La Comisión Europea ya no habla (solo) de ajuste fiscal en los Estados miembros de la UE, lo que es una buena noticia. Su presidente, el luxemburgués Jean Claude Juncker ha propuesto un plan europeo extraordinario de inversiones públicas y privadas por valor de 315.000 millones de euros [1], adicional al presupuesto comunitario, para el período 2015-2018.
Es un primer paso en el reconocimiento de que la UE tiene que hacer política económica contra-cíclica. Con todo, el presupuesto de la UE no pasa en este momento del 1% del PIB comunitario por año, mientras que el Plan Juncker supone un 2%, pero a repartir en tres anualidades. La capacidad de gasto e inversión sigue estando en manos de los Estados miembros, a los que se les exige rápidos ritmos de ajuste para cumplir con las condiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, relativas a tener un déficit público del 3% del PIB como máximo y una proporción de deuda pública no superior al 60% de esa misma variable. Por tanto, bienvenido sea un plan de estímulo europeo, pero al mismo tiempo hay que ampliar el calendario para cumplir con los objetivos de la estabilidad presupuestaria, así como reclamar que los países con superávit en su balanza de pagos gasten y consuman más.
En lo que respecta a la cuantía del Plan Juncker, lo cierto es que aunque equivale más o menos a dos presupuestos comunitarios, se queda corto para cubrir la brecha de inversión que sufre la UE, estimada en 280.000 millones de euros anuales por el centro de estudios Bruegel [2]. La propuesta de la Comisión alcanzaría a cubrir algo más de la tercera parte del gap en un año (105.000 millones de euros).
En cuanto a la financiación, el Plan Juncker propone crear un nuevo Fondo Europeo para las Inversiones Estratégicas (FEIE), con un capital semilla de 21.000 millones de euros, que vendría una parte de una aportación de capital del Banco Europeo de Inversiones (5.000 millones de euros) y el resto de serían garantías del propio presupuesto de la UE. Con este capital inicial, se propone captar recursos en los mercados financieros a través de emisiones de bonos por valor de 63.000 millones de euros, los cuáles se convertirían en préstamos a pymes y proyectos de infraestructura, energías renovables, investigación e innovación. Por último, la Comisión espera que estos préstamos públicos atraigan capital privado por valor de 252.000 millones de euros, adición que conduce al total de 315.000 millones de euros.
Es muy positivo eso sí que Juncker no haya propuesto crear un nuevo constructo intergubernamental por fuera de los Tratados comunitarios, pues el FEIE estará gestionado por el BEI y a la propia Comisión, aunque los estados podrán realizar aportaciones.
El aspecto más débil de la propuesta es precisamente confiar en que con 21.000 millones de euros de capital público se pueda generar un inversión pública y privada por un montante total de 315 millones de euros. Es por tanto necesario aumentar los recursos públicos, tanto para el alimentar el Plan Juncker, como las propias arcas comunitarias, lo que requiere volver a poner encima de la mesa la discusión sobre los recursos propios de la UE, es decir, aquellos que no derivan de contribuciones directas de los presupuestos de los estados miembros, quiénes ya demostraron en 2013, en el marco de la negociación para el Marco Financiero Plurianual, que no quieren aumentar sus aportaciones.
En este sentido, es digna de tener en cuenta la propuesta de la Iniciativa Ciudadana Europea del New Deal 4 Europe [3] que propone ligar la recaudación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras a la financiación del Plan Juncker.
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