El TTIP y la cultura: Un reto para las políticas de progreso

Por: | 21 de abril de 2015

6a00d8341bfb1653ef01a3fcdcc68d970b-320wiJORGE FERNÁNDEZ LEÓN

Acaban de celebrarse en distintas ciudades españolas y europeas las manifestaciones de repulsa a la firma por parte de la Unión Europea del Tratado conocido como TTIP, sus siglas en inglés, o Negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), según la jerga del Parlamento Europeo, que también lo denomina en otros documentos en español, para mayor confusión, Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. La manifestación transnacional conjunta del pasado sábado muestra la preocupación de numerosos colectivos y activistas del continente respecto a las consecuencias de un tratado comercial  que, junto con el firmado inicialmente el pasado septiembre por la UE con Canada (CETA), marcará un poco del futuro de buena parte de la industria española en el mercado global

La US Coalition of Services Industries (CSI),un importante lobby de las entidades financieras de Estados Unidos (Microsoft, IBM, UPS, AT&T, FedEx, Aflac, MetLife, Citi...), creada en 1982 para obtener contratos de servicios resultantes de los acuerdos GATT de privatización, es la principal impulsora de este acuerdo. Las negociaciones, cuyas primeras rondas se mantuvieron secretas, han alcanzado gran notoriedad tras las filtraciones de varias de las propuestas, y la UE se ha visto obligada a publicitar en los últimos meses diversos materiales en torno a la misma, incluyendo detalles de los contenidos sectoriales en debate. Se trata del más amplio acuerdo de circulación de bienes y productos de las últimas décadas, de importancia crucial para la Unión Europea y su economía productiva. Y ello incluye de forma relevante al sector de la cultura y la creatividad, aunque en apariencia este no sea uno de los asuntos centrales del contenido del mismo. Un análisis de lo que puede afectar a este sector figura ya en el documento del Instituto Elcano del pasado verano "El TTIP y la cultura. Algunas notas provisionales".

El proceso para la aprobación del tratado es complejo. Si bien es la Comisión Europea la encargada de su debate y aprobación inicial, el Parlamento Europeo, que debe ratificar su firma, mantiene una cada vez más compleja tensión entre defensores y críticos. La tradicional diferencia entre conservadores y progresistas era hasta hace unos meses favorable a los primeros, partidarios del libre mercado, frente a quienes defendían una mayor regulación y control públicos del proceso. Pero los movimientos en el seno de los grandes grupos parlamentarios son constantes en torno a este acuerdo, tanto que las previsiones ahora hablan de nuevas negociaciones y condiciones (acaba de comenzar la novena ronda en Nueva York) y un largo debate que puede no finalizar este año.

El pasado jueves 16, la Comisión de Cultura del Parlamento votaba favorablemente una recomendación a la Comisión de Comercio, con la intención de trasladar a la delegación negociadora de la UE, presidida por el funcionario español Ignacio García Bercero, la incorporación de nuevas precisiones relativas a la protección de los derechos culturales. Es bien sabido que la excepción cultural no tiene lugar en la normativa legal de la UE. Su mejor aval hasta ahora es la posición francesa de defensa de su espacio cultural, presionado primero para que el sector audiovisual no apareciera incluido en las negociaciones (conseguido), y ahora la reclamación de numerosas organizaciones y personalidades de la cultura europeas ha llegado al Parlamento a través de una Opinión emitida el pasado jueves por la Comisión de Cultura y Educación, a partir de la propuesta de su Presidenta, Helga Trüpel, con recomendaciones que incluyen la reclamación de garantías de los derechos recogidos en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad, que el acuerdo no pondrá en peligro los servicios con un fuerte componente cultural, que no afectará a los sistemas de precio fijo de los libros ni tampoco a las subvenciones o apoyo público en relación con la cultura, la educación y el audiovisual, solicitando además la creación de una lista positiva de sectores afectados. En la opinión, votada favorablemente por la gran mayoría de asistentes, se solicita además la eliminación del ISDS del texto del acuerdo posible.

La preocupación de la Comisión Europea con los asuntos culturales en el marco del tratado quedó patente desde el pasado año, primero con la publicación en julio del documento el TTIP y la cultura, exponiendo su posición en las negociaciones al respecto, con la intención de tranquilizar al sector cultural. Pero a pesar de todas las supuestas garantías, las recomendaciones de la Comisión del Parlamento contradicen la visión optimista de ese informe de la Comisión Europea.

En un asunto de esta importancia las posiciones de los grupos progresistas en el Parlamento Europeo serán extremadamente relevantes. Ya fue así hace tres años en el rechazo al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Piratería (ACTA) y lo será seguramente también en esta ocasión. Los grupos de Izquierda Unitaria Europea y Los Verdes han mostrado ya su posición de rechazo y preocupación por la cultura al respecto. Pero será el grupo socialdemócrata quien tendrá un papel crucial en el equilibrio de la balanza. 

A fines del pasado año los socialistas españoles propusieron sin éxito en el Congreso de los Diputados una enmienda para incorporar algunas prevenciones que incluían genéricamente los derechos culturales. Aclara más las cosas la posición reciente de la Alianza de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, manifestada por la eurodiputada socialista belga Marie Arena, estableciendo líneas rojas, en especial las relativas a la cláusula ISDS  (Investor-State Dispute Settlement, Solución de Controversias entre Inversores y Estados), mecanismo que permitiría a las empresas demandar a los estados no ante los tribunales de los países sino ante tribunales privados de arbitraje. Pero queda mucho trabajo por hacer, si las voces que dicen defender el progreso y los derechos tardan tanto en percibir la opinión de sus votantes como los hicieron en 2012 con el ACTA, tarde y mal.

Las opciones parece que mejoran al saberse que esta vez los europarlamentarios laboristas británicos están a favor de marcar esas líneas rojas; pero en cambio el SPD alemán está lejos de haberse pronunciado con rotundidad. Massimo Alema afirmaba recientemente en un debate sobre el TTIP celebrado en Washington que las esperanzas en el valor del futuro tratado están en la inclusión en un acuerdo comercial de esta importancia de factores y garantías de crecimiento sostenible y armonización de derechos. Esperemos que esta vez las razones valiosas de las mareas de protesta se traduzcan en decisiones parlamentarias claras, también en el campo de lo que afecta a la cultura, en el curso del debate.

 

* Jorge Fernández León es director de Programas en el Ayuntamiento de Gijón, gestor y comentarista de políticas culturales. 

 

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Gran artículo, la información es muy buena

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