Ciudadanos contra ciudadanos

ANTONIO QUERO

El pulso entre Grecia y el Eurogrupo (el consejo de ministros de finanzas de la zona euro) esconde una realidad más prosaica: contribuyentes de un país deben dinero a contribuyentes de otros países. Los contribuyentes del país deudor esgrimen el sufrimiento social que le causan sus deudas. Los contribuyentes de los países acreedores recuerdan que han destinado recursos públicos a otro país cuando no faltan las necesidades que atender en el suyo propio. ¿Cómo arbitrar democráticamente y encontrar un acuerdo justo para los dos?

La voluntad de los contribuyentes griegos ya ha sido expresada en las urnas el pasado 25 de enero. Vamos a fijarnos aquí, por lo tanto, en la representación de los contribuyentes de los países acreedores, en particular de la de países como España en los que, al igual que en la mayoría de los países de la zona euro y a diferencia de Alemania, el sentimiento de rescatar a otros países con "nuestro dinero" ha sido menor y, consiguientemente, menos debatido desde esa perspectiva.

En España, gran parte de la opinión pública ha descubierto ahora que Grecia nos debe 26.000 millones de euros. Para tomar la medida de lo que representa dicha cantidad, el ministro De Guindos no ha tardado en apuntar que es el mismo importe que dedica España cada año al subsidio de desempleo. Planteado de manera tan somera, no sería sorprendente que la opinión mayoritaria española estuviera a favor de reclamar su devolución íntegra sin más discusión, que es la postura del Gobierno del PP.

La cuestión no se puede despachar, como hacen Podemos o el PSOE, remitiéndose a un proceso europeo de reestructuración o mutualización de la deuda. De hecho, que el resto de los países de la zona euro no acepten una quita de la deuda griega no impide a un país renunciar por su cuenta a parte de sus derechos para aliviar a la sociedad griega o defender la búsqueda de mecanismos asumibles de devolución de la deuda.

La cuestión merece un debate serio y en profundidad puesto que afecta al dinero de todos y a la escasez del mismo frente a la acumulación de necesidades sociales. Para ello deberían abordarse aspectos hasta ahora ignorados en el debate, entre los que incluiría los siguientes.

En primer lugar, la ausencia absoluta de debate cuando España aceptó conceder préstamos a Grecia. No vale despejar fuera el balón escondiéndose detrás del hecho de que habría sido una decisión europea a la que teníamos la obligación de sumarnos. El parlamento finlandés, por ejemplo, exigió que no se concediera ningún crédito sin obtener bilateralmente por parte del país beneficiario garantías en caso de impago. España, sin ir más lejos, ha debido depositar en una cuenta bloqueada 500 millones de euros para recibir la contribución finlandesa de 1.200 millones al rescate bancario español de 43.000 millones. En caso de impago español, Finlandia, a diferencia de los demás países, tiene garantizada la devolución parcial del dinero comprometido.

Del mismo modo que el parlamento finlandés decidió una condicionalidad extrema, el Parlamento español podría haberse preguntado, en el otro sentido, si prestarle dinero a un país con las dificultades que arrastraba Grecia y que había llegado a dicha situación precisamente por la ausencia de fiabilidad del Estado griego en la gestión de sus cuentas, era lo más indicado. O podría haberse planteado si la concesión del crédito debía acompañarse de una condicionalidad estricta, en cuyo caso debería haber debatido qué tipo de condicionalidad era la más apropiada puesto que, en aquel momento, no faltaron voces cualificadas que pusieron en cuestión las condiciones exigidas a Grecia, susceptibles de empeorar su economía y, por tanto, su capacidad de devolución de la deuda.

Todo prestamista que no lleva a cabo un análisis diligente debe aceptar los riesgos en los que incurre, incluido el de impago.

En segundo lugar, a través del caso griego se plantea el sentido del proyecto europeo y de una moneda única. Grecia no es un país tercero cualquiera con el que tengamos una simple relación financiera. En el corazón del proyecto europeo está el concepto de solidaridad. Los europeos han dado muestras de la misma con Grecia al no abandonarla a su suerte frente a los mercados, sería incoherente ahora desentenderse de una parte de la ciudadanía griega que se encuentra en una pobreza extrema o al borde de ella.

Por último, y sin pretender ser exhaustivo, es legítimo esperar un compromiso por parte de Grecia de uso responsable de los fondos que recibe. La pregunta es qué tipo de compromiso se exige y cómo se verifica su cumplimiento. En este punto conviene atender tanto el fondo como la forma. El fondo debe ser acordar unos objetivos con Grecia respetando su soberanía democrática para decidir el modo de alcanzarlos. La forma debe superar el trato estigmatizante de la supervisión arrogante por parte de organismos tecnocráticos.

En resumen, al aceptar convertirnos en país acreedor hemos asumido una responsabilidad que no estamos ejerciendo. La troika es el chivo expiatorio fácil, pero la troika es el mero cobrador del frac que hemos contratado los países acreedores. En la raíz de muchos de los problemas de esta crisis está la ausencia de un debate democrático de calidad sobre los fines y los medios. El pueblo griego y el contribuyente español se merecen ese debate.

 

* Antonio Quero es economista y autor del libro La reforma progresista del sistema financiero (Libros de La Catarata, 2014). 

Comments

[Publicado por: madbid valentin]

Tanta tensión acabará explotando por algún lado. Las soluciones no parecen buenas así que habrá que escoger alguna de las menos malas