Consejo europeo de octubre: buenos fines, malos medios

JOSÉ CANDELA

Toda política no es más que fines y medios. En cuanto a los fines de la política europea, hay más o menos consenso entre sus 28 Estados miembros. Por eso, el problema principal de la Unión es el de los medios.

Los tres temas que han ocupado la agenda de los jefes de Estado y de gobierno de la UE en su última reunión, son, por orden de importancia: el Marco de actuación de la UE en materia de lucha contra el cambio climático y energía, la aportación europea a la lucha contra el ébola en Africa y ciertas “cuestiones económicas”. El Consejo europeo ha nombrado también a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. 

El tema principal ha sido pues la energía y el clima. Los objetivos generales de la UE en materia de lucha contra el cambio climático figuran desde ahora entre los más ambiciosos de todas las regiones del planeta: “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión por lo menos en un 40% para 2030 con respecto a los valores de 1990”. Hay que esperar a la reunión de la ONU sobre cambio climático en Lima (diciembre) para saber qué hará el resto del mundo.

En cuanto a los fines, por tanto, el Consejo europeo ha estado a la altura de las circunstancias. Pero en cuanto a los medios, es decir la gobernanza de la política energética de la Unión, este Consejo europeo ha sido insuficiente en voluntad política y en audacia, tal como el principal problema del planeta, el cambio climático, lo exige.

Hay que aclarar algo que no aparece inmediatamente al lector de las conclusiones de esta reunión del Consejo europeo[1], algo que los jefes de Estado y de Gobierno ponen habitualmente en segundo lugar o se abstienen directamente de comentar en sus balances de los Consejos europeos. Se trata de lo siguiente.

El Consejo europeo ha decidido que, para alcanzar ese objetivo de reducción del 40% de contaminación, la UE utilizará más eficazmente el régimen de comercio de derechos de emisión de GEI. Desde un punto de vista económico, no está mal este propósito, pero desde una perspectiva ecológica (la primera a utilizar si queremos unas políticas de cambio climático y de energía que sean justas), el régimen de comercio de emisión de GEI sigue siendo un medio malo o, si se quiere, insuficiente para alcanzar el objetivo: o, si se prefiere, mucho menos bueno que una política justa, que no es otra que la que más contribuya a la consecución de una economía, no de “bajo carbono”, como siguen diciendo los programas políticos actuales de la Unión, sino de “carbono 0”.

Aquí es donde aparece la debilidad del planteamiento de los jefes de Estado y de Gobierno: el mejor medio para luchar contra el cambio climático no es -hay que insistir - el comercio de emisiones, sino una política energética justa. Pues bien, el Consejo europeo ha adoptado unos métodos de gobernanza que, de aplicarse tal cual, pueden dejar el sector energético europeo tal como está, es decir, desintegrado. En efecto, los jefes de Estado y de Gobierno han decidido que de aquí a 2030, los siguientes principios regirán la política europea de la energía: supresión máxima de regulación, libertad absoluta para los Estados miembros en el momento de determinar qué tipo de energía producen o compran y, finalmente, que la Unión seguirá sin poder trastocar los programas nacionales sobre cambio climático. Es decir: una gobernanza que retardará, cuando no impedirá, la integración de las políticas nacionales de energía y clima en esa "Unión [europea] de la Energía” que tanto el mismo Consejo europeo como el presidente Juncker han asumido como objetivo político último de la UE en la materia.

Y sobre todo, ese objetivo del 40%, ¿cómo se alcanza?: pues cuando la media de reducción de emisiones de GEI a nivel de la Unión sea del 40% respecto a los valores de 1990, de manera que el objetivo es vinculante para la Unión pero no para sus Estados miembros. Esto supone de hecho una desproporcionada, es decir, injusta, repartición de la carga de responsabilidad de cada Estado en la lucha contra el cambio climático. Si la gobernanza se hace como quiere el Consejo europeo, dicha responsabilidad no la fijará con autoridad la Unión, sino cada Estado miembro: poco o nada que se parezca a una Unión sino al clásico cada uno por su camino; según sus intereses nacionales y los de las compañías que no han apostado firmemente por suprimir la producción de energías contaminantes.

Además, la última Comisión Barroso, autora del esbozo de este plan sobre energía y clima, no se esforzó mucho en proponer una gobernanza más eficaz, porque lo que la Comisión europea ha propuesto al respecto en la Comunicación de enero de 2014 que definió este Marco de actuación [2] ha sido ahora adoptado tal cual por el Consejo europeo: sólo recomendaciones de las instituciones comunitarias a los Estados, líneas de cooperación entre estos y coordinación meramente orientativa por parte de la Comisión, objetivos no vinculantes. Sigue la debilidad de la Unión frente a los Estados cuando, cada vez más, el planeta requiere normas internacionales para todos y cada uno de los países contaminantes y fuertes sanciones para los que infrinjan dichas normas. 

El segundo tema en importancia ha sido la lucha contra el ébola. Aquí, el Consejo europeo ha superado las expectativas previas a la reunión y ha decidido finalmente que la financiación, por parte de los Estados miembros de la Unión, de la intervención europea en la región africana afectada por la epidemia ascenderá a 1.000 millones de euros. Hay que congratularse de esta decisión pero también vigilar para que esos medios se empleen correctamente: que lleguen efectivamente a sus destinos y en forma, exclusivamente, de personal sanitario, medicamentos y equipamiento hospitalario.

Ya sin apenas consecuencias políticas de importancia, el Consejo europeo ha discutido sobre cuestiones económicas varias. La principal es que la propuesta del presidente Juncker de adoptar un plan de inversiones europeo dotado con 300.000 millones de euros a gastar en los próximos tres años para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, aparece ya en unas Conclusiones del Consejo europeo. Es sólo una declaración de intenciones que se tendrá que concretar (especialmente en cuanto a las fuentes de financiación) en los próximos meses a iniciativa de la Comisión.

Finalmente, el Consejo europeo ha nombrado a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. En este nuevo colegio de comisarios, 19 de sus 28 miembros pertenecen a partidos adscritos al Partido Popular Europeo y a la Alianza liberal europea. Esta mayoría abrumadora de la derecha no se corresponde con las proporciones ideológicas existentes tanto en el Parlamento europeo como en el mismo Consejo europeo. Difícil parece pues un avance hacia actitudes y decisiones progresistas más audaces por parte de este nuevo Gobierno de la Unión que permitieran diferenciar netamente, en cuanto al grado de legitimidad y de eficacia de la Comisión, la era Juncker de la era Barroso.  

* José Candela es funcionario de la Comisión europea y colaborador de la Fundación Alternativas

  

[1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/145425.pdf

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:ES:PDF

 

 

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[Publicado por: aquí uniformes]

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