Austeridad: ¿qué se ha conseguido?

JORGE JOSÉ HERNÁNDEZ MORENO

La situación actual del modelo político, económico y social de la UE y en particular, en los países periféricos, demuestra que la política de ajuste estructural que busca disminuir el gasto público, reducir salarios y flexibilizar los mercados laborales con el propósito de bajar los niveles de endeudamiento y aminorar los intereses de la deuda, ha sido un completo fracaso. Estas políticas presupuestarias basadas en la austeridad a ultranza bajo la recomendación –imposición– de la denominada Troika (Comisión Europea, BCE y FMI) se han demostrado desgarradoras para la gran mayoría de la población de los países periféricos de la Unión Europea y han desmantelado los mecanismos que reducen la desigualdad y hacen posible un crecimiento equitativo.

Parece ya evidente que las políticas de austeridad no han estado motivadas por un diagnóstico certero y mucho menos compartido, sobre los orígenes de la crisis. En realidad, la historia siempre se repite, aunque en este caso, con diferentes actores, pero con las mismas reglas de juego. La evidencia empírica en torno a los resultados de la aplicación de estas medidas ya eran conocidas tanto por los economistas como por los dirigentes políticos de las instituciones comunitarias. Los países de América Latina, el Este Asiático y África subsahariana sufrieron graves crisis financieras, económicas y de divisas durante las décadas de 1980 y 1990. El FMI y el Banco Mundial (BM) aplicaron la misma receta a todos los países: un paquete de ajuste estructural, en virtud del cual los países recibieron ayuda financiera con la condición de adoptar una serie de políticas económicas que incluían el recorte del gasto público, la nacionalización de la deuda privada, la reducción de los salarios del sector público, la descentralización de la negociación colectiva y un modelo de gestión de deuda que primaba el pago a los acreedores de la banca comercial sobre la recuperación social y económica.

Esta «melodía» tiene unos orígenes –el Consenso de Washington– que no conviene olvidar: disciplina fiscal, reorientación del gasto público, liberalización financiera y comercial, privatizaciones, desregulaciones, etc. Los defensores de estas políticas asumían que las reformas estructurales generarían rápidamente un aumento de la inversión y el crecimiento, lo cual incrementaría a su vez el empleo y los salarios. ¿Nos suena de algo esta cantinela?

Pero realmente, ¿qué se ha conseguido con la aplicación de esta matrizde política económica aplicada por los estados miembros a instancia de las instituciones de la UE? La realidad es tozuda y desoladora. Entre los hitos que se han conseguido podemos destacar en primer lugar el impacto de estas políticas en las sociedades de la periferia europea. Y es que la progresiva comunitarización de la política económica, la emergencia del debate sobre la necesidad de los rescates financieros y las consecuencias sociales de las drásticas decisiones de política económica, han conllevado un descenso general de la confianza de los europeos en las instituciones de la Unión y en su capacidad para resolver positivamente la grave situación de crisis en la que nos encontramos.

En el terreno económico, lo más notable que podemos resaltar del contexto socioeconómico actual es que estas medidas, con un sesgo ideológico y moral claro, tampoco han sido exitosas en los objetivos que se plantearon alcanzar, como el descenso de la deuda pública de los países rescatados. De hecho, algunos de los países de la periferia de la UE que han sufrido la aplicación de esta medidas, como Grecia, España o Italia, han visto desde el año 2010 un descenso sin precedentes en su crecimiento económico. ¿Y esto a qué se debe? Pues a una reflexión muy simple, pero que por lo que parece a simple vista, no ha sido comprendida, pues en esencia estamos hablando de políticas que reducen la demanda doméstica –de bienes y servicios– lo que a su vez provoca un descenso del crecimiento. También hay que resaltar que el déficit público de estos países ha aumentado de forma considerable –por la reducción de ingreso de los Estados y por la enorme cantidad de gasto público destinado al rescate del sector bancario–. Y así, entramos en un circulo vicioso del que es difícil salir con los instrumentos habituales de una política económica nacional. Pero como afirman algunos autores, el dogma neoliberal se alimenta de fe y no de evidencia empírica.

Los datos nos muestran un panorama desolador. Por regla general, los países sometidos a las más duras medidas de ajuste (Grecia, Portugal, Irlanda y España) han sufrido una importante pérdida de ingresos, un aumento vertiginoso de la tasa de desempleo –sobre todo en la población joven– y recortes generalizados en los sistemas de seguridad social. Resulta aún más preocupante la erosión de los sistemas de negociación colectiva en los casos de Grecia, Portugal y España, un factor que reduce todavía más la capacidad de los trabajadores para garantizar el aumento de los salarios vitales. Según Eurostat, en lo concerniente al desempleo, en Irlanda, Grecia y España, la tasa de paro de larga duración se cuadruplicó entre 2008 y 2013 [1]. En Portugal, la tasa de paro de larga duración creció desde el 4% de 2008 hasta el 7,7% de 2013, su nivel más alto desde 1992. Resulta especialmente preocupante el hecho de que más de la mitad de los parados de larga duración en Europa llevan más de dos años sin trabajo. La tasa de paro juvenil es especialmente alta en Portugal (35,6%), España (53,7%) y Grecia (51,5%), más del doble que en 2008 [2].

Ante esta situación, cabe señalar que en cuestión de semanas han aparecido tres informes de tres instituciones internacionales –el Banco Mundial [3], la OCDE [4] y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [5]– que expresan su gran alarma por el enorme deterioro del tejido social, laboral, político y económico que se está produciendo en el seno de la UE. A estos análisis se une el último estudio realizado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) –Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos [6]–, el cual revela que en España, Irlanda y Luxemburgo los ingresos medios de los hogares se hundieron hasta los niveles de 1998, perdiendo más de una década de avances en cuanto a ingresos. En esta misma línea se encuentra el informe llevado a cabo por la organización católica Cáritas –La crisis europea y su coste Humano [7]–, en el que se analiza la situación social de los países periféricos de la Unión Europea que han sido rescatados: Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre e Italia. Estos informes no hacen más que documentar y aportar datos de cómo las políticas de ajuste han afectado a los grupos con ingresos más bajos, estableciendo una relación causal entre los recortes del gasto social y el crecimiento de las tasas de suicidio o de exclusión social y el aumento de las personas sin techo.

¿Es posible revertir esta situación de eventual ruptura del modelo social europeo? ¿Qué pueden esperar los países de la periferia europea de las instituciones comunitarias? A pesar del nuevo reequilibrio institucional por todos conocido, a favor del Parlamento Europeo, ahora con mayores competencias, no podemos obviar que su capacidad para afectar a la legislación que inicia la Comisión –siempre bajo la atenta mirada de un Consejo Europeo cada vez más poderoso– sigue siendo muy limitada. Por tanto, debemos fijar la atención tanto en la Comisión como en el Banco Central Europeo.

La nueva Comisión Europea apuesta desde el punto de vista de la política económica por la continuidad, o quizá por posiciones más ortodoxas, favorables a las políticas de austeridad y de ajuste rígido de las cuentas macroeconómicas. Si bien es cierto que la intención de la Comisión de poner en marcha una iniciativa que movilice 300.000 millones de euros durante un periodo comprendido entre 2015 y 2017 es un buen inicio, se antoja insuficiente. Ante este panorama, el BCE, se ha convertido en uno de los actores políticos principales, emergiendo como la institución más federal de la UE. A través de su presidente, Mario Draghi, ha indicado que las políticas de austeridad no son suficientes, e incluso ha admitido que pueden ser desaconsejables en momentos de recesión económica como el actual, sugiriendo que se deberían flexibilizar las políticas fiscales.

La propuesta para retornar a una senda de crecimiento inclusivo, gira en torno a la implementación de políticas expansivas que se centran en dos dimensiones: préstamos a la banca para que facilite el crédito y así estimular la economía, lo que se ha conocido como barra libre de liquidez; y la segunda dimensión se concreta en la estimulación de la economía a través de bajos tipos de interés y la reducción de ciertos tipos impositivos. Es cuanto menos curioso que en este preciso momento que Europa se lanza a un cambio en su programa económico, la Reserva Federal estadounidense haya decididodar por concluido su programa de compra de deuda –que ha evitado una crisis de deuda del tipo que hemos vivido en Europa, que ha favorecido el crecimiento de la economía norteamericana y ha situado el paro por debajo del 6%–.

Pero quizá el margen de actuación del BCE –a pesar de no ser un prestamista de última instancia– quede mermado a tenor de las últimas declaraciones de la canciller alemana Angela Merkel en el Bundestag, quien a través de un breve discurso, que puede resumirse en un Pacta sunt servanda, ha insistido en la necesidad de «respetar los acuerdos sellados en 2012 en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento». De esta forma se mantiene firme en sus objetivos de consolidación fiscal –objetivos de déficit públicos–, a través de las medidas de austeridad y mejora de la competitividad.

Como reza el libro del premio Nobel de Economía Paul Krugman titulado ¡Acabad ya con esta crisis!, para revertir el deseo austeríaco de dar tijeretazo al gasto gubernamental y reducir los déficits, aún en el contexto de una economía deprimida –ya hoy en su tercera recesión– lo que se requiere es claridad intelectual y voluntad política, «podemos acabar con esta crisis ya, y deberíamos de hacerlo». Pero es necesaria una última reflexión, ya que al margen de las decisiones que se tomen de aquí en adelante, no podemos obviar que las políticas adoptadas en Europa revelan un dilema fundamental que afecta al modelo social europeo: el que se plantea entre las presiones competitivas de la globalización a comienzos del siglo XXI; las cargas financieras que supone el Estado del bienestar y la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros.

*Jorge José Hernández Moreno es licenciado en Relaciones Internacionales, actualmente es investigador junior del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

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[1] Eurostat. (2014). «Tasa de paro de larga duración por sexo» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1uy8w5z

[2] Eurostat. (2014). «Tasa de paso juvenil» [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1yecpAg

[3] El Banco Mundial (2014) Riesgo y oportunidad: La administración del riesgo como instrumento de desarrollo. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1euQ7Cu

[4] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2014) Social Justice in the EU-A Cross- National Comparison [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1BIm5Fc

[5] Organización Internacional del Trabajo (2014) World of Work 2014: Developing with jobs. [En línea]. Disponoble en: http://bit.ly/1ns1MbC

[6] Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2014) Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos. [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1tGCU2g

[7] Cáritas Europa, (2014) The European Crisis And Its Human Cost: A Call For Fair Alternatives And Solutions.!A Study Of The Impact Of The Crisis And Austerity On People, With A Special Focus On Cyprus, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Romania And Spain [En línea]. Disponible en: http://bit.ly/1pG13Pz

Valores cívicos, democracia y corrupción

VICENTE LERA 

“La corrupción es un problema y una amenaza para la estabilidad y seguridad de las sociedades actuales, ya que socava las Instituciones y los valores propios de una democracia, como pueden ser la ética y la justicia, así como compromete el desarrollo y el imperio de la ley”, comienza diciendo en su preámbulo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Un factor que actualmente ha dejado de ser un problema meramente local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a la sociedad y a la economía en su conjunto, lo que provoca que sea esencial la unidad de actuación para prevenirla y luchar contra ella. 

El enésimo caso de corrupción en nuestro país, denominado Operación Púnica, ha vuelto a generar en la opinión pública el debate sobre la conveniencia de afrontar y articular definitivamente un frente común contra la corrupción por parte de los partidos políticos. Si bien ese debate debe producirse con sosiego, consenso y no legislando “con las vísceras”.

La última modificación en materia penal, realizada mediante Ley Orgánica 7/2012 de 27 de diciembre, ya introdujo algunas novedades importantes, como puede ser la introducción de la responsabilidad penal a partidos políticos y sindicatos, al incluirlos dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el que, hasta la fecha, estaban excluidos, así como nuevas sanciones respecto al delito contra la Hacienda Pública.

Pero la reforma también resultó ser insuficiente, ya que dejó en el tintero algunas propuestas que la doctrina penal venía estableciendo desde hace tiempo, como es la necesidad de incorporar bajo un Título específico en el Código Penal los delitos relacionados con la corrupción política, como son: los delitos fiscales, el  tráfico de influencias, la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos o el blanqueo de capitales.

Actualmente, estos (y otros) delitos de corrupción se encuentran repartidos en el Código Penal en distintos Títulos y Capítulos, siendo su regulación actual la siguiente:

 

Delito	Artículo	Pena	Multa	Inhabilitación	Prescripción
Fiscal común       Fiscal agravado	305 CP         305 bis CP	1 a 5 años +120.000€ hasta 600.000€/año   2 a 6 años +600.000€	x 6 cantidad defraudada		10 años
Cohecho propio     Cohecho impropio	419 CP       422 CP	3 a 6 años       6 meses a 1año	12 a 24 meses	Empleo o cargo público: 7 a 12 años.   Empleo o cargo público: 1 a 3 años	5 años
Prevaricación	404 CP       405 CP		3 a 8 meses	Empleo o cargo público: 7 a 10 años.   Suspensión Empleo o cargo público: 6 meses a 2 años	10 años         5 años
Malversación caudales públicos	432.1 CP       432.2 CP       432.3 CP	3 a 6 años       4 a 8 años       Cuantía inferior 4000€: 6 meses a 3 años	2 a 4 meses	Inhabilitación absoluta: 6 a 10 años   Inhabilitación absoluta: 10 a 20 años   Suspensión Empleo o cargo público: Máximo 3 años	10 años       15-20 años       5 años
Tráfico influencias	428 CP           430 CP	6 meses a 2 años         6 meses a 1 año	X 2 beneficio perseguido	Inhabilitación Especial Empleo o cargo público: 3 a 6 años	5 años
Blanqueo de capitales	301-303 CP	6 meses a 6 años	X 3 valor bienes blanqueados	Inhabilitación absoluta Empleo o cargo público: 10 a 20 años	15-20 años

Fuente: elaboración propia

Algunos partidos políticos han propuesto su modificación en relación a tres aspectos: el establecimiento de una cláusula genérica de agravamiento cuando los delitos de corrupción sean realizados por cargos públicos, el incremento de la duración de las penas accesorias de inhabilitación, así como la propuesta relativa a la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción.

Como se puede tras la lectura del cuadro, la legislación establece, además del cumplimiento de la pena, penas accesorias de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Si bien es cierto que las penas privativas de libertad pueden parecer insuficientes en algunos supuestos, la importancia de su regulación radica tanto en la multa impuesta como en la pena accesoria.

¿Por qué decimos esto? Porque está comprobado que en la mayoría de los casos el incremento de las penas no inhibe la comisión de los delitos, de ahí que sea necesario adoptar medidas adicionales que permitan complementar las estrategias existentes para combatir la corrupción.

Como ha quedado demostrado en México, para desincentivar la capacidad delictiva de los corruptos es necesario atacar a su capacidad financiera mediante la regulación de la figura del decomiso para aquéllos bienes que procedan de forma ilícita, o se beneficien directa o indirectamente de aquéllos, perdiendo el propietario el derecho sobre todo bien.

Y respecto a la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, es una propuesta que creemos tiene difícil encaje legal al considerar, como sostiene una parte de la doctrina, que afectaría a la garantía de la seguridad jurídica que se establece en el artículo 9.3 de la Constitución.

Otra de las propuestas que se han puesto encima de la mesa es la relativa al proceso judicial, en lo concerniente a la instrucción, enjuiciamiento y agilización. Aluden a que debe ser la Audiencia Nacional la que instruya y enjuicie este tipo de delitos. Una proposición que de ser materializada debe llevar aparejada, ineludiblemente, una serie de medidas para dotar de más medios técnicos y humanos a la Audiencia. Ya que si lo que se quiere también es revisar el procedimiento penal respecto a la preferencia y sumariedad, ésta no será viable si la judicatura no cuenta con los medios suficientes para elaborar bien su labor judicial.

Pero sin duda, la gran propuesta es la cesantía del cargo público cuando se realice la apertura del juicio oral en el proceso judicial. Una propuesta que colisiona con la jurisprudencia constitucional, que ya desde 1983 estableció que el escaño pertenece a la persona electa y no al partido político por el que fue elegido.

Por eso, cuando un representante político estuviese obligado a dejar su puesto de representación tras abrirse juicio oral, la lógica nos viene a decir que esa suspensión sería temporal hasta recaer sentencia judicial firme. Durante el transcurso del juicio, la siguiente persona en la lista electoral ocuparía sus funciones, retomándolas la persona procesada si fuese declarado inocente, ocupándolas definitivamente el siguiente en la lista si fuese declarado culpable.

Y finalmente, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos en donde se tipifique como delito su financiación ilegal y en donde, además, se les obligue a rendir cuentas ante sus afiliados y ante la sociedad de manera transparente. Como en Alemania, donde los partidos políticos están obligados, por ley, a presentar un informe anual de sus cuentas y de su patrimonio. Y respecto a las donaciones que puedan percibir, la ley alemana establece que cuando las cuantías sean superiores a los 50.000 euros deberán publicarse en el Bundestag, mientras que no se permiten donaciones anónimas de más de 500 euros, ni de empresas públicas.

Tras todo esto, nuestra conclusión final no debe ser la de proponer un endurecimiento de las penas, ni algo similar. Nuestra conclusión es que, para luchar contra la corrupción, lo más importante es ser eficaz en las labores preventivas que el Estado debe articular para evitar esta pandemia. Así como en la necesidad vital de invertir en valores cívicos y democráticos desde el comienzo en la edad escolar. Porque la limpieza y la revitalización de nuestra democracia debe comenzar siempre desde un cambio en nuestra ética y en nuestra visión como sociedad, de ahí que por mucho que se puedan endurecer las penas y aprobar más medidas coercitivas, el éxito o el fracaso sólo dependerá del éxito o fracaso que tengamos nosotros a la hora de transmitir esos valores cívicos y democráticos que queremos para nuestra sociedad.

 

* Vicente Lera es licenciado en Derecho, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios legislativos por la UCM.

 

Consejo europeo de octubre: buenos fines, malos medios

JOSÉ CANDELA

Toda política no es más que fines y medios. En cuanto a los fines de la política europea, hay más o menos consenso entre sus 28 Estados miembros. Por eso, el problema principal de la Unión es el de los medios.

Los tres temas que han ocupado la agenda de los jefes de Estado y de gobierno de la UE en su última reunión, son, por orden de importancia: el Marco de actuación de la UE en materia de lucha contra el cambio climático y energía, la aportación europea a la lucha contra el ébola en Africa y ciertas “cuestiones económicas”. El Consejo europeo ha nombrado también a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. 

El tema principal ha sido pues la energía y el clima. Los objetivos generales de la UE en materia de lucha contra el cambio climático figuran desde ahora entre los más ambiciosos de todas las regiones del planeta: “Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Unión por lo menos en un 40% para 2030 con respecto a los valores de 1990”. Hay que esperar a la reunión de la ONU sobre cambio climático en Lima (diciembre) para saber qué hará el resto del mundo.

En cuanto a los fines, por tanto, el Consejo europeo ha estado a la altura de las circunstancias. Pero en cuanto a los medios, es decir la gobernanza de la política energética de la Unión, este Consejo europeo ha sido insuficiente en voluntad política y en audacia, tal como el principal problema del planeta, el cambio climático, lo exige.

Hay que aclarar algo que no aparece inmediatamente al lector de las conclusiones de esta reunión del Consejo europeo[1], algo que los jefes de Estado y de Gobierno ponen habitualmente en segundo lugar o se abstienen directamente de comentar en sus balances de los Consejos europeos. Se trata de lo siguiente.

El Consejo europeo ha decidido que, para alcanzar ese objetivo de reducción del 40% de contaminación, la UE utilizará más eficazmente el régimen de comercio de derechos de emisión de GEI. Desde un punto de vista económico, no está mal este propósito, pero desde una perspectiva ecológica (la primera a utilizar si queremos unas políticas de cambio climático y de energía que sean justas), el régimen de comercio de emisión de GEI sigue siendo un medio malo o, si se quiere, insuficiente para alcanzar el objetivo: o, si se prefiere, mucho menos bueno que una política justa, que no es otra que la que más contribuya a la consecución de una economía, no de “bajo carbono”, como siguen diciendo los programas políticos actuales de la Unión, sino de “carbono 0”.

Aquí es donde aparece la debilidad del planteamiento de los jefes de Estado y de Gobierno: el mejor medio para luchar contra el cambio climático no es -hay que insistir - el comercio de emisiones, sino una política energética justa. Pues bien, el Consejo europeo ha adoptado unos métodos de gobernanza que, de aplicarse tal cual, pueden dejar el sector energético europeo tal como está, es decir, desintegrado. En efecto, los jefes de Estado y de Gobierno han decidido que de aquí a 2030, los siguientes principios regirán la política europea de la energía: supresión máxima de regulación, libertad absoluta para los Estados miembros en el momento de determinar qué tipo de energía producen o compran y, finalmente, que la Unión seguirá sin poder trastocar los programas nacionales sobre cambio climático. Es decir: una gobernanza que retardará, cuando no impedirá, la integración de las políticas nacionales de energía y clima en esa "Unión [europea] de la Energía” que tanto el mismo Consejo europeo como el presidente Juncker han asumido como objetivo político último de la UE en la materia.

Y sobre todo, ese objetivo del 40%, ¿cómo se alcanza?: pues cuando la media de reducción de emisiones de GEI a nivel de la Unión sea del 40% respecto a los valores de 1990, de manera que el objetivo es vinculante para la Unión pero no para sus Estados miembros. Esto supone de hecho una desproporcionada, es decir, injusta, repartición de la carga de responsabilidad de cada Estado en la lucha contra el cambio climático. Si la gobernanza se hace como quiere el Consejo europeo, dicha responsabilidad no la fijará con autoridad la Unión, sino cada Estado miembro: poco o nada que se parezca a una Unión sino al clásico cada uno por su camino; según sus intereses nacionales y los de las compañías que no han apostado firmemente por suprimir la producción de energías contaminantes.

Además, la última Comisión Barroso, autora del esbozo de este plan sobre energía y clima, no se esforzó mucho en proponer una gobernanza más eficaz, porque lo que la Comisión europea ha propuesto al respecto en la Comunicación de enero de 2014 que definió este Marco de actuación [2] ha sido ahora adoptado tal cual por el Consejo europeo: sólo recomendaciones de las instituciones comunitarias a los Estados, líneas de cooperación entre estos y coordinación meramente orientativa por parte de la Comisión, objetivos no vinculantes. Sigue la debilidad de la Unión frente a los Estados cuando, cada vez más, el planeta requiere normas internacionales para todos y cada uno de los países contaminantes y fuertes sanciones para los que infrinjan dichas normas. 

El segundo tema en importancia ha sido la lucha contra el ébola. Aquí, el Consejo europeo ha superado las expectativas previas a la reunión y ha decidido finalmente que la financiación, por parte de los Estados miembros de la Unión, de la intervención europea en la región africana afectada por la epidemia ascenderá a 1.000 millones de euros. Hay que congratularse de esta decisión pero también vigilar para que esos medios se empleen correctamente: que lleguen efectivamente a sus destinos y en forma, exclusivamente, de personal sanitario, medicamentos y equipamiento hospitalario.

Ya sin apenas consecuencias políticas de importancia, el Consejo europeo ha discutido sobre cuestiones económicas varias. La principal es que la propuesta del presidente Juncker de adoptar un plan de inversiones europeo dotado con 300.000 millones de euros a gastar en los próximos tres años para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, aparece ya en unas Conclusiones del Consejo europeo. Es sólo una declaración de intenciones que se tendrá que concretar (especialmente en cuanto a las fuentes de financiación) en los próximos meses a iniciativa de la Comisión.

Finalmente, el Consejo europeo ha nombrado a la nueva Comisión, que entra en funciones el próximo uno de noviembre. En este nuevo colegio de comisarios, 19 de sus 28 miembros pertenecen a partidos adscritos al Partido Popular Europeo y a la Alianza liberal europea. Esta mayoría abrumadora de la derecha no se corresponde con las proporciones ideológicas existentes tanto en el Parlamento europeo como en el mismo Consejo europeo. Difícil parece pues un avance hacia actitudes y decisiones progresistas más audaces por parte de este nuevo Gobierno de la Unión que permitieran diferenciar netamente, en cuanto al grado de legitimidad y de eficacia de la Comisión, la era Juncker de la era Barroso.  

* José Candela es funcionario de la Comisión europea y colaborador de la Fundación Alternativas

  

[1] http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/145425.pdf

[2] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2014:0015:FIN:ES:PDF

 

 

Por una nueva política económica

CARLES MANERA

Los ejes básicos de Política Económica para España deberían contemplar los siguientes aspectos, que se anotan sin ánimo de exhaustividad:

a)     La necesidad de una contrareforma fiscal a la de Montoro, que impulse todo un paquete de medidas de carácter progresivo y que se centre de manera exclusiva en la presión sobre la tributación indirecta. Impuestos sobre patrimonio, activos bancarios, IRPF en sus tramos superiores, introducción de tributación ecológica (tasa de pernoctaciones en el ámbito turístico, por ejemplo) serían elementos a considerar.

b)    Contrareforma laboral, que supone, estrictamente, la derogación de la reforma laboral del PP.

c)     Debería garantizarse, por la vía constitucional, la preservación de los resortes básicos del Estado del Bienestar con unos indicadores esenciales que los sitúen en las medias comunitarias.

d)    Orientación hacia la génesis de una Banca Pública, teniendo en cuenta el cúmulo de recursos que se han destinado a la banca privada para salvar sus activos y pasivos.

e)     Trabajar de forma intensa con socios comunitarios y con la Comisión Europea en unas direcciones básicas:

• Repensar el cómputo de determinadas partidas en la conformación de los déficits públicos: por ejemplo, las asignaciones a I+D+i no debieran ser tenidas en cuenta en tal aspecto.
• El cómputo de intereses de la deuda pública y del capital que se ha dejado al sistema financiero debería igualmente ser retirado en los cálculos del déficit. Creación de un fondo para que la banca devuelva en 30 años los capitales dejados por la administración –que parecen incobrables ahora mismo–, y que eso salga –porque puede hacerse– de los beneficios que están generándose en el sistema financiero.
• Presentar propuestas para que uno de los objetivos del BCE sea, también, la generación de ocupación y de crecimiento económico. Cambiar los Estatutos de esa institución debiera ser un objetivo económico de primera magnitud en el ámbito comunitario, con la presión conjunto de socios políticos.

f)     Apuntalar el Estado del Bienestar con la generación de nuevos ingresos derivados de a). Esto supone reasignar partidas de otros Ministerios (Defensa, por ejemplo) para afianzar recursos hacia las comunidades autónomas, con destinaciones claramente finalistas, que debieran ser sancionadas y aprobadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

g)    Desarrollar la Ley de Sostenibilidad, de la época del presidente ZP, que fue escasamente desplegada por impacto de la Gran Recesión. Preocupación política y presupuestaria por las energías renovables.

h)    Recuperar infraestructuras educativas e inversiones en I+D+i: los procesos de formación, en todos sus estratos, son determinantes para la consecución, en el futuro, de un nuevo modelo de crecimiento (ver reciente Informe de COTEC).

i)      Ley de transparencia de la financiación de partidos, sindicatos y otros agentes económicos y sociales, entendidos como pilares básicos del Estado democrático.

 

* Carles Manera es catedrático de Historia Económica de las Islas Baleares y exconsejero de Economía en el Gobierno Balear.

España, una vez más en el Consejo de Seguridad

España ante su quinta participación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
El 1 de enero de 2015 España integrará por quinta vez en su historia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano de las Naciones Unidas encargado de velar por la paz y la seguridad mundial, durante dos años, Desde 1969, nuestro país es elegido miembro no permanente rotatorio del Consejo de Seguridad con una cadencia de más o menos once años. Así ha sido en 1969-1970, 1981-1982, 1993-1994 y 2003-2004. Como era previsible, España se sentará, una vez más, en el Consejo de Seguridad, durante el bienio 2015-2016, once años después de la anterior ocasión. En esta ocasión, la elección ha sido más difícil e incierta que en ocasiones anteriores y han hecho falta tres votaciones consecutivas para conseguir el puesto. Junto a España entran en la rotación bianual otros cuatro nuevos no permanentes elegidos en la misma votación que nuestro país pero en primera ronda de voto todos ellos: Nueva Zelanda, Venezuela, Angola y Malasia. Todos ellos, incluida España, responden a unos estrictos bloques regionales dentro de los cuales se eligen a los nuevos miembros rotatorios del Consejo. España y los otros cuatro nuevos no permanentes se unen a Chile, Jordania, Chad, Nigeria y Lituania que junto a los cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China conforman los quince miembros del órgano. La diferencia entre los miembros no permanentes, como es el caso de España, y los permanentes, además de que estos últimos no son elegidos y permanecen, como su nombre indica, en el seno del Consejo siempre, es el derecho de veto, que impide que se adopte una decisión determinada si votan en contra. Para sacar adelante una decisión en el seno del Consejo de Seguridad se necesitan 9 votos de los 15 miembros pero basta la oposición de un solo voto de alguno de los miembros permanentes para que la decisión no se adopte. Por tanto, el papel de los miembros no permanentes es relativo y secundario en la toma de decisiones del Consejo. La verdadera dirección y el auténtico poder decisorio se concentra en los cinco miembros permanentes. No obstante, eso no quiere decir que los miembros no permanentes sean meros espectadores o comparsas. Tienen que posicionarse y decantar su voto ante los asuntos que se plantean ante el Consejo.

¿Qué le espera a España en el Consejo de Seguridad?
En el bienio que arranca el 1 de enero próximo no van a faltar los asuntos complejos y sobre los que España tendrá que definirse claramente con el sentido de su voto. El Estado islámico, la epidemia del Ébola, Siria, Irán, Ucrania, Palestina y la reforma del propio Consejo de Seguridad estarán, sin duda ninguna, encima de la mesa del Consejo durante la permanencia de España en él y nuestro país tendrá que decantarse sobre ellos. Prácticamente todos ellos son temas en los que, hasta ahora, hemos carecido de posición nítida y en muchos de ellos ni siquiera hemos estado presentes en las reuniones internacionales y en los grupos y organismos que se encargaban de gestionar esas crisis. Ese será el primer gran efecto de nuestra presencia en el Consejo. El gobierno tendrá que posicionarse en muchos temas en los que hasta ahora hemos estado ausentes, sin participar en las reuniones internacionales sobre ellos y sin tener posición alguna al respecto. Esto ya no será posible. España tendrá necesariamente que participar en los debates que se planteen y, finalmente, votar a favor o en contra de las decisiones que se quieran adoptar. Porque el Consejo de Seguridad se puede reunir en cualquier momento, en especial cuando considera que hay situaciones que suponen una amenaza para la paz y la seguridad mundial y puede emitir resoluciones que son vinculantes y obligatorias para los 193 estados miembros de la Organización. En esas resoluciones vinculantes, el Consejo de Seguridad adopta una serie de medidas que pueden ir desde solicitar a las partes en conflicto que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos hasta imponer sanciones económicas o, en última instancia, autorizar el uso de la fuerza para imponer lo acordado en su seno. En estos momentos, Naciones Unidas tiene 16 operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo, los llamados “cascos azules”, por decisión del Consejo de Seguridad. Además de los temas que, con toda seguridad, ocuparán el Consejo de Seguridad el próximo bienio, y sobre los que la diplomacia española va a tener que definirse rápidamente, pueden aparecer crisis inesperadas, incluso imprevisibles vistas desde hoy que tocarán a España y a los otros catorce miembros del Consejo dilucidar. La última vez que España fue miembro no permanente del Consejo, se debatió agriamente  sobre la guerra de Irak que apoyó en aquel momento el gobierno de Aznar. Así que, el gobierno actual tiene ante así la complicada tarea de fijarse una política propia, no existente en este momento,  para Ucrania, Siria o el Estado Islámico en apenas dos meses y reaccionar sobre la marcha a las crisis que vayan apareciendo.

La política exterior a largo plazo a prueba
La elección de España al puesto no permanente del Consejo de Seguridad que España acaba de conseguir empezó en 2005. La candidatura fue planteada en aquel año por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas de las bazas que ha jugado el gobierno actual para conseguir sacar adelante la elección provienen de anteriores gobierno. Es el caso de la Alianza de Civilizaciones, tan denostada por el PP cuando estaba en la oposición, o las cifras de cooperación al desarrollo durante el período 2005-2010 o nuestras contribuciones voluntarias a Naciones Unidas. Por tanto, la elección responde a una decisión transversal en el tiempo y en la acción entre gobiernos. Así se ha demostrado también con el apoyo prestado por exministros socialistas y distintos miembros de la oposición a la hora de captar votos para España, como ha reconocido en varias ocasiones el Ministro de Asuntos Exteriores. y por el eficaz trabajo de muchos funcionarios que necesariamente han trabajado para administraciones de distinto signo político. Más significativo aún, los dos años en los que España estará sentada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reparten casi de manera exacta entre esta legislatura, el año 2015, y la siguiente, el año 2016. Eso supone que serán dos gobiernos distintos los que se puedan sentarse en la silla de España en este cometido. Por eso, será especialmente importante que el gobierno incorpore las posiciones de la oposición y pacte con el resto de los grupos las diferentes posturas que vaya adoptando nuestro país en el Consejo de Seguridad. Esto tendría la doble virtud de ayudar al gobierno a articular una política exterior de la que carece actualmente y de evitar bandazos en las posiciones de nuestro país cuando cambie la legislatura. Lo peor para España, sería reducir la presencia en el Consejo de Seguridad a un mero elemento de una política de prestigio, que lo importante sea estar y no actuar dentro del Consejo. La entrada en el Consejo de Seguridad sitúa a nuestro país en el centro del escenario mundial. Esto nos concede un buen margen de maniobra para estrechar relaciones bilaterales, contribuir a relanzar las multilaterales y participar en la resolución de las complejas crisis mundiales. Nuestra política exterior debe salir de la atonía de los últimos años y empezar a ocuparse de los problemas mundiales. El reto del gobierno es ser actores y no meros espectadores en el Consejo de Seguridad.

 

* El Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas es un think-tank español, de espíritu marcadamente europeísta, que pretende impulsar la proyección exterior de España en todas sus dimensiones: política, de seguridad, económica y cultural.

Precarios resistentes queriendo ser decentes

JORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Es casi un título de película española cañí de los setenta. Pero cada vez resulta más consistente la idea de que el mercado laboral de la cultura ha sido la vanguardia del modelo de producción neoliberal al que tan sugerentemente hacía referencia Byung-Chul Han. Y las perspectivas, a pesar de la alegre muchachada de la economía creativa como señala Jaron Rowan, son poco favorecedoras para un futuro de empleo decente en el sector.

Un informe recientemente publicado y elaborado el pasado año por el departamento de Actividades Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratifica rotundamente lo ya indicado en otros estudios independientes (es decir no financiados por encargo interesado de partes): El mercado de empleo cultural está formado por cohortes de trabajadores con un alto grado de motivación, alta cualificación profesional, bajos salarios y empleos cada vez más precarios. Y parece predecir con más detalle que ningún otro sector el escenario laboral general que crece en el mundo aparentemente civilizado de hasta ayer.

Las gentes de la cultura somos pioneros sociales sobre los que se prueban perfiles que han de convertirse en socialmente aceptables para la ciudadanía en el corto plazo. Este es el escenario dibujado en el documento, que contradice cualquier atisbo de cambio de las condiciones en las que se desarrolla hoy la tarea de los cientos de miles de profesionales dedicados a la cultura en nuestro país. “¿Marca tendencia el mercado de trabajo de la cultura?”, se pregunta el autor, “a la vista del creciente número de autoempleados y de microemprendedores”. Del trabajo de aprendizaje no pagado o abonado muy por debajo de los precios de mercado al precariado integral, que acepta casi disciplinadamente condiciones éticamente inaceptables de prolongación de tarea y jornadas que avergonzarían a cualquiera que defienda unas condiciones dignas de trabajo en cualquier sector. Del mercado que certifica la discriminación de género y santifica la discontinuidad y deslocalización permanentes como prácticas sanas, aunque todas estas formas de subempleo sean los síntomas evidentes de esa progresiva corrosión del carácter de la que habla R. Sennet. Un trabajo sin perspectivas o previsiones de mejoras salariales, con subempleados resistentes e ingresos que difícilmente permiten siquiera pensar en formar familias o tener un futuro estable a la vista.

La OIT es una institución casi centenaria de la que cada vez oímos hablar menos. Silenciados por la confluencia -nada sorprendente- de los discursos-marcos de la producción desregulada y las narraciones postmilenaristas de las multitudes, los puntos de vista de la única plataforma global de encuentro entre los gobiernos, las organizaciones de las y los trabajadores y las patronales parecen importar poco a nuestros millones de intermitentes, precarios y subempleados. Pero no mucho más interesan, en apariencia, a quienes dicen representar política y socialmente sus voces. Y eso es más preocupante.

Recientemente pregunté a un experto por el motivo de la poca difusión del concepto de trabajo decente, que la OIT viene desarrollando y aplicando desde hace más de quince años en sus documentos de trabajo. Admitía que no era un término que las organizaciones españolas del sector usaran con frecuencia. Ahora que el discurso de las organizaciones internacionales auspiciadas por Naciones Unidas parece confluir en una línea de recomendaciones a favor del trabajo formal y el empleo decente ¿no sería hora de comenzar a debatir en serio estos asuntos entre el sector de la cultura?

Ya sé, es pura retórica.

 

* Jorge Fernández León es director de Programas de la Fundación de Cultura de Gijón y analista de políticas culturales.

 

 

El precariado y las clases sociales

JOSÉ SATURNINO MARTÍNEZ GARCÍA y PAU MARÍ-KLOSE 

Hablar de precariado está de moda. Desde que el concepto se haya popularizado de la mano de Guy Standing, ha sido extensamente utilizado en el debate público, y últimamente en la investigación empírica sobre la estructura social británica (en un macroestudio liderado por Mike Savage y Fiona Devine). En España estamos empezando solo a operacionalizarlo empíricamente, aunque el interés por su uso en un terreno tan abonado para la precariedad es más que evidente.

Lo podemos definir como un grupo heterogéneo de personas caracterizadas por sus frágiles vínculos con el mercado laboral: contratos temporales, periodos de paro seguidos por empleos de mala calidad, contratación a tiempo parcial involuntaria, o en situación de paro de larga duración. Se sitúan en la frontera entre la exclusión social y la integración, y con el tiempo muchos de ellos se decantarán en uno u otro sentido, mientras que una parte continuarán con su vida en los márgenes entre ambos mundos. Cuando se habla de este colectivo se insiste en sus características demográficas: jóvenes, mujeres, inmigrantes, mayores de 45 años de sectores profesionales en declive… son los atributos en los que más se insiste. Pero la insistencia en la demografía del colectivo tiende a ocultar sus características socioeconómicas. En el Gráfico 1 se aprecia la probabilidad de ser precario según la condición socioeconómica, una forma elegante con la que el INE se refiere a la clase social. El gráfico es el resultado de una simulación estadística, suponiendo que no hay inmigrantes y que estamos ante el grupo de edad de edad de 31 a 45 años. Apreciamos una clara diferencia de ser precario según clase social, y diferencias de género en algunas de ellas.

En las clases desfavorecidas la probabilidad de ser precario es mayor. Es fácil diferenciar claramente dos grandes bloques: por un lado, empresarios, autónomos, profesionales por cuenta ajena y personal de cualificación media en los servicios, como los administrativos; por otro, están quienes trabajan en servicios no cualificados, los obreros (cualificados o no) y ocupados en el sector agrario. Las mujeres están un poco mejor protegidas frente a la precariedad que los hombres en el segmento de profesionales por cuenta ajena,  posiblemente gracias a que están empleadas en mayor medida que los varones en el sector público. Entre obreros no cualificados, la situación más favorable de las mujeres está relacionada con el hecho de que están menos concentradas en sectores en crisis, vinculados a la construcción, y a que son pocas. Donde hay más mujeres, en los servicios no cualificados, el riesgo de que estén en situación de precariedad es mayor.

Como vemos pues, la insistencia en debatir sobre las características demográficas puede obviar la importancia de la clase social como determinante de las oportunidades vitales. Nos olvidamos que muchas de las personas con esos perfiles demográficos precisamente están en una situación socioeconómica desventajosa. Pero se insiste más en políticas concebidas para un beneficiario definido en función de su perfil demográfico (juventud, género, mayores) que en conseguir mejorar las condiciones de vida de los ocupados cuando su situación es precaria, independientemente de su perfil demográfico. Una forma de pasar sibilinamente por alto que vivimos en una sociedad de clases.

Gráfico 1. Probabilidad de ser precario por clase social y sexo, cuando la única característica que cambia es la condición socioeconómica, controlando la inmigración y el grupo de edad.

Fuente: Población ocupada o con menos de un año en paro de la Encuesta de Población Activa del INE, II trimestre de 2013.

Nota: En la categoría de precario se incluyen personas en paro, que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria o con contrato temporal (los parados de larga duración están excluidos por falta de información) La probabilidad se interpreta como un cambio en la probabilidad de ser precario con respecto a una persona de características promedio (estimación mediante logit).

*José Saturnino Martínez es profesor de Sociología en la Universidad de la Laguna y Pau Mari-Klose es profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza.

Hong Kong: La revolución de los paraguas

PANEL ASIA, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Desde hace exactamente dos semanas Hong Kong vive momentos excepcionales de tensión política. La frustración de extensos sectores sociales ante la oferta que ha hecho Pekín de una reforma electoral que desvirtúa la esencia del sufragio universal al restringir drásticamente la selección de posibles candidatos a la jefatura del gobierno local para los comicios de 2017 ha desencadenado una oleada de protestas de un alcance y duración imprevistos , y con consecuencias que aún no es posible calibrar. 

La suspensión por el gobierno local de las anunciadas conversaciones con las organizaciones estudiantiles que se han puesto al frente de las protestas no ha servido más que para revitalizarlas y reforzarlas. En el momento de concluir este análisis no es posible prever cual será su desenlace ni hasta qué punto los manifestantes podrán lograr alguno de sus objetivos.

Aunque el drama se desarrolla en Hong Kong la clave de la decisión final sigue encontrándose en Pekín, y el régimen de partido único que controla absolutamente todo el poder en China no se caracteriza precisamente por su flexibilidad ni por su respeto a la disidencia. La salida, por consiguiente, no será fácil, pero lo que sí es seguro es que tras estas protestas Hong Kong habrá cambiado dramáticamente.

Antecedentes
Desde que la antigua colonia británica volvió a la soberanía de China en julio de 1997 el estatuto jurídico, político , económico y social del territorio sigue el principio "un país, dos sistemas" definido por Deng Xiaoping. En virtud del mismo Hong Kong tiene plena autonomía monetaria, financiera, fiscal, judicial, educativa y cultural; los derechos de libre expresión, asociación y manifestación están garantizados; la Administración judicial es independiente y la seguridad corresponde a la policía local. Pekín supervisa discretamente las relaciones exteriores y la defensa.

Pero este régimen de amplia autonomía no tiene verdadero carácter político. Los mecanismos vigentes hasta ahora para la selección del Ejecutivo y la elección del Parlamento local (LEGCO) son semidemocráticos, de modo que Pekín se ha asegurado -al menos hasta ahora - que nadie que carezca de la confianza del PCCh o que no se someta a sus dictados pueda ejercer la jefatura del gobierno. La vigencia de un sistema mixto democrático/corporativo impide a los partidos prodemocráticos alcanzar la mayoría en el LEGCO, aunque les concede una minoría de bloqueo. De este modo el sistema es disfuncional, y frustra las aspiraciones de la mayoría de los hongkoneses de alcanzar la plena democracia.

La Ley Básica (Estatuto) aprobada por Pekín en 1991 prevé que, "cuando las circunstancias lo permitan", tanto el jefe del Ejecutivo como la totalidad del LEGCO puedan ser elegidos por sufragio universal. Una disposición del Parlamento chino (NPC) del año 2007 estableció que el jefe del Ejecutivo sería elegido por sufragio universal desde el año 2017, y que el LEGCO lo sería también a partir de 2020.

El problema surge porque, desde la llegada al poder de Xi Jinping en China, Pekín ha adoptado una actitud mucho más restrictiva respecto a la autonomía de Hong Kong. En junio de este año el gobierno central chino publicó un Libro Blanco que hace una interpretación del principio "un país, dos sistemas", mucho más inclinado al primer elemento que al segundo. Los síntomas de inseguridad del régimen del PCCh y el incremento de las tensiones entre China y sus vecinos asiáticos -a la sombra de una rivalidad creciente con Estados Unidos por la hegemonía regional- pueden haber motivado este endurecimiento. La alarma cundió en Hong Kong, y no hizo más que crecer con la decisión del CNP de 31 de agosto pasado, que desvirtúa totalmente el sufragio universal pasivo al condicionar la selección de candidatos a la jefatura del gobierno local de manera que hace imposible una verdadera alternativa de ofertas políticas.

Los hechos
Como consecuencia de las interpretaciones restrictivas que Pekín ha hecho de la autonomía de Hong Kong, han surgido diversos grupos de orientación prodemocrática y proautonómica que se oponen firmemente al nuevo giro y a la docilidad absoluta de las autoridades locales, cuyo carácter de simples ejecutores de las órdenes de Pekín es cada día más evidente.

 La manifestación anual del 1 de julio -aniversario de la reversión de la soberanía a China- fue este año más multitudinaria que nunca, concentrando a medio millón de personas. El movimiento Occupy Central, que surgió en el mundo académico y de las ONG para defender la democracia y la autonomía, organizó un referéndum, calificado de ilegal por las autoridades locales y centrales, que convocó a más de 800.000 personas.

Tras la publicación del edicto del NPC sobre reforma electoral el 31 de agosto, la indignación se extendió. Fueron los estudiantes los que tomaron la vanguardia del movimiento, con una huelga en la enseñanza secundaria y universitaria entre el 20 y el 26 de septiembre que se saldó con gran exito.

Fue precisamente en la jornada final de la huelga, el 26, cuando se iniciaron las concentraciones  junto a la sede del gobierno. Al dia siguiente el lider de Occupy Central, Benny Tai, anunció el arranque de su movimiento. La agrupación de fuerzas entre estudiantes, Occupy y los sectores más militantes del bloque pan-democrático en el LEGCO impulsaren las protestas.

Y el gobierno hizo el resto con su torpe represión policial, con gases lacrimógenos, en la noche decisiva del 28 de septiembre. Los manifestantes hicieron uso de sus paraguas para defenderse, convirtiendo a este accesorio tan común en símbolo de la protesta.

Eso motivó que miles de ciudadanos que habían estado pasivos hasta entonces acudiesen en masa a apoyar a los manifestantes, cuyo número aumentó, haciéndose espectacular en el puente festivo del 1 y 2 de octubre, irónicamente dedicados a celebrar el aniversario de la República Popular de China.

Aunque a partir del domingo 5 de octubre la afluencia a los lugares de manifestación empezó a declinar, dos nuevas torpezas gubernamentales les han dado nuevo impulso. En primer lugar, el envío de matones de las "tríadas" a atacar violentamente a manifestantes en el barrio de Mongkok; finalmente, el anuncio anteayer jueves de la cancelación de las conversaciones previstas por parte del gobierno local  encendió de nuevo la protesta. El viernes 10 la zona de Admiralty, contigua a los edificios del Gobierno, volvió a llenarse masivamente. 

Y a todo eso se suma la publicación por un periódico australiano de un grave escándalo de corrupción que salpica directamente al impopular jefe del Ejecutivo y dócil secuaz de Pekín, C. Y. Leung.

Los manifestantes y sus apoyos
Aunque parecía que los dirigentes de Occupy Central -un profesor, un sociólogo y un pastor protestante- iban a encabezar las protestas, ese papel ha sido asumido realmente por los líderes del movimiento estudiantil Alex Chow (22 años, universitario) y Joshua Wong (17 años, fundador de Scholarism, enseñanza secundaria). 

Tienen amplio respaldo entre los amplios sectores sociales que defienden más autonomía y democracia -(académicos, profesionales liberales y clases medias, también de quienes luchan contra la desigualdad económica y social de un sistema radicalmente injusto). Un sector minoritario de los medios de comunicación, como el Apple Daily del magnate Jimmy Lai, el único multimillonario significado que apoya las protestas.También les respaldan los 27 diputados del bloque pandemocrático en el LEGCO- sobre un total de 60- y muchas figuras de la cultura y el arte local.

El gobierno local y su entorno 
Por su parte, el impopular gobierno local de C. Y. Leung -cuyo número dos es la más eficaz y discreta Carrie Lam- cuenta con el respaldo absoluto de Pekín, de los grandes sectores del poder económico y financiero -los llamados tycoons-, del bloque oficialista (33 diputados) en el LEGCO, de la mayoría de los medios de comunicación y de un no desdeñable sector de la población, más preocupado por los negocios que por la política. Todo eso conduce a una creciente polarización política y social, que puede tener peligrosas consecuencias para la estabilidad de este importante centro comercial y financiero que es Hong Kong, que ha hecho el papel de puerta de China hacia el mundo y cuyo futuro puede verse muy comprometido. 

La sombra de Pekín
Hong Kong es parte de China, de la que depende cada vez más en el orden económico - agua, alimentos, energía, comunicaciones, turismo... Es cierto que Hong Kong es también muy importante para China, no solo en términos de operaciones financieras, sino sobre todo de imagen y de proyección mundial. Todos estos elementos son importantes para poder calibrar el difícil equilibrio entre Hong Kong y Pekín.

Para complicarlo aún más el legado de la historia ha creado narrativas identitarias totalmente distintas entre Hong Kong y la China continental. Los hongkoneses recelan de la oleada asimilacionista que impulsa Pekín y que amenaza sus señas de identidad propias. Pekín tiene sin duda la última palabra, pero sus dirigentes deben ser conscientes de que las decisiones que adopten, revisen o confirmen tendrán  consecuencias no sólo para Hong Kong, sino por factor contagio para la propia China, y desde luego para la proyección del país en Asia y en el mundo. De manera particular los taiwaneses -ya de por si desconfiados ante los cantos de sirena de Pekín- observa inquietos (y solidarios) lo que sucede en esta antigua colonia británica.

La sustancia del conflicto
Tal como ya he apuntada la sustancia del doble conflicto en Hong Kong -interno a su propia sociedad y respecto a su relación con el poder imperial pekinés- tiene elementos políticos (democracia o autoritarismo), socioculturales (identidad o asimilación) y socioeconómicos (riqueza-desigualdad). El conflicto actual muestra una sociedad mucho más dividida y tensionada que la que proyectaba la imagen tradicional de un Hong Kong alegre y próspero, que en estas semanas se ha hecho añicos.

Escenarios de salida
Creo que cabe descartar el escenario más catastrofista de un Tiananmen en Hong Kong, que sería nefasto en todos los sentidos, y que arruinaría la política exterior de China, ya muy llena de conflictos y problemas en Asia y en el mundo. 

Tampoco parece verosímil que Pekín haga concesiones sustanciales, más allá de algunos retoques cosméticos, en la cuestión de la reforma electoral. Ni que entregue a los manifestantes la cabeza del impopular C. Y. Leung, aunque ésta acabará seguramente cayendo por el escándalo de corrupción que le afecta, si Pekín actúa en el tiempo adecuado para sus intereses.

Lo más probable es que persista por tiempo indefinido una situación de incertidumbre y de tira y afloja, con conatos de diálogo y tentativas de amedrentamiento, que tendrá  como consecuencia ahondar en la polarización política y social. La táctica de intentar vencer a los manifestantes por cansancio no está funcionando, al menos no de momento. Una salida que satisfaga mínimamente a todos y que permita salvar la cara a unos y a otros no será fácil de encontrar. La consecuencia será un Hong Kong más incierto, más inestable y también más interesante para los analistas

En el destino de Hong Kong puede estar también de algún modo la clave del destino de China, que será fundamental para todos nosotros.

 *El Panel Asia de la  Alternativas forma parte del Observatorio de Política Exterior de la Fundación. 

Más cultura en las relaciones internacionales

ALFONS MARTINELL SEMPERE

No podemos obviar que la mayoría de conflictos que vivimos en este mundo globalizado tienen una dimensión cultural significativa. Con esta afirmación no queremos expresar que la solución de ellos puede venir por la cultura. No somos tan ilusos. Pero si es importante reflexionar en la forma que los Estados y los organismos multilaterales abordan estos problemas, no incorporan ninguna lectura ni propuesta cultural. Sorprende que dentro de los grandes esfuerzos de todo tipo se están llevando a cabo no se contemplen las relaciones culturales como un elemento importante. Ni se les ocurre tenerla en cuenta. Los analistas de estos temas y los thinks tanks que preparan documentación, estrategias y ayudan a tomar decisiones en relaciones internacionales no contemplan la cultura ni como una posibilidad.

Una primera lectura puede ser que no entiendan los problemas en todas las dimensiones de su complejidad actual, entre ellas las culturales. O que tengan una concepción de cultura decimonónica que viene de las clásicas políticas nacionales que utilizan la cultura como hecho diferencial y reafirmarse sobre su propia imagen.

A pesar que en los últimos años se ha hablado mucho del soft power, diplomacia cultural, diplomacia pública, etcétera, pero la realidad es que los esquemas profundos de la concepción de las  relaciones internacionales no saben valorar suficientemente el significado de lo intangible y las potencialidades de las expresiones culturales como patrimonio común de la humanidad. Porque la esencia de las relaciones culturales, en el marco de las relaciones internacionales, es una forma de conocer los elementos culturales que configuran la política del otro. Para esto es importante canalizar acciones que generen confianza y expresión no defensiva y ver qué elementos reales existen de cooperar en común. De esta forma podemos descubrir que nuestras diferencias tienen un patrimonio común y una fuente para enriquecernos con estas nuevas formas.

Cuando ciertas formas de expresión del conflicto se crean sobre la base de una identidad a la defensiva (Manuel Castells las denomina refugio) es necesario trabajar en abrir estas posiciones a través de los elementos que podemos tener en común. La música, el cine, el teatro, la literatura, etcétera nos aproximan al otro y es un elemento para reducir resistencias y trincheras.

Las guerras, los autoritarismos, los fanatismos intentan ahogar la vida cultural de sus sociedades porque saben que en ella se encuentra un elemento fundamental de la supervivencia del pluralismo. Por esta razón es importante reclamar más cultura en las relaciones internacionales pero el problema es de qué forma y desde que posiciones ya que las que acostumbran a apoyar no son las adecuadas para el contexto internacional contemporáneo.  Como recientemente ha manifestado la directora de la UNESCO en el Forum de Florencia: “En un contexto de crisis económica, es preciso encontrar de nuevo motores de cohesión, y la cultura ofrece respuestas”.

Cuando vemos una película de Afganistán, el patrimonio de Crimea, las canciones de Mali, etcétera, por ejemplo, estamos entrando en una nueva lectura de la realidad. ¿Por qué no se fomenta este tipo de expresiones? O solo podemos dar noticias inhumanas.

. Alfons Martinell Sempere es director de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación en la Universidad de Girona, y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

 . El profesor Martinell dictará una conferencia sobre la cooperación cultural internacional y las relaciones con Iberoamérica, el lunes 13 de octubre en el Ateneo de Madrid (19 horas). 

 

Política en redes: más calidad que cantidad

 
CARLOS HIDALGO

No es raro que surja periódicamente algún tipo de polémica acerca de los políticos presentes en las redes sociales. Muchas de ellas vienen siempre derivadas por cuestiones numéricas: quién tiene más seguidores, de dónde los ha sacado, quién es más influyente que quién; siempre dependiendo de la cifra de que arroje algún indicador que otro. Especialmente Twitter, que es la red social favorita de periodistas y activistas políticos.

Durante mucho tiempo se nos ha insistido en la decisiva influencia que las redes sociales tendrían en la manera en la que entendemos la política, pero tal vez esa influencia se esté empezando a entender de la manera incorrecta. A día hoy, todavía no se puede establecer una correlación fiable entre los indicadores cuantitativos que nos ofrecen las redes y los resultados electorales. Puede que tal cosa pueda hacerse en el futuro; sobre todo con trabajos tan brillantes como el desarrollado por los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Barberá. Sin embargo, las redes sociales siguen siendo un entorno bastante sesgado, con enormes diferencias entre los movilizados políticamente y los que no, con más población masculina que femenina y con un rango de edades que no representa de manera fiel al votante medio. 

¿De dónde viene la revolución en la política que se nos prometió? De algo más intangible: de la propia conversación en las redes. Internet nos ofrece la oportunidad de reducir el número de intermediarios entre el políticos y electorado, también permite a la gente poder hablar de política con más desinhibición y alcance que su propio entorno. Uno no sólo puede expresarse con (casi) completa libertad sobre cualquier tema, sino que puede obtener respuestas a sus opiniones. El debate ayuda a la gente a reafirmarse en sus opiniones, a modificarlas, a ampliar su conocimiento sobre un tema e, incluso, a adoptar otros puntos de vista. Lo novedoso es poder asistir a las conversaciones políticas de alrededor de seis millones de españoles en tiempo real. Quedarse sólo en las cifras es cómo juzgar si una fiesta es divertida sólo por el número de invitados.

Las ciencias sociales ofrecen, mediante las técnicas cualitativas de investigación social, una batería de herramientas que, aplicadas lo que vemos en las redes, no sólo nos permiten conocer qué es lo que piensan los votantes de las redes, sino por qué lo piensan, qué factores influyen en su alineamiento político, las fuentes mediante las cuales obtienen su información y el tipo de interacciones que tienen con el resto de usuarios. Sin embargo, no pedimos a los políticos que sean meros observadores de la sociedad, sino que también esperamos de ellos que hagan cambios para mejorarla. Así pues, en el caso de las redes sociales, los políticos en España no sólo han de ser entrenados para observar la incesante actividad de éstas, sino para poder participar en esa gran conversación y realizar aportaciones que sean valiosas. Las redes sociales son conversación, no la pausa publicitaria de un medio tradicional, ni un mero tablón de anuncios. 

Como en toda nueva manera de comunicarse, no existen aún recetas infalibles, ni modelos fácilmente transplantables. Para empezar a moverse en este nuevo mundo, hay que guiarse por una mezcla de observación, educación, sentido común, ensayo y error. Es verdad que hacer algo así crea una incertidumbre más en el político -que ya se ve sometido a demasiadas-, pero es un ámbito más en el que ha de encontrar voz y estilo propios. 

Ejemplos como el de Barack Obama se han entendido mal. Es verdad que el presidente de Estados Unidos ha logrado grandes impactos en las redes; entre otras cosas, gracias a las fotos del fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Pete Souza. Imágenes como las de Obama compartiendo una hamburguesa con ciudadanos normales y corrientes o jugando con un niño en el Despacho Oval se han hecho enormemente virales. Sin embargo, al querer transponer eso a nuestro ecosistema político se suele olvidar algo fundamental: Obama sólo aparece en actitud informal en una de 20 fotos, aproximadamente. El resto son fotos oficiales o donde se ve al presidente estadounidense trabajando o en actitud formal. De ahí que las fotos informales sean las relevantes, pero por lo inusual. En el caso español hemos adoptado la fórmula a nuestra manera, por lo que hay políticos con sobredosis de “selfies”, fotos con amigos, comidas, cenas y ágapes variopintos. Ni qué decir que eso consigue el efecto contrario al que se busca. Y provoca que los usuarios piensen que, en mitad de una de las peores crisis económicas de nuestras historia, los políticos españoles viven en una fiesta permanente.

Como en casi los demás ámbitos de nuestra vida, en las redes ofrecemos un reflejo de cómo somos y, a la vez, vemos nuestro reflejo en la actitud de los demás. Con la política no es diferente. De la misma manera que no solemos fiarnos de los balances políticos basados únicamente en cifras y porcentajes, debemos mantener el mismo escepticismo cuando se nos hable de followers, ránkings de influencia, amigos de Facebook o visitas a una web. Idealmente, la democracia consiste en elegir a la mejor persona de entre nuestros iguales. Observemos entonces qué clase de personas nos hablan de política en las redes. Y si nos convence lo que nos dicen en ellas. 

* Carlos Hidalgo es periodista.