A pesar de ser la fiscalidad una competencia eminentemente nacional, las acciones comunitarias se han multiplicado últimamente en esta área. Durante los doce meses anteriores tres consejos europeos han prestado gran atención al problema de los ingresos. La mundialización de la economía ha dejado obsoletas no pocas normas fiscales nacionales e internacionales y dificultado la labor de control de los estados. Y ello porque aquella ha facilitado que los contribuyentes coloquen sus inversiones en bancos fuera del país de residencia, inversiones muchas veces amparadas por el secreto bancario prevalente en algunos territorios –paraísos fiscales–.
De otro lado, el mundo globalizado se caracteriza por la irrupción de grandes multinacionales, con filiales en varios países y con un volumen de comercio intragrupo muy considerable. Dichas empresas adaptan no pocas veces su estructura organizativa y sus actividades en función de criterios de optimización fiscal. Todo ello ha hecho que muchos estados hayan perdido una parte importante de su capacidad para gravar los be- neficios que aquellas obtienen en su territorio.
La toma de consciencia de que únicamente a escala nacional estos desafíos no pueden ser resueltos eficazmente ha llevado a la mayoría de los estados europeos a apostar por una acción conjunta, tanto en el ámbito comunitario como en el global. A este respecto, hay que destacar la coincidencia que se ha dado en los últimos años entre la agenda de la UE y la del G20 en los temas de fiscalidad mencionados, hecho que no hace sino demostrar la influencia que sigue teniendo aquella en la escena internacional, especialmente cuando se alía, como es el caso, con Estados Unidos.
Un ejemplo significativo de la colaboración transatlántica lo tenemos en la lucha contra el mantenimiento del secreto bancario en los paraísos fiscales. En este sentido, desde ambas orillas del Atlántico se ha apostado por instaurar un sistema de intercambio automático de información fiscal entre países, en sustitución del estándar, hasta ahora predominante en la cooperación fiscal internacional, de intercambio previo requerimiento. Este ha demostrado ser mucho menos eficaz que el automático al exigir, para que el flujo de información bancaria se produzca, la presentación de una solicitud bien fundada por parte de la administración interesada. Además, es necesario que la información solicitada sea "previsiblemente relevante" a juicio de la administración requerida a colaborar. No es de extrañar que, en el caso de las jurisdicciones no cooperativas, ese juicio tienda a ser muy restrictivo y la transmisión de datos bancarios muy escasa.
Así, la UE se anticipó al cambio de paradigma descrito con la entrada en vigor en 2005 de la Directiva sobre la fiscalidad del ahorro. Sin embargo, debido a la gran resistencia opuesta por algunos estados miembros, el innovador sistema de intercambio automático de la directiva adolecía de importantes lagunas. En primer lugar, porque eximía a Bélgica, Luxemburgo y Austria de las obligaciones del nuevo régimen. Asimismo, porque dicho régimen solo se aplicaba a las personas físicas –dejando fuera a sociedades, fundaciones y fiducias– y, por último, porque el mismo únicamente afectaba a un tipo de ingresos: los intereses del ahorro –sin incluir otras clases de ingresos muy relevantes, como los dividendos y las rentas del trabajo–. Pues bien, ha habido que esperar al Consejo Europeo de marzo de 2014 para que todas estas deficiencias fueran superadas. Y es justo reconocer que, en orden a vencer el derecho de veto de ciertos socios comunitarios, han sido decisivos dos factores recientes.
Primero, la inminente aplicación de la FATCA, ley estadounidense que exige la transparencia fiscal a terceros países y a sus bancos. No menos importante ha sido también la elaboración por la OCDE, a instancias del G20, de una norma mundial única inspirada en el principio de intercambio automático. El nuevo estándar global, presentado el pasado febrero, es una síntesis de la normativa de Estados Unidos y de las propuestas de reforma más avanzadas de la Comisión Europea, que ahora han sido respaldadas por el Consejo Europeo. Ciertos territorios han visto así que de nada sirve seguir resistiéndose en el seno de la UE a unas condiciones de transparencia que se les van a aplicar a nivel mundial tarde o temprano.
* José Luis Escario es coordinador del área de la Unión Europea en la Fundación Alternativas e investigador independiente en temas comunitarios y de fiscalidad internacioanl. Más información en su página web.
* Este texto constituye la colaboración de José Luis Escario al libro coral Europa 3.0. 90 miradas desde España, publicado por la editorial y descargable AQUÍ.
Hay 2 Comentarios
Hola, amigos. ¡ABAJO EL GOBIERNO DE LOS CHORIZOS Y LAS BUTIFARRAS! ¡SEÑOR RAJOY, POR LA DIGNIDAD DE ESPAÑA, DIMITA!
Publicado por: Francisco Tostón de la Calle | 16/05/2014 18:38:57
Los paraísos fiscales son simples paraísos de piratas, que esconden lo robado. Ya es hora de que la ONU deje de ser un simple juguete en manos de los imperios económicos que rigen el mundo. Si el bandidaje no llega a su fin, que el mundo se prepare para su propia auto-destrucción.
Publicado por: RAMÓN | 16/05/2014 13:16:02