Gaza: una masacre impune

NICOLÁS SARTORIUS

En la historia universal de la infamia no hay nada como tener un poderoso padrino para salir indemne de cualquier atrocidad que se haya podido cometer o que se vaya a perpetrar en el futuro. Un lugar privilegiado en esa historia lo ocupará el actual gobierno de Israel con su acción bélica en la llamada franja de Gaza contra civiles indefensos, incluyendo ancianos, niños, mujeres y hombres desarmados. Para orientarse entre la maleza de propaganda, producida por unos u otros, que toda guerra trae consigo hasta hacer cierta aquella máxima que dice que la primera víctima de todas las guerras es la verdad, no hay nada como indagar sobre el origen del conflicto, en este caso la eterna pelea entre los israelitas y los palestinos o, si se prefiere, entre los judíos y los árabes.

Y se podrán comprobar varios hechos que no admiten mucha discusión. Primero, que Israel ocupa, como mínimo, una parte del territorio palestino; segundo, que por medio de los sucesivos asentamientos instalados en zonas palestinas, a pesar de las advertencias de unos y otros de que esta práctica es totalmente ilegal, se hace cada vez más difícil por no decir imposible la existencia de un futuro Estado palestino viable; tercero, que el Estado de Israel tiene bloqueada la franja de Gaza, en la que se hacinan en un escueto territorio alrededor de dos millones de seres humanos en condiciones infrahumanas; cuarto, que Hamas dispara cohetes sobre territorio de Israel provocando, algunas veces, victimas mortales entre la población civil. Ante este panorama, no se puede sostener, con rigor, que haya un reparto de responsabilidades equidistante entre el gobierno de Tel Aviv y Hamás, si tenemos en cuenta el origen del conflicto y la desproporción abismal de fuerzas  militares sobre el terreno. Porque en realidad, la franja de Gaza es un auténtico gueto en su acepción de grupo o área segregada que, con el tiempo, se ha ido transformando en una especie de campo de internamiento y, en estos momentos, en algo parecido a un campo de concentración con elementos puntuales de exterminio. Toda una macabra paradoja de la historia si pensamos, por un momento, en los sufrimientos inauditos del pueblo judío a manos de los nazis. Ahora, en ese espacio tan reducido y martirizado que se llama Gaza, se están cometiendo auténticos crímenes de guerra, según acusación de las propias Naciones Unidas, con la complicidad necesaria de otros estados, en este caso de los Estados Unidos y la connivencia, por omisión, de la llamada comunidad internacional- incluida la Unión Europea- que se limita, en el mejor de los casos, a lanzar condenas declarativas sin consecuencias prácticas, cuando las atrocidades se hacen insoportables- matanzas de niños, entre otras. Matanzas que se pretenden explicar en base a una supuesta utilización por Hamás de la población civil como escudos humanos, cuando todo el mundo sabe que Gaza se ha convertido en una ratonera en la que dicha población no tiene donde refugiarse, pues ni las escuelas de las Naciones Unidas se libran de los bombardeos de la aviación o la artillería israelí. 

Lo más curioso del caso es que al mismo tiempo que lo anterior sucede en Oriente Medio, Estados Unidos y la UE deciden sanciones concretas contra Rusia por su actuación en el conflicto de Ucrania, mientras ni una sola sanción se adopta contra el gobierno de Netanyahu, bajo el hipócrita argumento de que Israel tiene derecho a defenderse. Sin duda, cualquier Estado tiene derecho a defenderse cuando es atacado, pero quien está bloqueando Gaza y conduce a su población a una lenta agonía es el actual gobierno de Israel; quien sigue plantando asentamientos que hacen inviable un futuro Estado Palestino es el actual gobierno de Israel, quizá por la sencilla razón de que hay sectores poderosos de ese gobierno y esa sociedad que no aceptan ni aceptarán en el futuro un Estado palestino, premisa esencial sobre la que asentar, junto a unas fronteras seguras para los israelitas, la futura paz entre ambos contendientes. Doble vara de medir la que se está utilizando en el caso de Putin en Ucrania y la de Netanyahu en Palestina que hace un daño irreparable a la credibilidad de la comunidad internacional, echa por tierra cualquier concepción de una justicia universal equitativa y demuestra, por desgracia, que en los conflictos internacionales lo importante es tener un padrino poderoso que ampare, contra toda razón, los desafueros y crímenes más evidentes.    

*Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.  

Alcaldes por elección directa: ¿una o doble vuelta?

VICENTE LERA CAMACHO

La semana pasada saltó a los medios de comunicación la noticia relativa a que la Dirección Nacional del Partido Popular había decidido presentar, a partir del mes de septiembre, una propuesta de reforma de la Ley Electoral, consistente en que debe gobernar la lista más votada en los Ayuntamientos de nuestro país. Una propuesta, por otra parte, que no es nueva, ya que en 1998 el PSOE elaboró un documento interno, titulado “El reto de la autonomía local”, en la que se proponía tal posibilidad.

En la actualidad, la elección de los Alcaldes viene establecida tanto en la Constitución española –tipificado en su artículo 140-, como en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y en la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), en donde se positiva que podrán ser Alcaldes aquéllos concejales que encabecen sus correspondientes listas electorales y que obtengan la confianza del Pleno de la Corporación, que dependerá de las distintas mayorías que haya en el Ayuntamiento.

Por tanto, el legislador optó, en un primer momento, que los Alcaldes de los Municipios de España fuesen elegidos por los Concejales del Consistorio, si bien la cláusula abierta del mismo artículo 140 permite que la elección pueda ser llevada a cabo, también, por los ciudadanos de forma directa.

Realizado este apunte constitucional, la gran cuestión sobre esta hipotética propuesta, radica en la mayor o menor legitimidad que se le quiera dotar al futuro Alcalde. Es decir, la decisión de si se debe elegir a una o a doble vuelta. Y dado que nuestro sistema español es claramente multipartidista, la lógica política nos llevaría a decantarnos, claramente, por un sistema mayoritario de doble vuelta, ya que el candidato vencedor de los comicios tendría, así, un mayor apoyo del cuerpo electoral.

Otro aspecto que tampoco es baladí es el relativo al número de candidatos que deberían pasar a segunda vuelta en la hipótesis de que se optase por esta opción. Si analizamos el derecho comparado podemos observar que desde los países de nuestro entorno se nos ofrecen varias posibilidades: mientras que en Italia pasan a segunda vuelta los dos candidatos más votados en municipios de más de 15.000 habitantes; en Francia, en aquéllos municipios de más de 3.500 habitantes, únicamente pasarían a segunda vuelta aquéllas listas que consiguiesen el 10% de los votos.

¿Cómo debería ser el sistema de votación del alcalde? Aquí podríamos tener una doble opción: o bien votar la lista del alcalde, seguida del número de concejales a cubrir en la Corporación (como sucede actualmente, en listas cerradas y bloqueadas), o bien realizar una votación del alcalde distinta a la de los concejales, en papeletas distintas, como sucede en el país italiano. El problema de esta segunda opción radicaría en que el alcalde tendría una legitimidad autónoma a la del Pleno de la Corporación y habría que modificar toda la estructura jurídica y funcional de las Corporaciones locales.

Pero la cuestión más polémica radicaría en la fórmula electoral a la hora de plasmar los resultados electorales en la Corporación local. Es decir, en transformar los votos en escaños. A este respecto, tanto Francia como Italia conceden una prima electoral o bonus, a la candidatura más votada. Mientras que país galo la lista ganadora consigue la mayoría absoluta de los escaños (51%) y el resto se reparte de manera proporcional en función del porcentaje obtenido en las urnas, siempre que hayan obtenido, como mínimo, el 5% de los votos; en Italia, al votarse dos listas (una al Pleno y otra al alcalde), el sistema es algo distinto, puesto que en este caso, el Partido que apoye al Alcalde obtendrá un bonus del 60% de los consejeros municipales a la candidatura más votada para asegurarse así la gobernabilidad del municipio. 

No obstante, fuera de cualquier consideración sobre el modelo de elección directa de los Alcaldes en los países de nuestro entorno europeo, la realidad de todo este debate viene dada por una cuestión meramente electoralista. Por la cuestión de que, a pocos meses de los comicios, el partido en el Gobierno está viendo cómo se le pueden escapar importantes Ayuntamientos, debido a que, ni cree en la política transaccional, en la política del pacto, ni cree en la capacidad de los demás partidos para pactar con ellos. De ahí que la propuesta del Partido Popular sea improvisada, a destiempo y vaya en contra de nuestra propia cultura política; puesto que el legislador, cuando ideó el método de elección de las Corporaciones Locales, de las Comunidades Autónomas y de las Cortes Generales, fue el mismo para todos: el de un sistema parlamentario, proporcional y racional, con un funcionamiento prácticamente similar, idéntico en todas ellas. Que permitiese que las fuerzas políticas pudiesen alcanzar acuerdos de gobernabilidad.

Por tanto, dado que el sistema actual de elección ha demostrado su funcionalidad con el desarrollo de las ciudades, creemos que esta propuesta le hace un flaco favor a la tan ansiada regeneración democrática en nuestro país, ya que que lo importante no es hablar de sistemas electorales. Lo importante es cómo se le explica a la ciudadanía que, con esta posible reforma, un Alcalde que obtenga el 29% de los votos, pueda gobernar con mayoría absoluta un Ayuntamiento.

* Vicente Lera es máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la UCM.