De okupas y pro-comunes: autogestión cultural y participación ciudadana

FERNANDO RUEDA

Cada cierto tiempo nos amanecemos con noticias sobre ocupaciones y desalojos de espacios de autogestión ciudadana. La más reciente ha sido la del desalojo del local de Patio Maravillas

En España y en muchos países europeos, en los que Alemania con Berlin a la cabeza, ha sido precursora, existen cientos de iniciativas que generan nuevos modelos de gestión en lo económico y en lo social, basados en la cooperación horizontal. Las noticias de ocupación y desalojo suelen ser portada en los medios. Las informaciones sobre sus otros impactos quedan generalmente escondidos en la comunicación pública.

Muchas de estas iniciativas son vistas con desprecio y con temor por los sectores más conservadores -y no tan conservadores- de la sociedad, cargados sin duda de razón en lo que a usurpación de una propiedad privada se refiere. No tanto en los adjetivos proferidos hacia sus promotores, generalmente tachados  de radicales, perroflautas, violentos o adjetivos similares.

Pero una mirada más profunda sobre los perfiles de los promotores y agentes que intervienen en estos procesos rompe los lugares comunes. Las barreras para la difusión pública de estos proyectos culturales, con propuestas escénicas o musicales  alternativas, actividades de formación social, crowdfunding a proyectos , ecología urbana, cybercultura, trueque, bancos de tiempo etc. se construyen a partir del trabajo en red de académicos, activistas, artistas, y vencinos.

No es mal momento para introducir en el debate público y en las políticas de ciudad estas otras realidades que aglutinan a un conjunto de ciudadanos, gestores y promotores cuya finalidad es la innovación ciudadana y la gestión de lo común, desde una óptica no mercantilista, vinculada a las redes y a la co-producción y co-creación.

Conocer a fondo estas experiencias, relacionarlas y analizar las formas de organización y de gestión puede ayudar reivindicar mejor estas nuevas maneras de intervenir en lo cultural y a proponer formas de actuación comunes entre agentes, gestores culturales y ciudadanía.

Esta tarea ya se hace en Alemania desde hace años, en Kruezberg. Y también en Dinamarca, en la Ciudad libre de Christiania. No se trata de una nueva estrategia para una política de la izquierda radical de la periferia del sur.

Fernando Rueda es director del Observatorio de la Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Mercados de capitales en la UE: ¿control o liberalización?

CARMEN MÚGICA

El proyecto de reforma financiera emprendido por la Unión Europea tras el estallido de la crisis en 2008, ha venido experimentando diferentes avances. El más significativo hasta la fecha se produjo en 2012, cuando los gobiernos nacionales de los 28 estados miembros decidieron reunirse para formular un marco común de regulación y supervisión bancaria: la Unión Bancaria. Sin embargo, la comisión Juncker ha decidido ir más allá y embarcarse en un nuevo proyecto, que puede calificarse cuanto menos de ambicioso: formar una Unión de Mercados de Capitales en la Unión Europea. La intención de este proyecto es crear un mercado de capitales europeo fuerte y estable, que proporcione financiación al sistema complementariamente al sector bancario.

En Febrero de este año la Comisión decidió publicar un libro verde explicando la idea, con la intención de que los diferentes interesados pudieran transmitir sus objeciones y sugerencias. Hace poco más de un mes que expiró el plazo para expresar opiniones y actualmente dicho organismo está trabajando en la elaboración de un plan de acción que será presentado en septiembre. Jonathan Hill, el comisario europeo de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Mercados de Capitales de la Unión, ha recalcado en numerosas ocasiones la importancia y los beneficios de este proyecto, que deberá estar completado para 2019.

Los beneficios de la creación de una unión de mercados de capitales para los 28 estados miembros están claros. Las empresas tendrán mayor acceso a numerosas vías de financiación y no serán tan dependientes del crédito bancario, que tanto se ha restringido tras la crisis, para financiarse. Además, el desarrollo de un mercado de capitales común y sólido aumentará la atracción de inversores extranjeros y promoverá una mayor estabilidad financiera. Por lo tanto, la puesta en práctica de este proyecto contribuirá al crecimiento de la Unión Europea y a su estabilidad.

En el caso de España, la creación de un mecanismo que permita un mayor acceso a la financiación empresarial, favorecería enormemente a la masa productiva de nuestro país. La dependencia de las empresas españolas y de las PYMES en general del crédito bancario es de las más altas de la Unión Europea. Casi el 90% de las empresas españolas dependen de la financiación bancaria para desempeñar su actividad. Además, según los datos de la UE, en España sólo el 40% de las PYMES que solicitan un préstamo bancario lo consiguen, mientras que en Alemania el porcentaje oscila alrededor del 80%. Según el informe semestral del Banco Central Europeo sobre el acceso de las PYMES a la financiación, las condiciones generales con que se encuentran las empresas para acceder al crédito bancario han mejorado notablemente en los dos últimos años. No obstante, la incapacidad del sistema bancario para abastecer a todo el sistema económico europeo resalta la necesidad de buscar nuevas alternativas de financiación.

Sin embargo, existen diversos elementos que, de no ser tenidos en consideración, podrían obstaculizar la creación de dicha unión de mercados de capitales europea. En primer lugar, el desarrollo de este proyecto se basa en el principio de la liberalización de las barreras presentes en los mercados de capitales nacionales europeos. Este principio parece contradecirse con la estrategia de aumento de la supervisión y control del sistema financiero europeo que se decidió adoptar tras la crisis. Además, este proyecto revivirá el tan problemático y temido sistema de derivados que ha facilitado el desarrollo de burbujas financieras. Por último, varias barreras estructurales como la heterogeneidad de los regímenes fiscales para los instrumentos financieros, las diferentes legislaciones en torno al derecho de posesión de títulos financieros y las divergencias entre los regímenes nacionales sobre insolvencia en la Unión Europea entre otras, hacen que el plan propuesto por la Comisión deba someterse a revisión.

En conclusión, la creación de una unión de mercados de capitales europea fomentará la estabilidad y la competitividad en la Unión Europea. Además, las empresas europeas necesitan nuevas formas de financiación alternativas al crédito bancario, como las que ya existen en Estados Unidos. Sin embargo, la implementación de este proyecto también conllevará un incremento de la desregularización y de la incertidumbre, que tanto se han tratado de minimizar tras la crisis económica. En el caso de que este proyecto llegue a desarrollarse, es responsabilidad de los gobiernos nacionales y de las instituciones europeas trabajar para la creación de un marco definido y seguro de actuación e implementación.

Carmen Múgica, Master en Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa y colaboradora de la Fundación Alternativas.

La Era de los refugiados

DIEGO LÓPEZ GARRIDO

60.000.000. Esta es la cifra actual de refugiados en el mundo según Naciones Unidas. Es el número de personas que han abandonado su hogar porque su Estado ya no les protege de la violencia, la guerra, las violaciones, la persecución por la religión, la raza, la nacionalidad, el sexo o las opiniones políticas. No se conoce nada parecido desde la II Guerra Mundial. Solo a causa de la crisis de Siria, doce millones de personas están desplazadas y buscan refugio. Más de la mitad de la población.

No hay una respuesta a la altura por la Comunidad Internacional, que solo cubre la cuarta parte de las necesidades de los refugiados. Tampoco por quienes más podrían hacer, los países occidentales desarrollados, entre los que nos encontramos. La Unión Europea –o, más exactamente, algunos de sus países miembros- están dando un espectáculo inenarrable de egoísmo e hipocresía ante las constantes oleadas de refugiados que llegan a nuestro continente;  por dos vías esencialmente: hacia Italia a través del Mediterráneo (1.800 muertos en el mar en el primer semestre de este año) y los Balcanes, tras atravesar Turquía y Grecia.

Europa, sencillamente, no está aplicando el Derecho internacional. No cumple con su obligación de facilitar a los que buscan asilo que lo puedan hacer con seguridad. Está obsesionada con lo contrario: las devoluciones a los países de los que huyen, que los maltratarán o los matarán si vuelven.

Gobiernos como el español han encontrado la expresión perfecta: “efecto llamada”. Lo que quiere decir que si cumplimos la ley internacional y acogemos a los que piden protección, vendrán más. O sea, que hay que vulnerar el derecho constitucional de asilo para que no nos lo demanden.

Seguramente, a causa de esa actitud se adoptó el año pasado la absurda decisión de dar por finalizada la operación Mare Nostrum, dirigida por Italia, que salvó miles de vidas en el mar, y en su lugar desarrollar la mucho más tímida y meramente guardadora de fronteras operación “Tritón”. Por cierto, con ello no se ha apaciguado el “efecto llamada”, sino todo lo contrario. Se ha doblado el número de refugiados que tratan de entrar en Europa en lo que va de año.

Después de la II Guerra Mundial, la cuestión de los refugiados fue impulsada por Europa. Resultado: la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 (ampliada por el Protocolo de Nueva York de 1967). Pero su espíritu era facilitar la huida de los Estados del telón de acero.

En el siglo XXI estamos en otro momento, que tiene poco que ver con la concepción del asilo o refugio como algo individual y excepcional. El problema ha explotado a causa de conflictos civiles masivos, no solo en Siria e Irak (del que gran parte de responsabilidad recae sobre quienes desencadenaron la ilegal guerra contra Sadam Hussein), sino en África: Sudán, República Centro Africana, Nigeria, Burundi, Somalia, Etiopía, República Democrática del Congo, y otros. Añádase la devastadora acción del terrorismo yihadista.

Vivimos realmente algo que podríamos llamar la Era de los Refugiados. Un fenómeno estructural, no coyuntural. Tan inabarcable, que precisa de una estrategia nacional e internacional de largo alcance. Sin embargo, respecto de los refugiados, los países occidentales actúan como verdaderos “Estados fallidos”, incapaces de darles la protección adecuada, como exige el Derecho Internacional. Ni les salvan la vida, ni les acogen, ni les alimentan, ni les garantizan los derechos sociales básicos.

Es una crisis humanitaria sin precedentes. Según estima ACNUR, requerirá reasentar a 300.000 personas más cada año a lo largo del próximo lustro; y establecer un fondo global, distinto de los destinados a cooperación, simplemente para ayudar a los países pobres que acogen a los millones de refugiados que produce este mundo convulso.

Y en medio de ese panorama dramático, el Gobierno español dice que no puede recibir a más de 2.749 refugiados en dos años. Es la mitad de la ya ridícula cifra que le proponía la Comisión. Fernández Díaz lo ha justificado de forma zafia, rayana con la xenofobia, equiparando a los refugiados con "goteras". Así es exactamente como el Gobierno ve a quienes escapan de la persecución y la destrucción de su hábitat, como una molestia que hay que ahuyentar y disuadir.

Representa la dificultad insalvable de la derecha española para ser solidaria, no ya solo con los inmigrantes, sino con sus propios socios europeos ( Alemania ha examinado en 2014 tantas solicitudes de asilo como España en décadas ) 

El partido que no sepa afrontar este drama con los valores de los que presumimos los europeos no podrá gobernar en la Unión. Porque es uno de sus mayores desafíos , tal y como advierte el Informe sobre el Estado de la Unión Europea 2015 de la Fundación Alternativas. Un desafío que medirá lo que valoramos los Derechos Humanos en la Era de los Refugiados.

Diego López Garrido es Patrono de la Fundación Alternativas. Catedrático de Derecho Constitucional y Diputado. 

Predistribución: ¿de qué hablamos, y por qué?

JOSÉ A. NOGUERA

En los actuales debates sobre la reforma de los Estados del bienestar, suena cada vez con más fuerza la necesidad de políticas predistributivas que complementen las clásicas acciones redistributivas. Pero ¿qué es la predistribución?; ¿en qué se diferencia de la redistribución?; y ¿por qué la necesitamos?

Como suele ocurrir, el tema no es nuevo. En la imprescindible conclusión a su libro de 1987 Not Only the Poor, Robert Goodin y Julian Le Grand ya discutieron la posibilidad de influir directamente en la distribución “primaria” de la renta, de forma que se hagan innecesarias muchas de las correcciones redistributivas posteriores (o distribución “secundaria”). Por no hablar de muchos socialdemócratas nórdicos y centroeuropeos de hace más de medio siglo, para quienes el Estado del bienestar era un second best, siendo la prioridad aumentar la igualdad en la distribución primaria de la renta a través de potentes sindicatos y de una negociación colectiva a gran escala y legalmente vinculante que garantizase un diferencial salarial reducido y una igualdad horizontal en las retribuciones de los trabajadores.

Sin embargo, en la discusión actual (véase como ejemplo reciente el excelente artículo de Borja Barragué, o los de José Fernández Albertos sobre el tema), coexisten dos definiciones de predistribución que implícitamente se utilizan como intercambiables, pero que son diferentes tanto conceptual como políticamente. Por un lado, la predistribución se opone a la redistribución, entendida la segunda como acción de un “Estado-Robin Hood” que toma de los ricos mediante impuestos para dar a los pobres a través de prestaciones. En este caso, la predistribución consiste en incidir sobre la distribución de la renta que realizan agentes distintos de los poderes públicos, limitando o regulando sus acciones con el objetivo de que la desigualdad se mantenga dentro de un cierto margen de variación. Bajo esta primera definición, la predistribución consiste en obligar, incentivar o capacitar a ciertos agentes sociales de modo que asignen los recursos de la forma deseada, en vez de extraerles parte de esos recursos para reasignarlos mediante políticas de gasto público. El foco aquí se pone en el agente que asigna los recursos.

Pero por otro lado, la predistribución se define a veces como una intervención que actúa más sobre las causas que sobre las consecuencias de la desigualdad y la pobreza, una especie de acción preventiva o ex ante, frente a una redistribución que consistiría en acciones curativas o ex post, una vez las situaciones de necesidad o desventaja ya se han producido. La cuestión es que este eje definidor es independiente del primero, tanto conceptual como empíricamente: aquí el énfasis no está en el agente distribuidor, sino en el objeto de la acción distributiva. Cruzando ambos criterios, es posible identificar numerosos ejemplos de intervenciones en los cuatro cuadrantes, como la siguiente tabla muestra:

Es curioso que en las actuales discusiones a menudo se incluyan bajo el rótulo de “predistribución” medidas de todos los cuadrantes menos del superior derecho (acciones ex post del Estado), con lo cual se están utilizando indistintamente dos criterios definitorios diferentes. Quizá fuese más elegante teóricamente reservar el término para los dos cuadrantes inferiores, a saber, para aquellas medidas en las que el Estado no distribuye directamente, sino que obliga o estimula a otros agentes a asignar recursos de la forma pretendida. En realidad, las medidas del cuadrante superior izquierdo (acciones ex ante del Estado), más que de predistribución son de inversión social pública: previenen la desigualdad, en vez de compensarla una vez producida, pero redistribuyendo, no predistribuyendo; en el fondo lo que hace el Estado en esos casos es utilizar los recursos obtenidos mediante la recaudación fiscal para gastarlos en beneficio de determinados colectivos, esto es, una clásica redistribución mediante impuestos y prestaciones de diverso tipo.

El caso inverso es el de medidas que rara vez se clasifican como “predistributivas”, pero que merecerían tal calificativo bajo cualquiera de los dos criterios de definición. Un claro ejemplo son las cotizaciones sociales sobre los salarios que el Estado obliga a pagar tanto a trabajadores como a empresas: serían “predistributivas” tanto con el criterio de asignar renta ex ante, para prevenir futuras situaciones de pobreza (predistribución en el ciclo vital), como también bajo el criterio de que se obliga a un agente privado (las empresas) a deducir parte del salario de los trabajadores e ingresarlo en un “fondo” para pagar las pensiones. Sospecho que si no suelen ser consideradas como “predistributivas” es porque son intuitivamente percibidas como un tipo de política social “tradicional”, lo que da cuenta de cómo a veces los conceptos que utilizamos en ciencias sociales se ven condicionados por criterios de definición no explícitos.

Definir la predistribución con el criterio del agente, y no del objeto, tiene ventajas analíticas, pues apunta a un mecanismo claro e identificable en la acción pública (actúa el Estado mediante impuestos y prestaciones, u obliga a actuar a otros), a diferencia de lo que ocurre cuando ponemos el foco en el eje causas vs. consecuencias de la desigualdad, pues éstas pueden ser empíricamente difíciles de distinguir y estar entrelazadas en procesos recurrentes y complejos.

Pero las implicaciones de este ejercicio de clarificación son también políticas: primero, porque el criterio del agente está conectado con la presencia o ausencia de costes presupuestarios importantes para el Estado. Segundo, y sobre todo, porque captura mejor la intención normativa que anima a los defensores de la predistribución: responsabilizar de la justicia social no sólo a los poderes públicos sino al conjunto de actores e instituciones, formales o informales, que asignan recursos económicos en nuestra sociedad, rompiendo así con el planteamiento liberal de que todos los agentes sociales pueden actuar distributivamente como les plazca, pues ya vendrá el Estado, con el esfuerzo que haga falta, a arreglar el eventual desaguisado.

Trasladado al contexto penal, ese argumento diría algo así como: que el Estado nos deje delinquir a gusto, siempre y cuando luego venga a reparar y prevenir daños por nuestras acciones delictivas. Obsérvese que muchos argumentos en sede judicial y parlamentaria de quienes han abusado de su posición de poder económico y político en los últimos años iban por ese camino: “el supervisor me lo permitía”, “era legal”, “que hubieran cambiado las leyes”, se decía. Este planteamiento asume que la responsabilidad de que exista pobreza y desigualdad es siempre y únicamente del Estado porque no actúa para prevenirla y compensarla. Hacer política predistributiva es discrepar de ese planteamiento, defender que la responsabilidad es también de los agentes sociales, del mercado y de las familias, y regular en sentido igualitarista las prácticas distributivas de todos ellos. Si algo nos ha enseñado la historia del Estado del bienestar es que desplazando toda la carga de la justicia social hacia los poderes públicos, los progresos distributivos que se puedan conseguir no serán sólidos ni estables en el tiempo.

José A. Noguera, Universitat Autònoma de Barcelona. Colaborador de la Fundación Alternativas.

 

La pesadilla yihadista oscurece Túnez

SARA GONZÁLEZ GARCÍA

 

Cuatro años desde la defenestración del entonces presidente Zine el Abidine Ben Ali y de la celebración de los primeros comicios en octubre de 2011, el camino seguido por la República tunecina ha marcado la diferencia con respecto al resto de países que participaron en las revueltas árabes, pudiéndose considerar a Túnez una excepción en cuanto a sus vecinos y un posible modelo de futuro para sendos de ellos.

Ciertamente, la reforma llevada a cabo a lo largo de este periodo ha supuesto una profunda transformación de la arquitectura política del país, que ha permitido esculpir un sistema democrático mediante el cual sea posible garantizar los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y, de acuerdo con el Freedom in the World Report 2015, Túnez ha alcanzado la categoría de país libre. No obstante, la propia estabilización del pequeño estado de África septentrional se encuentra subordinada no únicamente a los sustanciales retos sociopolíticos y económicos internos, sino también a un creciente desafió en materia de seguridad que el pasado mes de junio presenció su más cruenta expresión.

A medida que se completa el cambio político en el país, más acentuados resultan los desafíos. La joven democracia tunecina se ve inmersa en un entorno de naturaleza compleja en el que la polarización política perdura; el crecimiento económico (en torno al 2,5% anual, según el Banco Mundial) y las políticas en esta materia se muestran insuficientes para dar respuesta a la necesaria transformación socioeconómica que garantice el bienestar de la población; el número de jóvenes que, sumidos por la desesperación, han sucumbido ante la propaganda yihadista y actualmente se encuentran en las filas de Siria e Iraq oscila los 2000, según afirma International Crisis Group; el contrabando de armas en las zonas fronterizas se incrementa y la amenaza terrorista se agudiza a pasos agigantados.

Primero, contra la capital tunecina (más concretamente, contra el emblemático museo de El Bardo) el 18 de marzo y, el pasado mes de junio, contra sus paradisiacas playas, cobrándose en total la vida de unas sesenta personas, en su mayoría turistas. Cabe deducir que el objetivo actual del EI (el cual ha reclamado la autoría del ulterior atentado) y otros grupos nacionales que lo apoyan (como Ansar al Sharia y Okba Ibn Nafaa, esta última constituye una prolongación del Al-Qaeda en el Magreb Islámico [AQMI]) es precisamente uno de los principales motores de la economía tunecina: el turismo. Un 7% de la riqueza de Túnez se atribuye a este sector, representando un 14% del empleo y más del 15% de su PIB, sin embargo los atentados del museo de El Bardo y Susa a mediados de marzo y finales de junio de 2015, respectivamente, constituyen un factor determinante en cuanto al devenir de este sector.

La imagen internacional de la república tunecina está caracterizándose progresivamente por la inestabilidad y la inseguridad, lo que hace peligrar su economía y, por consiguiente, la ansiada reforma sociopolítica y la estabilidad de un nuevo sistema de gobierno que causa rechazo, atendiendo a la interpretación extremista que estas facciones realizan del Islam y de la Ley Coránica. En este sentido, los partidos políticos salafistas que defienden la democracia, como es el caso de Ennahda, son considerados traidores. Asimismo, desde el año 2012 las expresiones más violentas del radicalismo islámico tunecino han atentado contra la embajada estadounidense en Túnez y contra políticos laicos (recordemos los asesinatos de Chokri Belaïd en febrero de 2013 y de MohamedBrahmi en julio del mismo año), así como contra otras fuerzas de seguridad nacionales. De todos modos, el proceso de transición democrática ha mantenido su decisión y ha continuado su curso, por lo que es posible interpretar que el turismo, dada su transcendencia en el plano económico, constituya un medio de desestabilización sociopolítica y no el fin en sí mismo.

Lamentablemente, el único sistema democrático fruto de la Primavera Árabe es, por un lado, percibido como «contaminante» para sus vecinos y, por otro lado, se encuentra lejos de constituir una prioridad para Occidente, habida cuenta de su escasez energética y la mayor atención que requieren las complejidades contextuales de otros países de la región. El gobierno de Nidaa Tounes y el presidente Béji Caïd Essebsi se enfrentan a una ardua labor a nivel nacional e internacional en el que la estabilidad de su país depende de obtener inversión extranjera y luchar contra un terrorismo que está causando estragos a corto y medio plazo. La simbólica singularidad tunecina, aparentemente olvidada de no ser por el anterior atentado de marzo, ha vuelto a ser foco de atención en los medios de comunicación ante una prueba de fuego añadida a la solidez de su democracia. De la actuación del Gobierno y del tiempo dependerá el devenir del «excepcionalismo» tunecino.

Sara González García, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad San Pablo CEU.

Irán: no es nada personal, Bibi

VICENTE PALACIO

Sí: se ha firmado con Irán un pacto nuclear que puede ser histórico. Todo puede cambiar a mejor.

Como en toda antesala de un gran cambio, ahora empieza lo bueno, el tiempo de los enemigos del proceso. No están en el resto del G5 + 1 que lo ha apoyado, sino dentro de los dos enemigos históricos. Es un clásico: arrecian las amenazas atronadoras de los halcones de uno y otro lado  que se quedaron en los 80’s - los ayatolás, los oscuros consejeros áulicos, los reaccionarios del Likud en Jerusalén, o del Congreso en Washington. Muy oportuna la sobreactuación del Pentágono para tranquilizar a los amigos saudíes e israelíes: seguridad garantizada, amigos. De eso se trata, de que se sientan seguros, pero que no bloqueen el cambio. Todo muy delicado, todo comprensible, todo parte del mismo proceso. 

Pero fijémonos en lo más importante, en lo que tiene difícil vuelta atrás. Son cosas que van más allá de lo personal, más allá de este momento incluso. Es lo que que desvela una transformación profunda en la política norteamericana, y en las dinámicas de Oriente Medio, de ahora en adelante. 

Primero, con Israel, la relación atraviesa un cambio estructural. No está en cuestión la “alianza sagrada” entre ambos países. Pero EEUU tiene más músculo y puede torcer el brazo de su amigo para obligarle a cambiar en varias cosas. No es fácil, se tiene que dar una constelación precisa. Pero por primera vez en mucho tiempo, puede ocurrir, sin que por ello se resienta la seguridad de los ciudadanos israelíes un ápice. 

De un lado, que las malas políticas de Israel en Oriente Medio perjudican la seguridad nacional de EEUU, es algo que lleva más de una década flotando en ciertos ámbitos de los establishment militar, político y académico, en Washington y en todo el país. Y el pragmatismo es una pulsión irresistible de los norteamericanos. Con este pacto con Rohaní, Obama le ha devuelto el golpe bajo a Netanyahu, quien por dos veces humilló al Presidente con sus visitas al Congreso, una al principio de su mandato, y otra más reciente en marzo de este año. Pero la última vez el mandatario israelí fue demasiado lejos, no solo dando lecciones a su gran protector en la región, sino haciendo política interna en medio de la campaña electoral israelí: justo aquello de lo que muchos están ya hartos en EEUU. Hasta el punto en que en la cadena de televisión Fox le llovieron las críticas. Ahora, sus nuevas incursiones ya anunciadas en el Congreso de EEUU no le van a traer muchos réditos, ni a él ni a los Republicanos, frente a una opinión pública que mayoritariamente respalda el acuerdo. Tampoco en Israel: la oposición laborista y árabe-israelí puede encontrar en esa reincidencia un motivo para intentar tumbar su frágil gobierno, que pende de un escaño. Obama, Kerry no son tan ingenuos: llevan meses blindando las cosas como para que una mayoría de norteamericanos y de judíos estadounidenses no sigan los cantos del Apocalipsis. 

Segundo, respecto a los saudíes, con la Monarquía teocrática en pleno cambio sucesorio, la cosa se plantea en términos de que a medio-largo plazo la dependencia energética del petróleo saudí se puede acabar. Así de simple. También pesa el hecho de que las prácticas autoritarias y los tics neo-medievales de los gobernantes y las leyes saudíes son fuente permanente de críticas, mucho antes de todo el lío de los Bin Laden con los Bush. ¿Cuánto tardará en empezar la presión hacia los saudíes para frenar el wahabismo, ablandar el régimen, o frenar salidas unilaterales a los conflictos con sus vecinos, sea Bahrein o Yemen?

Se habla estos días de paralelismos con Cuba. Obviamente con Irán las cosas no van a ir rodadas, ni mucho menos. La guerra de los nuevos mundos posibles no ha hecho más que empezar, en un lado y en otro. Sin embargo, el elemento central de la política - y de la vida social en general - ya está puesto sobre la mesa, y es algo que pesa más que miles de toneladas de uranio: la confianza mutua.  Con un poco de suerte, si el acuerdo se implementa bien, esa confianza se podría extender a otros terrenos y propiciar acuerdos, o al menos a un alto en fuego respecto a Siria, Irak, Yemen o Gaza. No es inevitable, no hay conexión directa, puede llevar tiempo, son otras guerras. Pero la conexión existe: puede ocurrir.   

Y además: Irán es una bella promesa, de fuertes contrastes, claroscuros y vivos colores. La alegría espontánea en las calles de las principales ciudades del país estos días lo demuestra.  Como en La Habana, en Teheran se acabaron los muñecos quemados del Satán norteamericano, de esos que parecía haber una fábrica entera en otros tiempos. La demografía - el 65% de la población aproximadamente es menor de 35 años - así como el gran capital humano que atesoran sus jóvenes urbanos, va a presionar a favor de un cambio real. La cuestión ahora es cómo manejar ese cambio. Se nos olvida que Irán ya tuvo su “primavera persa” en 2009 con la revolución Verde, un fugaz episodio que se cerró tristemente bajo la represión y el fraude. Desaparecido Ahmanediyad, y con Rohaní en el gobierno, ahora las claves son otras, y aunque persisten múltiples bloqueos desde la cúpula, el cambio social es imparable. 

Por más que un Henry Kissinger lo haya desautorizado, el pacto nuclear es diplomáticamente irreprochable, brillante, tanto en lo técnico de limitación de capacidad para alcanzar una bomba nuclear como en términos de mecanismos de control y salvaguardas de sanciones. No garantiza éxito; pero evita parte de los males del presente y obliga a trabajar por el cambio a futuro. Esta es la “doctrina Obama”: una forma de salir con determinación de todos aquellos callejones sin salida a los que varias décadas de Guerra Fría y sus posteriores secuelas con Bush jr., junto a una oligarquía financiera, habían abocado al país. O simplemente es una tentativa permanente de encontrar la vía hacia un mundo mejor, en un mundo muy distinto. Muy americano: propiciar cambios para ponerse a la vanguardia del cambio. Queda un año para las elecciones Presidenciales. Seguramente Hillary Clinton nos va mostrar otra Hillary - dialogante, pero firme con la J Street y los lobbies-, muy consciente de los intereses de EEUU y de los caminos que se han abierto y de los que se cierran después de Obama.

La lógica amigo-enemigo tiene estas sorpresas, ¿Qué ocurriría si, caídas las máscaras, los enemigos persas mostraran al inesperado amigo, y EEUU termina recuperando a toda una parte sustantiva de nuestros orígenes, de la civilización Occidental? Todo retorna, como dijo algún filósofo hace mucho tiempo; pero de otra manera, nunca idéntica, porque todo fluye. Zoroastro y Heráclito, hermanados. Bibi: no es nada personal. 

Vicente Palacio es director adjunto del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

El optimismo y pesimismo del FMI en sus predicciones económicas

CÉSAR CASTRO ROZO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) hace públicos sus previsiones sobre el crecimiento del PIB cada trimestre y sobre la inflación cada semestre. Sus datos llenan los titulares de actualidad de la prensa y obligan a la valoración de analistas económicos y políticos en muchos países del mundo. España no es diferente, y las revisiones, especialmente de las previsiones de crecimiento, son ampliamente comentadas, especialmente si avalan las acciones de los políticos gobernantes. Sin embargo, cabe preguntarse acerca de la fiabilidad de tales predicciones, que como cualquier otra es sólo eso, una predicción realizada para un momento y un entorno concreto. Y como ocurre con cualquier predicción económica, sin importar quién la haga, enfrenta como principales enemigos al horizonte de tiempo (predecir lo que pasará mañana será más acertado a lo que pasará el próximo año) y la volatilidad de los supuestos utilizados. A medida que el tiempo hacia lo que se quiere predecir se acorta y las condiciones del entorno cambian, la predicción siempre se revisa. La pregunta es, cómo se revisan las predicciones que hace el FMI?

El gráfico 1 muestra cómo han evolucionado las previsiones de crecimiento del PIB en España realizadas entre los años 2002 y 2015, respecto al crecimiento observado representado por el punto al final de cada línea. Antes de 2007, el FMI publicaba sólo dos predicciones en los meses de abril y octubre de cada año, pero ahora adicionalmente se publican revisiones para las predicciones del PIB (no de la inflación) en los meses de julio y enero. Por eso, las líneas de predicciones son más largas a partir de 2008. Las barras sombreadas indican el mes en que se han publicado los datos finales observados de cada año.

Lo primero que se puede destacar del gráfico es que efectivamente como ya se ha apuntado anteriormente,  las predicciones a más largo plazo y en periodos de alta volatilidad, tienden a estar menos acertadas. Así, en el período correspondiente a los años de la Gran crisis entre 2008 y 2013 (exceptuando la tregua de 2010), los errores de predicción fueron especialmente altos. Por el contrario, hasta 2007 la diferencia entre la predicción inicial y el dato finalmente observado fue pequeña, sin que en ningún caso superara el punto porcentual. En segundo lugar, se puede identificar un patrón en los datos revisados: durante el periodo de auge económico hasta 2007, las predicciones tendieron a revisarse al alza, siendo en general el crecimiento final observado superior a las expectativas iniciales calculadas.

Lo contrario sucedió durante la Gran crisis, cuando las sendas de predicción muestran comportamientos más erráticos. Por ejemplo, en abril de 2008 resultaba impredecible la caída del crecimiento del PIB de 2009, que se veía con más claridad un año después y se vería confirmado hasta abril de 2010. El “descontrol” se apoderó de las predicciones que realizaron el FMI (y el resto de instituciones) sobre los crecimientos entre 2008 y 2013, que en general se revisaron sistemáticamente a la baja, con excepción de la relativa calma de la predicción para 2010. Es decir que los modelos se “resistieron” a predecir tasas negativas de crecimiento durante la Gran crisis entre 2008 y 2013, resultando en errores que llegaron a superar los 5 puntos porcentuales respecto a la predicción inicial.

En 2014, la calma parece que ha vuelto y en cierta medida el grado de acierto de las previsiones. La pregunta de fondo es cuánto puede durar la calma, o si se trata de un espejismo como el ocurrido en 2010. De momento, las previsiones para el crecimiento del PIB de 2015 han pasado del 0.8% realizada en enero de 2014, a la de abril último del 2.5%; una revisión al alza de 1.7 puntos porcentuales. Si la estabilidad del entorno se mantiene, estaríamos en un periodo de revisiones al alza en las previsiones de crecimiento durante los próximos trimestres. En suma, podemos decir que los modelos que utiliza el FMI tienen un sesgo pesimista en los auges y optimista en las crisis.

La historia equivalente para la inflación se observa en el gráfico 2. Una historia que comparativamente a la del crecimiento, se presenta más turbulenta. Con excepción de la sorpresiva caída de precios de 2009 y en menor medida la de 2007, las predicciones de inflación realizadas para los años 2004-2012 han sido revisadas al alza. Es decir que hasta 2012, el FMI tenía un sesgo optimista frente a sus previsiones de inflación, y desde 2013, cuando los precios han empezado a caer, el sesgo ha sido pesimista con revisiones sistemáticas a la baja (suponiendo que es pesimista una inflación alta y optimista una inflación baja). En otras palabras, durante este periodo de aparentes riesgos deflacionistas, el FMI ha empezado a predecir con cierto optimismo las tasas de inflación.

Para resumir, el tercer gráfico muestra, con las salvedades derivadas del poco número de datos disponibles, los errores promedios que se han observado en los últimos quince años en las predicciones del crecimiento económico e inflación realizadas por el FMI para España (raíz del error cuadrático medio). Como es de esperarse, los errores son más grandes entre más alejadas están las predicciones del dato final observado: por ejemplo a un año (4 trimestres), las previsiones de inflación tienen errores comparativamente altos, de 1.5 puntos porcentuales, mientras las de crecimiento han mostrado la mitad del error (0.7 puntos porcentuales). Es decir que nos podemos fiar un poco más de las predicciones de crecimiento del FMI con un año de antelación, pero no de las que hace para la inflación, en cuyo caso tenemos que esperarnos a los seis meses previos al dato finalmente observado. Esto tal vez, nos puede ayudar a contener o desplegar nuestra euforia cada vez que el FMI haga públicas sus predicciones económicas.

  

 

 

César Castro Rozo es doctor en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares y consultor privado en mercados energéticos y pronósticos macroeconómicos.

Maldito impuesto a la cultura

Enrique Bustamante

En los últimos meses, y al filo de las convocatorias electorales, varios diarios conservadores anunciaron que el Gobierno se proponía bajar el IVA a la cultura. Sin embargo, el propio Presidente Mariano Rajoy respondía en Marzo que “de momento, no”; y en Abril aseguraba que ni estaba decidido ni había plazo para ello. El debate se mantendrá pues previsiblemente hasta las elecciones generales. A no ser que, como ha ocurrido con el IRPF, el Gobierno decida hacer un guiño a pocos meses de convocar elecciones generales.

El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno de Rajoy subió el IVA al consumo de múltiples actividades culturales, desde las entradas a artes escénicas o al cine, hasta las compras de arte, del 8 o el 13 al 21 %.  Las asimilaba así al tratamiento fiscal de los productos de bienes de lujo, sumando además su incremento general. Tan solo quedaban con un IVA superreducido, “IVA cultural”, los libros, periódicos y revistas.

Las consecuencias de este castigo fiscal han sido muy duras en medio de la crisis, y del derrumbe del apoyo público a la cultura española. Múltiples informes lo atestiguan, entre ellos los realizados por el Observatorio de Cultura y Comunicación (OCC) de la Fundación Alternativas, sobre el impacto de la crisis y su último Informe sobre el Estado de la Cultura en España en 2014 (Hay debates abiertos en portales de Internet sobre este tema (ww.vocesciudadanas.org).

Desde entonces, el mundo de la cultura no ha cesado de protestar y reivindicar el retorno a un IVA reducido. La última protesta “sonora” ha sido la convocatoria, el pasado 20 de Mayo de un “día sin música”, mientras se entregaba un escrito con 225.00 firmas en el Congreso de los Diputados, previa concentración en la Plaza de Neptuno de Madrid, exigiendo una reducción drástica del IVA al 8-10 %.

Desde el Gobierno se ha alegado el déficit fiscal, y el Ministro de Hacienda equiparó reiteradamente la cultura al entretenimiento, que no tiene por qué ser apoyado por el Estado. Desde el mundo de la cultura se ha esgrimido que España es el país que peor trata a la cultura en sus tasas fiscales: Francia: 5,5 %, Alemania: 7 %, Italia: 10 %, Portugal: 13 %. Pero sobre todo se ha defendido la especificidad de la cultura como factor clave de la democracia: El grito del entonces Presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, en la última gala de los Goya fue expresivo: “Ya va siendo hora”…de que nos bajen el “maldito impuesto”.

Pero el debate es más complejo e incluye el IVA de la cultura digital y en red,  y abarca a la Unión Europea entera, porque Bruselas prohíbe hasta ahora un “IVA cultural” para el comercio cultural digital, considerándolo como un “servicio” económico como cualquier otro. De ahí la protesta del mundo de la cultura francesa: razonando que eso impide a la cultura europea competir con los gigantes tecnológicos estadounidenses, que no suelen pagar el IVA en origen, ni casi ningún otro impuesto, han exigido un IVA superreducido para la cultura, en soportes analógicos y digitales: (Ver: “Coalition Française pourt la Diversité Culturelle: TVA réduite sur le livre numérique : l’Europe doit réagir ! )

Lo que se dirime, en suma, es si la cultura es una mercancía como cualquier otra.

Enrique Bustamante es miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas

Grecia y el euro: ¿Fin de partida?

Doménec Ruiz Devesa

El 9 de julio de 2015 Grecia presentaba su penúltima propuesta de ajustes a los acreedores tras la resaca del referéndum, ganado con rotundidad por el gobierno de Tsipras. El plan del gobierno griego es en conjunto muy parecido al que presentara in extremis el presidente de la Comisión Europea el 28 de junio con la finalidad precisamente de llegar a un acuerdo que evitara la consulta, o por lo menos que se realizara sobre la base de un texto respaldado por Atenas. En algunos aspectos, la propuesta incluso va más allá, al incluir medidas en fiscalidad y pensiones con carácter inmediato. El Eurogrupo y el Consejo Europeo durante el fin de semana evaluarán la oferta, y si es aceptada se pondría fin, al menos de momento, a la fase agónica de la crisis de la deuda pública griega.

Entretanto, el sistema bancario del país se encuentra al borde del colapso, con la línea de liquidez de emergencia del Banco Central Europeo limitada a un máximo de 89.000 millones de euros, prácticamente agotada, mientras los controles de capitales se mantienen sine die.

En este sentido, Alexis Tsipras ha logrado reforzarse políticamente, sobre todo internamente, pero a costa de la estabilidad del sistema de crédito y pagos, y por tanto poniendo en riesgo evidente la pertenencia de Grecia a la Eurozona. 

Entonces ¿Ha merecido la pena el referéndum? A bote pronto habría que concluir que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Al final la espada de Damocles del colapso financiero y la consiguiente salida del euro ha obligado a Grecia a aceptar de todos modos un nuevo programa de asistencia financiera fundamentalmente basado en la filosofía de los ajustes, si bien atemperada con relación a los dos rescates previos. Tsipras y Varoufakis contaban con ganar el juego de la gallina: Alemania en última instancia no consentiría la quiebra de la unión monetaria, por lo que acabaría cediendo a las demandas helenas.

Sin embargo, el hastío por las tácticas negociadoras de Varoufakis, y el rebote que ha causado la convocatoria del referéndum por Tsipras en los germanos, no permitía suponer un comportamiento racional por su parte. Más al contrario, en un determinado momento era evidente que el sector más conservador de la derecha europea buscaba activamente expulsar por la vía de hecho a Grecia del euro.

En cambio, Tsipras organizó una campaña electoral dejando bien claro que estaba dispuesto a no pagar la deuda (verbigracia, el impago al FMI el 30 de junio) pero no a salir del euro. De esta manera reveló que en realidad la integridad de la moneda única era una línea roja para Atenas más que para Berlín.

Ahora bien, la oferta de Tsipras incluye un elemento central que le podría dar cobertura ante el ala izquierda de Syriza, de ser aceptado por los acreedores, cual es un compromiso de revisar la sostenibilidad de la deuda pública griega con vistas a aliviar su peso. No se tratará de una quita simple, prácticamente imposible de aceptar por el resto de la Eurozona, pues el titular de la deuda es ahora el contribuyente europeo, sino de una mejora de las condiciones financieras: rebaja en los tipos de interés, plazos de amortización más largos, etc.

Todo apunta por tanto a que el acuerdo el domingo es posible sobre la base de cesiones mutuas que permitan a ambas partes poder declararse ganadores antes sus opiniones públicas: por un lado Grecia acepta recortes y subidas de impuestos adicionales, y sobre todo más inmediatas a las ya conocidas, y por otro el Eurogrupo cede al incluirse el compromiso sobre la puesta en marcha de medidas de alivio de la carga de la deuda pública, apoyado además por el FMI y los Estados Unidos.

Si al final hay acuerdo el 12 de julio, como sería deseable por el bien de la integridad de la Eurozona y  el futuro del proyecto de construcción europea, es conveniente no caer en la celebración épica de una Europa capaz una vez más de lograr evitar el desastre desde el borde del precipicio. La gestión de la crisis de la deuda pública griega por el Eurogrupo, una no-institución europea que no representa el interés general europeo, ha sido un fracaso inapelable. La principal lección a extraer es que no se puede seguir fiando las soluciones a la Europa intergubernamental, operando al margen de las instituciones comunes y el Derecho comunitario, y marginando al Parlamento Europeo. Por tanto, lo verdaderamente urgente, además de solventar la cuestión griega, es completar la unión monetaria con la unión fiscal, financiera, y en última instancia política. La Europa federal es ya inaplazable.

Doménec Ruiz Devesa es consultor y colaborador del Observatorio de Política Exterior (OPEX) de la Fundación Alternativas

La socialdemocracia y la crisis griega

Aurora Nacarino Brabo

 

José Antonio Pérez Tapias publicaba recientemente un artículo con un título muy gráfico: La socialdemocracia rendida. En él, el profesor y político del PSOE se mostraba muy crítico con la actitud de los líderes europeos ante la crisis griega, y se lamentaba de que las voces socialdemócratas hubieran sido acalladas por la “ortodoxia neoliberal” imperante. Para Tapias, la socialdemocracia se encuentra secuestrada por el “sistema capitalista”, y defiende las tesis de Habermas que urgen a la “recomposición del socialismo”. El miembro del Comité Federal del PSOE es especialmente duro con la actuación de la Troika, a la que califica como “irresponsable”, “insensible” e “injusta” con los depauperados griegos, mientras defiende el talante democrático de un Tsipras que sí busca el respaldo de la ciudadanía.

Tiene toda la razón el profesor Tapias para estar insatisfecho, y hasta indignado, con la situación política que atraviesa la Unión Europea. El proyecto común se encuentra en un impás peligroso que nos aleja del sueño de un continente federal, y ha puesto de manifiesto que, por decirlo con Marx, hemos construido un demos europeo “en sí”, que aún dista mucho de cobrar conciencia “para sí”.

Y creo que aquí radica la clave del asunto, y no en la rendición socialdemócrata de la que escribe Tapias. El problema que plantea su texto es que parte de una premisa a mi juicio cuestionable: la que identifica a Syriza con la socialdemocracia, en oposición al conjunto de la Unión Europea, entregada al neoliberalismo.

A la hora de formar gobierno, Tsipras buscó como aliado a un partido con el que compartía el rechazo a los planes de la Troika, Anel, que es además (y esto no puede ser una anécdota), una formación de derecha nacionalista. La alianza no respondió, pues, a la persecución de los valores de la socialdemocracia, sino a la culminación de los intereses políticos de Syriza.

Por otro lado, la historia y las matemáticas, que son muy tozudas, nos obligan a poner en cuarentena la idea de una Unión Europea entregada al neoliberalismo. Desde que terminara la Segunda Guerra Mundial, el modelo nacional que ha imperado en nuestro continente es el estado del bienestar, que podemos considerar como la mayor aportación de la socialdemocracia a la política, con permiso de Bismarck. Este modelo no ha estado en cuestión en ningún momento, aun cuando la alternancia democrática lleva el mando a gobiernos conservadores con frecuencia.

Del mismo modo, la caída del Muro de Berlín no significó la claudicación del socialismo, sino, más bien, la constatación que ya avanzó Fukuyama: que el futuro lo escribirían la democracia y el libre mercado, tal como viene defendiendo la socialdemocracia desde Bernstein y la Sociedad Fabiana británica.

Y los datos económicos de 2014 nos obligan a un ejercicio de honestidad intelectual: en la Unión Europea, a la que Tapias acusa de venderse al neoliberalismo, el gasto público medio sobre el PIB es del 48,1%. Países como Finlandia, Dinamarca o Francia alcanzan cotas muy cercanas al 60%. Y España, a la cabeza de la UE-28 en déficit fiscal, tampoco parece que pueda ser considerada un buen ejemplo de austeridad. No encontramos, por tanto, argumentos que nos conduzcan a la conclusión de que el modelo socialdemócrata haya fenecido.

La crisis que atraviesa la Unión Europea en estos momentos no denota una derrota de la socialdemocracia. Lo que sí hace es poner de manifiesto que continuamos instalados en el intergubernamentalismo que aboga por la cooperación al mismo tiempo que reclama el mantenimiento de la soberanía y la defensa de lo nacional; frente a las tesis que abanderan la integración federal.

Lo que estamos viendo no es más que la persecución racional de los intereses de los distintos actores. Tsipras no podía plegarse sin más a las exigencias de la Troika porque los ciudadanos y sus socios de gobierno le habían dado el mandato de negociar mejores condiciones para Grecia. Someterse a las indicaciones europeas habría desatado una crisis doméstica que habría puesto en peligro su continuidad al frente del gobierno.

Pero recordemos que Tsipras no es el único primer ministro que se debe a su constituency, a su electorado. También Merkel tiene que ganar elecciones. Todos los actores en esta crisis tienen intereses electorales y nacionales que conjugar con el proyecto comunitario, y de la resolución de este juego de equilibrios dependerá el futuro de Europa. No existe una socialdemocracia unívoca, del mismo modo que no existe un demos europeo unívoco. Lo que encontramos son distintos partidos y distintos electorados con intereses diferentes (y a menudo contrapuestos). Los intereses de los votantes alemanes son tan legítimos como los de los griegos, pero también son encontrados. Si los griegos están hartos de sus penurias económicas, los alemanes están cansados de financiar países insolventes. Y esta situación no tiene un encaje democrático fácil.

Dice Tapias que le habría gustado que Zapatero hubiera convocado un referéndum sobre la reforma del artículo 135 de la Constitución en 2011, en lugar de mostrarse tan crítico ahora con Tsipras por someter a votación el plan de la Troika para Grecia. Yo me pregunto a cuántos españoles les gustaría verse en la piel de los griegos, que tantas felicitaciones reciben estos días por su ejercicio de democracia directa. En el país heleno, sostienen, “ha ganado la democracia”. Suele coincidir, sin embargo, que quienes afirman esto lo hacen desde el sofá y la seguridad de sus casas. Muchos ven en Grecia un laboratorio para realizar pruebas controladas de las que ellos no querrían formar parte. Ya se sabe: los experimentos, mejor con gaseosa. O con yogur griego.

 

Aurora Nacarino Brabo. Doctoranda en CC Políticas en la Fundación Ortega y Gasset