La implantación de plataformas de acceso cultural y negocio resultantes de la sociedad digital, está configurando, desde hace unos pocos años, un escenario nuevo tanto en materia de derechos de la ciudadanía como de oportunidades para el desarrollo de un sector marcado por la creatividad, la innovación y las altas capacidades de su capital humano.
Los países europeos vienen adaptando sus marcos legales y propiciando un debate para la ampliación transnacional de los mismos con el fin de facilitar esa implantación con el máximo beneficio tanto para la cultura, la comunicación democrática y los derechos culturales, como para al reforzamiento de las iniciativas empresariales en los sectores de la economía creativa.
La cultura digital es un laboratorio viviente de la creación que da lugar además a nuevos procesos sociales y permite el intercambio de sus productos a través de sinergias entre las actividades y la sociabilidad digitales y otras interacciones físicas y sociales.
Nos encontramos en España en un entorno en el que un número creciente de personas dedican sus esfuerzos a actividades creativas y expresivas y tratan de desarrollar nuevas habilidades que reclaman una adecuación de la normativa que regula el entono del negocio digital en todos sus aspectos. Es además necesario que esa condición legal garantice aspectos tales como las actividades personales no mercantiles de intercambio, el desarrollo de una economía equitativa en materia de edición y distribución, las condiciones precisas del dominio público educativo e investigador, las garantías de neutralidad de la red o una fiscalidad digital adecuada.
Todos estos aspectos deberían de formar parte del paquete de propuestas de la Unión Europea para la implantación en el año 2015 del mercado único digital. Lo que falta en este proceso de cambio digital y nuevo marco normativo europeo, es un debate en profundidad que incluya a los principales agentes del sector cultural afectados. Ciertamente, las medidas en curso, como la efímera Ley de Propiedad Intelectual en vigor, han adolecido de un análisis previo y amplio que permita desarrollar las opciones más favorables en medio de una crisis que afecta profundamente al sector, cuyas principales preocupaciones se centran en:
-La oferta legal de contenidos culturales y el acceso de los públicos a dicha oferta en las redes digitales, sus posibles limitaciones y la definición de los necesarios campos de desarrollo de futuras normativas.
-La remuneración de los creadores y autores en lo digital tanto en su entorno nacional como en los principales marcos internacionales.
-Una revisión crítica de los mecanismos habituales para la financiación de la creación cultural.
-Las condiciones básicas necesarias para una mejor defensa y adaptación del derecho de autor al entorno digital.
¿Tendremos más y mejor acceso a la cultura en Internet con la puesta en marcha del mercado único digital? Veremos.
* Fernando Rueda es director del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.
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