Un informe para la discusión y la colocación de la sanidad en el centro del debate político en un año electoral singular

Por: | 27 de mayo de 2015

1382547514_107208_1384356724_noticia_normalJAVIER REY

Hace algo más de un año un grupo heterogéneo de profesionales, médicos, juristas, economistas y gestores sanitarios, hasta un total de trece, sin ninguna vinculación formal ni relación política entre nosotros, nos reunimos con el apoyo y bajo la convocatoria de la Fundación Alternativas para buscar propuestas de solución a un problema que constituía y constituye una profunda preocupación para todos: el Sistema Nacional de Salud (SNS), que todos consideramos un instrumento esencial de cohesión social y territorial, ha sufrido un proceso de profundo deterioro que pone en grave riesgo su intervención como tal y que, por el contrario, amenaza con convertirlo en un elemento de desigualdad en nuestra sociedad a añadir a las que ya existen en el terreno social y económico, que se están agravando en los últimos años.  Un deterioro que no es discutido por nadie aunque se propongan por el actual Gobierno modificaciones “paliativas” del mismo, que no son más que  una forma más de reconocerlo.

Nuestros criterios comunes coincidían también en la escasa importancia dada a la sanidad en el diseño de las políticas generales de todos los gobiernos habidos desde la instauración de la democracia en nuestro país, incluídos los primeros períodos, pese a que éstos vieron la creación del SNS.  Una importancia reducida en el nivel político general, que contrasta con el interés de cada ciudadano por garantizar  su propia protección sanitaria. Esa preocupación, expresada en repetidas encuestas del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS), que se ha acrecentado con la crisis económica como consecuencia de los efectos de ésta, no alcanza, sin embargo,  el nivel político. 

Disponer de protección sanitaria para todos y de un acceso igual a los servicios sanitarios forma parte de la definición de sociedad civilizada en todos los países desarrollados, con la excepción de los Estados Unidos, donde con sucesivas reformas, la última la del Presidente Obama, pretenden acercarse a ese objetivo. En algunos países la protección sanitaria universal e igual para todos sus ciudadanos alcanza incluso el grado de elemento constitutivo esencial de la identidad nacional: ocurre así en Canadá (ver, por ejemplo,  la película Bowling for Columbine, de Michael Moore) o el Reino Unido (en este último se he llegado a decir que la sanidad pública “es lo más parecido que un inglés tiene a una religión”

Por el contrario, en España ese interés no alcanza a comprender que la protección sanitaria de cada ciudadano español sólo es posible si se garantiza y se ponen los medios para hacer posible la protección sanitaria de todos, de manera que ésta se convierta en un derecho universal de ejercicio accesible a  todos por igual; una situación que probablemente deriva de la multitud de sistemas diferentes de protección diferenciada que, 29 años después de la Ley General de Sanidad (LGS), todavía persisten.

En el punto de partida de nuestro trabajo alcanzamos también un último punto de acuerdo: el deterioro actual de la sanidad pública, que es el único instrumento que consideramos capaz de garantizar por igual la protección sanitaria de todos los ciudadanos españoles y hacerlo en cualquier lugar del territorio, sea cual sea el lugar de residencia de cada uno, no es, sin embargo, sólo el resultado de las políticas más recientes del Partido Popular, en concreto del Real Decreto-Ley 16/2012. Ni tan siquiera de otras normas más remotas, como la Ley 15/1997, que abrió la posibilidad de “nuevas formas de gestión en el SNS”, cuya aplicación sesgada provocó de hecho una amplia brecha hacia la privatización del Sistema. En nuestra opinión, revertir uno y otra, como han propuesto recientemente los representantes de algunos partidos de la oposición, no  bastaría en ningún caso para recuperar el Sistema de su deterioro profundo, ni tampoco para hacer posible la protección sanitaria universal e igual, en especial en términos de igual acceso a los servicios sanitarios, y en todo el territorio, para todos los ciudadanos españoles.

La razón principal que justifica una posición tan rotunda, que contrasta con la de muchos de quienes aspiran  a sustituir al Partido Popular en el gobierno de la nación, es que, consideramos que existen serios problemas estructurales en la configuración y el funcionamiento actual del SNS debido a la evolución producida en el mismo por las medidas y reformas adoptadas en el Sistema por los sucesivos gobiernos, desde su constitución en la Ley General de Sanidad, en 1986.

Situaciones generales que provocan el deterioro y la ruptura de la universalidad e igualdad de la protección sanitaria en España.

1) Entre esas situaciones incluímos las condiciones y formas adoptadas en el proceso de descentralización sanitaria que ha tenido lugar en España, con una extensión y profundidad sin parangón con ningún otro país del mundo. Un proceso llevado a cabo, sin que, por el contrario, se haya dotado al Sistema de los instrumentos de coordinación precisos para mantener la universalidad y “portabilidad” de la protección que exige la descentralización de la gestión de los servicios sanitarios que ha tenido lugar.

2) Muchas de esas medidas han sido, además, el resultado de las presiones corporativas de distinto carácter (económicas, incluyendo entre ellas los criterios parciales de quienes gobiernan las haciendas central y autonómicas; profesionales; sindicales; de las industrias farmacéutica y tecnológica; de las compañías de seguro sanitario y las cadenas privadas de hospitales que operan en España) para lograr una evolución del Sistema que respete y potencie de manera preferente los intereses de cada uno de esos sectores.

3) Esas presiones corporativas han venido encontrando hasta ahora un caldo de cultivo adecuado en la coincidencia progresiva en las políticas esenciales relativas al SNS (sobre personal, gestión, financiación, o relaciones con la industria farmacéutica y los farmacéuticos) entre los dos partidos mayoritarios que han ejercido hasta ahora el gobierno de la nación. Una coincidencia que, en el terreno legal, comenzó con el apoyo común a la Ley 15/1997, y continuó manifestándose con el apoyo a las leyes sanitarias más importantes en los terrenos citados, hasta el Real Decreto-Ley 16/2012. El sentido de esa convergencia encuentra una razón principal en evitar la supuesta pérdida de apoyo electoral para cada partido que hubiera conllevado que por alguno de ellos se hubieran planteado de manera unilateral medidas que pudieran poner en cuestión los intereses de cualquiera de los grupos corporativos  mencionados; lo que ha llevado al final al inmovilismo y el mantenimiento de un statu quo que esen buena parte causa del deterioro actual del SNS.

4) Por último, nuestro sistema sanitario, como el de otros países europeos, en especial los más afectados por la crisis económica, ha sufrido las consecuencias de un cambio profundo en las posiciones europeas, y en particular las de algunas de sus instituciones,   respecto a los estados de bienestar y los servicios sanitarios: de ser un elemento diferencial de la constitución europea no escrita, la crisis económica ha llevado a que los  primeros, y en particular los servicios sanitarios, se hayan convertido ante todo, por su importancia económica y presupuestaria principal y creciente, en un instrumento preferente de reducción del gasto público. Una reducción que se ha llevado a cabo mediante el “recorte” de la extensión personal y material de la protección sanitaria, que tiene efectos más inmediatos sobre la reducción del gasto público que los recortes que se pudieran  llevar a cabo en cualquier otro sector. 

Por su parte, esa evolución ha llevado a que algunas posiciones que plantean que los problemas nacionales de los países de la Unión Europea sólo tienen solución al nivel supranacional, y cediendo mayor capacidad de decisión a las instituciones europeas, no parezcan aplicables a los servicios sanitarios. A juzgar por la evolución descrita, los problemas de éstos, en ausencia de una regulación común de estas cuestiones, cuyo horizonte parece muy lejano, se deben seguir resolviendo a nivel nacional, aunque esas soluciones se deban enmarcar y encuentren límites precisos en las políticas, en especial los pactos económicos, que sustentan  la arquitectura comunitaria.

El análisis específico de los servicios sanitarios y las propuestas de "regeneración de la sanidad pública" planteadas

Son esas posiciones de partida, y en particular la necesidad de resolver a nuestro nivel nacional los problemas constitutivos y organizativos específicos de nuestro sistema  sanitario que ponen en cuestión la eficiencia de su funcionamiento actual, las que nos llevaron como grupo a plantearnos como objetivo prioritario llevar a cabo un análisis en profundidad de la evolución y la situación actual del Sistema Nacional de Salud en cada uno de los aspectos que consideramos esenciales del mismo. Se trataba también de evitar así que medidas sugeridas directamente desde los niveles de gobierno europeos, o compromisos adquiridos con ellos desde los ministerios económicos, se siguieran aplicando de esa forma,  dejando al margen y sin considerar las consecuencias  añadidas que unas y otros pudieran provocar sobre la eficiencia y la equidad de nuestro sistema sanitario universal. Nuestro análisis se concentró, por eso, en los siguientes aspectos principales del Sistema, cada uno de los cuales corresponde a un capítulo del informe: 

1) El ejercicio del derecho a la protección sanitaria.

2) La organización y la gestión descentralizada del mismo, y los instrumentos de gobierno común y coordinación  de que dispone.

3) Sus instrumentos de financiación y la distribución de los recursos financieros a las CCAA que lo gestionan.

4) La situación de la gestión de los centros y servicios sanitarios y el grado progresivo de  introducción de la iniciativa privada en la gestión del SNS que se está produciendo.

 5) Las políticas de personal que se están aplicando en el SNS, y su relación con una organización corporativa de las profesiones sanitarias que se mantiene sobre bases preconstitucionales. 

 6) Por último, las relaciones del SNS con sus proveedores, principalmente la industria farmacéutica, y quienes llevan a cabo la distribución y dispensación de los productos, en particular los farmacéuticos, propietarios exclusivos y excluyentes de las oficinas de farmacia.

Por su parte, los análisis previos sobre los puntos citados, ampliamente compartidos en sus aspectos principales por quienes constituímos el grupo,  han dado lugar en nuestro informe a propuestas de solución de los problemas más importantes detectados en cada caso. Esas propuestas, no necesariamente unánimes, pero sí mayoritarias entre quienes constituímos el grupo, forman parte esencial del informe, titulado Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España: se trataba de demostrar que no sólo se deben diagnosticar los problemas más allá de los enfoques parciales o interesados habituales, sino que es igualmente esencial y posible proponer soluciones a los mismos, por más que éstas puedan requerir, conforme a los diagnósticos previos, medidas radicales, que pueden afectar a muchos de los grupos de interés que operan sobre nuestro sistema sanitario público. He aquí algunas de esas propuestas que, como su justificación, pueden ser mejor conocidas en el propio informe, por otra parte accesible de manera resumida y por capítulos: 

- Integración de las mutualidades de funcionarios en el régimen general del Sistema Nacional de Salud y reconocimiento y gobierno del derecho a  la protección sanitaria desde un único órgano situado en el Ministerio de Sanidad.

- Establecimiento de una condiciones básicas del Sistema sanitario público que deban ser respetadas por todas las comunidades autónomas en su gestión sanitaria.

 - Constitución de un órgano de gobierno y coordinación  del Sistema Nacional de Salud, que sustituya al actual Consejo Interterritorial, carente de cualquier capacidad ejecutiva real.

 - Separación de los fondos destinados a la sanidad de los restantes que reciban las comunidades autónomas, de manera que sea posible el control específico de su gestión, y la reducción de los elevados déficits que ésta  puede generar.

- Dotar de autonomía de gestión, a la vez que de control externo de la misma, a los centros propios del SNS, y establecer límites expresos y precisos para la gestión privada de la sanidad pública.

- Declarar a extinguir el actual Estatuto Marco y promover otro que establezca una relación de carácter laboral específica del personal sanitario (médicos y enfermería).

 - Modificar y dotar de transparencia la fijación de los precios de los medicamentos, que son parte fundamental del gasto elevado y creciente en éstos.

- Establecer medidas específicas  para reducir y controlar la influencia de las industrias farmacéutica y tecnológica sobre los profesionales, cargos y altos cargos del Sistema Nacional de Salud. 

Hay, naturalmente, más propuestas complementarias de éstas en el informe. Además, en éste hemos tratado especialmente de hacer acordes unas con otras, de manera que, en su conjunto, constituyan un proyecto de reforma global que, por otra parte, no tiene otro sentido que ser objeto de debate. Cada una, y el conjunto de ellas, encierran en todo caso un único deseo de regenerar  la sanidad pública, que entendemos es el único instrumento que puede hacer realidad la protección sanitaria universal y en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos españoles, y convertirse así en elemento constitutivo esencial de la ciudadanía española, y en instrumento global de cohesión social y territorial.   

El momento del informe

La presentación de este informe en este momento concreto (el 28 de abril) tiene que ver de manera deliberada con la situación, inédita en el panorama político español, de perspectiva de ruptura del bipartidismo en España como forma casi exclusiva de representación. 

Como se ha indicado más arriba, los resultados de esa situación en el terreno sanitario se han traducido en consecuencias diversas: en primer lugar, en el bloqueo efectivo de cualquier modificación real de la organización del sistema sanitario, cristalizada en sus grandes líneas no sólo en lo que estableció la LGS, sino también en muchas de las situaciones que se daban en el momento de su promulgación  que la ley no cambió de manera inmediata. Pero también, en segundo lugar, en un desarrollo de la ley que, con un amplio grado de acuerdo de los dos partidos que han ejercido el gobierno del Estado, ha llevado al deterioro y la fragmentación que en la actualidad caracterizan al SNS, con consecuencias negativas claramente perceptibles sobre el ejercicio de la protección de la salud de los ciudadanos españoles en términos de universalidad e igualdad de la protección.  

Mientras se ha dado esa situación de bipartidismo efectivo, los mecanismos de actuación de los diferentes grupos de interés a que se ha hecho alusión han logrado evitar, con argumentos y actuaciones sobre quienes han gobernado con el apoyo de  ambos partidos, pero también sobre los “aparatos” de estos, que han opuesto una resistencia cerrada a que sus actuaciones partidarias se pusieran en cuestión, cualquier intento de cuestionamiento y reforma  de aspectos parciales o globales de la organización y el funcionamiento del sistema sanitario español que pudiera afectar a sus intereses. 

Nuestro interés se centra, por el contrario, en que las líneas de ruptura del bloqueo bipartidario que suponen también en sanidad las expectativas electorales de otros grupos, permita colocar en el centro del debate  político y poner en cuestión la forma de “regenerar” nuestro sistema de protección sanitaria, de manera que garantice las condiciones universales e igualitarias que debe alcanzar, más que recuperar, pues nunca las alcanzó, un sistema cuyas prestaciones resultan prioritarias para la vida de todos los ciudadanos españoles.  

No quiere decir que los nuevos partidos estén dotados de propiedades milagrosas, o de una sensibilidad especial que les hagan más afines a nuestros análisis. Creemos, sin embargo, que el espíritu crítico que está en sus orígenes, con el que deben abordar el conjunto de situaciones que afectan a la vida política de este país, genera por sí mismo una oportunidad única para analizar en profundidad, y no sólo en forma de respuesta a las demandas de grupos o intereses concretos, incluidos los de grupos de pacientes (el ejemplo más próximo el de los de las hepatitis C), o sectores de concretos de población (los funcionarios; los inmigrantes), por rentables que puedan resultar desde el punto de vista electoral, los problemas más cercanos a la totalidad de los ciudadanos, entre ellos el de la protección sanitaria. Más allá del análisis, es también una oportunidad para alcanzar los acuerdos necesarios para resolver sus problemas sobre bases estructurales más sólidas y dar estabilidad y perspectiva de futuro a nuestro sistema sanitario. 

* Análisis y propuestas para la regeneración de la sanidad pública en España, (Fundación Alternativas, 2015)

 * Javier Rey es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología y secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Colaborador de la Fundación Alternativas.

Hay 0 Comentarios

Publicar un comentario

Si tienes una cuenta en TypePad o TypeKey, por favor Inicia sesión.

Alternativas

Sobre el blog

Crisis de la política, la economía, la sociedad y la cultura. Hacen falta alternativas de progreso para superarla. Desde el encuentro y la reflexión en España y en Europa. Para interpretar la realidad y transformarla. Ese es el objetivo de la Fundación Alternativas, desde su independencia, y de este blog que nace en su XV Aniversario.

Sobre los autores

Nicolás SartoriusNicolás Sartorius. Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas (FA), abogado y periodista, ha sido diputado al Congreso.

Carlos CarneroCarlos Carnero. Director Gerente de FA, ha sido Embajador de España en Misión Especial para Proyectos en el Marco de la Integración Europea y eurodiputado.

Vicente PalacioVicente Palacio. Director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, Doctor en Filosofía, Visiting Fellow y Visiting Researcher en Harvard.

Sandra LeónSandra León. Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido) y responsable de la colección Zoom Político de la Fundación Alternativas.

Carlos MaravallCarlos Maravall. Doctor en Macroeconomía y Finanzas Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado como asesor en Presidencia del Gobierno en temas financieros.

Erika RodriguezErika Rodriguez Pinzón. Doctora en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Ana Belén SánchezAna Belén Sánchez, coordinadora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Fundación Alternativas.

Jose Luis EscarioJose Luis Escario. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Derecho Internacional y Comunitario por la Universidad de Lovaina. Coordinador del Área Unión Europea de FA.

Kattya CascanteKattya Cascante coordina el área de Cooperación al Desarrollo del Observatorio de Política Exterior de la Fundación.

Enrique BustamanteEnrique Bustamante. Catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la UCM. Es un experto de la economía y sociología de la televisión y de las industrias culturales en España.

Alfons MartinellAlfons Martinell. Director de la Cátedra Unesco en la Universidad de Girona y profesor titular en esa misma institución. Codirige el Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo.

Carles ManeraCarles Manera. Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears. Es Premio Catalunya de Economía (Societat Catalana d’Economia, 2003).

Stuart MedinaStuart Medina Miltimore. Economista y MBA por la Darden School de la Universidad de Virginia. Es presidente de la Red MMT y fundador de la consultora MetasBio.

Luis Fernando MedinaLuis Fernando Medina. Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de 'A Unified Theory of Collective Action and Social Change' (University of Michigan Press) y de "El Fénix Rojo" (Editorial Catarata).

José María Pérez MedinaJosé María Pérez Medina. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario del Estado. Ha sido Asesor en el Gabinete del Presidente del Gobierno entre 2008 y 2011.

José Antonio NogueraJosé Antonio Noguera. Profesor Titular de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y director del grupo de investigación GSADI (Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional).

Antonio QueroAntonio Quero. Experto en instrumentos financieros de la Comisión Europea y coordinador de Factoría Democrática. Es autor de "La reforma progresista del sistema financiero" (Ed. Catarata).

Paloma Román MarugánPaloma Román Marugán. Profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. Autora y coordinadora de distintos libros, artículos en revistas especializadas, artículos divulgativos y artículos de prensa.

Jesús Prieto de PedroJesús Prieto de Pedro. Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la UNED y titular de la Cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales.

Santiago Díaz de Sarralde MiguezSantiago Díaz de Sarralde Miguez. Profesor de la URJC y coordinador de Economía en OPEX de la Fundación Alternativas.

Javier ReyJavier Rey. Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cardiología. Secretario de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

El País

EDICIONES EL PAIS, S.L. - Miguel Yuste 40 – 28037 – Madrid [España] | Aviso Legal