Por una reforma fiscal verde: hacia la convergencia europea

Elena Villar Rubio*

La preocupación por el deterioro del medio ambiente se ha hecho extensible en la mayoría de los países europeos, evocando la necesidad de establecer una serie de mecanismos a través de los cuales el mercado limite el uso indiscriminado y el abuso de recursos naturales. A nivel europeo son dos los instrumentos que se articulan en torno al desarrollo de una economía sostenible, por una parte el mercado de derechos de emisión, con el objetivo de limitar las emisiones de gases efecto invernadero, y el segundo instrumento  es la política fiscal medioambiental, identificándose como un instrumento muy potente, ya que diseñada e implementada de manera adecuada puede beneficiar tanto al medio ambiente como a la economía en su conjunto. Sin embargo, son varias las limitaciones que se presentan en su consolidación hasta el momento.

Un análisis comparativo que publica la Fundación Alternativas pone de manifiesto que, a pesar de que la fiscalidad “verde” presenta un gran potencial recaudatorio, hasta el momento se trata de una fuente
prácticamente inexplotada, tanto en España como en gran parte del resto de países de la UE-27, perfilándose como uno de los retos pendientes por acometer en el ámbito de la política fiscal, con amplias posibilidades prácticamente intactas.

En concreto, la recaudación por impuestos medioambientales se aproxima a los 310.293 millones de euros en el año 2012 para el conjunto países integrantes de la UE-27, lo que supone una recaudación del 6,1% sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales y se aproxima al 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB) para la media de los Estados miembros. 

En el caso español las cifras nos alejan bastante de la media europea, ascendiendo el volumen recaudatorio por impuestos ambientales a 16.152 millones de euros en el año 2012, lo que supone el 4,8% sobre el total de ingresos fiscales y cotizaciones sociales y aproximadamente el 1,6% del PIB, lo que convierte a España en el país con la presión fiscal medioambiental más baja de toda la UE-27, situándose en la oposición opuesta a países como Dinamarca, Eslovenia y Países Bajos.

La política fiscal medioambiental se caracteriza por un bajo nivel de armonización fiscal, materializado en movimientos aislados que dificultan los procesos de convergencia en presión fiscal medioambiental.  

La “economía verde” es todavía un concepto emergente, siendo necesarias profundas reformas que fortalezcan la coordinación a nivel europeo  en materia de fiscalidad ambiental, en la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento del Mercado Interior, con la consiguiente modificación en los patrones de consumo y producción existentes. En última instancia, deben ser el legislador y las fuerzas políticas las que marquen el rumbo de las nuevas directrices a seguir, con la férrea convicción de que el medio ambiente y la economía son dos áreas capaces de generar multitud de beneficios en su correcta interacción.

*Elena Villar Rubio es Doctora en Economía y Profesora en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.