Por qué los franceses no quieren ni oír hablar del TTIP

JUAN ANTONIO PAVÓN LOSADA

Aunque el gobierno de EEUU y la Comisión Europea predicen que el acuerdo podría generar cinco  billones de dolares y que incrementará un 0.5% el PIB de los participantes del acuerdo, el gobierno francés, entre otros, ya ha anunciado que no firmará ningún acuerdo donde se incluya el sistema de resolución de conflictos Inversor contra Estado (ISDS ,según sus siglas en ingles). La negociación tiene aún más importancia debido a que su resultado final serviría como molde para el resto de acuerdos de libre comercio a lo largo y ancho del mundo. Nadie duda de que los convenios comerciales adecuadamente diseñados e implementados actúan como una fuerza de progreso; sin embargo,los negociadores se están encontrado una inesperada resistencia por parte de países como Francia y Alemania, motores ideológicos y económicos de Europa. 

Las posturas más enfrentadas al TTIP, provenientes de la izquierda europea y organizaciones de la sociedad civil, califican al ISDS como un nuevo sistema de corrupción institucionalizada que permitiría a las grandes corporaciones eludir el escrutinio democrático de millones de  ciudadanos e ir en contra de los propios Estados de los que extraen sus beneficios. Por otro lado, desde los sectores más liberales se destaca la imparcialidad de este sistema de resolución de conflictos, necesario para incentivar y proteger la llegada de inversiones y comercio.

Esta misma semana, el secretario de estado francés para el comercio exterior Mathias Fekl declaró ante el senado de su país que "Francia no quiere que el ISDS sea incluido en el mandato de negociación, tenemos que preservar el derecho del Estado de establecer y aplicar sus propias normas, para mantener la imparcialidad del sistema de justicia y para permitir que el pueblo de Francia y el mundo, haga valer sus valores", añadió.

De cualquier modo, el Investor State Dispute Settlement (ISDS) se define como un sistema que permitiría a las empresas inversoras de ambas regiones, pero especialmente a las estadounidenses (dado que los EEUU tienen una legislación menos restrictiva en estas materias que las de la UE) evitar los tribunales de justicia Europeos y nacionales para desafiar e intentar gravar a los Estados ante arbitrajes internacionales privados, en caso de que los sistemas legales -protección del consumidor, medio-ambiente o trabajadores entre otros- interfiriesen en las previsiones de beneficios.

Este sistema plantea tres puntos especialmente controvertidos:

1) Según la experiencia en otras regiones del mundo, como el sureste asiático, los Estados se lo pensarán dos veces antes de desarrollar nueva legislación para la protección social y medioambiental que pudiera entorpecer las actividades de los inversores extranjeros. Las empresas buscarían el arbitraje rápidamente si sintieran que sus intereses están comprometidos. Como consecuencia, los gobiernos solo impulsarían legislación con la garantía de que las leyes no conllevan sanción.

2) Como consecuencia: si el arbitraje encontrara al gobierno responsable, podría gravar al Estado con una sanción proporcional a la previsión de perdida de beneficio. Es decir tendría que compensar a la compañía por perdidas que no se hayan producido. Países pequeños cederían soberanía a las multinacionales en tanto en cuanto que las multas podrían ser iguales a partes de su PIB.

3) Teniendo en cuenta que la legislación europea ya esta supervisada por una infinidad de jurisdicciones, e incluso por la Corte Europea de Justicia establecida y protegida bajo el amparo de los tratados mismos. ¿Para qué tanto interés en establecer un sistema paralelo de control? 

La experiencia demuestra que este mecanismo de arbitraje socializa incluso las previsiones de perdidas de inversión y que hace tornar a gobiernos débiles en contra de los derechos de sus propios ciudadanos. Como ejemplo, a principios de 2014, como respuesta a unas protestas pacificas que reclamaban el aumento del salario mínimo en el sector textil a 160 dólares (que provee a marcas como H&M, Levis, Gap o el grupo Inditex), el gobierno camboyano envió al ejercito a sofocar las protestas provocando el siguiente Resultado: cinco muertos, un desaparecido y 23 lideres sindicales que podrían dar con sus huesos en la cárcel unos 14 años.

Dentro de las fronteras de España y la UE y teniendo en cuenta las recientes reformas en materia de negociación colectiva, derechos civiles y laborales, el riesgo de los Estados deberían a perder su propia soberanía parece inasumible, incluso para los pilares de la Unión. La Comisión Europea, a cargo de la negociación, se encuentra ante una nueva encrucijada: de un lado, una oportunidad de oro para reconciliarse con los ciudadanos, luchar contra la crisis social, económica y de confianza en que se encuentra sumidos o, por el contrario, reconciliarse con las grandes corporaciones y seguir profundizando en todo tipo de crisis.  

* Juan Antonio Pavón Losada es diplomado en Relaciones Laborales y Master en European Public Affairs por la Universidad de Maastricht de la UE, miembro del consejo de dirección del Blog sobre inteligencia europea www.europeanpublicaffairs.eu. 

 

Comments

[Publicado por: ernesto]

los franceses me han parecido siempre bastante sensatos, aman su país y no creo que se dejen llevar por novedades nada fiables

[Publicado por: Carlos Martinez]

O sea, que después del saqueo de la estafa llamada crisis ¿de lo que se trata es de que por fin gobiernen los mercados?. Ya suponía que cuando nos metieran la Ley Mordaza del Fernandez después llegaría esto. Para que ni siquiera podamos pensar.

[Publicado por: pilar]

Me tranquiliza,saber que Francia está en contra de ASDS, es una nación que da ejemplo por los derechos de sus ciudadanos. Si es cierta esta noticia, felicito a Alemania y a Francia. Agradezco que tengan respeto ante las naciones.

[Publicado por: pilar]

Con ASDS será una dictadura de las corporaciones, puestos los gobiernos que quieren llamarse democráticos de rodillas ante ellas quedarán, ni servirán las leyes de los parlamentos, ni las acciones de los gobiernos, ni las decisiones de los tribunales nacionales cuando el ciudadano sea perjudicado por el abuso de las corporaciones