JOSÉ LUIS ESCARIO
Uno de los temas fundamentales del último G20, reunido en Australia el 20 y 21 de septiembre, ha sido el la lucha contra la elusión fiscal de las multinacionales. La OCDE recibió hace más de un año el mandato del G20 de impulsar la modificación de unos impuestos de sociedades que no se han adaptado aún a la globalización ni a la era digital. Mientras que las multinacionales operan globalmente, los sistemas fiscales están todavía en gran medida diseñados aisladamente, en clave nacional. Así, por ejemplo, no tiene sentido que se siga considerando a las filiales de un grupo transnacional radicadas en un país como si fueran entidades independientes, cuando todo el mundo sabe que las grandes corporaciones elaboran sus estrategias comerciales y fiscales para el grupo en su conjunto. De hecho, no pocas veces “explotan” las discordancias entre las normas nacionales y la competencia fiscal desleal entre países para reducir sustancialmente su factura fiscal global.
La transparencia es una condición necesaria para poder determinar si la contribución fiscal de una multinacional en un territorio es la justa, si está ajustada a su capacidad económica. Sin embargo, con las obligaciones de información pública de las empresas que existen actualmente en España (informes y memorias anuales corporativas, fundamentalmente) es muy difícil, si no imposible, determinar dicha contribución. Si analizamos el Informe Anual de Recaudación que publica la Agencia Tributaria, podemos conocer datos agregados para todas las empresas, pero no desglosar el tipo efectivo (porcentaje real de impuestos que se paga sobre los beneficios) de cada empresa. A este respecto, sabemos que las personas físicas aportaron el 91,58% de la recaudación total del Estado en 2011, mientras que las empresas únicamente contribuyeron con el 8,42% de la recaudación. Y de éstas, las grandes empresas aportaron un 1,98%.
Por otro lado, han sido publicados reiteradamente en la prensa algunos casos sonados de tributación efectiva inferior al 5% (el tipo nominal del impuesto de sociedades es del 30% en España y del 35% en Estados Unidos) por los beneficios mundiales de gigantes como Apple y Google. Estos datos han escandalizado a la opinión pública de varios países y a determinados parlamentos nacionales. La propia Comisión Europea ha abierto un procedimiento a Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo por posibles ayudas de Estado ilegales vía acuerdos fiscales muy ventajosos para grandes empresas como Apple o Fiat.
Entre las medidas presentadas por la OCDE al último G20 de septiembre hay una que ataca directamente el tema de la falta de transparencia antes mencionado. Su objetivo es establecer una obligación a las grandes empresas de presentar sus cuentas y su información financiera relevante desglosada país por país, y no por zonas geográficas más amplias como ocurre actualmente. Este hecho dificulta enormemente la labor de control de la Administración. En este sentido, la OCDE ha diseñado una plantilla (template) que va a permitir recoger de forma homogénea, comparable y comprehensiva los datos financieros de cada empresa. Actualmente, las empresas presentan esta información de forma muy heterogénea e insuficiente, de modo que no es posible discriminar si aquéllas están cumpliendo con su contribución fiscal justa.
Ahora bien, hay que reprochar a la OCDE el que haya decidido que la nueva información que se va a exigir a las empresas sólo se transmita a la Administración y no sea pública. Los ciudadanos deben tener la posibilidad de saber si las empresas están siendo responsables fiscalmente o no. Los casos de Apple, Google o Starbucks han puesto de manifiesto como el riesgo reputacional de adoptar comportamientos fiscalmente cuestionables puede ser un factor que impulse hacia estrategias fiscales menos agresivas.
* José Luis Escario es coordinador del área de la Unión Europea en la Fundación Alternativas e investigador independiente en temas comunitarios y de fiscalidad internacional. www.joseluisescario.com
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Hay 2 Comentarios
Felicidades, José Luis, por tu escrito, pero desgraciadamente eso implica unos políticos que quieran llevar a cabo esa reforma fiscal, pero como lo van a hacer sí estos políticos están puestos por ese gran capital que no sólo maneja las transnacionales sino también bancos, fondos, fundaciones, etc.
Publicado por: Juan Manuel Sebastián | 03/10/2014 18:09:34
sin duda no, no hay más posibilidad...
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Publicado por: Inveforex | 03/10/2014 15:49:31