El espíritu aventurero y la movilidad exterior: no tan jóvenes, no tan preparados

FERNANDO RUEDA

Icíar Bollain ha presentado en el festival de cine de San Sebastián el documental En tierra extraña, que relata las vivencias y vicisitudes de jóvenes y no tan jóvenes españoles, en  su mayoría con estudios superiores, emigrados a Escocia, en condiciones laborales precarias, cargados de desencanto y frustración. El documental establece ciertos  paralelismos entre la emigración española actual y la de la década de los sesenta, cuya principal diferencia es la del nivel de formación de los emigrantes. La mirada de la cineasta, nos permitirá obtener una visión acertada de las vidas que hay detrás de los datos de la emigración, aunque difícilmente modificará la sensibilidad del Gobierno respecto a esta cuestión, pues no parece estar en su agenda implementar medidas afectivas para su retorno.

El Banco de España, en su último boletín informativo del mes de septiembre, también ha presentado un informe sobre los flujos migratorios en España durante la crisis y advierte de que la persistencia de estos flujos en el futuro, que han dado un giro copernicano desde 2008, podría llegar a tener un efecto negativo sobre la economía española.

Fuente; INE, Banco de España 

Los datos del Banco de España reflejan que el problema de la fuga se está agravando: Si bien es cierto que al inicio de la crisis, la mayor parte de la emigración española se debía a jóvenes entre 18 y 35 con niveles de estudios superiores, sus datos muestran que “la composición por niveles de educación de estos flujos, inicialmente dominada por personas con niveles educativos, estaría cambiando recientemente, al aumentar el peso de los grupos de niveles educativos más bajos” debido al impacto de la crisis sobre éstos. 

El Laboratorio de la Fundación Alternativas ya publicó hace unos meses un estudio sobre la nueva emigración española  en la que se muestra que ha aumentado la emigración de personas entre 35 y 44 años, y debida a la lacra del desempleo en España, que provoca hogares desestructurados , y aumenta el tiempo de retorno. 

Del Gobierno conocemos solo la ya famosa declaración de la ministra de Empleo sobre la emigración de españoles abordando la cuestión con el eufemismo de que los que se van son jóvenes con “espíritu aventurero” que están haciendo “movilidad exterior”.  Aportamos aquí un documental, un estudio de la Fundación y unas recomendaciones del Banco de España, para que la ministra se ocupe de, al menos, llamar a las cosas por su nombre, de reconocer el coste emocional y el drama social para las personas involucradas, sugeridos por Icíar, y el coste para la economía española, como sugiere el BdE, cuyo informe recomienda “propiciar un marco laboral que facilite el regreso futuro de las personas que han emigrado durante la crisis”.

* Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.  

La guerra que no cesa

JOSE ENRIQUE DE AYALA 

En un nuevo capítulo de la guerra contra el terror, iniciada por la administración Bush en 2001, Estados Unidos lanzó el 8 de agosto los primeros ataques aéreos en Irak contra el autodenominado Estado Islámico (EI) ante la inminencia de la toma por parte de este movimiento yihadista suní de la ciudad de Erbil, lo que hubiera podido desencadenar la caída de todo el Kurdistán iraquí, una región casi independiente de hecho protegida por Washington desde que obtuviera su apoyo para la invasión de 2003. Se trataba, además, de detener la espectacular progresión del EI, que ya controla un cuarto del territorio sirio y un tercio del iraquí,  y está en camino de sustituir a Al Qaeda como referencia global del yihadismo radical, convirtiéndose -en consecuencia– en un nuevo origen del terrorismo internacional.

En los márgenes de la cumbre de la OTAN en Newport (Gales), el 4 y 5 de septiembre, EEUU anudó una coalición con nueve miembros de la Alianza (además de Australia), para tratar de internacionalizar un conflicto en el que Washington no quiere actuar solo. En los días siguientes, el secretario de Estado Kerry logró la adhesión a la iniciativa de nueve países árabes (además del propio Irak), un concurso imprescindible por sus intereses en el conflicto y porque sin ellos la propaganda yihadista tendría mejores bazas para presentar esta intervención como un nuevo ataque de los cruzados contra el mundo musulmán. En la reunión inicial de Newport, en la que se puso en marcha la coalición, estaban cinco de los seis países más importantes de la Unión Europea, todos excepto España, algo ciertamente inexplicable teniendo en cuenta que el propio Gobierno español considera al yidadismo como la principal amenaza a nuestra seguridad, como no podía ser de otra manera ya que los mapas del autoproclamado Califato incluyen a Al Andalus, es decir a la mayor parte de la península ibérica, mientras el terrorismo islamista nos ha golpeado ya brutalmente, y puede volver a hacerlo si no se le combate eficazmente.

A diferencia de lo que ocurrió en 2003 (cuyas consecuencias se sufren ahora), la intervención actual en Irak no solo es legítima, pues responde a una amenaza real y de una terrible crueldad, sino que es absolutamente legal, pues es consecuencia de una petición de ayuda de su gobierno, y así lo entendieron Rusia y China aprobando la resolución conjunta de la Conferencia de París, el día 15, en la que hubo ya 30 países adheridos a la coalición (incluida, esta vez sí, España, aunque manteniendo un perfil pasivo). Pero esa resolución no se refería a Siria, puesto que la intervención en este país no está respaldada por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ni responde a una petición de su Gobierno reconocido internacionalmente, aunque lo cierto es que los bombardeos contra posiciones del EI en Siria, que comenzaron el día 23, gozan hasta ahora de la aquiescencia tácita del régimen de Al Asad, al que benefician enormemente desde un punto de vista político y militar.

Desde el inicio de los ataques, EEUU, Francia y los países árabes que participan en estas acciones (Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar y Jordania), han realizado más de 250 misiones aéreas sobre instalaciones o unidades militares del EI, incluidas algunas sobre núcleos de población como Raqa, en Siria, además de otras con misiles Tomahawk, disparados desde buques, la mayoría de gran eficacia ante la falta de defensa del EI contra estos medios. El carácter territorial del EI y su posesión de material pesado como blindados o artillería (arrebatado a los ejércitos sirio e iraquí), le hace más vulnerable a las acciones aéreas, en relación con otros grupos yihadistas que se diluyen más en la población, si bien el día 22 fueron atacadas también en territorio sirio posiciones del grupo Khorasan del Frente al Nusra (la filial de Al Qaeda en Siria, enfrentada también al EI), ante la amenaza de que estuviera preparando atentados contra EEUU o países europeos.

En campo libre, contra instalaciones identificadas, o contra columnas militares, las acciones desde el aire son relativamente sencillas. Pero en las ciudades un ataque aéreo masivo sería impensable, porque causaría daños colaterales inasumibles. Para que fuera eficaz, requeriría una designación de objetivos y control aéreo por parte de fuerzas terrestres especializadas, es decir que -por ejemplo- las fuerzas aéreas de EEUU no podrían llevar a cabo estos ataques (en ciudades) sin la presencia de elementos de ese país sobre el terreno, que a su vez deben ser protegidos, si bien su despliegue iría en contra de las reiteradas declaraciones del presidente Obama. Los drones pueden ser dirigidos sin este requisito, pero requieren una gran cantidad de inteligencia, y sus objetivos son limitados.

En cualquier caso, los ataques aéreos pueden detener temporalmente el avance del EI pero no van a acabar con él, ni siquiera con su ocupación de algunas ciudades, que tendrán que ser recuperadas por fuerzas terrestres. En Irak este papel correspondería al ejército regular iraquí, mal preparado y desmoralizado, y a las milicias chiíes como Badr. No parece que haya ningún país de la región dispuesto a enviar fuerzas terrestres, como no fuera Irán en el caso de estar en peligro Bagdad o los lugares sagrados chiíes de Nayaf y Kerbala, lo que tampoco sería bien recibido por el resto. En estas condiciones, la reconquista puede llevar años, a no ser que se produzca una descomposición interna del EI.

En Siria, el panorama es aún más confuso. Con los países occidentales y árabes enfrentados por igual  tanto al EI como a al presidente Al Asad, las opciones terrestres se reducen a apoyar a la llamada oposición moderada, que está casi exclusivamente constituida, en el aspecto militar, por un Ejército Sirio Libre en sus horas más bajas -débil y desorganizado–, pues el resto está formado por una sopa de organizaciones más o menos potentes y más o menos radicales, pero de carácter yihadista, con las que no se puede contar, pues prestarles cualquier apoyo, aunque estén enfrentadas al EI, (como ya se ha hecho desgraciadamente en ocasiones en su lucha contra Al Asad), es jugar con fuego. Es inevitable que la lucha contra el EI refuerce la posición de Al Asad, pero cuando hay más de una amenaza es necesario priorizarlas, y ahora la amenaza más grave es el pretendido Califato.

Tan importante como las acciones militares es cortar la financiación del EI, una de las claves de su éxito, cuya fuente principal es el contrabando de petróleo. Actualmente tienen el control de  diez campos petrolíferos (seis en Siria y cuatro en Irak), de los que podrían estar extrayendo 80.000 barriles diarios  que se comercializan en los países vecinos –especialmente en Turquía– a  bajo precio, 40 dólares el barril, lo que les aportaría más de 3 millones diarios. En la madrugada del día 25, aviones de EEUU y sus aliados árabes bombardearon 12 refinerías en Siria, en un intento de dificultar esta actividad, pero es casi imposible erradicarla por completo. Hay otras fuentes de financiación como el dinero obtenido por secuestros u ocupación de bancos, los impuestos que recaudan en las zonas que controlan, y -sobre todo- las donaciones procedentes de países árabes y musulmanes, que pueden ser interceptadas con un seguimiento de las cuentas a través de las que circulan, aunque no es sencillo.

Sería necesario involucrar más directamente a Turquía, cuyos intereses en la zona son ciertamente ambiguos, y a Irán, enemigo acérrimo del EI. La implicación iraní  es relativamente sencilla en Irak – donde los intereses de todos son casi coincidentes– pero mucho más difícil en lo que respecta a Siria pues Teherán defiende al régimen de Al Asad mientras que los países del Golfo y Arabia Saudí desean ardientemente que sea derribado, y no harán nada que pueda ayudar a mantenerlo. Sobre todo, es necesario que Irán y Arabia Saudí aprovechen la oportunidad que les ofrece tener un enemigo común para emprender el camino de un acuerdo que permita desactivar el sangriento enfrentamiento entre suníes y chiíes, que está llenando de dolor y muerte el mundo musulmán.

Al final, la solución tendrá que ser regional, promovida, aceptada e implementada por los países de la zona. La intervención militar internacional tendrá que terminar lo antes posible, puesto que no va a resolver el problema, aunque deba mantenerse la ayuda humanitaria y la reconstrucción de los estados afectados. El mejor servicio que EEUU y la UE pueden hacer a largo plazo a la paz y la estabilidad Oriente Medio es estimular y sostener, con medios políticos, diplomáticos y económicos, el camino hacia un desarrollo equitativo y una democracia real en estos países, compatible con sus tradiciones, pues esta será la única vía para evitar la proliferación y auge de grupos radicales. Políticas como el apoyo, durante ocho años, al gobierno sectario de Al Maliki en Bagdad, o al golpista General Al Sisi en El Cairo, no son precisamente la mejor manera de conseguir este objetivo.

*José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

La deflación, un gran problema

CARLES MANERA

La deflación está presente en la eurozona. Los economistas conocen suficientes ejemplos de procesos deflacionistas en la historia reciente. De hecho, antes de la Primera Guerra Mundial, con buena parte de los países adheridos al patrón oro, se apreciaron dos décadas de deflación seguidas de otros 20 años de inflación. La deflación se asocia a la depresión durante la década de los años 1930, pero se conocen caídas severas de precios en escenarios de crecimientos acelerados en el período 1870-1896 –con el impulso de la Segunda Revolución Industrial–, en el que esta primera gran crisis del sistema capitalista se caracterizó por la expansión económica, la concentración de capital, el avance de las finanzas, la administración gerencial, los aumentos de producción y productividad y la caída de los precios. Una coyuntura en la que emerge el imperialismo económico.

A partir de la Gran Recesión se han producido ya deflaciones en el sur de Europa, relacionadas con retrocesos en los PIB, hasta llegar a tasas negativas. Esta situación tiene sus causas en las políticas de austeridad y en la falta de actuación del BCE, que ahora se intenta restañar. Se comprueba el desplome de los precios en 2009, un efecto rebote en 2010 y una bajada gradual desde 2011, con dos excepciones: Grecia, que se hunde sin remisión a distancia de los otros países (llega al 1% negativo en 2013); y Japón, único país que experimenta la recuperación en sus precios, frente al languidecimiento de los indicadores de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Grecia, España y el conjunto de la Unión Europea-27. De alguna manera, Grecia y Japón sintetizan dos pautas distintas: una, la del país heleno, que se centra en la aplicación a ultranza de la austeridad, con consecuencias corrosivas; otra, que huye precisamente de esas políticas aplicadas durante largos quinquenios, con resultados paralizantes para su crecimiento económico, y que acaba por apostar por políticas monetarias expansivas. Cara y cruz para enfrentarse a una misma problemática: la crisis económica, la falta de crecimiento; y actuaciones expeditivas en ambos casos, pero en direcciones opuestas.

Los dos ejemplos presentados inciden en un hecho transcendental: la importancia de la actuación del Estado en la economía; o la consecuencia de su dejación de funciones. 2009 fue el año que marcó el cénit de la Gran Recesión: el desplome de todos los indicadores es notable, desde los PIB hasta las variables de exportación. El crédito se desmoronó y, por consiguiente, las políticas de inversión, y se afianzó una etapa de incertidumbre, de desconfianza. Pero un factor se mantuvo constante: el consumo privado. ¿Por qué? Básicamente, por el funcionamiento de los estabilizadores automáticos. El gasto público impidió el declive de la demanda agregada; el hecho sugiere otra derivada: su contracción, junto a la presión a la baja de los salarios, conducen al agravamiento de la crisis. En el ámbito europeo, la deflación y el aumento del paro son las consecuencias directas de todo. 

* Carles Manera es catedrático de Historia Económica de las Islas Baleares y exconsejero de Economía en el Gobierno Balear.

Euroescepticismo: entre la crisis europea y los malestares democráticos nacionales

ALBERT AXILÀ

La crisis económica europea parece haber exacerbado el euroescepticismo, a la luz de los resultados electorales de las elecciones de mayo de 2014 y de la evolución de las encuestas del Eurobarómetro desde 2007. Sin embargo, esta evolución parece vincularse no sólo a la evolución de la crisis económica europea sino a la evolución de los distintos malestares democráticos nacionales.

Gráfico 1. Beneficio de pertenecer a la UE 

Fuente: Eurobarómetro n.67-79. Comisión Europea.

Una primera conclusión del análisis de las encuestas del Eurobarómetro realizadas entre 2007 y 2013 nos puede llevar a pensar que si bien la evolución de la imagen de la UE y la confianza en sus instituciones ha sido paralela en los cuatro grandes países de la zona Euro -respondiendo a una misma tendencia general europea-,  la evolución en el apoyo a la pertenencia del propio país a la Unión -así como el balance de beneficios de pertenecer al club comunitario-  parece estar relacionada con la evolución de la economía nacional, la percepción del rol del propio país en la dirección del proyecto europeo y las consecuencias que ha tenido la actual crisis en los sistemas democráticos nacionales.

Los alemanes, por ejemplo, parecen  haber recuperado su imagen positiva de la Unión y la percepción de que la pertenencia a la UE les conviene e incluso les beneficia como país desde finales de 2011, a medida que su economía se recuperó de la recesión de 2009 y vieron reforzado el liderazgo europeo de la canciller Angela Merkel. A pesar de ello, siguen desconfiando de unas instituciones que no están suficientemente controladas democráticamente.

Los franceses, por su parte, parecen vincular su euroescepticismo a la percepción del rol del liderazgo europeo que ejerce su presidente y a la pérdida de soberanía nacional. Los franceses no estaban satisfechos con la posición subordinada del presidente Sarkozy en el tándem franco-alemán y esperaron que el nuevo presidente François Hollande reequilibrara el eje en favor de Francia. La percepción que este reequilibrio no se ha producido -ni se producirá- ha conllevado una profundización del euroescepticismo francés.

Por el contrario, la opinión de italianos y españoles parece evolucionar en función de si se sienten ciudadanos europeos con capacidad de influencia o ciudadanos de "democracias intervenidas" subordinados a las decisiones tomadas desde Bruselas. El incremento del euroescepticismo italiano y español parece ir muy vinculado a dos fechas muy concretas: mayo de 2010, cuando el Consejo Europeo obliga al gobierno español a aceptar y tomar medidas de disminución drástica del gasto público para contener el déficit y el nivel de endeudamiento; y noviembre de 2011, cuando Merkel y Sarkozy provocan la caída del gobierno Berlusconi e impulsan la formación de un nuevo gobierno técnico encabezado por Mario Monti.

Podemos concluir que el descenso del apoyo utilitario y afectivo a la Unión responde a tres procesos distintos en los que subyace un fuerte componente democrático: en Francia responde a un profundo "malestar nacional" -previo a la crisis- por la pérdida de soberanía; en España e Italia son consecuencia de un nuevo "malestar democrático" generado por la sensación de vivir en una "democracia intervenida" por la UE; y en Alemania son consecuencia de un cierto "desconcierto democrático" debido a la conciencia de que las instituciones comunitarias actúan sin mandato democrático claro. Es decir, el incremento del euroescepticismo sólo se explica por la conjunción entre crisis económica y crisis democrática.

 

*Albert Axilà es autor de Crisis económica y euroescepticismo, un Estudio de Progreso de la Fundación Alternativas. Licenciado Ciencias Políticas por la UAB, es doctorando en integración europea, y ha sido colaborador del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la UAB.

*Estudios de Progreso es un programa de la Fundación Alternativas dirigido a promover la elaboración de propuestas de progreso y cambio social por parte de jóvenes investigadores.

 

No de Escocia: ganamos todos

CARLOS CARNERO

Quizás lo más fácil en el referéndum sobre la independencia de Escocia era votar SÍ, a la vista de la coyuntura política que vive el Reino Unido, con un gobierno conservador que ha aplicado una severa política económica de ajustes y recortes en el gasto público y que además pretende convocar una consulta en la que las posibilidades de que el país abandone la UE no son pocas, si tenemos en cuenta la división en el seno del partido de Cameron y el auge electoral del UKIP en las últimas elecciones europeas.

Conviene no olvidar lo que señala el libro ¿Cómo votamos en los referéndums?, de los investigadores Joan Font y Braulio Gómez, publicado y presentado esta misma semana por la Fundación Alternativas y Libros de La Catarata: a la hora de elegir la papeleta en la urna, el votante puede tener mucho más en cuenta la coyuntura política y/o socioeconómica que su verdadera opinión sobre el tema sometido a consulta. Ha ocurrido muchas veces en la historia democrática y, por ejemplo, basta recordar lo sucedido en Francia con la Constitución Europea en 2005 para constatarlo: muchos de los que se decantaron por el NO lo hicieron para penalizar al Presidente en el poder, Jacques Chirac, más que para rechazar el nuevo Tratado de la UE. 

Los partidarios del SÍ en el referéndum escocés han jugado a esa carta de forma soterrada y, al final, públicamente sin ningún reparo, tratando de movilizar a favor de la independencia a aquellos que, por encima de cualquier otra consideración, deseaban librarse de las políticas conservadoras que gobiernan cada dos por tres en el Reino Unido: hablamos especialmente de los votantes laboristas en un feudo tradicional de su partido como Escocia.

Sin embargo, la inteligente reacción del campo del NO en las dos últimas semanas de campaña ha conseguido desmontar en parte ese peligro gracias a cuatro elementos fundamentales, que los protagonistas han desgranado con nitidez y contundencia.

Primero, que el Gobierno tory y su Primer Ministro no estarían para siempre en Downing Street y Whitehall, por lo que apostar de forma irreversible por la independencia para librarse de aquellos que podrían despedir votando adecuadamente en las elecciones generales del Reino Unido era como matar moscas a cañonazos. Resultó impresionante oír hablar en esos crudos términos a Cameron de su formación política y de sí mismo. ¿Sería posible escuchar en otros países un discurso tan descarnado y, al tiempo, tan eficaz?

Segundo, que tratar de salir de la política de austeridad soltando amarras con el conjunto del Reino con un triunfo del SÍ era una insensatez a la vista de los costes que en términos sobre todo económicos, pero no únicamente, implicaría la independencia: la pérdida de la libra, de la nacionalidad británica, de la libertad de movimiento, del domicilio de decenas de empresas, la salida automática de Escocia en la UE (con un hipotético retorno lento y tortuoso) y hasta del roaming. 

Tercero, la responsable labor de convencimiento de su electorado más dudoso por parte del Partido Laborista, encabezada por un Gordon Brown cuya seriedad es inversamente proporcional a su gris imagen carente de carisma mediático (quizás por eso me gusta tanto), y que ha contado con un Ed Miliband capaz de comprometer sus opciones de ganar Westminster en 2015 a costa de formar una piña con los socios del gobierno de coalición, Cameron y Clegg, cuando lo fácil –y profundamente irresponsable- hubiera sido dejar que el Gobierno se estrellara: ¿es imaginable tanta responsabilidad en los partidos de oposición de otros estados, sea cual sea su tendencia?

Cuarto: la oferta de una descentralización del poder que otorgaría a Escocia poderes bastante similares a aquellos de los que ya gozan en España las Comunidades Autónomas o en Alemania los länder, en un ejercicio de último momento que ha hecho preguntarse a muchos si no hubiera merecido la pena introducir, aparte del SÍ y del NO, una tercera opción en la papeleta con tal devolución de poderes, a lo que contesto negativamente: mejor zanjar de una vez por todas un tema que, de lo contrario, hubiera empantanado la política británica de forma recurrente.

Con el triunfo del NO han ganado Escocia, el Reino Unido y la Unión Europea, incluida España, en la que la defensa del orden jurídico frente al independentismo catalán ve así reforzados sus argumentos con un ejemplo de primer orden, pero en todos los sentidos, incluido aquel que indica que nuestra democracia debe y puede ser capaz de imaginar desarrollos federales de la Constitución que, respetando su letra y espíritu, así como la indivisible soberanía popular, dejen a quienes desean crear nuevas fronteras, nada más y nada menos que en la Europa del siglo XXI, fuera de juego.

Ahora falta que los conservadores británicos entiendan que Europa, lo mismo que su país, está mejor unida que separada. ¿Aplicará Cameron sus propios argumentos para conseguir la victoria del NO en Escocia cuando reflexione sobre su hasta hoy lamentable política europea? Esperemos que sí, pero está escrito que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra.

* Carlos Carnero es director gerente de la Fundación Alternativas, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Mercados, izquierda y derecha

ROGER SENSERRICH

Un argumento extendido en parte de la izquierda es que los mercados ponen resistencias al Estado de bienestar. Siguiendo esta afirmación, el capital, los prestamistas y los bancos se opondrían frontalmente a la redistribución de renta, a la escuela pública y a la sanidad universal y gratuita. Para alcanzar este objetivo, nos exigen de forma incansable que no gastemos más dinero, so pena de infligir sobre nosotros la más dolorosa de las crisis. La conclusión final de esta argumentación es que los recortes son una imposición, no un ajuste. No estaríamos quebrados, sino que nos estarían robando.

Estas afirmaciones, con variantes en uno u otro sentido, acaban llevándonos a echar la culpa a un agente exterior. Su atractivo se deriva de la combinación de años de crisis, rescates financieros y duros recortes de gasto, y parece tener un atisbo de seriedad. Por desgracia, es también completamente erróneo y profundamente irresponsable.

En 1932 el partido socialdemócrata sueco llegaba al poder en plena gran depresión. La izquierda sueca, ya entonces, tenía la suerte de contar con una serie de economistas brillantes en plantilla. El partido llega al poder con un programa de gobierno basado en una expansión del Estado de bienestar para estimular demanda, complementando la salida del patrón oro el año anterior con un estímulo fiscal decidido. Los líderes del partido tenían dos preocupaciones principales. Primero, sacar el país de la crisis, y hacerlo todos a una, sin dejar a nadie atrás. Segundo, y casi igual de importante, asegurarse de que Suecia pudiera pagar el Estado de bienestar que estaban construyendo.

Para ello, el primer presupuesto del partido en el gobierno incluía, a parte de toneladas de gasto social, un anexo documental detallando las reglas sobre política fiscal que iban a seguir. El texto, escrito por Gunnar Myrdal, reza que el Estado sueco puede incurrir déficits durante recesiones, pero puede y debe acumular superávits cuando la economía está creciendo. La idea es que los gobiernos socialdemócratas puedan pagar el gasto público necesario para salir de una crisis utilizando el dinero ahorrado en años de bonanza. El déficit estructural a lo largo del ciclo debe ser, a largo plazo, cero. 

¿Cuál es el motivo de esta regla? Primero, tener una política fiscal anticíclica es una buena idea. Controlar el gasto en épocas de crecimiento contribuye a evitar que la economía se recaliente, y crea margen fiscal a los gobiernos para cuando las cosas van mal. Segundo, y aún más importante, una regla fiscal que evite que los gobiernos gasten dinero permite que el Estado de bienestar siga existiendo. Un país que no se mete en déficits monumentales sin tener un duro ahorrado es un país que no depende de la buena voluntad de los bancos para mantener su estado de bienestar en pie. La única garantía que podamos pagar los servicios públicos es simplemente no gastando más de lo que tenemos. 

España, en los años anteriores de la crisis, no era el Estado de la Unión Europea con un mayor gasto público. La mayoría de países del norte tienen estados de bienestar mucho más generosos que el nuestro. La diferencia entre Holanda, Austria o Alemania y España, sin embargo, es que esos estados se preocuparon de tener una estructura fiscal que permitiera sostener esos servicios. Nosotros, mientras tanto, construimos un sistema basado en la quimérica idea que los enormes ingresos fiscales derivados de la burbuja inmobiliaria iban a durar eternamente.

En realidad, a los mercados les importa realmente poco cuánto gasta un gobierno. Un prestamista no se preocupa si te vas a comprar un Kia o un Mercedes; lo que les importa en realidad es tu capacidad de pago. Dentro de la UE la crisis no se ha cebado en aquellas economías que tenían un estado de bienestar más grande, sino en aquellos países que gastaron (o prometieron gastar, en el infausto rescate de los bancos irlandeses) más dinero del que podían gastar.

Al hablar de gasto público la primera pregunta que debemos responder no es cuánto queremos gastar, si no cómo vamos a pagarlo. Cualquier programa político que deje esta pregunta de lado acabará por agravar el problema, no solucionarlo. 

* Roger Senserrich es politólogo y miembro de Politikon.es.

 

La OTAN vuelve a mirar al Este

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA

Como era previsible, el tema estrella de la cumbre de la OTAN que tuvo lugar en Newport (Gales) el 4 y 5 de septiembre, fue la respuesta a Rusia ante su intervención en el conflicto civil que enfrenta en Ucrania al gobierno central con los separatistas prorrusos de las provincias de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbass, intervención que ha despertado fuertes alarmas en algunos aliados del este de Europa  como los Estados Bálticos - que también tienen minorías de origen ruso- y Polonia.

La cumbre reafirmó la vigencia del artículo 5 del Tratado de Washington, que prevé la defensa colectiva de cualquier estado miembro agredido y tomó medidas para demostrar su determinación de actuar ante cualquier indicio de una tal agresión. La más importante es la aprobación de un Plan de Acción para la Preparación que contempla una presencia militar rotatoria en el territorio de los aliados del este, preposicionamiento de equipos y sistemas de mando y control, mayor presencia aérea y naval, y realización de frecuentes ejercicios militares. Este plan se completa con la creación de una fuerza de intervención inmediata, denominada punta de lanza que sería una especie de primer escalón de la Fuerza de Reacción, con unos 5.000  efectivos, cuyo despliegue podría iniciarse en 48 horas.

Estas iniciativas, tienen un carácter más político que práctico, y persiguen asegurar públicamente a los gobiernos de los aliados que se sienten amenazados o coaccionados por una actitud de Rusia que consideran intolerable, pues nadie en la Alianza piensa realmente que se pueda dar el caso de una agresión rusa a un Estado miembro que, por supuesto, sería respondida en virtud del compromiso de defensa mutua. Más allá de esta hipótesis improbable, está la actitud firme de rechazo de la OTAN ante la actuación de Rusia en un conflicto que dura ya cinco meses y ha causado más de 2.600 muertos y un millón de desplazados. La hostilidad hacia Rusia ha alcanzado cotas que no se conocían desde el final de la guerra fría, ni siquiera raíz de la invasión rusa de parte de Georgia en 2008. El comunicado final de la cumbre de Newport es muy duro. Condena la intervención militar ilegal de Rusia en Ucrania y le insta a que retire sus fuerzas desplegadas en territorio ucranio, y a lo largo de la frontera entre ambos países, además de reiterar que nunca reconocerá la anexión de Crimea, y poner en cuestión el futuro de las relaciones mutuas.

Tal vez fruto de la presión sobre Moscú – y también de los últimos éxitos militares de los prorrusos – el mismo día 5, aun en plena cumbre aliada, se logró en Minsk un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno de Kiev y los separatistas, bendecido por la OSCE y por Rusia, que consta de 12 puntos, entre los que están promulgar una ley de estatus especial de autogobierno para las provincias rebeldes (sin concretar), y la celebración de elecciones locales anticipadas en ellas.

A pesar de este acuerdo, la Unión Europea (UE) aprobó el lunes 8 de septiembre una nueva tanda de sanciones a Rusia (las primeras fueron aprobadas en julio), dirigidas sobre todo a restringir la venta de tecnología y -aún más- el acceso a la financiación, especialmente a las empresas petrolíferas, con lo que se espera hacer más daño a la ya deteriorada economía rusa. Aunque la entrada en vigor de las nuevas sanciones se congeló a la espera de ver si la tregua se consolidaba, y a pesar de que éste ha sido el caso por el momento (más allá de incidentes locales), finalmente se aplicarán a partir del viernes 12, decisión a la que no sería ajena un inexplicado cambio de posición de Alemania, aunque se prevé su revisión a fin de mes.

El aumento de la presión puede responder a un intento de que Moscú presione a su vez a los separatistas para mantener la tregua y para que sea receptivo a una solución duradera del conflicto, aunque podría tener el efecto contrario si el gobierno ruso responde con otras sanciones (importación de coches, sobrevuelos), como ya ha anunciado el primer ministro Dimitri Medvedev, y endurece su postura. La solución es posible si se negocia con buena voluntad y sin maximalismos, aunque no sea completa. Si bien a Rusia le gustaría que Ucrania  permaneciese bajo su esfera de influencia, parece dispuesta a aceptar su acercamiento a la UE siempre que eso no implique su ingreso en la OTAN, es decir siempre que se mantenga su neutralidad, como es el caso de Austria o Finlandia. En cuanto al Donbass, no parece que Moscú esté por la independencia, sino más bien por un acuerdo que conceda a las regiones de mayoría rusófona una amplia autonomía que le permita preservar su influencia sobre ellas. Ambos aspectos, neutralidad y federalismo parecen razonables y consecuentes con la composición de la población del país, dividido en dos partes que miran respectivamente al oeste y al este. Pretender una Ucrania centralizada e integrada en la OTAN es irrealista y solo puede conducir a prolongar la guerra civil y acrecentar la tensión con Rusia. Más difícil será revertir el hecho consumado de la segregación de Crimea y Sebastopol, integradas ya administrativamente  en la Federación de Rusia.

Por parte de la OTAN y de la UE se exige a Moscú que no interfiera en la voluntad política de los países de su entorno, que pueden así ser atraídos a su adhesión a la OTAN con el señuelo de una posterior integración en la UE. Se le exige también que no apoye a las minorías rusas que se oponen a los gobiernos, más o menos hostiles hacia Rusia, de los países a los que pertenecen, sea en Ucrania, en Georgia, o en Moldavia. Ambas exigencias son razonables, legítimas y en línea con la Carta de Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki y otros acuerdos firmados por Moscú como el Memorándum de Budapest, de 1994, y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación, de 1997, por los que Rusia reconocía la integridad territorial de Ucrania.

Pero es necesario reconocer que Rusia tiene unos intereses legítimos de seguridad y de protección de las minorías rusas en los países de su vecindad inmediata, y que estos intereses han sido sistemáticamente ignorados por parte de occidente. No se le tuvo en cuenta en los conflictos de la antigua Yugoslavia, y particularmente en el tema de Kosovo, la OTAN se expandió rápidamente hasta las fronteras rusas, incluyendo países que habían formado parte de la URSS como los Estados Bálticos, en los que había importantes minorías rusas (a pesar de las promesas hechas por James Baker y Helmuth Kohl a Gorbachov), y aun en 2008 se aprobó la integración futura de Georgia y Ucrania a pesar de la cuestiones abiertas de Abjasia, Osetia del Sur, y Crimea. El propio comunicado de la cumbre de Newport insiste en el desarrollo unilateral del sistema de defensa antimisiles – que Rusia considera hostil – y en el previsible ingreso de Georgia en la organización (aunque en el caso de Ucrania es bastante más prudente). No hay que olvidar que todo lo que está sucediendo en Ucrania es la consecuencia de la revolución del Maidan, alentada por occidente, que destituyó ilegalmente al presidente legítimo del país apoyándose en grupos armados de ultraderecha. Lo que se pide en realidad a Rusia es su pasividad ante el derrumbe sistemático de su entorno de seguridad e influencia, y ante un cerco que se estrecha cada vez más. No se quiere discutir con Rusia en pie de igualdad sobre los asuntos que afectan a los países de la llamada por la UE Asociación Oriental, sin que eso signifique que se conceda a Moscú ningún derecho de veto, como tampoco lo puede pretender ni la OTAN ni la propia UE. Y todo esto mientras es patente que ni la OTAN ni la UE van a acudir en ningún caso a ninguna opción militar para defender a ningún país que no sea miembro de las respectivas organizaciones, y siendo también evidente que Europa no tiene alternativa, a corto plazo, al suministro energético que llega de Rusia. ¿Alguien puede extrañarse de que en estas circunstancias Rusia esté actuando como lo hace?

Resulta ridículo pretender poner cuernos y rabo al presidente ruso Vladimir Putin, como si se tratase de un tema personal. La política exterior rusa es la misma desde los tiempos de los zares y se dirige a la defensa de sus intereses nacionales, igual que hace cualquier otro país del mundo que pueda hacerlo. De lo que se trata es de convencer a Rusia, por la vía de los hechos, de que sus intereses estarán mejor garantizados en la cooperación con Europa que en el enfrentamiento, y para ello es mejor anudar más lazos que romper los existentes. Es correcto que se reaccione con firmeza ante la intervención en Ucrania, pero a medio plazo si la opción militar está excluida (en lo que se refiere a países que no son miembros de la OTAN, por supuesto), si las relaciones económicas son imprescindibles para ambas partes, si Rusia sigue siendo un socio indispensable en asuntos tan importantes como la no proliferación de armas de destrucción masiva, la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado, o en regiones como Oriente Medio, ¿para qué intentar incrementar la tensión y atizar la hostilidad hacia Moscú de países que fueron parte del pacto de Varsovia o de la propia URSS? ¿No sería mejor tratar de llegar a acuerdos razonables en los que todas las partes ganaran, antes de empujar a Moscú hacia hechos consumados que luego no se sabe cómo revertir? ¿Quién está intentando mantener la hostilidad entre Rusia y Europa? Y - sobre todo - ¿a qué intereses responde esa política?

 * José Enrique de Ayala es miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.

 

La tiranía de la tecnología

ANTÓN R.CASTROMIL

A mediados de los años sesenta del siglo pasado el semiótico italiano Umberto Eco publicaba su ya clásica obra Apocalípticos e integrados. En todo este tiempo sus más de 400 páginas nos han servido para intensificar un debate que viene de lejos: Las consecuencias político-sociales de la irrupción de la sociedad de masas. 

Resumiendo quizá en exceso podemos decir que la dicotomía propuesta por Eco se refiere a dos actitudes más filosóficas que empíricas: La sociedad de masas significa a) la vulgaridad llevada al extremo, el triunfo de la opinión no cualificada (apocalípticos) o b) una oportunidad histórica para promocionar el gobierno multitudinario de la res pública (integrados).

Pero el verdadero valor de la obra de Eco no reside tanto en volver a enfrentar a Platón contra Aristóteles sino en introducir en el ring de boxeo un elemento nuevo, ahora sí, de los días que nos han tocado vivir: El papel de los medios de comunicación en general y de Internet en particular en tanto que catalizadores de todo el proceso.

Desde la aparición de los “indignados”, la “primavera árabe” o el “occupy Wall Street” asistimos a la generalización de la “operativa cibernética”: a) por definición débil y fragmentaria, cuando no directamente emparentada con la libelo (apocalípticos) o b) libre, fluida, responsable y capacitada para el gobierno ciudadano de la polis (integrados).

La disyuntiva parece eterna: ¿Estamos en disposición de autogobernarnos o conviene más que el experto elija por nosotros? No exageremos, por lo tanto, la capacidad de Internet y los movimientos sociales de nuevo cuño para introducir en el debate público una cuestión que –aunque sea de modo intermitente– ha estado siempre presente.

Lo que sucede es que el manejo de la Red como vehículo de participación política y cambio social se está convirtiendo en una competencia exclusiva, en una destreza reservada a una minoría que dispone de la motivación y, sobre todo, de la formación necesaria.

Si caminamos hacia una sociedad en la que Internet nos ofrece nuevas oportunidades para participar más y mejor conviene sopesar en su justa medida el valor que adquiere el conocimiento y la educación en cultura digital.

Saber nadar (sin ahogarse) se erige, pues, en la formidable barrera que nuestra sociedad ha erigido contra la ciudadanía plena. Su nueva estructura de desigualdad.

El vacío dejado por la burda y directa exclusión de los derechos de ciudadanía (sufragio censitario) se compensa ahora promocionando el analfabetismo tecnológico: la “brecha digital” pone cara a la pared a amplios sectores sociales que, cada vez más, no entienden el mundo y viven aparte. 

Sin embargo, los integrados parecen tener razón cuando hablan de la incorporación de actores antes excluidos, aunque el proceso resulta incompleto. El antiguo monopolio (ciudadanía restringida) parece estar tomando ahora la forma de oligopolio (ciudadanía digital). Conformarnos con ese oligopolio supondría, de alguna manera, dar la razón a los apocalípticos.

Si los primeros analistas de la democracia temían la “tiranía de la mayoría”, quizá convenga empezar a vacunarnos contra la “tiranía de la tecnología”. Pero ojo, la tecnología sólo será tiránica si se convierte en exclusiva de unos pocos, aunque sean más que en tiempos pasados.

La clave está en el conocimiento y en el Estado como garante de su dispensa. Quizá por ello algunos apuestan decididamente por la degradación de la educación pública.

 

*Antón R. Castromil es profesor de Sociología y Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid.

¿Está más próxima la paz en Ucrania?

JAVIER MORALES

Con la firma de un alto el fuego entre los representantes del gobierno ucraniano y de los separatistas del este del país, parece surgir la esperanza de poner fin a cinco meses de guerra. El saldo de los enfrentamientos hasta ahora ya ha sido suficientemente trágico: más de 2.900 muertos y 7.600 heridos, 260.000 civiles huidos a otras regiones de Ucrania, y 338.000 a otros países (sobre todo Rusia), según Naciones Unidas.

Sin embargo, existen aún muchas dudas sobre si este acuerdo acabará siendo el inicio de una solución duradera o simplemente una nueva tregua fallida. Las distintas partes en el conflicto (el ejército y los batallones voluntarios enviados por Kiev, las milicias separatistas de la autoproclamada Nueva Rusia, y los efectivos del ejército ruso que apoyan a estas últimas) podrían aprovechar este momento para reorganizarse, continuando después la guerra si creen que no es viable alcanzar sus objetivos mediante la negociación. ¿Qué intereses tiene cada uno de ellos?

Poroshenko afronta a finales de octubre unas elecciones parlamentarias, en las que no deseará aparentar haber realizado concesiones a Moscú a cambio de la paz; de hecho, ya está recibiendo críticas de los ciudadanos por no dotar a las tropas de suficientes medios. El cese de los combates anunciado ahora será utilizado, sin duda, por los sectores ultranacionalistas para acusar al presidente de debilidad. Pero al mismo tiempo, el bombardeo de zonas habitadas está causando numerosas víctimas civiles, según denuncian las organizaciones de derechos humanos; lo que erosiona la imagen que trata de ofrecer Kiev en Occidente como gobierno comprometido con la democracia y el Estado de Derecho. Esto supone un incentivo para buscar una salida negociada que al mismo tiempo sea aceptable para su electorado.

Los separatistas habían conseguido recientemente pasar a la contraofensiva, gracias al apoyo militar llegado desde Rusia; una ventaja que explica su resistencia inicial a dejar las armas, aunque han acabado por firmar el acuerdo. Significativamente, ha sido Moscú (su principal valedor político y proveedor de armas y combatientes) quien les ha presionado para que lo acepten, como ha reconocido el propio Poroshenko en su comunicado oficial. No obstante, los rebeldes mantienen como objetivo irrenunciable la independencia de Nueva Rusia, federación de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk; lo cual es evidentemente inalcanzable en el marco de una negociación política con Kiev. Por eso es de esperar que se produzcan divisiones entre las filas insurgentes sobre si continuar o no los combates; aunque al depender por completo del apoyo del Kremlin, antes o después acabarían teniendo que asumir la línea marcada por éste.  

Con respecto a Putin, a pesar de negar oficialmente cualquier implicación en el conflicto, su estrategia ha sido clara: prolongar el mayor tiempo posible la desestabilización de Ucrania, como represalia por la revolución del Euromaidán, y para dificultar el alejamiento de ese país de la influencia rusa. Apoyar ahora una salida negociada obedece más, probablemente, a un cálculo previo que a las últimas amenazas de la UE sobre nuevas sanciones. Con un apoyo popular que ha crecido veinte puntos, hasta el 84%, durante la crisis ucraniana (a lo que no es ajeno el control estatal sobre los medios de comunicación), Putin cuenta con respaldo suficiente para que a corto plazo las medidas europeas no le supusieran un elevado coste político.

Moscú puede permitirse optar ahora por la vía del acuerdo porque, simplemente, su primer objetivo nunca ha sido la independencia de Nueva Rusia (la cual no ha reconocido), ni su anexión a la Federación Rusa; de ser así, lo habría logrado mediante una rápida invasión abierta, gracias a su superioridad militar frente a Ucrania. Como el propio Putin afirmó sin tapujos en una conversación privada con Durao Barroso, “si quisiera, tomaría Kiev en dos semanas”. El presidente ruso ha buscado, en cambio, desgastar lentamente a su adversario mientras lograba una posición de fuerza sobre el terreno que le permitiera jugar con ventaja en la mesa negociadora, imponiendo sus condiciones. Al prolongar todavía más la intervención (que hasta ahora ha sido relativamente limitada, aunque sus tropas están sufriendo numerosas bajas), podría verse forzado a continuar la escalada militar, llegando a una guerra abierta con Ucrania en la que perdería el control que ha tratado de mantener en todo momento. 

El alto el fuego es, por tanto, un mero punto de partida para una posterior negociación que debería abarcar tanto el fin de las operaciones bélicas como el futuro de Ucrania y sus relaciones con Rusia; en lo que no existe, por desgracia, ninguna certeza de alcanzar un acuerdo. La propuesta de “plan de paz” de siete puntos de Putin y la posición de Kiev parecen coincidir en aspectos fundamentales, como el intercambio de prisioneros o la reconstrucción de las regiones afectadas; sin embargo, otros serán mucho más difíciles de consensuar. Por ejemplo, el Kremlin exige que las tropas ucranianas se retiren pero sin comprometerse a que sus propias fuerzas hagan lo mismo, ya que ni siquiera admite que existan unidades rusas en la zona. En cuanto a las milicias rebeldes, su postura maximalista de no renunciar a la secesión puede bloquear cualquier avance; una vez más, será Moscú quien tenga en su mano obligarles a ceder.

¿Qué ocurriría si, finalmente, se consiguiera avanzar desde el fin del conflicto armado hasta una solución dialogada de sus causas? A día de hoy, el territorio controlado por los separatistas sólo podría volver al control del Estado ucraniano en el marco de una profunda descentralización, que concediera a las regiones de Donetsk y Lugansk (que actualmente ni siquiera eligen a sus gobernadores) una autonomía sustancial. Una reforma constitucional en este sentido, a la que Poroshenko puede mostrarse ahora más dispuesto si con ella se lograra la paz, restaría apoyo social al separatismo e impediría a Moscú seguir aprovechándolo para sus propios fines. Pero esta vía sólo tendría éxito si se acompaña de una progresiva reconciliación entre las distintas identidades que conviven en Ucrania, diluyendo el nacionalismo radical de uno u otro signo que tan reforzado ha salido en los últimos meses; y ahorrando mayores sufrimientos a una población civil que ya ha sido muy duramente castigada.

 

* Javier Morales es Coordinador de Rusia y Eurasia en la Fundación Alternativas y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea.

 

 

 

Una Eurozona dividida

CARLES MANERA

El título es la conclusión. Estamos ante un espacio económico fragmentado por la ausencia de una política económica que tenga en cuenta las condiciones endógenas de los países. Veamos:

1. No es posible mantener mucho tiempo ajustes férreos en el sur, sin respuestas razonables en el norte. En el sur se recorta y se devalúa salarialmente, todo para alcanzar el nivel de déficit exigido; se demanda que el BCE controle y revise los enormes depósitos de capital de la banca comercial, inactivos en el propio seno del BCE, y que los precios crezcan para paliar los efectos de la deuda. En el norte se mantiene una política económica que descansa sobre las exportaciones y el ahorro más que sobre la inversión, de manera que interesan tipos de interés altos –que remuneren ese ahorro– y una inflación baja –que favorezcan las exportaciones–.

2. El tamaño medio de las entidades se ha duplicado –e incluso incrementado más– con las fusiones realizadas en el sistema bancario. Ahora hay más bancos que podemos calificar como sistémicos: los que generan problemas globales al conjunto de la economía si caen. Al mismo tiempo, se otean posiciones claramente oligopólicas con esos procesos de concentración del capital financiero, lo cual podría quitar competencia a los mercados.

3. La deflación ha aparecido, por tanto, en escenarios de fuerte reducción de la demanda, de aumento del paro y de severidad presupuestaria. Este dolor es necesario para el mainstream: ese es el recetario que emana de Europa y que va a suponer más ajustes hasta el 2016, para alcanzar el 2,6% sobre déficit, que es el objetivo marcado por las instituciones económicas. Atentos a las medidas que se aplicarán en España: preveo nuevos recortes.

4. Políticas diferentes se están aplicando en Estados Unidos y Japón: la inyección de enormes cantidades de dinero a la economía. La decisión ha provocado elogios, pero al mismo tiempo se advierten peligros: desde previsibles procesos inflacionarios en el futuro hasta guerras de divisas en ciernes. La generación de más inflación no se ve mal por parte de sus promotores: posibilita consumir la deuda pública. Además, el bombeo de miles de millones de dólares cada mes por parte de la Reserva Federal ha permitido crear puestos de trabajo, del orden de unos 150.000 cada 30 días. Nada que ver con la parálisis observada en Europa; o en los ejemplos históricos reconocidos, que pueden ser contrastables en los trabajos de Carlos Marichal y de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff. Frente a esto, Jonathan Tepper y John Mauldin explican un particular código rojo a aplicar a las políticas anti-cíclicas, desplegadas por la Reserva Federal: la creación de dinero asegura la vida a bancos y empresas zombis, a la vez que incentiva la inversión en activos de alto riesgo. En paralelo, se va a estimular que los países quieran usar sus tipos de cambio para obtener mejores resultados de exportación, de forma que es previsible que se rearmen las políticas más proteccionistas.

* Carles Manera es catedrático de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares y exconsejero de Economía del Gobierno de Baleares