Elecciones europeas: cambiar o ir extinguiéndose

NICOLÁS SARTORIUS 

El resultado de las recientes elecciones europeas ha mostrado un profundo malestar de los ciudadanos europeos con la política de austeridad que se viene practicando. La intensidad del descontento no es la misma en todos los países ya que depende de cómo le vaya a cada uno en el actual aquelarre pero, en el conjunto, se ha escuchado, para el que quiera escuchar, un clamor de protesta. Una abstención del 57%, cuando el Parlamento y la Comisión tienen cada vez más competencias, es inquietante por lo que significa de deslegitimar las instituciones comunes. Muestra, también, una incapacidad de los partidos para convencer a los ciudadanos de la importancia de la consulta y una grave desinformación sobre lo que hace o deja de hacer la Unión Europea.

Es cierto que el Partido Popular y el Grupo Socialista europeos siguen siendo, con gran diferencia, los partidos más votados (241 y 190 escaños respectivamente). Más no deja de ser decepcionante que el primer partido siga siendo el que ha dirigido la política de austeridad, que tanto daño ha hecho, con el señor Juncker a la cabeza, lo que puede suponer, de ser elegido éste presidente de la Comisión, más de lo mismo. Luego tenemos el avance de la extrema derecha, sobre todo en Francia y Gran Bretaña, dos países centrales, con los triunfos del Frente Nacional y de UKIP. Fenómeno alarmante y desconocido, que no se había dado nunca ni antes ni después de la II Guerra Mundial. Demostración de que una ola de nacionalismos, chovinismos y soberanismos vuelve a recorrer Europa, producto de una profunda crisis dirigida de manera nefasta, del miedo y el sálvese quien pueda que toda crisis provoca y de la debilidad de las fuerzas progresistas que han venido retrocediendo, cuando no claudicando, desde los años noventa del siglo pasado. Nacionalismo, no lo olvidemos, que ha acabado con los mejores proyectos de caminar juntos y que, en su radicalismo, conduce al enfrentamiento. 

El malestar de los ciudadanos es profundo pues no se puede seguir machacando a las poblaciones, sobre todo en los países del Sur. Por lo tanto, o la política de la UE cambia o la propia construcción europea se irá agostando por falta de apoyo en la ciudadanía. Seguirán avanzando las fuerzas anti europeas, de derechas o, supuestamente, de izquierdas. Llegados a este punto de hartazgo, no es suficiente con afirmar que es necesaria más Europa, si no se explica con claridad qué más Europa queremos. Porque desde el establecimiento del euro no hemos vuelto a conocer avances importantes en la gobernanza económica. La crisis ha demostrado que no se puede tener una moneda única y no contar con una política económica común, con una fiscalidad europea que merezca tal nombre, con un Presupuesto de carácter federal que supere con creces la ridiculez del actual, con un Banco Central que pueda prestar a los Estados y cuide del desempleo igual que de la inflación, una Europa social que establezca un salario mínimo europeo acorde con el nivel de cada país y un fondo común para complementar el seguro de desempleo. Es urgente un plan de inversiones masivo para reactivar la economía y crear empleo.

No es aceptable que se hayan podido dedicar billones de euros a enderezar el sistema financiero y se sostenga que no hay dinero para invertir en infraestructuras europeas, I+D+i, educación, entre otras. En Estados Unidos se ha hecho una política opuesta y tiene un paro del 6,5%. Cuando alguien tiene un accidente grave se le hacen transfusiones de sangre -en este caso de liquidez, de inversión- mientras que aquí le hemos aplicado sanguijuelas por todos lados, en los sueldos y salarios, en las pensiones, en la educación, la sanidad, en el empleo hasta casi matar al enfermo.

Así pues, la política europea no puede seguir marcándola la señora Merkel, la Troika o el Banco Central Europeo. Hay que construir una alianza de fuerzas pro europeas y sociales, tanto en el Parlamento como entre los estados que sea capaz de imponer otra política que, sin descuidar el déficit, se lance por el camino de la reactivación , del crecimiento y el empleo. Eso es lo que tenemos que exigir a la nueva Comisión, sea cual sea el presidente, desde el Parlamento y desde la calle.

* Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. 

El negativismo mediático, ¿una cuestión de estrategia?

ANTÓN R. CASTROMIL

Se suele considerar que los medios de comunicación albergan en su interior una tendencia irresistible hacia el lado negativo de la realidad. Una noticia, se dice, es siempre más noticia si contiene ataque, declaraciones altisonantes, riña.

Yo creo que esto es falso, al menos en el terreno político-electoral.

La confusión consiste, según mis datos, en establecer una analogía (no demostrada) entre partidismo político y negativismo. Es decir, se asume acríticamente que toda tendenciosidad conduce al ataque. Y que ataque y partidismo vienen a ser lo mismo.

Sin embargo, el negativismo no es más que una forma estratégica de tendenciosidad como también los son el “positivismo” y la neutralidad “de conveniencia”. Expliquémoslo en sólo dos gráficos referidos a las coberturas de prensa en las dos últimas elecciones generales españolas.

El tránsito de 2008 a 2011 –el paso de las elecciones del terrorismo a las elecciones de la crisis– supone un cambio estratégico en la tendenciosidad agregada hacia los dos grandes partidos en la prensa de referencia española (El País, El Mundo y ABC en nuestro estudio).

 

Como muestra el gráfico 1 las de 2011 son unas elecciones más neutrales (+11,1 puntos porcentuales), menos negativas (-12,6) y ligeramente más positivas que las de 2008 (+1,6). Sin embargo, aunque estos datos nos señalan ya una tendencia, resulta imprescindible hilar algo más fino. Para ello hemos construido el grafico 2, que desagrega datos periódico a periódico.

Fuente: Elaboración propia 

La prensa de la derecha (El Mundo y ABC) siguen caminos similares en los años que median entre 2008 y 2011: ambos rotativos modifican su tendenciosidad. ¿Cómo?: “Aflojando” su negativismo hacia el PSOE y aumentando la loa al Partido Popular. De esta forma, negativismo y positivismo prácticamente se igualan.

Por el lado de la izquierda, el diario El País se ha mostrado mucho más comedido. Ya en 2008 atacaba menos al PP de lo que lo hacían El Mundo y ABC al Partido Socialista y se mostraba más neutral que la prensa conservadora.

Esta situación se acelera exponencialmente en 2011. El País reduce sus ataques al PP (-9,7 puntos) y prácticamente niega cualquier tipo de cobertura positiva a su partido afín (¡+0,2%!). Su estrategia consistirá en volcarse casi por completo en la neutralidad (80,9% de su cobertura).

Estas dinámicas parecen constituir la manera que tiene la prensa de referencia de dar la bienvenida al PP en unas elecciones con mayoría pronosticada.

El País “aguanta el temporal” reduciendo a la mitad su cobertura negativa hacia los populares y haciendo desaparecer de sus páginas el apoyo al PSOE. La vía de la neutralidad será su manera de aceptar algo que se antoja irremediable: el cambio hacia un ejecutivo conservador con el que, por otra parte, habrá que lidiar los próximos años.

El Mundo y ABC –muy negativos con el PSOE en el poder en 2008– “deponen las armas” e igualan en 2011 sus coberturas negativas y positivas. El írculo se cierra aumentando sustancialmente la neutralidad.

Las dinámicas aquí señaladas parecen apuntar hacia un uso estratégico de los repertorios disponibles de tendenciosidad y, desde luego, hacia el abandono de la idea de la tendencia endémica de la prensa de referencia hacia el negativismo. 

 

* Antón R. Castromil es experto en Comunicación política y profesor de la Universidad Complutense.

Europa: una vieja dama narcisista y decadente

 FERNANDO RUEDA

El VI Foro de industrias culturales, celebrado la semana pasada en el Museo Reina Sofía, bajo el argumento de la “excepcionalidad de la cultura”, aportó una visión interesante de lo que muchos ciudadanos están hoy pensando sobre Europa.

El filósofo Juan Arnau nos recuerda que lo que pensamos sobre lo que somos no siempre se corresponde con la imagen que proyectamos y que los demás tienen. La imagen que proyecta Europa en el mundo está distorsionada: “Europa es una vieja dama narcisista y decadente”.

Conviene así revisar con detalle nuestras contradicciones: Europa es un polo de creatividad e innovación. La cultura europea representa valores excelsos por su rica diversidad, o por su modelo social y de bienestar. El desarrollo cultural contribuye a la cohesión y a la mejora de la convivencia. Las industrias culturales generan empleo y riqueza… Todas estas afirmaciones son lugar común en las declaraciones de este foro profesional. En algunos casos se aportan datos que lo sustentan, en otros casos se ejemplifica con buenas prácticas o casos de éxito. En la mayoría de las ocasiones se expresan en forma de deseo, de afirmación a secas, o de variable independiente para reivindicar nuevos apoyos.

Desde su primera edición en 2010, este foro profesional ha pretendido actuar como revulsivo y como espacio de debate y propuestas del sector cultural para afrontar la triple crisis que padece la cultura: la crisis económica, la crisis provocada por la revolución digital y la motivada por el abandono y el fracaso de las políticas públicas culturales. La pretensión  a lo largo de estos años de crisis no ha sido otra que la de articular a las industrias culturales.

Este año en el Foro ha coincidido en un solo lugar y en un  solo momento el conjunto de un sector profesional muy heterogéneo y poco articulado, a veces con intereses contrapuestos: los productores cinematográficos y las cadenas de televisión, los autores y los editores o distribuidores, los artistas y los promotores musicales, A pesar de esta heterogeneidad, las demandas a las instituciones europeas y españolas de los sectores profesionales, han sido en gran medida coincidentes: mejorar la fiscalidad de la cultura, avanzar hacia un espacio europeo más homogéneo en el ámbito normativo, defender la excepción cultural en el mercado y el comercio global: proteger nuestra cultura. Pero, sobre todo, concluimos que los profesionales comparten una idea recogida de la ciudadanía: la cultura debe ser prioritaria para la política.  

Así, al margen de las reivindicaciones y demandas al uso nos hemos encontrado con un  nuevo espacio de debate que deberá ser explorado con mayor interés. En las conclusiones Pere Portabella  nos anuncia nuevas formas de hacer política desde los movimientos sociales basada en principios de igualdad,  de bien común, de ética y de espacio público, en el que se puede “culturizar” la construcción europea para que la democracia mande sobre la economía y no a la inversa.

 * Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

Europeas 2014: ¿Quién ha ganado la 'Champions'?

CARLOS CARNERO

Con el cierre de la campaña electoral, se constata que los principales partidos han vuelto a hacer lo mismo de siempre cuando de elecciones a la Eurocámara se trata: hablando poco de Europa. Constatación acompañada de la satisfacción que proporciona que al menos la sociedad civil organizada comprometida con la UE representa, lo que podríamos denominar el pueblo europeísta, haya intentado por todas las vías a su alcance lo contrario.

Ni la existencia de una crisis económica de dimensiones desconocidas en cuya gestión la UE ha tenido y tiene mucho que ver de forma protagonista (en opinión de algunos, para bien, en la de otros, para mal) POR PRIMERA VEZ DESDE QUE EXISTE (y hay que ponerlo en mayúsculas para que no pase desapercibido); ni el establecimiento de un lazo constitucional más directo que nunca entre el voto en las urnas y la elección del Presidente de la Comisión Europea; ni el sensible aumento de competencias y democracia de la Unión con el Tratado de Lisboa, que en los comicios de 2009 todavía no estaba en vigor; ni el hecho de que en esta ocasión todos los partidos europeos tuvieran un candidato o una candidata de carne y hueso a encabezar el Ejecutivo comunitario; ni la amenaza de un crecimiento de los populistas, racistas y xenófobos en los escaños de Estrasburgo como un mal augurio para la convivencia y los valores; pues bien, nada de todo eso ha conseguido que los partidos se hayan centrado en presentar sus propuestas para la UE.

Lo curioso del caso es que las tienen, las han elaborado de forma minuciosa, son serias, permiten diferenciar derecha e izquierda, identificar quien apoya la austeridad a palo seco y quien la suma austeridad+crecimiento, quien cree en la Europa federal y quien no, incluso quien piensa que el independentismo es un despropósito y es imposible en la UE y quien dice lo opuesto, por si faltaba alguna salsa nacional para animar el debate europeo. Pero incomprensiblemente las han guardado en el cajón. Si al menos hubiéramos visto algún cartel de los que cuelgan de las farolas con la cara de Junker, de Schulz, de Tsipras… Tampoco en eso ha habido un intento de actuar en modo europeo.

El resultado, seguramente, es que quienes podían ser potencialmente animados a votar  el 25 de mayo se hayan visto tan decepcionados como acudir a las urnas y que, de nuevo, la abstención pasiva siga ganando por mayoría absoluta, no en perjuicio de los partidos –que se adjudicarían de igual manera los escaños aunque solo votara el 1 % del cuerpo electoral-, sino de la UE como construcción política, la primera democracia supranacional  existente en la historia, nuestro impresionante invento colectivo.

Y no ha sido así en toda la Unión, sino todo lo contrario: quienes hemos seguido la campaña en el Reino Unido, Portugal, Irlanda, Francia, Italia, entre otros países, sabemos que ahí se ha hablado de Europa más que en España.

Pero no todos han actuado de igual manera: las miles de mesas redondas o actos informativos, los cientos de publicaciones impresas y digitales, las decenas de llamamientos de la sociedad civil sobre y por Europa, en un desesperado intento para que se hablara de ella en la campaña, merecen un aplauso cerrado. Por ejemplo, la Fundación Alternativas ha estado en eso, publicando y presentando con éxito el Informe sobre el estado de la UE 2014: la ciudadanía europea en tiempos de crisis, junto con la alemana Friedrich Ebert Stiftung.

Así que a ese pueblo europeísta le corresponde la Copa de Europa. Los partidos, lamentablemente, la han perdido. 

Aunque, a pesar de todo, los partidos son la columna vertebral de la democracia europea y a ellos les corresponde representarnos y adoptar las decisiones que afectarán la vida cotidiana de la ciudadanía de la Unión. Así que lo único inteligente sigue siendo ir a las urnas el 25 de mayo y votar por partidos europeístas con capacidad de gobierno.

* Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, ha sido embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Divisiones (en la toma de decisiones) en Europa

IGNACIO PAREDERO
En una parte de la opinión pública española parece haber cuajado ya la existencia de una división entre el “Norte” y el “Sur” de Europa, entre acreedores y deudores, entre protestantes y católicos. Se asume que esta división provocada (¿activada?) por la crisis, se traslada a la toma de decisiones en la Unión Europea, donde Alemania impulsa políticas de austeridad que en último termino se traducen en los recortes que estamos viviendo en España, Portugal, Irlanda, Grecia, Italia y recientemente, incluso Francia. Pero por mucho que este consenso parezca ya asumido, este es un discurso que tiene flancos abiertos que hay que señalar y aclarar, porque en realidad son la clave para explicar e incluso resolver esta crisis.

Para empezar por el mayor olvido ¿dónde quedan en todo este relato países como Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia o ahora Croacia? ¿Donde queda el Este? No menos importante es otra pregunta: ¿cómo es posible que se estén adoptando decisiones en esta línea política concreta si para hacerlo se requiere unanimidad en el Consejo? Y luego, ¿dónde ha quedado el eje franco-alemán que durante tanto tiempo decidió de facto los destinos de la Unión Europea? Y en todo esto ¿qué papel juega el Parlamento Europeo?

En respuesta a esto último, empecemos por lo obvio: la dinámica entre naciones no condiciona el voto en el Parlamento Europeo. Según datos de VoteWatch.eu que registra los votos en la eurocámara, el voto en los grupos políticos del parlamento presenta una alta cohesión, similar a la existente en las cámaras de EEUU. La cohesión media del voto dentro de los grupos es del 83,12% y la de los grupos políticos principales, el PPE y el S&D, superan el 90%. Por tanto, los votos que rompen la disciplina de partido en el Parlamento Europeo por excepciones nacionales son escasas. La lógica en el Parlamento Europeo es una lógica Europea, de “partidos europeos”, en base a dos divisiones (cleavages) principales, izquierda vs derecha e integración vs independencia. Si a veces parece que no es así, se debe a que esas excepciones son nacionalmente muy visibles, precisamente por ser muy polémicas en los estados hasta forzar votos en clave nacional. Las motivaciones son complejas pero, como apunta Simon Hix, se explican por dinámicas de funcionamiento parlamentario interno, más que por exigencias electorales externas o por el poder de sanción de los partidos europeos. Estos datos cuantitativos están refrendados por análisis cualitativos. En una serie de entrevistas a Eurodiputados que realicé en mayo de 2013 comprobé que la dinámica estatal, de bloques, no está presente cuando los eurodiputados han cerrado posturas sobre un tema concreto en las reuniones del grupo parlamentario. Aunque, en efecto, en el seno de ese grupo si están presentes las divisiones nacionales, estas se subsumen en una postura ideológica decidida por consenso que, una vez cerrada, se convierte en la postura de todos los eurodiputados del grupo parlamentario europeo. Por tanto, el Parlamento Europeo tiene posturas más o menos Europeas, en base a una dinámica de un cuasi sistema de partidos europeo, con unos vagos “cleavages” ideológicos, impulsados principalmente por dinámicas de funcionamiento parlamentario. Es por esto que la génesis de las posibles fracturas en bloques de naciones, no está en el Parlamento Europeo.

En segundo lugar, el eje franco-alemán existe. No es una exageración, aunque no esté presente de manera formal en las instituciones de la UE. Existen instituciones informales, o incluso formales fuera de los tratados (ver el Tratado del Elíseo que recientemente ha cumplido 50 años), que condicionan la toma de decisiones de la UE incluso más que las normas formales de votaciones. Como curiosidad, uno de los entrevistados, me aseguró que en la previa de los Consejos Europeos, las delegaciones alemana y francesa reservaban siempre la misma planta del mismo hotel para preparar la cumbre, algo que no figura en ningún tratado pero que condiciona las decisiones en el Consejo. En la práctica una postura clara y conjunta de ambos países sobre un tema concreto es percibida como una señal de acuerdo cerrado por el resto de países, una tradición política en la toma de decisiones de la UE existente casi desde sus orígenes. De hecho, si se analizan de manera espacial la propensión a negociar primero con un país de los responsables de las negociaciones en el Consejo de la Unión Europea, antes de la ampliación al Este, como hace Naurin (2008), podemos ver que hay prácticamente dos ramas de países, el tan citado Norte y el tan citado Sur, unidos por un eje, el eje franco-alemán, con Alemania más cerca de los países del Norte y con Francia más cerca de los países del Sur.

Y si el eje franco-alemán existe (Merkozy, Merkollande o como queramos llamarlo) ¿es justificada la percepción en los medios de que Francia tiene cada vez menor peso en la toma de decisiones en la UE y que, en esta crisis económica, el liderazgo lo ha asumido Alemania de manera clara?

En primer lugar los actores políticos, si se les pregunta, explican que en el Consejo de la UE, las negociaciones son muy ad hoc, técnicas y complejas, pero también que hay temas “asignados” a un Estado, temas en los que ese estado tiene más voz tradicionalmente, por los vínculos o la importancia de ese tema con ese estado y por tanto tiene más capacidad de que su postura sea escuchada. Por ejemplo, en los temas pesqueros, la voz de España y Portugal son voces autorizadas, es difícil que se apruebe una reforma en este tema sin contar con ellos de alguna manera. Esto favorece que, como muestran Arregui y Thomson (2009) ningún país en el conjunto de las votaciones, “gane” más de ellas, sino que las “victorias” se reparten en un delicado baile de quid pro quo, entre los países miembros, pues en temas concretos, aquellos países que tienen un interés especial, tienden a obtener más éxito en la negociación. De hecho, la secretaría general del consejo es un organismo dedicado, principalmente, a equilibrar el conjunto, a que los países lleguen a consensos, cesiones e intercambios, a que nadie se sienta excluido. A evitar una nueva crisis de la silla vacía por forzar a un país a traspasar sus líneas rojas en un tema central. Y puede ser por esto precisamente que Alemania consiga que su postura sobre los temas macroeconómicos y/o monetarios se convierta en la postura central, casi por defecto la postura de consenso. La percepción de que Alemania cedió su Deutsche Mark a cambio de la creación del Euro, unido a la fuerte presencia alemana en el BCE y en algunas DG (Direcciones Generales) claves, podría hacer que la postura Alemana arrastre al resto de países en los temas macroeconómicos y/o monetarios. Y debido a que estos temas son en la actualidad los únicos presentes en la opinión pública, podría hacer parecer que Alemania impone siempre sus posturas en la UE.

En segundo lugar la importancia del Este en las negociaciones apareció en las entrevistas en varias ocasiones y, para los entrevistados, estos países tendían a alinearse en los temas económicos con Alemania y/o Reino Unido. En efecto, aunque previamente a la ampliación los analistas plantearon que los países del Este tenderían a apoyar las posturas del Sur, en favor de una mayor redistribución económica, en la práctica los países del Este tienen fuertes vínculos culturales y económicos con Alemania (mucha de la producción alemana está deslocalizada en el Este), añadido a sus preferencias por una UE menos intervencionista dentro de los estados (como reflejo del rechazo a una antigua URSS intervencionista en exceso), podría favorecer que Alemania pueda desplegar su influencia de manera clara y arrastrar el apoyo, en los temas macroeconómicos. Esta visión de los actores políticos de que el Este tiende a coincidir mas con el Norte y Alemania vía Polonia (que es el país “líder” entre los países del Este) coincide con los datos que muestra Naurin (2008) tras la ampliación. La imagen de las preferencias de primer país para llegar a acuerdos, expresada de manera espacial, es muy reveladora. Cuando antes teníamos un “eje franco-alemán” ahora tenemos un eje y una Francia debilitada y una Alemania con una postura central, que le permite estar mas cerca en las negociaciones ahora con el Norte, ahora con el Este, ahora con el Sur.

Parecería por tanto que la ampliación al Este ha introducido nuevos actores y ha cambiado la dinámica de acuerdos en el Consejo de la UE y el Consejo Europeo. El “Este” parecería ser, precisamente, el actor que ha desequilibrado la toma de decisiones en favor de Alemania, respondiendo así a otra más de las preguntas planteadas. Pero, aun así, sigue encima de la mesa una pregunta importante que necesita respuesta.

¿Cómo es posible que se aprueben acuerdos que benefician a una parte que, en teoría, podría vetar cualquier país? En la mayor parte de los asuntos macroeconómicos, además de en los acuerdos en el Consejo Europeo, se requiere unanimidad y esta, se consigue. Se consigue tras un trabajo ímprobo de la secretaria general. Se consigue tras que muchas propuestas se queden en el camino (no se llegan a visibilizar, no digamos a votar). Se consigue en un baile de cesiones, de ahora yo cedo esto, tu mañana me apoyas aquí. Se consigue porque en la UE hay una fortísima cultura del consenso y del acuerdo, siendo este supuesto normativo, de cultura política, un mandato presente en las negociaciones. Y se adoptan acuerdos de uno de los lados, en gran medida, porque hay alguien que tiene “la UE por el BCE”, que tiene la sartén por el mango. Dicho de otra manera, la cultura política de la UE, una cultura de consenso, de tiempos largos, está diseñada para tomar decisiones a largo plazo y en periodos extensos y no con el aliento de los mercados en el cuello para mañana por la tarde. Cuando no hay una obligación de tomar una decisión urgentemente en una dirección concreta, ejercer la capacidad de veto solo consigue aislar al país que ejerce el veto, ser percibido como un país no europeísta. Como me dijo uno de los altos funcionarios del COREPER que entrevisté: “lo que interesa es que te lleves lo tuyo, pero hay líneas generales: eres un país europeísta, que no monta pollos, que no obstaculiza, enfoque constructivo,.. esas son tus líneas rojas. ¿Para qué vas a bloquear? Prefieres no bloquear. Somos “nice“. Pero en una situación donde hay que tomar decisiones, donde hay que rescatar, implementar nuevos mecanismos de cooperación económica, crear nuevas instituciones, donde la urgencia impulsa la decisión pero la exigencia del consenso continua constriñendo los límites de esas decisiones, la capacidad de veto para aquellos que pueden vivir sin las reformas necesarias, se convierte en capacidad de proposición. Es el “o lo tomas o lo dejas”. El “a mi manera o carretera”, dicho al borde del abismo. Alemania y los países del Norte sabían que sin rescates o sin compra de bonos por parte del BCE, la situación degeneraría hasta Grecia en el resto del Sur y, por tanto, la capacidad de vetar las propuestas no era una opción para todos. La mera amenaza de veto en situaciones de urgencia, en un entorno donde el consenso es una exigencia, se podría haber convertido en capacidad de decisión para aquel que no tiene problemas o incluso le va bien el statu quo.

En resumidas cuentas, la simplificación del debate público sobre las reformas económicas en la UE y la crisis del Euro entre países del “Norte” y países del “Sur” no va desencaminada pero no explica como se imponen las decisiones, porqué Francia ha perdido peso e ignora la existencia del “Este” como conjunto de preferencias políticas y condicionantes históricos y socioeconómicos que hacen coincidir con mayor frecuencia a dichos países entre si en la toma de decisiones en la UE. Hay que entender que la UE tiene en su seno profundas diferencias culturales, económicas, históricas e incluso religiosas y, sobre todo, que la UE ya no es la Unión Europea de los doce en la que Alemania y Francia llevaban a la par la voz cantante. Estamos, tras la ampliación de 2004, en otro momento histórico con otros actores políticos. Aunque la percepción en la opinión pública apunta a que Alemania impone sus tesis en la UE y a que la división Norte-Sur es lo único que explica la toma de decisiones, en realidad, parece que estamos centrándonos exclusivamente en un aspecto de las políticas públicas, los temas macroeconómicos y monetarios, temas en los que existe un fuerte consenso entre los países del “Norte” y entre los países del “Sur”, temas en los que Alemania tiene la voz cantante por haber cedido el Marco, por controlar el Bundesbank Central Europeo, por los nuevos países del Este y por ser la mayor economía de la UE.

En la UE no todos los temas los decide Alemania, ni solo hay Norte y Sur. La UE es más compleja que este debate esquemático y hay que entenderlo si se quiere diseñar estrategias de negociación que generen nuevos equilibrios. Hay que desencallar el debate sobre el Norte y el Sur porque ir al choque frontal, en una UE con una cultura altamente consensual, está condenado al fracaso.

 * Ignacio Paredero es doctorando en Ciencia Política en la universidad de Salamanca. 

La UE y la evasión fiscal en el contexto internacional

JOSÉ LUIS ESCARIO DÍAZ-BERRIO

A pesar de ser la fiscalidad una competencia eminentemente nacional, las acciones comunitarias se han multiplicado últimamente en esta área. Durante los doce meses anteriores tres consejos europeos han prestado gran atención al problema de los ingresos. La mundialización de la economía ha dejado obsoletas no pocas normas fiscales nacionales e internacionales y dificultado la labor de control de los estados. Y ello porque aquella ha facilitado que los contribuyentes coloquen sus inversiones en bancos fuera del país de residencia, inversiones muchas veces amparadas por el secreto bancario prevalente en algunos territorios –paraísos fiscales–.

De otro lado, el mundo globalizado se caracteriza por la irrupción de grandes multinacionales, con filiales en varios países y con un volumen de comercio intragrupo muy considerable. Dichas empresas adaptan no pocas veces su estructura organizativa y sus actividades en función de criterios de optimización fiscal. Todo ello ha hecho que muchos estados hayan perdido una parte importante de su capacidad para gravar los be- neficios que aquellas obtienen en su territorio.

La toma de consciencia de que únicamente a escala nacional estos desafíos no pueden ser resueltos eficazmente ha llevado a la mayoría de los estados europeos a apostar por una acción conjunta, tanto en el ámbito comunitario como en el global. A este respecto, hay que destacar la coincidencia que se ha dado en los últimos años entre la agenda de la UE y la del G20 en los temas de fiscalidad mencionados, hecho que no hace sino demostrar la influencia que sigue teniendo aquella en la escena internacional, especialmente cuando se alía, como es el caso, con Estados Unidos.

Un ejemplo significativo de la colaboración transatlántica lo tenemos en la lucha contra el mantenimiento del secreto bancario en los paraísos fiscales. En este sentido, desde ambas orillas del Atlántico se ha apostado por instaurar un sistema de intercambio automático de información fiscal entre países, en sustitución del estándar, hasta ahora predominante en la cooperación fiscal internacional, de intercambio previo requerimiento. Este ha demostrado ser mucho menos eficaz que el automático al exigir, para que el flujo de información bancaria se produzca, la presentación de una solicitud bien fundada por parte de la administración interesada. Además, es necesario que la información solicitada sea "previsiblemente relevante" a juicio de la administración requerida a colaborar. No es de extrañar que, en el caso de las jurisdicciones no cooperativas, ese juicio tienda a ser muy restrictivo y la transmisión de datos bancarios muy escasa.

Así, la UE se anticipó al cambio de paradigma descrito con la entrada en vigor en 2005 de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Sin embargo, debido a la gran resistencia opuesta por algunos estados miembros, el innovador sistema de intercambio automático de la directiva adolecía de importantes lagunas. En primer lugar, porque eximía a Bélgica, Luxemburgo y Austria de las obligaciones del nuevo régimen. Asimismo, porque dicho régimen solo se aplicaba a las personas físicas –dejando fuera a sociedades, fundaciones y fiducias– y, por último, porque el mismo únicamente afectaba a un tipo de ingresos: los intereses del ahorro –sin incluir otras clases de ingresos muy relevantes, como los dividendos y las rentas del trabajo–. Pues bien, ha habido que esperar al Consejo Europeo de marzo de 2014 para que todas estas deficiencias fueran superadas. Y es justo reconocer que, en orden a vencer el derecho de veto de ciertos socios comunitarios, han sido decisivos dos factores recientes.

Primero, la inminente aplicación de la FATCA, ley estadounidense que exige la transparencia fiscal a terceros países y a sus bancos. No menos importante ha sido también la elaboración por la OCDE, a instancias del G20, de una norma mundial única inspirada en el principio de intercambio automático. El nuevo estándar global, presentado el pasado febrero, es una síntesis de la normativa de Estados Unidos y de las propuestas de reforma más avanzadas de la Comisión Europea, que ahora han sido respaldadas por el Consejo Europeo. Ciertos territorios han visto así que de nada sirve seguir resistiéndose en el seno de la UE a unas condiciones de transparencia que se les van a aplicar a nivel mundial tarde o temprano. 

* José Luis Escario es coordinador del área de la Unión Europea en la Fundación Alternativas e investigador independiente en temas comunitarios y de fiscalidad internacioanl. Más información en su página web.

* Este texto constituye la colaboración de José Luis Escario al libro coral Europa 3.0. 90 miradas desde España, publicado por la editorial y descargable AQUÍ.

Una función pública más justa y eficaz

JUAN LOBATO
Más allá de los tópicos y las críticas gratuitas, es evidente que en España existe un grave problema en la selección y promoción de cuerpos de funcionarios de las Administraciones Públicas.

El sistema vigente no contenta ni a aspirantes ni a funcionarios, y además refleja sus disfunciones en una prestación ineficaz de los principales servicios públicos a los ciudadanos. Se observa una falta de eficiencia y motivación en la función pública española a pesar de los grandes profesionales que en su inmensa mayoría la conforman.

En primer lugar vamos a analizar los dos principales problemas de los que adolece nuestro sistema de función pública: la selección y la promoción de funcionarios.

La selección de funcionarios

El sistema de selección de funcionarios, principalmente en los ámbitos administrativos, jurídicos y técnicos, se realiza única y exclusivamente en función de capacidades de memorización teórica.

Este sistema provoca que las nuevas incorporaciones que llegan a las diferentes Administraciones, en todos los niveles de responsabilidad, carecen en la inmensa mayoría de los casos de conocimientos y de experiencia práctica para desarrollar sus funciones.

Esta situación se agrava en la selección de aquellos puestos de alta responsabilidad, con funciones de dirección de personal y de organización de departamentos o unidades.

Así, encontramos casos en los que jóvenes recién licenciados, careciendo de conocimientos prácticos y experiencia profesional por causa del sistema universitario español, centran durante años sus esfuerzos en sesiones maratonianas de memorización de conceptos que ni entienden ni han visto nunca aplicados a casos prácticos. Tras unos años de inútil memorización obtienen plazas de nivel A2 o A1 (jueces, fiscales, técnicos de la administración, técnicos de hacienda, inspectores de trabajo, inspectores de hacienda, etc.) teniendo responsabilidad de gestión de recursos humanos y de resolución práctica de situaciones de las que nunca han oído hablar.

A partir de aquí, la incorporación de estos jóvenes a su trabajo resulta un cúmulo de despropósitos. Por un lado, la frustración del propio funcionario, que se sabe incapaz de entender las funciones que tiene atribuidas y que necesita un gran periodo de aterrizaje. Por otro lado, la frustración de sus subordinados, que observan la incapacidad de su mando y la injusticia que supone que ellos hagan todo el esfuerzo y el trabajo para obtener unas gratificaciones muy inferiores, y que además sufren la incapacidad en la gestión de personal que padece el nuevo funcionario.

Estas circunstancias provocan graves disfunciones, ineficacias y conflictos entre el personal y una importante desmotivación. Todo ello genera una deficiente prestación de los servicios públicos.

Desde el punto de vista de la justicia y la igualdad de oportunidades, este sistema es totalmente regresivo. Siendo preciso destinar unos años a la tarea de memorización no comprensiva, los únicos que pueden dedicar este tiempo a una tarea no remunerada como ésta son aquellos que disponen de posibilidades económicas, personales y familiares. Es decir, únicamente las clases altas y medias-altas pueden aspirar a dedicar esa cantidad de años a memorizar normativa. Independientemente del talento ni de la capacidad profesional, analítica o de gestión, los únicos criterios para seleccionar a funcionarios de alto nivel son la capacidad económica para poder disfrutar de unos años sin generar ingresos, y la capacidad de memorización.

Parece evidente que este sistema no responde a los criterios de mérito y capacidad, salvo que entendamos capacidad económica y mérito memorizador.

La promoción de funcionarios

La posibilidad de promoción entre los funcionarios españoles es prácticamente nula. Esto se observa especialmente en comparación con el sector privado y con las administraciones públicas de otros países desarrollados.

La falta de ofertas de promoción se explica por el sistema de selección de personal anteriormente expuesto. Si el sistema de selección permite entrar directamente a ocupar, sin experiencia ni capacidades demostradas previamente, puestos de alta responsabilidad, es imposible disponer de estos puestos para trabajadores de categorías inferiores que preparen su promoción.

Esta ausencia de posibilidades de promoción genera, de nuevo, frustración y desmotivación en el personal. Los trabajadores de categorías inferiores y medias observan diariamente como se desaprovechan los recursos humanos formados y con experiencias y capacidades demostradas de los que dispone la Administración.

Por otro lado, este sistema supone un enorme desaprovechamiento de los recursos propios de la administración. Numerosos funcionarios formados, con experiencia y capacidad sobrada son infrautilizados en puestos inferiores a los que podrían desarrollar, permitiendo la contratación de nuevos funcionarios sin esa experiencia ni capacitación.

Para completar el análisis de la función pública española es preciso mencionar los dos grandes modelos de función pública.

El modelo continental, el nuestro, se basa en grandes cuerpos de funcionarios, de acceso mediante pruebas selectivas objetivas de carácter general. Por otro lado, el modelo anglosajón se basa en una detallada definición de cada puesto de trabajo de la Administración, con el perfil profesional idóneo del funcionario que lo debe ocupar, y cuya selección se realiza puesto a puesto, en pruebas individuales, utilizando técnicas de selección asimiladas a las del sector privado.

En España, los defensores de la Nueva Gestión Pública (ESADE, INAP, entre otras) apuestan por una vía intermedia: Introducir la evaluación del rendimiento de los empleados públicos, potenciar la figura de los directivos públicos, utilizar técnicas de selección complementarias como las entrevistas profesionalizadas y la potenciación del trasvase de funcionarios entre el sector público y el privado.

En mi opinión debemos dar grandes pasos hacia el modelo anglosajón, superando los miedos y perjuicios que en España hay a las pruebas de selección individualizadas y a la valoración de criterios diferentes a la pura memorización. Por ello, se hace necesario reformar en profundidad y con premura la función pública. ¿En qué sentido?

Selección de personal

El sistema de selección debe ir dirigido a valorar los conocimientos teóricos, pero también las capacidades prácticas, de adaptabilidad, de trabajo en equipo y de aprendizaje.

Los aspirantes a acceder a puestos de trabajo de la Administración deberán conocer con cierta profundidad y de forma teórica la normativa general que afecte a su departamento o administración. Por otro lado, deberá tener la capacidad suficiente para saber acceder y manejar la normativa específica y aplicarla a su trabajo práctico. En definitiva, deben saber resolver problemas prácticos y llevar a cabo su trabajo.

De esta forma, accederán al sistema ciudadanos que demuestren su capacidad para trabajar eficazmente en equipo y para aprender y adaptarse a diferentes situaciones.

La entrada a la Administración debe permitirse únicamente en los escalones más bajos de la carrera administrativa. Y, a partir de ahí, establecer un buen sistema de promoción interna.

De esta forma conseguimos igualar las condiciones y capacidades para acceder a la función pública. Al entrar en niveles bajos, cualquier ciudadano, independientemente de su capacidad económica, podrá acceder al sistema sin necesidad de grandes periodos de estudio no remunerado.

Esta selección de personal debe regirse estrictamente por los principios de mérito y capacidad. Pero no por los criterios de mérito memorizador y capacidad económica, sino por el mérito y la capacidad que se demuestra en la aplicación práctica de unos conocimientos teóricos a la resolución de tareas propias del puesto de trabajo.

Por otro lado, los títulos académicos exigidos para acceder y promocionar dentro de la carrera profesional, deben ser títulos directamente relacionados con las funciones a desarrollar. Además, estos títulos deben ser debidamente validados por las autoridades educativas públicas.

Promoción del personal

Una vez conseguida esta igualdad de partida se establece un sistema intensivo de promoción interna. Las posibilidades de escalar en la carrera profesional, dentro de la administración, dependerán de la capacidad de esfuerzo y estudio del trabajador y de sus aptitudes para afrontar su trabajo. Es preciso garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la promoción, independientemente de la capacidad económica de cada trabajador y, valorando sus capacidades y méritos laborales, así como su capacidad de esfuerzo y su talento.

Para ello, la Administración debe ofrecer internamente la formación adecuada para preparar la promoción de todos los trabajadores. Alternativamente a esta formación, se financiará el acceso a formación externa, para facilitar la competencia y la mayor calidad posible de esta formación.

Gracias a esta formación interna garantizada, todos los trabajadores podrán acceder a una buena y completa formación, que les facilite sus posibilidades de promocionar en igualdad con sus compañeros y que, en todo caso, permita su mejor preparación para desarrollar las tareas de su puesto actual.

La inversión en esta formación interna tiene un coste muy reducido, ya que se imparte por el propio personal de la administración. Además tiene una gran eficiencia productiva, ya que no sólo facilita la igualdad de oportunidades en la promoción interna, sino que también mejora la preparación de todo el personal que decida optar por recibir esta formación, obteniendo una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos.

Por otro lado, para garantizar esta igualdad de oportunidades en la promoción, es preciso tener en cuenta el coste de obtención de la formación universitaria, exigida para poder promocionar a ciertos niveles profesionales en la administración. Es preciso que los costes universitarios se adecuen a las posibilidades de los trabajadores en situación de promoción, mediante la correspondiente ayuda de la Administración, siempre según el nivel salarial del aspirante a promocionar.

Así mismo, se garantizará una disponibilidad mínima de tiempo de trabajo para poder dedicar al estudio y preparación de la promoción interna. Esta medida garantiza un mínimo de igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes, independientemente de las condiciones personales o familiares de cada uno.

Todas las facilidades de tiempo de trabajo para el aspirante a promocionar y de ayuda económica que implique un coste para la administración, tendrán unos rigurosos límites temporales y de importe, evitando situaciones prolongadas de beneficios sin que exista un compromiso o cumplimiento de objetivos por parte del trabajador. 

Conclusión

Gracias a este sistema de acceso y promoción dentro de la función pública española se consiguen las siguientes ventajas y mejoras en el sistema:

1. Justicia e igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública. Ya no dependerá de la capacidad económica del aspirante su posibilidad de obtener una plaza en la administración, ya que todos entrarán por un proceso general en los niveles inferiores y medios de la Administración.
2. Mayor capacidad de gestión y de administración de recursos humanos de los empleados que lleguen a ocupar puestos de niveles superiores. Al haber pasado por varios niveles inferiores, con anterioridad a alcanzar puestos de dirección, estos trabajadores tendrán mucho mejor conocimiento de la administración y una mayor experiencia y capacitación en la gestión de recursos humanos. Este sistema permite aprovechar la experiencia y conocimiento de todos los trabajadores que acceden a puestos de nivel superior.
3. Elevada motivación del personal. Gracias al intenso sistema de promoción interna, todos los trabajadores disfrutarán de una mayor motivación y aspiración de mejora. Esta motivación facilitará la formación permanente de gran parte del personal, cuestión de total utilidad se consiga o no la promoción del trabajador. Por otro lado, se evita el problema que genera la entrada de nuevo personal sin experiencia en puestos de dirección de recursos humanos.
4. Mejora en la calidad de la prestación de los servicios públicos. Gracias a la mayor preparación práctica y motivación del personal, la calidad y eficiencia de su trabajo será mayor.

Con el sistema planteado, cualquier ciudadano que quiera ser juez, inspector de Trabajo, inspector de Hacienda o técnico de la Administración deberá acceder en primer lugar a un puesto administrativo inferior, pasar un tiempo trabajando, obteniendo experiencia y estudiando, para posteriormente presentarse a un puesto superior. Y así sucederá en cada una de las fases.

Al final del proceso, dedicando prácticamente el mismo tiempo que se dedica con el sistema actual, cualquier ciudadano podrá acceder a un puesto funcionarial de alto nivel. Eso sí, habrá demostrado por el camino sus capacidades y compromiso y habrá obtenido los conocimientos teóricos y la experiencia práctica suficiente para desarrollar sus funciones con mayor eficacia y profesionalidad. De esta forma conseguiremos una mejor motivación del personal, una mejor preparación teórica y práctica y, en consecuencia, una prestación de los servicios públicos con mayor eficiencia y calidad.

 

* Juan Lobato es técnico de Hacienda del Estado.

¿Una nueva ley para la protección de los derechos de la mujer embarazada?

JULIA NOGUEIRA
El anteproyecto de ley anunciado por el Gobierno, que cambiará la regulación del derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, incluye en su título: "para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada".

Según la redacción de esta medida legislativa, se protegerán los derechos de las mujeres embarazadas mediante la restricción del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y del poder de decisión sobre su reproducción.

Si lo que se pretende con la redacción del anteproyecto de ley es hacer disminuir las tasas de aborto actuales, no puede decirse que la prohibición sea el camino, fundamentalmente si se dirige la mirada a los efectos que ha tenido la ley todavía vigente, o la normativa de la mayoría de los países de la Unión Europea a este respecto.

De hecho, son la impartición de una educación sexual de calidad a las personas más jóvenes y la posibilidad de acceso a métodos anticonceptivos modernos a mujeres y hombres, las herramientas que hacen reducir drásticamente el número de embarazos no deseados, y que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía.

A estas conclusiones puede llegarse a través del análisis de la situación que se da en países como Rumanía, donde a partir de la puesta en marcha de políticas de educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos, las tasas de aborto descendieron estrepitosamente (de 177 por cada 1.000 mujeres en edad fértil en 1990, a 18 en 2012).

La garantía los derechos de las mujeres –embarazadas o no-, debería pasar por la mejora de la calidad de una educación sexual en España que, según la Federación Internacional de Planificación Familiar resulta deficitaria, así como lo son los derechos sexuales y reproductivos y el empoderamiento de las mujeres a través de la libre elección de anticonceptivos modernos.

La institución impulsora de este anteproyecto debería asumir que todas las mujeres fértiles pueden encontrarse, incluso con todos los medios de precaución a su disposición, ante un embarazo al que no pueden enfrentarse, y frente al que continuarán poniendo las medidas que sean necesarias, por lo que no debería criminalizarlas, ni tampoco a las personas profesionales de la salud que intervienen en la interrupción en condiciones seguras.

Las razones para apoyar el mantenimiento de la ley de despenalización del aborto aprobada en 2010 son múltiples pero, a tenor del análisis de las circunstancias en torno a las interrupciones del embarazo en España puede afirmarse que, desde su vigencia:

-       Las tasas de aborto han descendido un 5%.

-    La proporción de mujeres menores que han interrumpido su embarazo es inferior respecto a años anteriores, y también lo es en comparación con el resto de rangos de edad hasta los 39 años.

-       Los niveles de natalidad no se han visto afectados, ya que su descenso responde a razones puramente económicas.

Se ha garantizado la seguridad de las mujeres en materia sanitaria y se han reducido las desigualdades de acceso a los servicios de salud.

 

* Julia Nogueira está especializada en Políticas Públicas, desigualdades sociales y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, trabaja para distintas organizaciones del tercer sector en Catalunya y Euskadi, y es autora del Estudio de Progreso Análisis de la legislación  europea y española sobre salud sexual y reproductiva: Consecuencias de la reforma de la LO 2/2010 de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo que la Fundación Alternativas presenta este miércoles 14 de mayo.

Nuestra Constitución se llama democracia

CARLOS CARNERO
La Constitución Europea –no hace falta decir de qué año, como se hace por ejemplo con las españolas, porque en la UE no ha habido otra– contenía muchas cosas interesantes. Incluso en su preámbulo, que comenzaba con una frase de Tucídides refiriéndose a la Atenas clásica: “Nuestra Constitución se llama democracia porque el poder no está en manos de unos pocos, sino de la mayoría”.

Una vez más –como cada cinco años desde 1979–, la ciudadanía europea está llamada a las urnas para seguir haciendo realidad esa frase en la Europa unida de los veintiocho estados, de los quinientos millones de habitantes, de las decenas de lenguas oficiales pero, sobre todo, del espacio más libre y socialmente avanzado del planeta.

El problema es que muchos electores no acudirán a ejercer su derecho al voto para elegir a los miembros de un Parlamento Europeo que ya no es una asamblea sin poderes, sino un legislativo con todas las letras, en el que –como en toda construcción de derecho– se adoptan las leyes, se elige y controla al ejecutivo y se hacen pronunciamientos políticos.

Es como si cada vez que se convocan las elecciones europeas es- tuviéramos condenados a revivir el mito de Sísifo, en una dinámica que parece no tener fin. Cuanto más fuerte es la Unión, cuanto más democrático es su funcionamiento, cuantos más derechos adquiere la ciudadanía, menos se involucra esta en la toma de decisiones. Es más, se siente progresivamente más ajena e incluso contraria a lo que hace y, en menor medida, parece representar la UE.

Ni la crisis, de la que sería impensable salir sin el factor decisivo de las decisiones adoptadas en el nivel comunitario, ha conseguido revertir la situación, sino más bien lo opuesto. Es para preocuparse, sí, pero sobre todo para actuar. ¿Actuar en qué sentido? ¿Qué más se puede hacer?

Lo primero: culminar la unión política con lo que aún le falta a la UE para serlo completamente: la unión económica, integrando en el sistema democrático de la UE lo puesto en marcha durante la crisis y aún más –Tesoro Europeo, armonización fiscal, Europa social–.

Lo segundo: dar a nuestro ordenamiento jurídico una forma comprensible, retomando el objetivo de sustituir los tratados por una constitución corta y clara, como ya hicimos en la Convención y, antes, se encargó de demostrar científicamente factible el Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Lo tercero: hacer lo primero y lo segundo a través de un proceso participativo y democrático que incluya una convención y, por supuesto, una consulta a modo de referéndum de ámbito europeo, gracias a un acuerdo político de los estados miembros y las instituciones de la Unión, como ya propusimos el recordado Bronislaw Geremek y yo mismo hace años.

Lo cuarto: retomar la defensa y desarrollo del modelo social euro- peo desde el nivel de la Unión, porque debilitarlo ni es la salida adecuada a la crisis ni es lo que quiere la ciudadanía, como ha puesto de manifiesto la Confederación Europea de Sindicatos.

Y lo quinto, sobre todo lo quinto: no acobardarse por la previsible subida electoral de euroescépticos y populistas, porque la respuesta a ese fenómeno –ante todo preocupante en el nivel nacional– no es menos sino más Europa, para lo que los demócratas europeístas –populares, socialistas, liberales, verdes– deben conformar ya un gran pacto de legislatura.

Creo que no hay otro camino y, aunque lo hubiera, no sería tan ilusionante, que no ilusorio.

* Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas, ha sido embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Europa: ¿vuelven los años treinta?

CARLES MANERA

En política económica europea, estamos instalados en las mismas fallidas iniciativas que se pusieron en marcha de forma inmediata tras la Gran Depresión. Es decir: una austeridad atroz. El bucle en el que estamos ubicados es demencial: reducción del déficit en tiempo record, ruptura del crecimiento y, después, más austeridad. Se nos remite entonces a un futuro indemostrable y a que tengamos fe. Pero ante el dogma religioso, la historia económica nos da lecciones: el canciller Brüning, para tranquilizar los mercados, hizo esa política de severa austeridad entre 1930 y 1932. Resultados: tasa de paro en Alemania del 25%, descontento social, caos económico (lo explica certeramente Mark Blyth en Austeridad, Crítica). Corolarios: radicalización de la vida política, ascenso del nazismo. No son gratuitos los avances de partidos de corte populista ni los de perfil netamente fascista en Europa.

El Banco Central Europeo (BCE) está actuando con la misma parsimonia que lo hizo la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos en los primeros años 1930. El BCE ha renunciado a ejercer como prestamista de última instancia. Si la normativa dice que el BCE no puede prestar directamente a los Estados y sí a los mercados secundarios, debiera cambiarse. Dar dinero masivo a los bancos ha hecho que éstos especulen con tales préstamos, encareciéndolos para empresarios y familias: falta de liquidez. En tal contexto, es perentorio estimular una política económica que incentive la demanda y que se preocupe por los parados, que son legión en Europa. Ello guarda una relación directa con giros radicales en la política financiera del BCE. La inversión no se genera, y sin políticas de inversión –sin dinero, vaya– no hay crecimiento, por mucha racionalidad que se ponga en los procesos de gestión y de producción. Esto está provocando una creciente pérdida de activos industriales en los países del sur, que se están consagrando, cada vez más, como aportadores de servicios de baja calidad innovadora y de alta intensidad laboral, con salarios cada vez más bajos, horarios extenuantes, con un crecimiento enorme de la explotación laboral. Si se pierde la capacidad real para ejecutar política económica desde los gobiernos, se diluye algo más importante: la Política, en el sentido aristotélico del término.

A su vez, el norte de Europa debería incrementar sus salarios, en vez de exigir, como se hace siempre, una devaluación en el sur a costa de rebajarlos. La competitividad, se arguye. Bueno: suban los países ricos sus sueldos y dejen los nuestros en paz, y ya tendremos ahí un elemento claramente diferenciador. ¿Peligro de inflación? Nulo. Y la hiperinflación de 1921 no debe perder de vista lo que sucedió en 1933, tras la austeridad a ultranza. Todo esto requiere un liderazgo europeo en clave europea; no sobre un fundamento estrictamente teutón. Como indica el economista Daniel Cohen (Homo economicus, Ariel), Europa necesita un “Roosevelt” (o varios, diría yo), con perspectivas más integradoras de un territorio, el europeo, que se está rezagando por la visión cortoplacista de sus dirigentes. 

 

Carles Manera es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y exconsejero de Economía del Gobierno balear.