En el contexto de la alegría lógica y generalizada que generan en estos días la curación de la única paciente afectada en España y el alta de quienes tuvieron contacto con ella, cerrando esta crisis, fue el presidente de la Comunidad de Madrid quien dio una primera respuesta a esa cuestión. Según su criterio, el problema se ha resuelto como era de esperar en un país como el nuestro, dotado de uno de los mejores sanitarios del mundo y gracias a la actuación de unos profesionales que merecen también las más altas calificaciones.
Junto a ello, manifestaciones de otro carácter se han ido sumando en los últimos días para crear una línea de opinión similar a la siguiente: han sido errores y fallos en la comunicación y la gestión de la crisis por personas concretas, y no un “fallo sistémico”, los que han dado lugar a la misma. Se pueden incluir entre ellas las de quienes demandan la dimisión o el cese de la ministra de sanidad y el consejero de la Comunidad de Madrid como consecuencia de sus actuaciones. También los familiares de la auxiliar de enfermería afectada planean demandar al Consejero de sanidad madrileño por sus declaraciones primeras atribuyendo la responsabilidad de su contagio a la propia auxiliar. Y se han conocido las demandas que se están planteando desde diferentes instancias (colegios de enfermería, médicos de La Paz; CSIF) contra quienes puedan resultar responsables en el ámbito laboral, civil o penal por el defectuoso diseño de los protocolos de actuación y formación dirigidos a los profesionales que han tenido que actuar este caso.
Por el contrario, han sido escasas las excepciones que han apuntado a ciertos defectos estructurales de nuestro sistema sanitario que, al margen de las responsabilidades personales de las autoridades sanitarias citadas por esas actuaciones, han podido contribuir a la forma en que se ha presentado la crisis. Entre ellas cabe citar las de dos sociedades sanitarias (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y Asociación Madrileña de Administración Sanitaria), que denunciaron hace ya un mes las condiciones de desventaja en que se encontraba la Comunidad de Madrid para afrontar una crisis como la actual, tras haber suprimido de su organigrama la Dirección General de Salud Pública en 2008.
En un sentido similar, la Organización Médica Colegial (OMC) se ha pronunciado en fechas más recientes por la recuperación de una autoridad central en materia de salud pública. Una opinión que fue inmediatamente contestada por el portavoz de PSOE en el Congreso, por considerar que no había que confundir la nefasta gestión de la crisis por la actual ministra de Sanidad con un funcionamiento inadecuado del Estado de las autonomías en este terreno. Según su opinión, disponemos de instrumentos adecuados y suficientes, incluidos los de carácter legal, para afrontar una crisis como ésta.
De entre todas las posiciones citadas, es esta última la que llama más la atención. Es llamativa la insistencia de los portavoces del PSOE en esta materia en defender la constitución actual del SNS, que el propio partido creó mediante la LGS en 1986, como si no precisase mejora estructural alguna. Una posición que, coincidiendo con el escaso interés del PP en plantear cualquier reforma del mismo que no signifique un camino hacia su privatización, con el fin supuesto de reducir el gasto público que significa, está abocando en la práctica a una crisis profunda al propio Sistema, que pone en cuestión su sostenibilidad, tanto económica como organizativa.
Algunas observaciones relacionadas con esta crisis, permiten, sin embargo, poner en cuestión que no sea necesario abordar transformaciones esenciales en el mismo si se quiere que no sólo permita una respuesta más adecuada a crisis como ésta, sino que pueda seguir contribuyendo a las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria en nuestro país:
1) Siguiendo un criterio secuencial, la decisión de repatriar a los dos misioneros españoles cuya atención dio lugar al contagio posterior correspondía con toda claridad al Gobierno de la nación, que es responsable único de la "sanidad exterior". Y así se hizo por un dispositivo militar, que es también de competencia única del mismo Gobierno.
Que la decisión de repatriar fuera o no adecuada o excesiva, lo que se ha puesto en cuestión por algunos, lo mismo que las razones clientelares por las que pudo haberse adoptado (por otra parte contradictorias con las restricciones a la cobertura sanitaria universal que viene aplicando el mismo gobierno desde el Decreto-Ley 16/2012), no pone en todo caso en cuestión el hecho de que la decisión se adoptó por quien podía hacerlo, incluso aunque se hiciese por un nivel de gobierno inadecuado (hay muchos indicios de que se indujo desde la propia Presidencia del mismo, y no por el Mº de Sanidad).
2) Pero una vez los misioneros pusieron pie en suelo español, era el Gobierno de la Comunidad de Madrid el que tenía la capacidad y la responsabilidad de adoptar las medidas correspondientes, tanto en el terreno de la salud pública para evitar el contagio como en el de la atención sanitaria de los propios afectados.
Esa responsabilidad exclusiva es el resultado de las transferencias efectuadas a esa Comunidad Autónoma en materia de salud pública. Por la forma en que se llevaron a cabo esos traspasos, la situación actual no permite la adopción de medidas de carácter colectivo (aislamientos, vacunaciones, etc) por el Gobierno central, salvo que el riesgo supere los límites de un territorio autonómico concreto. Cosa que, por las circunstancias, de escasa extensión y transmisibilidad de la enfermedad que se daban en este caso, y a diferencia de la amenaza en el caso de la gripe A de 2010, utilizada por el PSOE para su argumentación respecto a la crisis actual, no ocurría aquí.
Como en el caso de la salud pública, los gobiernos centrales, tanto socialistas como del Partido Popular, que se han sucedido hasta ahora en el gobierno de la nación, han renunciado también de hecho a cualquier intervención en el ejercicio del gobierno de la asistencia sanitaria por cada CA una vez efectuado el traspaso del mismo a cada una. Lo que, en el caso de la Comunidad de Madrid, ha permitido el desmontaje del dispositivo asistencial que permitía la atención en casos de enfermedades infecciosas como el ébola en un hospital especializado en su tratamiento, como el Carlos III que, por decisión de la propia Comunidad en el contexto del plan de viabilidad económica y privatización que enunció en 2012, estaba pasando a convertirse en un centro de larga estancia.
La renuncia a poner en activo medidas que permitan la coordinación de las actuaciones sanitarias de las comunidades autónomas en uno y otro campo no es consecuencia de la distribución constitucional de unas y otras competencias, sino de una forma determinada de interpretarlas. De hecho, esta falta de coordinación ha dado lugar a consecuencias negativas en distintos terrenos: desde la existencia de distintos calendarios de vacunación en diferentes territorios autonómicos, a rechazos en la atención de pacientes de unas comunidades autónomas por otras, o la generación de déficits económicos muy distintos entre ellas. Unos efectos que tienen en común los perjuicios de distinta naturaleza que provocan al objetivo de una protección sanitaria universal y sustancialmente igual para todos los ciudadanos españoles, y la necesidad de evitar, mediante mecanismos de coordinación eficaces, que esos efectos se sigan produciendo en el futuro, a cuyos efectos no es útil siquiera la regulación legal actual.
3) La crisis del ébola permite también llamar la atención sobre la forma en que se ejerce la dirección de los centros sanitarios de propiedad pública, en especial los del antiguo INSALUD. De manera uniforme en todo el sistema, esa dirección se atribuye mayoritariamente a personal de la confianza política del Gobierno autonómico de turno, que cambia cuando cambia éste, o incluso con una periodicidad aún mayor. El efecto es la desprofesionalización de la gestión, con la ineficiencia consiguiente, sustituida por la docilidad para seguir las pautas que se les indican desde la dirección política de cada CA en cada caso.
En este sentido, es paradigmático el caso de la dirección del Hospital La Paz en esta crisis, que, de estar gestionando la desaparición práctica del Hospital Carlos III, pasó en pocos días a recuperar las funciones de éste como centro de referencia para el ébola. Un cambio de orientación asumido sin ninguna reticencia conocida, que está probablemente en la base de los numerosos errores e insuficiencias cometidos en el diseño de los protocolos de actuación y formación de los profesionales destinados a prestar la atención en este caso.
La dependencia política de la designación efectuada en el Hospital La Paz es aún más evidente: su actual director pasó a serlo de manera inmediata desde el cargo de secretario general de Sanidad en ese Ministerio cuando cesó en este cargo tras las elecciones generales que dieron el acceso al Gobierno al PSOE en 2004. Que formase parte del equipo de la ministra Ana Pastor, incorporando al mismo a diferentes cargos de procedencia gallega, permite también poner en relación la facilidad con que desde la dirección del hospital citado se pusieron en marcha en esta crisis, con preparación probablemente insuficiente, medidas que eran consecuencia inmediata de las adoptadas previamente y de manera apresurada por el Gobierno de la nación.
4) La precariedad de las políticas de personal llevadas a cabo en el SNS ha sido también puesta de manifiesto en el desarrollo de esta crisis. Sin necesidad de recurrir a explicaciones más amplias, puede bastar para representarlo el titular reciente de un diario madrileño, en el que se indicaba de manera literal que "cuatro de los seis médicos que tratan a los enfermos de ébola son eventuales". No parece exagerado suponer que un sistema que presenta situaciones como ésa, que se estima por algunos que se extienden a más del 30% del personal del SNS, no está en disposición de ofrecer las condiciones de seguridad y calidad adecuadas en la prestación de los servicios sanitarios a toda la población.
Por todas esas razones, derivar de la solución de la crisis del ébola que, pese a una magnificación excesiva a la que tienden siempre los medios de comunicación en casos semejantes en todos los países, la misma no ha sido para nuestro sistema sanitario más que una especie de tormenta de verano en un panorama estable y sin problemas, no parece la interpretación más adecuada.
Dejando al margen los aspectos que se refieren a la consideración de los problemas que genera la extensión del ébola en los países africanos y cómo deben abordarse los mismos desde un país como el nuestro, la propia crisis ha puesto de manifiesto enfermedades crónicas como las citadas que afectan a nuestro sistema sanitario y requieren una solución si se quieren mantener las condiciones de universalidad, equidad y seguridad en la protección que el mismo ha venido ofreciendo hasta hace poco. Que esa solución no sea posible en un plazo inmediato, y que requiera probablemente cambios en profundidad en su regulación, no impide considerar que empezar a definir qué cambios son necesarios y de qué forma se deben llevar a cabo debe ser una de las tareas más urgentes que deberían ser abordadas por quienes aspiren a gobernar el país en el futuro. Una labor que no debe ser contradictoria, sino complementaria, con la demanda de responsabilidades a quienes hayan podido incurrir en ellas en la gestión de esta crisis.
*Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología y exsecretario del CISNS.
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Hay 3 Comentarios
BUENA INFORMACIÓN
CURSOS A DISTANCIA
http://www.es-cursosadistancia.es
Publicado por: CURSOS A DISTANCIA | 06/05/2015 17:11:59
Me gustaría colaborar contra el ebola a través de www.es-cursosadistancia.es
Hay que prevenir antes de curar.
Publicado por: Andrés | 10/11/2014 6:19:39
La tormenta son nuestros politicachos, no se puede intentar dirigir un pais sin mirar a los ciudadanos
http://alicantegusta.com/editorial/15-editorial/1233-muerto-el-perro-se-acabo-la-rabia-o-en-este-caso-el-ebola.html
Publicado por: Alicante gusta | 06/11/2014 11:58:34