuevas redes para conectar con sus públicos (7,2), las redes digitales potencian la capacidad del boca a boca de los usuarios (7,1), los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección (6,4), los autores están beneficiándose de las nuevas tecnologías para aumentar su creatividad (6,5), y aunque con menores valoraciones, las nuevas redes permiten una gran participación de los usuarios en la creación cultural (5,8), las redes digitales reducen drásticamente los costes de la cultura y permiten su democratización (5,8) y, finalmente, las redes digitales garantizan el derecho de acceso a la cultura (5,6).

Puntos débiles de la cultura en España

Las puntuaciones mínimasde nuestra encuesta en 2013 se agrupan ostentosamente en torno a las políticas públicas culturales, tanto interiores como de cooperación y proyección exterior: seis de las respuestas pero valoradas corresponden con el papel del Estado en la cultura: las políticas públicas de cooperación son suficientes y efectivas (2,7), las políticas públicas defienden la remuneración justa del autor (3,1), estimulan la sostenibilidad económica de la cultura (3,2), fortalecen el tejido industrial de la edición/producción (3,4) o incentivan el intercambio y la diversidad intercultural (3,4), los medios públicos impulsan la producción independiente (3,3).  Tampoco la proyección exterior de las pymes es vista como suficiente (2,7), los creadores no reciben una remuneración justa para mantener su trabajo (3,0) y, finalmente, los intercambios culturales con la Unión Europea son insuficientes y poco equilibrados (3,4) en opinión de los encuestados. 

Particularidades del estudio: una muestra representativa

Dar voz a los agentes culturales en una consulta es poco habitual en el mundo de la cultura, habituado a las encuestas a las empresas y a los usuarios, de la oferta y la demanda, que suelen dejar en la oscuridad –“en una auténtica caja negra”, señala la autora- a los auténticos protagonistas del sector. La muestra de 304 agentes culturales (creadores, gestores públicos y privados, investigadores y críticos) representa en buena medida “ese caleidoscopio cuya diversidad afirma justamente su riqueza”, subrayó Patricia Corredor en la presentación del estudio.

Ingresos mínimos: ¿Placebo o la última oportunidad para salvar un modelo social europeo en fase terminal?

JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA

-Enfermera: " ¡Doctor! Este paciente está muy mal . ¿Hay algo todavía que podamos hacer para salvarlo? 

-Doctor: "Bueno, vamos a echarle un vistazo”.

 Síntomas y efectos secundarios de un tratamiento incorrecto

La democracia en la Unión Europea está seriamente amenazada por el virus simbionte político-empresarial.  Siguiendo el diagnostico de la troika, los Estados europeos se han empobrecido a sí mismos para mantener la banca a flote. Como consecuencia, ahora no disponen de las herramientas  para atacar a las causas reales de la crisis. La desconfianza hacia las instituciones publicas es cada vez mayor, mientras que el sector privado esta acechando para hacerse cargo de tareas publicas y tener aún más control sobre la sociedad Europea. 

La inyección desesperada e imprudente de dinero en los bancos de Europa no ha logrado los resultados esperados. La inversión no se está traduciendo en un crecimiento real. El mal estado del modelo socio-económico actual de la UE ha revelado nuevas formas de pobreza: Pobreza energética, falta de vivienda, exclusión financiera o incremento de la deuda de las familias. Mientras tanto, los bancos siguen inflándose sus cuentas de beneficios como ganglios infectados, sin dejar pasar nada beneficio alguno para la sociedad.

Hablando de empleo, lo mejor se podría decir es que los ciudadanos de la UE están bastante  preocupados por el riesgo de gangrena de los estados periféricos de la Unión. Riesgo causado por el incremento de la precariedad, la reducción de derechos laborales y el nulo efecto de las reformas laborales en cuanto a la creación de empleo. 

Diagnóstico

El tratamiento nefasto y desastroso de la crisis económica por parte de los gobiernos y la troika, está siendo caldo de cultivo perfecto para las divergencias sociales entre ciudadanos y naciones de la UE. Según los últimos resultados sobre el papel, el paciente debería estar mejorando, pero en realidad parece que el paciente podría colapsarse en cualquier momento. Establecer un salario mínimo Europeo o una Unión Fiscal y de transferencias son todavía un remedio de ciencia ficción. Aún así, algunos creemos que todavía hay alternativas. En algunos círculos especializados, están intentando recuperar un tratamiento que el EESC planteo hace 22 años: la Directiva marco de la UE sobre protección de los ingresos mínimos .

Remedio

El prospecto oficial establece que el Ingreso Mínimo Garantizado debe ser un apoyo a la renta no  vinculado al pago de las contribuciones que proporcione una red de seguridad para aquellos que no pueden acogerse a las prestaciones de seguridad social. Una última defensa contra la pobreza, que está indisolublemente vinculado al derecho a una vida digna para las personas que no tienen otros ingresos.

La Directiva propuesta establecería indicadores comunes para proporcionar métodos de análisis más ajustados a la realidad. En cuanto a la lucha activa contra la enfermedad, la directiva permitiría un  promover política participativas en colaboración con los interlocutores sociales, los beneficiarios y demás grupos de interés para establecer o revisar los programas nacionales de ingresos mínimos. Desde la prevención, una recolección de datos sólida y eficaz impediría a los matasanos emprender políticas perniciosas que solo empeorarían la salud del paciente.

Aun sin ser la panacea por si solo, el uso de este remedio podría tanto mitigar el impacto social de la crisis como ayudar a contrarrestar el proceso cíclico económico al proporcionar más recursos a los hogares, e impulsar la demanda en el mercado interno. Hay evidencias solidas que demuestran que ayudaría a mejorar la cohesión económica y social dentro de la Unión Europea. Además, también ayudaría a proteger los derechos fundamentales de los Europeos, y ayudaría a tener un reparto de la riqueza más justo. También sería fundamental para garantizar que los objetivos europeos 2020 sobre empleo, pobreza y  exclusión social se lograran de una forma sostenible. Reforzar la solidaridad dentro y entre los miembros de la Unión Europea se antoja un requisito previo fundamental, para enviar un mensaje claro a los ciudadanos y ciudadanas de la UE de que el proyecto social de la UE no está muerto, de que la Unión Europea en su conjuntos mira por ellos, que no solo nosotros tenemos que arrimar el hombro.

 Juan Antonio Pavón Losada es diplomado en Relaciones Laborales y Master en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht de la UE, miembro del consejo de dirección del Blog sobre inteligencia europea www.europeanpublicaffairs.eu. 

 

 

Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España

MARÍA GOENAGA RUIZ DE ZUAZU

Todos los Estados desarrollados, en mayor o menor medida según la extensión de su Estado de bienestar, tienen la obligación de proveer a la sociedad de un conjunto determinado de bienes y servicios públicos vinculados a la promoción del bienestar económico y social sobre la base de la redistribución de la riqueza. Para ello, es imprescindible evitar altas tasas de fraude e informalidad y, por tanto, el principal objetivo de cualquier Administración tributaria consiste en lograr el nivel de cumplimiento tributario más alto posible dada su estructura tributaria.

En un contexto de crisis como el actual, en donde no parecen viables las subidas de impuestos para lograr una mayor recaudación, parece que lo más sensato sería mejorar la lucha contra el fraude, así como lograr una mayor eficacia en los mecanismos de recaudación y, de hecho, es lo que está centrando los esfuerzos, tanto de los Estados, de forma unilateral, como de los distintos foros de carácter supranacional.

Si bien es cierto que pagar o evadir impuestos es un acto individual, los determinantes a través de los cuales los individuos llegan a sus decisiones están fuertemente determinados por el contexto social donde se producen. El grado de cumplimiento con las obligaciones tributarias varía mucho de unos países a otros. El hecho de que un país tenga un grado de cumplimiento mayor o menor depende de muy diversos factores, y todos ellos han de ser tenidos en cuenta: sociológicos, económicos, culturales, jurídicos, etc. En este sentido, en este informe nos centraremos principalmente en el ámbito sociológico de la fiscalidad en España, para intentar estudiar sus percepciones y las opiniones en torno a ella, y de este modo poder proponer medidas para la mejora de la conciencia fiscal en nuestro país.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desarrollado en nuestro país medidas importantes para convertirse en una Administración tributaria avanzada, pero, sin embargo, la sociedad española sigue adoleciendo de baja conciencia fiscal, desconocimiento generalizado acerca del sentido de los impuestos (por qué y para qué), así como de una visión meramente “utilitarista” de sus responsabilidades tributarias. En este sentido, y a lo largo del siguiente informe, se presentarán una serie de medidas sociales recomendadas para la lucha contra el fraude fiscal en España. Es imprescindible, y más en los tiempos de crisis económica como el que vivimos, que la AEAT ponga los cimientos necesarios para alcanzar mayores cotas de cumplimiento fiscal voluntario, con ciudadanos más informados y responsables de sus responsabilidades tributarias, y con actitudes de total rechazo hacia el fraude fiscal. Y más, si cabe, cuando el último Plan Nacional de Lucha contra el Fraude en nuestro país data de 2008.

Si bien es cierto que en los últimos años la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha trabajado para mejorar el determinante “oportunidades para incumplir” a través de la mejora en los mecanismos de asistencia en el pago de los impuestos e información a los contribuyentes, no se han desarrollado medidas ni estrategias para mejorar las opiniones y percepciones sobre el aumento del fraude fiscal, la impunidad de los defraudadores, el desconocimiento del coste de los servicios públicos o prestaciones sociales, o el alto nivel de presión fiscal soportado (intrínsecas todas ellas dentro de las normas sociales y personales de los ciudadanos); la percepción ciudadana de inequidad en el sistema tributario español; así como la percepción social generalizada de una baja probabilidad de sanción o inspección (disuasión). Y, además, habiéndose desarrollado un programa de educación cívico-tributaria a nivel estatal desde 2005 de forma institucionalizada, este ha quedado paralizado por falta de apoyo institucional y de recursos.

A todas estas cuestiones se le suma el que, en un contexto de crisis económica, recortes en el gasto público y pérdida de la ilusión financiera, se generen entre los ciudadanos actitudes de resistencia fiscal provocados, principalmente, por cuestiones como percibir una presión fiscal soportada demasiado elevada o que los contribuyentes opinen que el gasto público al que se destinan sus impuestos no cumple los objetivos adecuados.

Por todo ello, parece que es pertinente el desarrollo de iniciativas por parte de la AEAT para un “rearme moral” de los ciudadanos-contribuyentes con el fin de evitar que este contexto de crisis aniquile los avances de concienciación fiscal que se habían conseguido hasta el momento en nuestro país. Y, en este sentido, se estima pertinente que la Administración tributaria española emprenda acciones basándose en los dos principales factores que han legitimado hasta ahora su obligación tributaria: los intereses personales (relación de intercambio fiscal) y la equidad fiscal (vertical y horizontal). Es importante que estas medidas de rearme moral por parte de la AEAT se segmenten en dos grupos de población diferenciados: jóvenes y niños, a través de medidas educativas; y adultos, por otro lado, centrándose en medidas de información y comunicación, principalmente.

María Goenaga Ruiz de Zuazu es autora del estudio Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España, publicado por la Fundación Alternativas. Pertenece a la red de expertos en Educación Fiscal del Proyecto EUroSocial I de la Comisión Europea, es la primera especialista española en la materia. Más información en su página web: Sociología Fiscal. 

 

 

Europa, en la redistribución cultural del poder

ESTEFANÍA DE LA TORRIENTE / MIGUEL SÁNCHEZ

No deja de sorprender la brecha entre el discurso político y la acción política. En el caso de Europa, esta brecha la está desangrando. El pasado 3 de marzo, en un discurso en Berlín, afirmaba Durao Barroso que “una cosa es hablar de cultura en Europa,  otra es aceptar que la Unión Europea como tal, con sus instituciones, tiene también un significado cultural,... es algo más que un mercado”. Sin embargo, la financialización de la vida (política) en Europa es evidente, especialmente si analizamos las políticas culturales que empiezan a dibujarse y que inciden en la función de la cultura a nivel internacional.

A mucha gente le parecerá frívolo referirse a la cultura en estos tiempos que corren, pero la cultura importa. En un informe emitido por la OTAN en 2010 se subraya que en el futuro próximo, “los conflictos van a tener un carácter fundamentalmente cultural o religioso”...Ya tras los atentados del 11S - como señaló Montiel- “fue sorprendente advertir cómo las interrogantes se dirigían hacia la cultura, para buscar allí –y no en la política o la economía– las respuestas y las claves para comprender lo ocurrido”.  Y en clave cultural, pueden explicarse también la mayoría de los conflictos actuales (y de larga duración) que azotan al mundo en la actualidad. Así que sí, la cultura es fundamental en las nuevas relaciones internacionales.

La idea de gubernamentalidad de la que hablaba Foucault y que hizo que los Estados vieran necesaria su intervención en diversos aspectos de la sociedad como la cultura, se encuentra en decadencia en esta Europa en la que el desmantelamiento del Estado de bienestar está generalizándose. Las políticas de esta segunda ola neoliberal  van afianzando  la “cultura de circulación” -a la que se refieren Lee y LiPuma en su imprescindible artículo sobre la modernidad- debilitando progresivamente la estructura clásica de la nación que poco a poco pierde capacidad de acción y reacción, sustituyéndola por una  estructura más cosmopolita.

La diplomacia cultural está de moda y el creciente interés que suscita deja entrever la gran paradoja de la  cultural que se fomenta desde posiciones neoliberales. Lo internacional, lo global, sustituye a lo nacional.Las fronteras se desvanecen para todo -menos para las personas a las que parece les vuelven a querer poner obstáculos- y las políticas culturales retornan a sus orígenes. A nivel interno, los Estados abandonan la responsabilidad de cubrir las necesidades culturales de sus ciudadanos en manos de “benefactores privados” y trasladan su preocupación (de lo nacional) a lo internacional. Los Ministerios de Cultura ya han desaparecido en muchos países y los Ministerios de Asuntos Exteriores toman el control ganando así la vieja batalla por las competencias. Sus diplomáticos asumen el mando con orgullo y trabajan ahora en la creación de la “marca” del país, al modo clásico de promoción de las virtudes y maravillas del mismo, basando la acción en una comunicación unidireccional. Se afanan éstos en la captación del turismo internacional y el mantenimiento de las buenas relaciones...mientras los países se desmoronan por falta de confianza en sus gobernantes, en los de los demás y en Europa. Pero además, a la ecuación clásica se añade una nueva variable propia de un mundo globalizado: los llamados BRICS, países que se aproximan “amenazantes” al nivel de la potencias clásicas.

La competencia aumenta, se abre de nuevo la lucha por una mayor presencia e influencia en el mundo que definirá las próximas décadas. Europa tiene miedo y con razón. Sólo desde 2004, China ha establecido más de 300 Institutos Confucio alrededor del mundo y Rusia ha iniciado una campaña para impulsar la creación de más Institutos Pushkin con un presupuesto de casi 50 millones de dólares... Mientras que los países europeos recortan, la inversión pública en cultura, por ejemplo en China ha crecido más de un 20% desde el 2007 y para el 2015 se espera que la aportación al PIB de la cultura alcance el 5.6%. Los BRICS ya se han dado cuenta de la importancia de la cultura e invierten en ella.

La Unión Europea siente -como es natural- que el poder adquirido tras las sucesivas oleadas de políticas coloniales ahora se desvanece, su influencia se diluye. Para evitar quedarse atrás la UE. prepara en la actualidad una estrategia conjunta sobre el papel que la cultura debe desempeñar en sus relaciones exteriores. Junto a algunos investigadores independientes y consultoras como KEA, varios institutos de cultura nacionales de países miembros de la UE- entre ellos el British Council del Reino Unido, tan poco amigo de Europa- participan en la preparación de esta estrategia de “reconquista” europea . Todo este esfuerzo llama la atención teniendo en cuenta que la cultura sigue siendo a día de hoy una de las competencias “de apoyo” (artículo 6 del TFUE) de la UE.

Lo que está en juego, evidentemente, es muy importante. Sin embargo, existe la sensación de que una vez más y aunque se gobierne en su nombre, poco se está teniendo en cuenta a los ciudadanos y sus necesidades reales. Poco podemos hacer al respecto. La fluidez de las relaciones contemporáneas, el mundo virtual en el que vivimos, dificulta el deber ciudadano de pedir cuentas a los responsables de la deshumanización de las políticas, cabezas virtuales que tejen desde un lugar incorpóreo el destino de tantos millones de personas...

Consuela saber, que es en este mismo mundo hiper-interconectado, donde las nuevas tecnologías permiten la comunicación inmediata de un punto a otro del globo, donde todos y cada uno de nosotros somos potenciales creadores de imagen del país, de una institución...Y es una ventaja que debemos utilizar en nuestro favor y que los gobernantes –quienes quiera que sean políticos o corporaciones, multimillonarios desconocidos o multinacionales- no deben olvidar.

Y como empieza este comentario, cerramos con una frase de Durao Barroso -el mismo que tachó a Francia de reaccionaria por su defensa de la excepción cultural- de su discurso en Berlín: “La cultura es existencial mientras que la política es instrumental. Y pienso que es importante que aquellos que tienen la responsabilidad política o de creación de políticas tengan la humildad de reconocerlo”. Pues eso, a aplicarse el cuento.

Estefanía de la Torriente y Miguel Sánchez gestionan @culturburo, blog sobre análisis e información de políticas culturales

Más vale tarde que nunca: hacia el fin del secreto bancario en la Unión Europea

JOSÉ LUIS ESCARIO DÍAZ-BERRIO

El Consejo Europeo del pasado marzo ha supuesto un salto cualitativo en la lucha contra el secreto bancario en la Unión Europea (UE). Austria y Luxemburgo han finalmente levantado su veto a las propuestas revisión de las directivas comunitarias que pretenden generalizar el intercambio automático de información bancaria a todos los Estados miembros de la UE y a las principales formas de ingresos financieros (los dividendos, las ganancias de capital y los balances de cuentas corrientes inclusive). Estas revisiones subsanan las importantes lagunas de que adolece la legislación comunitaria en la materia, que permite ser fácilmente sorteada por los grandes evasores.

El proceso acelerado de globalización del mundo ha facilitado a ciertos contribuyentes colocar sus inversiones  en bancos fuera del país de residencia. Ingentes cantidades de dinero han sido ubicadas en el extranjero, lo cual supone para las autoridades fiscales nacionales una mayor dificultad de control. La cooperación y el intercambio automático de información entre países son la clave a la hora de luchar contra una evasión fiscal transnacional.

La lucha de determinadas jurisdicciones, y de ciertas industrias financieras offshore, por obstaculizar el flujo de información fiscal ha sido empedernida. Han tratado por todos los medios de evitar el establecimiento de una obligación a los bancos sitos en sus territorios de reportar automáticamente los movimientos de las cuentas corrientes de los no-residentes a otras autoridades fiscales.

No es de extrañar que la reforma de la normativa comunitaria se haya demorado más de seis años, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier reforma en materia de fiscalidad precisa la unanimidad de los Estados miembros. Veamos el tortuoso camino que ha habido que recorrer antes de la decisión del Consejo Europeo que comentamos.

Todo parece empezar bien cuando la UE aprueba la Directiva sobre la Fiscalidad del Ahorro (STD) . Esta norma entra en vigor en el 2005 y supone un avance importante al incorporar un innovador método de cooperación fiscal entre países, el intercambio automático de información bancaria, mucho más efectivo que el estándar internacional imperante en ese momento, basado en el intercambio “previo requerimiento”. Este presenta la desventaja de exigir, para que el flujo de información bancaria se produzca, la presentación de una solicitud por parte de la Administración interesada. Además, dicha información debe ser “previsiblemente relevante”, a juicio  de la Administración requerida a colaborar. No es de extrañar que, en el caso de las jurisdicciones “no cooperativas”, ese juicio tienda a ser muy restrictivo.

De ahí que, los Estados miembros más celosos del secreto bancario (Austria, Luxemburgo y, en un principio, Bélgica) se esforzasen por incluir en el texto de la STD un régimen excepcional para ellos que les permitiese seguir aplicando el sistema previo requerimiento.

Cuando la Comisión Europea pretende subsanar años más tarde las excepciones y deficiencias de la STD se topa con una estrategia bien trazada entre los paraísos fiscales europeos comunitarios y los no comunitarios, liderados por Suiza. El argumento de los primeros es claro: “mientras los segundos no acepten el estándar automático nosotros tampoco renunciaremos a nuestro régimen excepcional”. El argumento de Suiza es análogo: “mientras Hong Kong, Macao o Singapur no den el paso adelante, Suiza no se moverá un centímetro”.

Sorprendentemente, va haber que esperar a que se produzca un hecho ajeno a la UE para que se rompa el círculo vicioso en el que ésta se había metido. La inminente entrada en vigor de la llamada FATCA, ley estadounidense que exige la transparencia fiscal a terceros países y a sus bancos, bajo la amenaza de gravar con un 30% los flujos que reciban de Estados Unidos, hizo que en el 2013 un grupo de Estados miembros (entre ellos España) desarrollasen un proyecto piloto para cumplir con la obligaciones de intercambio de información americanas y, de paso, aplicasen entre ellos los  mismos requisitos de transmisión de información y el mismo modelo de reporte de los bancos.

Poco después, este renovado clima de coordinación propicia que, en el seno del G20, se acuerde encargar a la OCDE la elaboración de norma mundial única inspirada en el principio de  intercambio automático. El nuevo estándar global, que ha presentado la OCDE el pasado febrero, es una síntesis de la normativa de Estados Unidos y de las propuestas de reforma más avanzadas de la Comisión Europea.

Ante una presión global de tal envergadura, los países más reticentes han tomado consciencia de que es inútil seguir resistiéndose en el seno de la UE a unas condiciones de transparencia que se les van a aplicar a nivel mundial tarde o temprano. He aquí una forma un tanto rocambolesca de esquivar el “insalvable” requisito de la unanimidad que sigue marcando el paso de la UE en algunas materias.

José Luis Escario es coordinador del área de la Unión Europea en la Fundación Alternativas e investigador independiente en temas comunitarios y de fiscalidad internacioanl. Más información en su página web.  

De vuelta al recurso previo

JOAN RIDAO

A finales de enero tuvo lugar un hecho relativamente insólito: los grupos popular y socialista en el Congreso de los Diputados presentaron sendas proposiciones de ley sobre la misma cuestión y en idéntico sentido: reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional (TC) pueda controlar las propuestas de reforma de los Estatutos de autonomía antes de que sean aprobadas por las Cortes y entren en vigor. Como se recordará, este recurso previo había existido ya en nuestro ordenamiento, en concreto desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) de 1979 y hasta la reforma que de ésta se llevó a cabo en 1985 para eliminarlo. Aunque cabe añadir que entonces el recurso previo no estaba limitado a los Estatutos, sino que podía interponerse contra toda clase de ley orgánica.

Ya el Consejo de Estado, en su informe sobre la propuesta nonata de reforma constitucional de 2004 planteó que, dado que los Estatutos, aunque sometidos a la Constitución, ocupan "el lugar más elevado en la jerarquía del ordenamiento", sería deseable rescatar el recurso previo de inconstitucionalidad del baúl de los recuerdos para librar a los Estatutos de toda sospecha de inconstitucionalidad. Por esta misma razón, el PP justifica su proposición de ley, si bien excluye los proyectos de Estatuto en trámite. Por el contrario, la proposición de ley socialista es mucho más prolija a la hora de apuntar las causas la impulsan: "Evitar el choque de legitimidades que implica que el texto aprobado, incluso ratificado por los ciudadanos mediante el correspondiente referéndum, sea declarado inconstitucional años más tarde, con el perjuicio en términos sociales y políticos que esto puede producir". La alusión, ni que sea tácita, a la experiencia del Estatuto catalán de 2006 es evidente.

Los argumentos a favor ya los hemos visto en ambas propuestas: evitar que los Estatutos estén bajo sospecha; evitar el choque de legitimidades que se da cuando años después de estar aplicándose, un Estatuto, incluso aprobado en referéndum por la ciudadanía, es declarado inconstitucional en algunos de sus preceptos. Pero, sinceramente, a la vista de la no sólo breve sino también azarosa vida que tuvo este recurso entre 1979 y 1985, bastaría con reproducir aquí los argumentos con los que, en su día, el gobierno de Felipe González planteó su desaparición, mediante la mera supresión del artículo 79 de la LOTC para criticar la oportunidad de las actuales Una derogación confirmada, por cierto, por el propio alto Tribunal, con el argumento, entre otros, de que no había previsión constitucional expresa para ello y que, por tanto, su existencia era perfectamente disponible por parte del legislador.

No obstante, creo necesario recordar otras cosas. Por ejemplo, que ya en la pasada legislatura, tanto el Partido Popular como la UPD de Rosa Díez, propusieron sin éxito la misma cuestión, con el voto socialista en contra, por cierto, en un contexto de plena resaca postestatutaria. La iniciativa, entonces como ahora, respondía a una cierta voluntad de sus proponentes de escenificar el fin de las hostilidades guerreras del contexto estatutario, como si quisieran redimirse o expiar sus culpas, pretextando que, en caso de haber existido un control previo, nos hubiéramos ahorrado el penoso trance de la sentencia de 2010. Un argumento tan falaz, vaya, como el de que el Estatut era una reforma por la puerta de atrás de la Constitución y tantos otros exhibidos en su momento, y que, como es sabido, acreditan a los populares como titulares de un lúgubre y delirante expediente en relación al Estatuto catalán: se autoexcluyeron del pacto estatutario, recogieron cuatro millones de firmas en mesas petitorias, recurrieron en amparo incluso su admisión en el Congreso de los Diputados, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad y propiciaron todo tipo de maniobras tan inicuas como injustas como la recusación de magistrados que no eran de su cuerda. Y ahora el recurso previo no deja de ser un triste corolario a tan infeliz historia.

Vayamos por partes. Por lo pronto, hay que decir que el recurso previo constituye tanto una fractura de nuestro modelo de control constitucional sucesivo como una indeseable injerencia del Tribunal Constitucional en la actividad del legislador, además de una clarísima judicialización del legítimo debate político. Esto es, el recurso previo faculta al TC para extralimitarse en su función de control, abandonando su clásico rol de legislador negativo, erigiéndose en una auténtica tercera Cámara con derecho de veto sobre la autoridad del Congreso y del Senado, a los que indica la ruta por la que debe transitar un proyecto legislativo. Y, lo que es peor, destruyendo la presunción de legitimidad del propio Parlamento como representante de la voluntad popular. En suma, podría decirse que es como la guerra preventiva de Aznar, pero trasladada a la democracia y al Parlamento.

En segundo lugar, como se ha dicho al principio, la experiencia demuestra que el Partido Popular, hoy promotor de reintroducir el recurso junto a un PSOE víctima de la peor de las amnesias, en su día hizo una utilización no sólo política sino también espuria del mismo, con una clara voluntad de obstruir y dilatar el proceso de aprobación de leyes que no eran de su agrado: la Ley Orgánica de Educación, la Ley de Libertad Sindical y, sobre todo, la reforma del aborto, en el momento en que se incorporaron los célebres cuatro supuestos mediante la modificación del Código Penal.

Pero dicho todo esto, hay que reflexionar en torno a algo más. No es lo mismo un recurso previo contra un Estatuto que contra una ley. El Tribunal Constitucional no debería ser nunca el juez de ningún Estatuto, y menos de aquellos que, como el catalán, gozan de un plus de legitimidad al ser no sólo refrendados por el pueblo en las urnas sino al constituir, también, una norma paccionada, esto es, producto del acuerdo entre el Parlamento autonómico y las Cortes Generales. Desde luego, la garantía última del derecho a la autonomía reside en el pueblo llamado a votar, y la garantía de pulcritud de un Estatuto reside en el propio Parlamento, verdadero guardián de la constitucionalidad. De modo que su voluntad no debería ser ni alterada ni entorpecida por nadie, ni antes ni después. Por consiguiente, el problema no es tan sólo si debe existir o no un recurso previo, con el TC suplantando al Parlamento; ni, incluso, el mal uso que de él puede hacerse en algunos casos, como ponen de relieve los antecedentes. Sino, sobre todo, si, atendiendo a la singular naturaleza de un Estatuto, puede haber alguien que diga algo más a lo dicho por el Parlamento y las urnas. Y, si se me permite, todavía más si ese alguien presenta serias dudas de credibilidad y legitimidad en su papel de árbitro. Pero esa ya es arena de otro costal…

En todo caso, se esté a favor no con la opinión o no, creo que pueden hacerse un par de reflexiones: la primera es que el problema real no es (aunque no el único) es si hay recurso previo o posterior, sino cuánto tiempo tarda el TC en resolver el recurso. El artículo 34.2 LOTC, uno de los más ingenuos y enternecedores que hay en nuestro ordenamiento jurídico nos informa, al regular el recurso de inconstitucionalidad, que una vez recibidas las alegaciones de las partes el TC dictará sentencia en... diez días (!), salvo que, por resolución motivada, el propio TC, considere necesario un plazo más amplio que en ningún caso podrá exceder los... 30 días (!).

La experiencia muestra en cambio como el Tribunal ha llegado a tardar diez años. Aunque poco a poco va mejorando (la reforma de la LOTC de 2007 que convirtió el recurso de amparo casi en una especie en vías de extinción ha descargado fuerza de trabajo en el Tribunal, aunque este año pasado la STC 180/2013, de 23 de octubre, resolvió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto en… 2004 (¡). ¿Cómo haremos para que este recurso previo no deje en un cajón de las Cortes los proyectos de Estatuto durante años y años? La proposición del PP no dice nada al respecto: se remite a la regulación existente del recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, al breve plazo de la LOTC. La del PSOE sí identifica el problema, y dice que el Tribunal resolverá en el término «inaplazable» de seis meses. Pero, ¿será  tan inaplazable como el actual?

La segunda observación: si el recurso previo es la panacea para los Estatutos de autonomía, de tal forma que los liberará de toda sospecha de improbidad, y les permitirá entrar en vigor limpios de toda culpa, ¿cómo es que la proposición del PP dice que no se aplicará a las proposiciones de reforma estatutaria ya en marcha? ¿Es que sabe si hay alguna que esté tramitando? ¿Cómo puede ser que el PP no quiera extender sobre ella este milagroso remedio del recurso previo, e incluso que se esté pensando en impulsar su aprobación en las Cortes antes de la aprobación de la reforma de la LOTC que reintroducirá el recurso previo?

Joan Ridao es profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona

 

Detroit o la ideología de las clases creativas

FERNANDO RUEDA

El gobernador de Michigan, el republicano Rick Snyder, anunciaba hace unos días su intención de solicitar medidas excepcionales al Gobierno federal para la concesión  de unos 50.000 visados a extranjeros que ayuden a recomponer la  maltrecha economía de la ciudad de Detroit

El perfil de inmigrantes que se demandan no es genérico. Se trata de atraer una pléyade de ingenieros, tecnólogos, eco emprendedores, profesionales de  la salud, académicos e investigadores, innovadores,  creativos o artistas, en lo que Richard Florida definió a fines de los noventa como las clases creativas en su escrito The rise of the creative class, cities and the creative class, donde teoriza sobre la influencia de esta especial fuerza de trabajo para  la regeneración urbana y el desarrollo económico.

Este fenómeno elogiado y avalado por los poderes económicos y políticos en todo el mundo, se presenta como una gran estrategia de éxito y de futuro. Nuevos conceptos afloran estos días, impulsados por instituciones de reconocida influencia, como el de economía naranja, promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Europa creativa de la Unión Europea o las redes de ciudades creativas alentadas por la UNESCO.

Sin embargo, se trata, para otros, de avanzar hacia una nueva forma de capitalismo, etiquetada como capitalismo del conocimiento, cuyo fin sería el de explotar las capacidades creativas de la sociedad para apropiárselas de modo privado a partir de las leyes de propiedad intelectual, eliminando de la ecuación, la materia improductiva: aquellos empleados no creativos.

El discurso sobre los elogios a los nuevos cuerpos de élite de las fuerzas del trabajo, animado por los poderes públicos, y no pocos académicos, se acompaña del fatal destino de las fuerzas de trabajo sobrantes: los otros inmigrantes poco cualificados, que dificultan la competitividad, los futuros trabajadores, estudiantes hoy, que no cumplen condiciones de excelencia y que no podrán ser becados ni apoyados por los sistemas de educación del Estado de bienestar o la delincuencia del hambre y de la protesta que debe ser extirpada y erradicada.

Si los nuevos diseños de sociedad se olvidan deliberadamente de algunas de las piezas del sistema por poco importantes que parezcan, la maquinaria no funcionará. Aun así, seguimos atentos a estos experimentos, por la simple razón de que ofrecen oportunidades de empleo... 

 

Fernando Rueda es director delFundación Alternativas.