Desmontando la xenofobia

ADRIÁN ALTAFAJ

Las formaciones euroescépticas –archienemigos por excelencia de la Unión Europea- se han esforzado en los últimos tiempos en esgrimir toda una retahíla de ataques al inmigrante comunitario, en quien ven encarnados los males que agravan la crisis económica en la Unión. Y es que a la vista está que dichas formaciones han ganado esta batalla a través de dos flancos:

Por un lado, han conseguido consolidar su peso en las pasadas Elecciones al Parlamento Europeo de 2014, pues ya representan algo más del 22% del total de escaños y en algunos Estados miembros se han posicionado como la fuerza política más votada. Por otro lado, han suscitado un miedo a los partidos de gobierno de amplia trayectoria proeuropea a perder un jugoso número de votos. Países como Francia, Alemania, Bélgica y el Reino Unido, entre otros, auspiciados por este temor, han adquirido en cierta medida este discurso y han llevado a cabo medidas que ponen en duda el cumplimiento de la legislación comunitaria en materia de libre circulación en la Unión, o han puesto en marcha reformas o proyectos de reforma que desincentivan o podrían desincentivar estos derechos; ya sea al requerir a los ciudadanos de otros Estados miembros unos ingresos mínimos para poder residir que no se ajustan a los máximos legales exigibles (en el caso de Bélgica), bien estableciendo unos supuestos de expulsión que no están previstos en el marco legal comunitario (Alemania), o directamente procediendo a la expulsión de ciudadanos comunitarios sin atenerse a los supuestos por los que se puede proceder a la misma (Francia).

Cabe plantearse ahora si este discurso, así como todas estas medidas y proyectos de reforma, responden a una realidad o si por el contrario se acercan más a una idea enormemente errada pero muy beneficiosa de cara a unos comicios.

A finales del año 2013, las empresas consultoras ICF GHK y Milieu, a petición de la Comisión Europea, elaboraron un extenso informe –de casi trescientas páginas- acerca del impacto que los inmigrantes comunitarios residentes y no activos sujetos a subvenciones especiales no contributivas y a cobertura sanitaria suponen para los sistemas de seguridad social de los Estados miembros.

A través de datos proporcionados por las administraciones públicas de los diferentes Estados miembros y Eurostat, y otros de elaboración propia, se analiza en el informe la realidad acerca de la inmigración comunitaria. Entre las conclusiones que arroja encontramos las siguientes:

1. El inmigrante comunitario se desplaza a otros Estados miembros con la intención de trabajar;

2. Este representa un pequeño porcentaje con respecto al total de la población nacional de los Estados miembros en los que reside (entre el 2 y el 2,7%), del que a su vez un ínfimo porcentaje se encuentra inactivo (entre el 0,7 y el 1%);

3. A pesar de la crisis, desde el año 2005 el número de inmigrantes inactivos en otros Estados miembros se ha reducido y el de activos ha aumentado (del 48 al 54%);

4. El 64% de aquellos que se encuentran inactivos había trabajado previamente en su país de origen;

5. Los inmigrantes comunitarios son en suma contribuyentes netos a los sistemas de seguridad social y los servicios sociales;

6. Perciben en prestaciones sociales menores cuantías de aquello que aportan al sistema;

7. No se benefician en mayor medida de estas prestaciones que los nacionales de los Estados miembros;

8. El valor medio del gasto sanitario que destinan los Estados miembros de acogida a la población inmigrante comunitaria residente en los mismos es del 0,2% sobre el total del gasto sanitario, lo que equivale al 0,01% del PIB.

 

Pero quizás, la conclusión más reveladora que arrojan todas las anteriores en su conjunto es que no existe una relación estadística entre la generosidad de los sistemas de bienestar de los Estados miembros y la movilidad de los inmigrantes comunitarios. Reveladora no solo porque deconstruye una idea preconcebida absolutamente errónea, sino porque confirma la intención partidista de aquellos que hacen uso de ella. Han ganado una batalla, pero aún no han ganado la guerra.

 

*Adrián Altafaj es experto en Relaciones Internacionales, en el Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas.

 

China: no es sólo la economía, ¡estúpido!

JUAN PABLO LAIGLESIA

Mientras la crisis de Ucrania y el nuevo y brutal episodio del desigual enfrentamiento entre Israel y Palestina copan las primeras páginas y Europa sigue ensimismada en el complicado montaje de sus renovadas y complejas instituciones (sin ideas que aportar para encarrilar una solución política para la primera y asistiendo desde la barrera al segundo), en América Latina se han sucedido en apenas diez días tres acontecimientos muy relevantes que merecen nuestra reflexión: La VI Cumbre de los BRICS, que ha dado a luz los esperados (y temidos) Fondo y Banco "alternativos"; la gira de Putin por cuatro países latinoamericanos y la segunda gira latinoamericana de Xi Jinping desde que fue designado Presidente de la RP China hace solo 16 meses.

Sin restar importancia a los dos primeros querría centrarme en el tercero, al que aquellos dotan de contexto pero al tiempo individualizan y ayudan a resaltar sus perfiles específicos.

Hace ya tiempo que América latina mira más al Pacífico que a cualquier otro lado y no se puede ignorar que esa mirada explica muchos de los ingredientes que caracterizan la actual coyuntura regional; tanto sus luces más brillantes (como haber sorteado la crisis con holgura, haber crecido regular y sostenidamente y haber podido reducir sustancialmente la pobreza) como algunas de sus sombras más inquietantes (la reprimarización, la ausencia de su equipamiento industrial de las cadenas de valor o la asimetría de la relación con su nuevo socio principal). En el terreno político la reorientación de la mirada latinoamericana también ha tenido consecuencias directas en la articulación y arquitectura de los procesos de integración regional, en el reacomodo de los liderazgos, la mayor capacidad de diversificación y en el evidente incremento del valor estratégico de la región como actor y deseado socio global.

Hasta ahora, la mayoría de los análisis de este nuevo escenario resaltaban dos características: la primera, que el acercamiento regional estaba restringido al ámbito económico siendo exclusivamente las necesidades del desarrollo chino su combustible y la segunda, consecuencia de la anterior, que esto estaba generando una progresiva insatisfacción en América latina que querría, sin saber muy bien como, dotar de valor político a la nueva relación.

Esta segunda gira de Xi Jinping por Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba contiene elementos que deberían llevarnos a repensar esa evaluación. Es cierto que los contenidos de las visitas bilaterales han sido esencialmente económicos. No en balde se trataba de una gira en la que el Presidente chino se ha hecho acompañar, imitando una práctica tradicional de las economías de mercado, por una nutridísima delegación de empresarios y en la que la práctica totalidad de los acuerdos firmados en los cuatro países se refieren exclusivamente a las relaciones económicas. Pero no ha sido una gira solo a golpe de chequera, aunque no haya salido barata. Ha habido más cosas.

En primer lugar, el Presidente Chino ha mantenido una reunión de trabajo con el cuarteto coordinador de la CELAC, institución a la que China ya había sido de los primeros en reconocer como interlocutor único de toda la región, acordandose celebrar una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Foro China-CELAC en Pekín en el primer trimestre del año que viene, precedida de una preparatoria de Ministros de Exteriores. En un momento de abierto rechazo en la región a la diplomacia de cumbres este compromiso (convenientemente engrasado por cierto con la promesa de crear tres fondos para distintos objetivos de desarrollo con una aportación inicial china de 35.000 millones de $) da cobertura institucional a la relación de China con el conjunto de la región y abre evidentes posibilidades de concertación más allá de las estrictas relaciones económicas bilaterales. De hecho, coloca en el mismo nivel de interlocución a China que a la Unión Europea

Además Xi Jinping ha dado un espaldarazo expreso a UNASUR y no lo ha hecho en cambio con la Alianza del Pacifico cuyo crecimiento exponencial y alta velocidad de crucero parecían avocarla a una interlocución privilegiada. Cabe interpretar estas señales como un estímulo a los esfuerzos integracionistas de la región considerada en conjunto frente a quienes promueven acuerdos fundados en coincidencias ideológicas o modelos de mercado? En cualquier caso parecen ser expresión del deseo de dar profundidad estratégica a la relación con América Latina desde el respeto a su diversidad sin entrar en planteamientos ideológicos, lo que es en sí mismo toda una declaración de principios. Europa en cambio, sigue alimentando la idea divisiva de que hay un integracionismo bueno y otro malo en función de sus respectivas opciones ideológicas.

También se puede sacar punta a la selección de los países visitados, todos ellos socios bilaterales importantes pero todos ellos también complicados por distintas razones. Argentina vive horas bajas en el aprecio de la comunidad internacional y enfrenta las dificultades del fin de época que se avecina. El apoyo económico que se le ha prestado en una coyuntura difícil tiene un indudable valor político llamado a trascender esa coyuntura. Algo parecido ocurre en Venezuela, donde Maduro apenas ha superado la peor crisis desde que sucedió a Chávez, y en la que ha estado más solo que nunca dentro y fuera de América Latina. La relación "estratégica integral" establecida tras la visita va ciertamente mas allá en su significado de la importancia de las relaciones energéticas bilaterales. Y Cuba, inmersa en un proceso de reformas que a otros siguen pareciendo insuficientes, se ha visto igualmente apoyada y reconocida.

No es desde luego una coincidencia que se trate de países cuyas relaciones con Europa y los Estados Unidos son en este momento, por distintas razones, frías, distantes y para nada prioritarias.

La gira de Xi Jinping pese a su textura principalmente económica, introduce ya elementos de articulación de una mirada China hacia América Latina en la que no todo es la economía. A ver si empezamos a tomar nota.

* Juan Pablo LaIglesia ha sido  secretario de Estado para Iberoamérica.

Previsiones poco alentadoras

CARLES MANERA

Las recientes previsiones de importantes instituciones económicas muestran una clara debilidad en los indicadores de la economía europea. Los crecimientos previstos son muy débiles, de apenas dos décimas para el conjunto europeo, con fragilidades importantes en Francia e Italia. Alemania avanza, pero sin velocidad llamativa. España se coloca, según esos augurios, con un 0,4% de crecimiento económico: anemia pura para vender una recuperación que resulta imposible de adivinar. Mientras Estados Unidos ya visualiza un crecimiento económico que se acerca al 3% y el paro se reduce y mientras Japón conoce un avance de su PIB del orden del 1,5% y los precios remontan nuevamente -lo cual es un signo inequívoco de que la demanda se expande-, Europa sigue anclada en un recetario fallido que infringe enormes sacrificios a su población.

¿Qué proponer? Veamos tres puntos concretos:

1. La salvación del sistema financiero ha dejado sin cobertura a consumidores y trabajadores. Las economías de la Europa periférica han asistido a muchos cierres de empresas, y el estrangulamiento del crédito no ha hecho viable el más pequeño apoyo económico. La asfixia financiera ha sido el resultado. Las pymes europeas dan empleo a casi 90 millones de trabajadores. Entonces, deben potenciarse el Banco Europeo de Inversiones y un mercado activo del capital riesgo, factores ambos inéditos en el escenario de la Gran Recesión. Urgen medidas penalizadoras para los que colocan los recursos recibidos del BCE en depósitos del mismo banco o adquiriendo títulos públicos. Todo esto implica mayor supervisión.

2. El desarrollo de una política monetaria con efectos redistributivos, que transfiera recursos desde los países ahorradores hacia los deudores. El problema de la deuda soberana, extensiva a buena parte de la Unión Europea, y con especial incidencia en el sur, no se resolverá actuando en claves estrictamente nacionales, o incentivando severas políticas de ajustes draconianos. Estas transferencias deberían permitir, a su vez, ralentizar los principios que parecen inamovibles de control férreo de la inflación, toda vez que la verdadera amenaza actual es lo contrario: la deflación, que indica el desplome del consumo y de la inversión. No se dispone de una política monetaria más expansiva porque el BCE no compatibiliza estabilidad de precios, cohesión social y crecimiento económico. Su deber es hacer las tres cosas a la vez porque eso es lo que quiere la ciudadanía europea. Pero ante la ausencia de crédito, o sea, ante la parca inversión, esos desarrollos se están produciendo sobre una base evidente: la reducción de los salarios y la utilización de un mercado laboral, ahora abundante, que permite rebajar los costes laborales unitarios.

3. Clara orientación por el capital humano, a partir de un ambicioso programa de inversiones, con una política activa que incida sobre las altas tasas actuales de desempleo, en especial de los jóvenes. De lo contrario, el proyecto comunitario carecería de estabilidad. El axioma es claro: no habrá Unión si no hay trabajo. Y, sin éste, las posibilidades de desmembramiento de Europa serán un hecho en el corto plazo.

 

* Carles Manera es catedrático y exconsejero de Economía del Gobierno de las Islas Baleares.

Ucrania: soluciones urgentes para un conflicto complejo

JAVIER MORALES

Tras el derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, probablemente por un misil disparado erróneamente por los separatistas (quienes lo habrían confundido con un avión militar ucraniano, a los que ya han destruido en anteriores ocasiones), la guerra en el este de Ucrania ha vuelto a la primera línea de la actualidad. ¿En qué situación nos encontramos?

Las milicias prorrusas han sufrido duros reveses en las últimas semanas, como la reconquista de las localidades de Sloviansk y Kramatorsk por tropas gubernamentales; ahora los rebeldes se concentran en Donetsk y Lugansk, capitales de las regiones del mismo nombre. Con esta ofensiva, denominada oficialmente “operación antiterrorista” (ATO), Kiev afirma estar defendiendo su integridad territorial frente a una invasión encubierta por parte de Rusia; la cual querría desestabilizar el país vecino para dificultar su aproximación a la UE y la OTAN. Pero desgraciadamente, aunque la ATO lograse sus objetivos inmediatos, los problemas de fondo están muy lejos de resolverse.

El gran obstáculo para comprender el conflicto es la propaganda difundida por cada bando, ante la que cualquier observador imparcial debería adoptar un sano escepticismo, evitando el discurso binario que (omitiendo todo matiz o contexto) nos fuerza a elegir entre estar “con la víctima” o “con el agresor”. En Ucrania se está librando también una guerra informativa, tan intensa como el propio enfrentamiento bélico, en la que los gobiernos ucraniano y ruso (más sus respectivos aliados) defienden sin escrúpulos sus intereses tratando de atraerse a la opinión pública internacional. 

Para Rusia, estaríamos ante un “genocidio” impulsado por la “junta fascista” de Kiev contra los ucranianos rusoparlantes, los cuales se habrían organizado espontáneamente para defenderse; una excusa idéntica a la que utilizaron al invadir y anexionarse Crimea para “proteger a la población local”. Tal peligro era, por supuesto, inexistente: no se había lanzado al ejército ucraniano contra esa península, como tampoco se envió a las regiones orientales antes de que surgieran las milicias separatistas. Este relato omite además la colaboración de Moscú con los rebeldes, proporcionando armas o permitiendo el tránsito de combatientes desde su territorio.

Sin embargo, Putin tampoco está siguiendo el mismo guión de Crimea: ahora parece actuar mediante intermediarios en lugar de enviar a su propio ejército (pese a las acusaciones ucranianas en este sentido), aunque seguramente sí cuente con agentes de inteligencia entre los milicianos. En el caso del vuelo comercial derribado, no está claro si el misil se encontraba entre las armas suministradas por Rusia o fue obtenido de una base ucraniana capturada. Lo que sí parece evidente es que los separatistas tienen importantes carencias en otros aspectos: no han sabido identificar un avión de pasajeros, ni cuentan con militares profesionales (al menos, no los suficientes) que eviten estos errores. Tampoco sería lógico que hubieran disparado intencionadamente, lo cual no les proporcionaría ninguna ventaja militar y sí una grave derrota mediática. 

Rusia ha salido igualmente perjudicada por su apoyo a las milicias, cada vez más insostenible para su imagen; sin contar el efecto de las sanciones económicas. Pero ¿qué intereses vitales hicieron que Moscú se implicara en el conflicto? Todo hace pensar que no está buscando una nueva conquista territorial, sino sostener a los rebeldes durante el tiempo suficiente para utilizarlos como carta negociadora frente al presidente Poroshenko, forzando un acuerdo que preserve su influencia sobre el este de Ucrania y congelando indefinidamente su posible ingreso en la OTAN. Es muy significativo que hasta ahora Putin no haya reconocido la independencia de las “repúblicas populares” de Donetsk y Lugansk, ni planteado su posible incorporación a la Federación Rusa; una cautela debida también a que sus habitantes no son mayoritariamente rusos étnicos (como ocurría en Crimea), sino ucranianos rusohablantes. El Kremlin ha manipulado para sus propios fines a la insurgencia, pero sin asumir por completo la causa separatista. 

Si no se trata realmente de tropas invasoras, sino de una amalgama de combatientes locales y extranjeros apoyados desde el exterior, es porque previamente existía un caldo de cultivo favorable para generar un conflicto armado: el cambio político revolucionario que se produjo en febrero, con la toma del poder en Kiev por los partidos opositores tras la huida de Yanukovich, en un contexto de violencia callejera. El triunfo del Maidán generó un clima de hostilidad en las regiones orientales (sin ambiciones separatistas hasta entonces), permitiendo que parte de la población local se sumara a las insurrecciones alentadas por Moscú. Fue precisamente ese apoyo a la insurgencia de quienes no reconocían al nuevo gobierno lo que frustró los primeros intentos de reconquista, impedidos por ciudadanos desarmados que cerraban el paso al ejército. A pesar de ello, Poroshenko ha optado por una escalada militar para derrotar cuanto antes a los rebeldes e impedir una congelación indefinida del conflicto; incluso al precio de causar víctimas civiles.

Esta estrategia no solamente no ha contribuido a la reconciliación nacional, sino que ha agravado la brecha dentro de la propia sociedad. La guerra ha permitido posponer cualquier diálogo serio sobre el modelo de Estado, con el argumento de que una Ucrania federal sería más vulnerable a la influencia rusa; ignorando que sin una reforma constitucional que conceda autonomía a las regiones del este (cuyos gobernadores son ahora nombrados por Kiev) será muy difícil cualquier encaje sólido de estos territorios en el Estado ucraniano. Tampoco parece acertado insistir en la mitificación del Maidán y sus “héroes”, cuya legitimidad no es reconocida por una parte de la población; o no haber desarmado a las “autodefensas” paramilitares (incluyendo grupos de ultraderecha) que participaron en aquellos combates. De hecho, se está fomentando su integración en los batallones de voluntarios que se envían a luchar en el este, contribuyendo así a la propaganda del Kremlin sobre una “agresión fascista”. 

Con respecto a los líderes prorrusos, además de su posible responsabilidad por el derribo del avión de Malaysia Airlines, sus métodos mafiosos (que incluyen el secuestro de periodistas o disidentes) están probablemente socavando el apoyo inicial de los habitantes de Donetsk y Lugansk, hastiados de unos combates que se prolongan ya demasiado tiempo. Acosados por la ofensiva gubernamental, su mayor esperanza hasta ahora era un giro del Kremlin hacia una intervención abierta, que preservara al menos el statu quo sobre el terreno; una opción que tras la tragedia del MH17 parece menos factible por su excesivo coste político, incluso para un líder poco temeroso de las represalias como Putin. La situación se ha vuelto más favorable para las fuerzas ucranianas; si bien sus tácticas indiscriminadas (como losbombardeos sobre zonas pobladas) tampoco están contribuyendo, precisamente, a ganar los “corazones y mentes” de los ciudadanos del este.

El mayor peligro de estos sucesivos errores es que, aún en el caso de que la insurgencia sea finalmente derrotada y Rusia detenga su injerencia en los asuntos internos de Ucrania, se perpetúe la fractura de una sociedad cada vez más polarizada en torno a dos conceptos excluyentes de la nación. La única alternativa para una verdadera resolución del conflicto es construir una identidad cívica basada en la igualdad de derechos y el reparto del poder, donde todas las sensibilidades (incluso las de aquellos ucranianos pacíficos que se sienten parte de una civilización cultural rusa) puedan tener cabida.

 * Javier Morales es Coordinador de Rusia y Eurasia en la Fundación Alternativas y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.

 

 

 

Unos ciudadanos más participativos

IGNACIO URQUIZU
En el reciente Informe de la Democracia 2014 nos propusimos analizar cómo son los ciudadanos en medio de las múltiples crisis que vivimos. Varias son las conclusiones. En primer lugar, estamos ante una ciudadanía profundamente desorientada desde un punto de vista político –ver gráfico 1-.

Casi el 55% de la ciudadanía no saben a quién votar, declaran abstenerse u optan por el voto en blanco. Un porcentaje similar sólo lo encontramos al comienzo de la democracia (años 1978 y 1979) y cuando comenzaron a conocerse los primeros casos de corrupción del PSOE en los 90 (finales de 1992 y principios de 1993). 

Gráfico 1. Porcentaje de ciudadanos indecisos, abstencionistas y voto en blanco 

 

Fuente: CIS

En segundo lugar, se añaden dos factores más. Por un lado, el interés por la política ha aumentado enormemente –ver gráfico 2-. En estos momentos, más del 35 por ciento de los españoles declaran estar muy o bastante interesados, una cifra superior a la de finales de los 70 y principio de los 80, cuando se produjo la transición a la democracia.  Por otro lado, la desconfianza hacia el funcionamiento de nuestra democracia está en sus máximos –ver gráfico 2-. En estos momentos, el 70 por ciento de los españoles declaran tener poco o ninguna confianza en el funcionamiento de nuestro sistema político. Nunca habían sido tantos. Además, desde 2012 son más los que desconfían que los que confían, algo que ya se produjo en los años 93 y 94, aunque no con esta intensidad.

Gráfico 2. Interés por la política y satisfacción con el funcionamiento de la democracia española

 

 

Fuente: CIS

Si ponemos en conjunto este tres factores (desorientación, gran interés por la política y desconfianza en nuestra democracia), tenemos un mezcla explosiva que nos pueda ayudar a entender algunas de las cosas que han sucedido a lo largo de  los últimos años en nuestras calles. La consecuencia más relevante ha sido la movilización constante de los ciudadanos, donde las diferentes mareas han tenido un protagonismo especial. El gráfico 3 lo expresa muy claramente en datos. Si en el año 2011 se produjeron 18.422 manifestaciones o reuniones, en 2012 esta cifra se elevó a casi 45 mil, una cifra muy similar a la de 2013. Por lo tanto, en los dos últimos años la movilización ciudadana en las calles es enorme. De hecho, desde que se disponen datos, nunca se han producido tantas protestas en nuestra país. 

Gráfico 3. Número de expedientes por reuniones y manifestaciones

 

Fuente: Informe de Evaluación sobre el funcionamiento de los servicios de la Administración Periférica del Estado en 2012, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No se incluye el País Vasco y Cataluña.

Lo mismo podemos decir sobre otras formas de participación política que van más allá de lo electoral y la competición partidista. El gráfico 4 muestra el porcentaje de personas que declara participar en distintas actividades reivindicativas. Observamos que todas formas de participación política han aumentado, especialmente las firmas de peticiones, la asistencia a manifestaciones y la participación en organizaciones sociales. En cambio, las formas de participación más institucionalizadas como contactar con un político o participar en un partido político, han aumentado menos y se encuentran en cifras más bajas.

La segunda salvedad es que a pesar que el porcentaje de personas que ha ido a manifestaciones ha pasado del 15 por ciento en 2008 a más del 25 por ciento en 2012, todavía no ha superado la cifra de 2004 (casi el 35 por ciento), cuando se produjeron las marchas contra la guerra de Irak.

El escenario de participación política que nos presenta el gráfico 4 es muy revelador de lo que está pasando en la sociedad. Por un lado, los ciudadanos no confían mucho en la política más institucionalizada (partidos políticos). De ahí las bajas cifras en esas formas de participación. Por otro lado, en cambio, han comenzado a tomar las riendas de su destino. Están muy movilizados y han buscado refugio en las organizaciones sociales. Además, están aprovechando las nuevas tecnologías para hacer llegar sus reivindicaciones. Si miramos el gráfico 4, este último argumento es más bien una especulación. Pero el aumento tan grande del número de personas que declaran haber firmado una petición no se puede entender sin las plataformas que han surgido en internet con este fin.  

Gráfico 4. Participación política en España

 

Fuente: Encuesta Social Europea

Este cuadro de movilización política ha aparecido en numerosos análisis. Así, se presenta a una sociedad muy inquieta y que no ve más salidas que la protesta. Al mismo tiempo, se relaciona todas estas formas de participación política con los jóvenes y las nuevas tecnologías.

Un argumento similar desarrollan Kerman Calvo, Teresa Pastrana y Luis Mena en un trabajo para la Fundación Alternativas[i]. A través de distintas encuestas, logran trazar un perfil de los participantes en las movilizaciones del 15-M. Muestran que la inmensa mayoría tenía menos de 30 años y en torno al 70 por ciento poseían estudios universitarios o los estaban cursando. De hecho, un 67 por ciento de los entrevistados se declaraba estudiante. Como segundo rasgo destacado es que una abrumadora mayoría de ellos llegó a la movilización gracias a medios digitales o redes sociales: “Únicamente el 35 por ciento de los encuestados otorga a los contactos personales un papel destacado en el acceso a la información”.

En resumen, la sociedad española ha cobrado un gran protagonismo en la oposición al gobierno. Varios son los indicadores que muestran que la participación política al margen de las formas más institucionalizada ha aumentado en una cuantía significativa, aunque no ha superado las cifras de 2004 en algunos de sus tipos de protesta.

Finalmente, ¿por qué los ciudadanos se han lanzado a la calle? Desde hace un tiempo, la ciudadanía cree que no tiene ninguna capacidad de influencia sobre el gobierno. O por lo menos eso manifestaba el 71,8 por ciento de los españoles cuando se les preguntó sobre esta cuestión en una encuesta sobre la calidad de nuestra democracia (CIS 2790). Junto a ello, el 57,6 por ciento pensaba que el poder político estaba muy poco protegido de las presiones del poder económico. Esta posición también la vienen sosteniendo los expertos que elaboran la encuesta sobre calidad de la democracia para nuestro Informe. Por lo tanto, los ciudadanos perciben que la política más institucional no es suficiente para resolver sus problemas, puesto que las instituciones no les representan de forma correcta, dando más importancia a lo que piensa el poder económico que a lo que desean los ciudadanos. Ante esta falta de representación, los ciudadanos han salido a la calle y están protagonizando la parte más importante de oposición al gobierno.    

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[i] Kerman Calvo, Teresa Pastrana y Luis Mena (2011) Movimiento 15-M: ¿quiénes son y qué reivindican?, Zoom Político 4, Laboratorio de Alternativas, Fundación Alternativas. 

 

* Ignacio Urquizu es coautor del Informe sobre la Democracia en España 2014, profesor de Sociología y colaborador de la Fundación Alternativas. 

Ya no hay música en las plazas

     FERNANDO RUEDA

En España se celebran en torno a 800 festivales de música y artes escénicas cada año. Entre los meses de julio y agosto, se concentran el 35% de ellos. FIB, Sun festival, BBK Life, Sonar, Primavera Sound, ya forman parte desde hace algunos años de las estampas y experiencias primaverales y veraniegas para decenas de miles de personas que cada año dedican su tiempo de ocio y vacaciones a acumular recuerdos y experiencias de música en vivo. 

De esos 800 eventos, los macro festivales representan una parte muy pequeña del panorama musical, en los que según los datos del Anuario SGAE, en 2012 asistieron en torno a 2 millones de espectadores frentes a un total de los 24 millones de otro tipo de eventos música en vivo (salas de conciertos o conciertos aislados). Según el mismo anuario, el número de espectadores de espectáculos de música en vivo se encuentra en los niveles de 2005. Sin embargo, a pesar de que desde el inicio de la crisis, la música en directo ha sufrido un descenso importante en oferta y en número de espectadores, los macro festivales, han registrado un importante incremento tanto en número de eventos como de público, y manteniendo los niveles de ingresos por recaudación.

Junto con la crisis económica, la revolución digital ha empujado tanto a los consumidores, como a la industria musical a reorientar sus prioridades y estrategias. La Industria musical ocupa muchas de sus energías en ejercer la necesaria presión hacia el poder público -en el nombre de los autores- en un intento de obtener un reparto más equitativo de la gestión de derechos frente a las telecos y los agregadores digitales. Al tiempo reorienta sus estrategias empresariales para lograr mejores recaudaciones en los que el impacto mediático, el marketing y la captación de públicos adquieren cada vez más peso a la hora de decidir las programaciones, en detrimento de otros criterios de valor, como la calidad, la innovación o  la diversidad musical.

Los consumidores, por su parte, tienen cada vez menos música en la plaza, y menos dinero en el bolsillo, y deciden concentrar sus esfuerzos en eventos que les aporten más valor añadido, al tiempo que descargan via fibra óptica, con tarifa plana, y a través de agregadores, la creación  musical, en costes cercanos a cero. 

Un interesante estudio de Lluis Bonet y Toni Carreño, investigadores de la Universidad de Barcelona, analiza en profundidad cómo son los festivales de música y artes escénicas en España, aportando datos sobre su perfil, en función de su de presupuesto, el número de espectadores, el tipo de música o espectáculo, el lugar de celebración –análisis geográfico- o el carácter público, privado,  lucrativo o no lucrativo, de los promotores.

El estudio sirve para entender el auge y la caída -cual burbuja inmobiliaria- de los espectáculos en vivo, a lo largo de la crisis, así como de las transformaciones que se están dando, tanto de públicos,  como de tipos de evento. Según los datos de este estudio, apenas uno de cada diez eventos supera los 600.000 euros de presupuesto y la mitad no llega a los 80.000 euros. Los eventos artísticos directamente dependientes de la administración se ubican en ciudades pequeñas. Y los festivales de iniciativa privada y lucrativa se concentran en principalmente en grandes ciudades o zonas costeras y turísticas.

Con el fin del poder local planeado por el Gobierno, se acabó la música en la plaza, pues los ayuntamientos no tendrán recursos para ello. No es del todo malo si así desaparecen  esas prácticas de contratación pública (música a gusto del alcalde). Pero al final del día, quien sufre es el panorama musical y las opciones del consumidor.

Bien por los macrofestivales: quien quiera música, que pague la que hay, empaquetada y en formato “experiencia inolvidable”.

* Fernando Rueda es director del Observatorio de Comunicación y Cultura de la Fundación Alternativas. 

La rana, el escorpión y Netanyahu

         

VICENTE PALACIO

Según una cierta leyenda, Oriente Medio podría definirse como un macabro cuento de una rana que va a atravesar un río: cuando está a punto de saltar se le monta encima un escorpión. La rana le advierte: “Está bien, escorpión, pero no me piques porque si no nos hundiremos los dos”. Pero la rana salta, el otro le pica, y los dos se hunden. Esta curiosa fábula acerca del conflicto palestino-israelí se atribuye al gran Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores español en la década de los ochenta, y es muy posible que sea una de las mejores.

Israel contesta estos días con ataques aéreos a objetivos de Hamás en Gaza, en respuesta al lanzamiento de cohetes a ciudades israelíes. En esta cansina historia se encadenan errores de unos y otros, y cualquier cosa sirve para culpabilizar al otro. Huelga decir que, en el frustrado camino hacia la paz y los dos Estados, a veces uno hace de rana, y otras veces de escorpión, intercambiándose los papeles.

A esta fábula le falta en la vida real un tercer personaje: Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, hábil creador y gestor él mismo del desencanto generalizado sobre las promesas de paz con los vecinos. Bibi vendría a ser como alguien que, en la sombra, tiene sujetos a la rana y al escorpión por una cuerda, y los sube y baja de la línea de flotación impidiendo que se hundan, pero sin dejar que salgan a flote.

En su peculiar micromundo, Netanyahu parece cómodo con este juego perverso. La debilidad de su gobierno, enfrascado en una pugna con Abait Haiehudí (Casa Judía) del inefable Avigdor Lieberman, ha tenido bastante que ver con la decisión de ir adelante con los ataques a Gaza. En esta ocasión el objetivo a batir es un Hamás debilitado que una vez más ha subestimado la voluntad de las fuerzas israelíes para responder al órdago de los cohetes. El objetivo ahora es Hamás, debilitada en varios frentes - el mayor de ellos el aplastamiento de los hermanos musulmanes en Egipto. La torpeza de Hamás le ha servido en bandeja a Netanyahu la excusa para hacer saltar por los aires el histórico pacto de gobierno de unidad palestino firmado el pasado mes de abril por los irreconciliables Hamás en gaza y Al Fatah de Cisjordania. Cierto es que el pacto añadía incertidumbre a las negociaciones de paz; pero la verdad es que Netanyahu no creía en éstas, ni nadie tuvo la habilidad política ni la voluntad de presentarlo como una oportunidad.

A Bibi le va bien: el nuevo episodio de Gaza supone una prueba de fuerza para debilitar al enemigo un poco más, mientras en casa se afianza. Y la inestabilidad en la región, en los vecinos Egipto, Siria, Irak o Irán, da más argumentos a los halcones que siempre desconfiaron de la Primavera árabe. Obama y Kerry tienen las manos atadas por la deriva de las cosas y por el lobby israelí en EEUU. Europa está a sus cosas, esta nueva crisis le pilla fuera del tablero, y refleja su irrelevancia, más allá de condenar los excesos de unos y otros. El embajador de la UE en Israel, Lars Faaborg-Andersen, se ha limitado a advertir a Israel que Europa continúa en la senda de perder la paciencia respecto a los nuevos asentamientos de colonos. 

Mientras la posibilidad de una invasión terrestre empieza a estar encima de la mesa, la proporción de bajas en este tipo de episodios bélicos podría ser una vez más de uno (israelíes) a cien (palestinos), mayoritariamente civiles entre estos últimos, como ocurrió en las operaciones en Gaza de diciembre de 2008, o más recientemente en noviembre de 2012. La brutalidad de la respuesta del gobierno israelí encontrará su eco en la insensatez de Hamás, en su falta de escrúpulos o quizá en el recurso a escudos humanos. Lo habitual.

Al fin y al cabo, siempre quedará la cínica respuesta que refleja un enorme fracaso político: ¿no tiene Israel derecho a defenderse, como cualquiera?

Pero esta nueva tragedia de la muerte de inocentes  -tres adolescentes judíos asesinados, y un palestino quemado vivo – sumerge a al rana y al escorpión un poco más en la ignominia. Hay historias tremendas, como la de los ocho palestinos muertos tras impactar un misil en un Beach Café, en una destartalada playa de Gaza, mientras veían el partido de fútbol Argentina-Holanda.

El pasado fin de semana, mientras el diario progresista Haaretz celebraba una Conferencia de Paz, empezaba a volar sobre las cabezas los cohetes de Hamás y las bombas sobre Gaza. Nada más fácil para desatar la paranoia nacional que unas cuantos impactos en ciudades como Ashod, Beersheba, Jerusalén o Tel Aviv, y unos cuantos heridos. ¿Resultado? Una mayoría de la opinión pública está a favor de los ataques aéreos. Incluso en la hedonista y cosmopolita Tel Aviv crecen las voces a favor de asestar un golpe decisivo a la organización terrorista. Haaretz, un último oasis de sensatez en el panorama mediático israelí, ha urgido a construir una sociedad más sensible al deplorable estado de cosas en que se hallan la población palestina.

Aunque el escepticismo sobre la paz en ambas sociedades hace mella, aún quedan señales de que hay muchos que quieren poner punto final a esta absurda carnicería. Algo de luz queda entre la gente: tras producirse los asesinatos, hubo esperanzadoras muestras de condolencia mutua de las respectivas familias de ambos bandos. Pero hay muchos otros empeñados en seguir jugando a la rana y el escorpión. Es un cuento cansino que ya hemos oído mil veces. Ninguno de los dos se merece este cuento estúpido. Pero en Irak, en Irán, en el Sahel, o en la misma Ucrania, otros cuentos nos esperan.  

 *Vicente Palacio es director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. 

Bajar salarios para recuperar ganancias

 

CARLES MANERA
Las fases alcistas del ciclo económico suelen ir emparejadas a aumentos salariales, toda vez que disminuye la desocupación. Esto puede explicar la reducción de la tasa de beneficio o, también, una mayor equidad social –tal y como demuestran las investigaciones de Thomas Piketty y Branko Milanovic. Por el contrario, la caída salarial es el preludio de una nueva etapa de recuperación del sistema económico: la reducción de costes es un atenuante explícito para mantener viva la acumulación. La crisis puede suponer, entonces, destrucción de una parte de capital, incapaz de reproducirse de forma productiva. En tal contexto, las finanzas aparecen como salidas plausibles para asegurar ganancias, y aportan la imagen de la generación de valor. Pero los avances que provocan esas acciones no se relacionan de manera directa con la producción. En ésta, los segmentos menos solventes del capital desaparecen, bien por estrangulamiento financiero, bien por menor competencia: quiebras, cierres, procesos que utilizan las empresas resistentes para hacerse con bienes de capital a precios bajos. El mercado se vacía de competidores. Ganar más y relegar de los mercados a los competidores es la base de los cambios en las fuerzas de producción: aquella “destrucción creadora” de Joseph Schumpeter. Pero atención: ni todos los empresarios son innovadores, ni actúan guiados por el valor añadido. La mayoría de ellos se mueve por un objetivo elemental: obtener mayores réditos, aunque esto suponga no innovar, no mejorar, no incentivar. Y aquí el control salarial constituye la pieza seminal: la devaluación de los salarios, junto a actuaciones expeditivas en las legislaciones laborales –en este punto resulta vital la connivencia de los gobiernos–, persigue una meta esencial: bajar los costes laborales unitarios. La explotación, por tanto, se incrementa.

La Gran Recesión, en tal aspecto, plantea un escenario que es nuevo: se trata de la primera crisis sistémica en la que los protagonistas centrales no son los desarrollos industriales o agrarios, sino la economía de servicios. Y aquí no aparecen nichos claros de inversión productiva para el capital. La alternativa pasa por disminuir el coste de la fuerza de trabajo: de ahí las constantes soflamas empresariales –y también desde los gobiernos– para ser prudentes con las subidas salariales. En paralelo, otra estrategia se rubrica: los recortes del Estado del Bienestar, mecanismos de protección social, que abrazan la sanidad, la educación y los servicios sociales. La jerga es invariable: austeridad, equilibrio, reformas laborales. El resultado más visible: la deflación, el desmoronamiento de la demanda. Las contradicciones en la aplicación de las políticas económicas afloran nuevamente: a la obsesión por el control de la inflación, se va cediendo paso a la inquietud por la caída de los precios y la ausencia de fortaleza en la demanda agregada. De la misma manera, instituciones económicas como el FMI alertan de que la aplicación de la austeridad debe ser compatible con políticas activas de crecimiento económico. Un oxímoron. El despiste de los economistas es monumental. La única herramienta prevista: seguir bajando salarios. Sin salida.

* Carles Manera es catedrático de Historia Económica de las Islas Baleares y exconsejero de Economía en el Gobierno Balear.

Oriente Medio al borde del precipicio

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA

La invasión de Irak por EEUU y Reino Unido en la primavera de 2003, y - sobre todo - la política que los ocupantes impusieron, tras la caída de Saddam Hussein, de desmontaje brutal del Estado baazista y todas sus instituciones, relegando a la minoría suní al ostracismo político y la marginación, en lugar de buscar una reconstrucción integradora, están sin duda en el origen de la severa crisis que está viviendo Irak actualmente, a la que tampoco es ajeno el gobierno sectario de Nuri Al Maliki, primer ministro desde 2006, ni por supuesto el crecimiento de las organizaciones yihadistas suníes en el país, potenciadas por el rechazo a la ocupación y la llegada de combatientes extranjeros.

La organización que nació en 2004 como Al Qaeda en Mesopotamia y se transformó en 2006 en el Estado Islámico de Irak, y en 2013 – a raíz de su intervención en la guerra civil siria - en Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), se ha convertido en la mayor amenaza para el régimen de Bachar Al Assad en Siria, y especialmente para el gobierno chií de Bagdad, y para la unidad de Irak. La ofensiva lanzada en este país a partir de enero de este año con el control de Faluya y Ramadi, que culminó en junio con la toma de Mosul y Tikrit, permitió al EIIL controlar (sin continuidad)  una amplia zona que abarca desde la provincia de Alepo en Siria, hasta la de Diyala en Irak, una extensión de aproximadamente cinco veces la del Líbano. Con su cambio de nombre, el 29 de junio, por el de Estado Islámico (EI) y la proclamación de un califato, con su principal dirigente, Abu Bakr Al-Baghdadi, como califa de todos los creyentes con el nombre de Ibrahim, la organización mostró su voluntad de liderar la lucha global yihadista y su vocación de extenderse a todo el mundo musulmán.

La pretensión de establecer un califato por parte del EI, es sin duda un paso más dentro de la retórica yihadista, demasiado ambicioso y prematuro  para la realidad militar y territorial de la organización, y parece más bien dirigida a intentar ganar la supremacía sobre Al Qaeda, con cuya disciplina rompió en 2013, y sobre su sucursal en Siria, Al Nusra, con la que ha tenido fuertes enfrentamientos militares pero que parece plegarse ahora a la superioridad del EI, al que ya se han unido algunas de sus facciones.

Estas tres organizaciones yihadistas suníes – aún enfrentadas entre ellas – son hijas ideológicas y políticas del wahabismo saudí que las ha financiado y nutrido de voluntarios, por más que el gobierno de Riad rechace cualquier apoyo oficial e incluso tome ahora medidas militares ante el peligroso avance del EI hacia sus fronteras. Por su parte, Irán apoya al gobierno chií de Bagdad, e indirectamente a Bachar Al Assad en Siria, a través de Hezbollah. Se trata por tanto de un episodio más del histórico enfrentamiento entre suníes y chiíes, en el que se juega  de forma indirecta la preeminencia en la región de Arabia Saudí o Irán.

Las posibilidades que tiene el recién instituido califato de prosperar y de obtener el apoyo de algún país árabe o musulmán, o incluso la adhesión de otras organizaciones yihadistas – como la propia Al Qaeda – es prácticamente nula, y su futuro parece harto problemático. Pero las consecuencias de su actividad militar - y criminal - serán desastrosas, especialmente para la estabilidad  y la unidad de Irak, que puede estallar en pedazos. En la situación actual, no parece posible que el EI sea capaz de tomar Bagdad, ni los lugares santos chiíes de Kerbala y Nayaf, lo que por otra parte provocaría probablemente la intervención de Irán, y con ella una grave escalada del conflicto. Pero tampoco parece que el ejército iraquí, desmoralizado como se  vio en el abandono de Mosul, esté en condiciones de recuperar, sin ayuda externa,  todo el territorio en manos de la organización yihadista, lo que producirá una división de hecho del país durante mucho tiempo. Mientras tanto, aprovechando la debilidad de Bagdad, el Gobierno Regional del Kurdistán se propone convocar un referéndum de independencia, otra amenaza que de llegar a término introduciría un nuevo factor de inestabilidad, pues aunque parece que Turquía aceptaría por primera vez un Estado kurdo (que trataría de mantener bajo su influencia), Siria e Irán, que tienen poblaciones de esta etnia, se verían sin duda afectadas. Eso sin contar con el problema de Kirkuk, con importantes yacimientos de petróleo, que ha sido ocupada por los peshmergas kurdos aprovechando la retirada del ejército iraquí, pero que teóricamente no pertenece al Kurdistán.

En Siria, el reforzamiento del EI y la posible cooperación futura con Al Nusra, puede contrarrestar los relativos éxitos militares de Bashar Al Assad en 2013, y dar lugar a una prolongación sin horizonte de la guerra civil que dura ya tres años, o a una larga división de hecho del país, y extender el conflicto al vecino Líbano. Con todo, la línea roja para Israel – y por ende para EEUU – estaría en Jordania, cuya caída en manos del yihadismo radical, desencadenaría un conflicto generalizado de consecuencias imprevisibles. Por el momento, las milicias del EI han ocupado el puesto fronterizo de Tarbil, entre Jordania e Irak, y en la ciudad jordana de Maan se han producido incidentes y revueltas por parte de facciones radicales simpatizantes del EI.

En definitiva, un verdadero polvorín, que amenaza con extenderse e incendiar toda la región, castigada ya durante décadas por conflictos y violencia, y podría llegar a provocar una gran guerra, en la que se viesen involucrados Irán, Arabia Saudí, probablemente Israel, e incluso Turquía que – no lo olvidemos – pertenece a la OTAN. La primera consecuencia de la situación actual es la disminución de la producción de petróleo (que ya está sucediendo en Irak), y la correspondiente subida de precio, que afectará gravemente a la economía mundial en un momento en el que algunos países - como los europeos - están en período de recuperación. Pero, sobre todo, se trata de seres humanos: destrucción, dolor, violación de los derechos humanos, muerte. Se calcula que hay cerca de tres millones de refugiados sirios que han huido del país, de los cuales una tercera parte en Líbano, donde se está produciendo una crisis humanitaria sin precedentes. Solo en el mes de junio hubo en Irak 2.417 muertos (1.531 civiles) y 2.300 heridos (1.700 civiles), según la misión de Naciones Unidas en el país (UNAMI).

El mundo no puede permanecer impasible ante esta masacre y el riesgo de que se extienda gravemente. Es necesario reaccionar, y hacerlo pronto. En primer lugar, a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con medidas que permitan controlar el suministro de armas y dinero, y que podrían llegar hasta el envío de una fuerza de pacificación para separar a los contendientes.

En lo que respecta a Irak, es imprescindible que el Parlamento de Bagdad, reunido el 1 de julio por primera vez tras las elecciones de abril, llegue a un acuerdo para elegir un gobierno de unidad nacional, que integre a suníes y kurdos, reclamado insistentemente desde fuera y dentro del país, pero al que se opone  el primer ministro Al Maliki, vencedor de las elecciones, aunque sin mayoría absoluta. Solo con la colaboración de amplias capas de la población suní, algunas de cuyas facciones rechazan la deriva prepotente del EI, se podría intentar reconducir la situación.

Además, a un nivel más general, es preciso sentar en una mesa a todos los actores relevantes dentro de la región – incluidos los yihadistas que acepten el diálogo – y de fuera de ella - EEUU, UE, Rusia -, pero sobre todo a Arabia Saudí y a Irán, los países de referencia de suníes y chiíes, para reconstruir el futuro de esta inestable y peligrosa zona. Un acuerdo de largo alcance entre estas dos potencias regionales, por difícil que parezca, sería la única forma de garantizar una estabilidad duradera y avanzar en el camino hacia una paz, que hoy por hoy, parece bastante improbable.

*José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

La corrupción y la patrimonialización de las Administraciones públicas

FERNANDO JIMÉNEZ SÁNCHEZ

El IDE 2014 de la Fundación Alternativas dedica un capítulo al análisis de los que, junto al caso Nóos, son los tres principales escándalos de los últimos años: el caso Bárcenas-Gürtel, el caso Palau y el caso de los ERE de la Junta de Andalucía. Estos tres casos revelan algunos problemas graves en el funcionamiento en nuestras administraciones públicas.

Los paralelismos entre los dos primeros casos, Bárcenas y Palau, son más que evidentes. En los dos encontramos muchos elementos comunes: la financiación irregular de partidos, junto con las más que sólidas sospechas de los tratos de favor que reciben los donantes en la adjudicación de contratos públicos. Además, para que un partido político pueda conseguir que las administraciones públicas que están bajo su control se presten a contribuir a estos intercambios, se necesita que quienes trabajan en tales organizaciones cuenten con un sistema de incentivos tal que estén dispuestos a incumplir los mandatos legales. El caso ERE de Andalucía ilustra bastante bien esta característica que flota también en los otros dos casos. Se trata de, como dice el fiscal del caso Palau, el abusivo ascendiente que los altos cargos de los partidos ejercen sobre el personal de las administraciones públicas y que da lugar a la corrosión “de la obligada imparcialidad” de éstas. Lo que difiere entre los dos primeros casos y el tercero es la motivación para ejercer ese ascendiente. Mientras que en los dos primeros tiene que ver con las vías irregulares de financiación de los partidos, en el tercer caso se trata de una extremadamente discrecional distribución de recursos públicos entre algunas de las bases electorales del partido de gobierno y, más en particular, de las bases de apoyo personal y partidista de algunos de sus dirigentes. Lo que no cambia de un caso a otro es la facilidad con la que los dirigentes del partido de gobierno consiguen que estas administraciones públicas se plieguen a sus dudosamente legales o abiertamente ilegales deseos. Cuando determinados dirigentes de un partido en el gobierno son capaces de conseguir los resultados que se describen en el capítulo, es que el grado de politización de nuestras administraciones públicas es ciertamente excesivo.

Como han puesto de manifiesto los trabajos, entre otros, de Dimitri Sotiropoulos, las administraciones públicas de los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) se caracterizan en general por su extensa politización. Sotiropoulos señalaba como ese mayor grado de penetración de las influencias del partido en la burocracia pública se evidenciaba mediante dos tipos de clientelismo: por arriba y por abajo. El clientelismo at the top se refiere a la profundidad que suelen tener los nombramientos políticos en los escalones superiores de la administración. A diferencia de lo que ocurre en los países del norte y el oeste de Europa, en los del sur los nombramientos políticos no se limitan a los de los niveles más altos (ministros y secretarios de Estado o equivalentes), sino que descienden bastantes niveles hasta puestos claramente técnicos para los que se selecciona a aquellos funcionarios públicos que tienen claras simpatías por el partido o partidos de gobierno. El clientelismo at the bottom se refiere al control interesado que los partidos de gobierno ejercen en la contratación de quienes ocuparán los puestos de trabajo de los escalones inferiores del sector público. Como señalaba Víctor Lapuente, esta politización de las administraciones públicas extiende entre los funcionarios y los empleados públicos una clara conciencia de cuáles son las verdaderas reglas de juego: “Si una joven promesa, que acaba de entrar en una administración, tiene ambiciones profesionales, se dará cuenta de que dedicar el 100% de su esfuerzo a hacer un trabajo impecablemente profesional quizás no sea la mejor manera de llegar a lo más alto”. Y es más, con suma frecuencia, esta politización excesiva de las administraciones públicas se extiende también preocupantemente hacia las agencias independientes de control (Tribunal Constitucional, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo General del Poder Judicial...) dificultando con ello la efectividad y la imparcialidad con la que necesitan desarrollar su labor.

Estos tres casos enseñan que, si de verdad queremos reducir las oportunidades para la corrupción, uno de los objetivos fundamentales debe ser el de acabar con la politización excesiva de las administraciones públicas. Este objetivo pasa, al menos, por reforzar los sistemas de mérito y capacidad tanto en el reclutamiento como en la carrera profesional (lo que incluye un buen sistema de evaluación del desempeño), la introducción real de la figura de los directivos públicos profesionales, una política efectiva de transparencia de la información pública, y la puesta en marcha de programas de formación en integridad y ética pública para funcionarios y altos cargos que ayuden a gestionar con eficacia el difícil problema de los conflictos de interés.

*Fernando Jiménez Sánchez es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y coautor del Informe sobre la Democracia en España 2014: Democracia sin política.