Elecciones en Haití: la oportunidad de reconstruir el país

VÍCTOR C. PASCUAL

 

2015 es un año clave para el futuro de Haití. En el breve lapso de cuatro meses, este pequeño país centroamericano, con 10,5 millones de habitantes, aspira a renovar todas sus estructuras políticas representativas, la Cámara de los Diputados y el Senado (agosto y octubre), la Presidencia del país y los 113 gobiernos municipales (en octubre y diciembre). Se trata de una fase histórica trascendental para los haitianos, que anhelan dirigir su mirada hacia un futuro mejor y borrar las huellas de su trágico pasado. 

El terremoto sufrido el 12 de enero de 2010 causó más de 250 mil muertos, dejando un país destrozado, sin infraestructuras ni suministros, sin Palacio presidencial, sumido en la más profunda pobreza y en la desesperanza. Desde entonces, y gracias a la asistencia internacional, Haití lucha por lograr su reconstrucción en todos los planos: social, político, económico, institucional, etc. Un primer hito de esta reconstrucción fue la celebración de elecciones presidenciales en 2011 que llevaron a la elección del ex cantante Michel Martelly como nuevo Presidente de la República.

En estos cuatro años, la evolución política de Haití ha seguido apuntalada sobre cimientos endebles y acuerdos porosos, que han desembocado finalmente en este nuevo ciclo electoral, que la comunidad internacional desea que sirva para encauzar definitivamente a esta república por el camino de la estabilidad institucional y de la construcción democrática. El país afronta esta nueva etapa electoral con un panorama político fragmentado en numerosos partidos, entre los que sobresalen, el Partido “Respuesta Campesina” (PHTK), del actual presidente Martelly -que no puede optar a la reelección- encabezado por Jovenel Moïse; el histórico FANMI LAVALAS, fundado por el primer presidente elegido democráticamente, Jean Bertrand Aristide, y actualmente liderado por la candidata Maryse Narcisse; y el partido “Verdad”, del ex presidente René Préval, que tiene como candidato a la presidencia a Jackie Lumarque. 

La primera vuelta de las elecciones legislativas que se celebraron el pasado 9 de agosto contó con la observación electoral de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas misiones de observación -que gozan de la necesaria independencia y autonomía funcional- emitieron sendos informes preliminares inmediatamente después de la jornada de votación para evaluar el proceso electoral. En concreto, para la Misión de Observación de la UE, “a pesar de las dificultades evidentes y los incidentes de violencia que condenamos, Haití ha dado este 9 de agosto un paso esencial hacia una democracia más sólida”. Asimismo, la OEA concluyó que “a pesar de algunos incidentes de violencia, la mayoría de los centros de votación pudieron finalizar sus operaciones con normalidad” y caracterizó la celebración de estas elecciones como “un paso adelante de la democracia haitiana”.

Sin embargo, a pesar de la validación internacional, los episodios de violencia electoral -que, entre otras cuestiones, han motivado la descalificación de 16 candidatos-, la baja participación y las diversas irregularidades detectadas en la fase de tabulación y de recuento de votos han conducido al Consejo Electoral de Haití a ordenar la repetición de la votación en casi un quinto de las circunscripciones del país. En el resto, los resultados publicados recientemente por el organismo electoral no permiten aún extraer ninguna conclusión sobre las mayorías que puedan formarse en el nuevo Parlamento; sólo 8 de los 119 escaños de diputados en liza han sido ya adjudicados en esta primera vuelta. La 2ª vuelta tendrá lugar el 25 de octubre al mismo tiempo que la crucial elección presidencial. Por tanto, todo está aún por decidir en Haití.

En definitiva, el objetivo más importante de los procesos electorales que se celebran en Haití en 2015 radica en lograr la consolidación democrática e institucional, con la elección de un presidente legítimo, la refundación de sus instituciones representativas y el desarrollo de elecciones limpias y reconocidas internacionalmente. Un Haití relativamente estable en el plano político es la única vía para que el país pueda retomar su andadura hacia el desarrollo, hacia la superación de sus traumas y la consolidación de sus relaciones comerciales; un Haití comprometido con la democracia garantizará que los países de la comunidad internacional, entre los cuales, Estados Unidos, Canadá y los países que integran la UE, entre ellos España, sigan volcados en ayudar a Haití en su constante e inacabable combate contra la naturaleza y contra sí misma.

 

Víctor C. Pascual es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid  

La Socialdemocracia y la economía moderna: ¿alianza o separación?

Carlos Victoria Lanzón y Jorge Alonso Rodríguez

 

Durante la crisis se ha repetido a menudo la idea de que existe un divorcio entre la política y la economía. Este supuesto divorcio se haría aun más patente cuando se comparan las políticas tradicionales de la socialdemocracia con la visión actual de la economía. En el presente artículo vamos a tratar de argumentar justo lo contrario, que la economía no sólo no se opone a las ideas de la socialdemocracia, sino que ofrece un sólido apoyo académico a algunos de sus postulados básicos.

Existe, si nos permiten la licencia, una cierta visión simplista que equipara la ciencia económica a la mera defensa del “laissez faire”, reduciéndola a una amalgama de propuestas cuya única intención es la desaparición del estado. Nada más lejos de la realidad. Aunque es cierto que cualquier manual básico de economía defiende que el mercado es la mejor institución a la hora de asignar los recursos escasos, no es menos cierto que, inmediatamente después, reconoce que el estado, en muchas ocasiones, puede mejorar esa asignación inicial. Parece que basta con profundizar un poco en la economía para descubrir que mercado y estado dejan muy pronto de ser incompatibles para convertirse en complementarios y necesarios; de hecho, se hace recaer en el estado la responsabilidad de que el mercado funcione de forma eficiente.

Pero volvamos a la pregunta original: ¿puede la socialdemocracia justificar sus políticas basándose en el conocimiento económico? El primer apoyo al que se suele recurrir es a la macroeconomía, en concreto a Keynes y a su defensa de la gestión de la demanda agregada en momentos de recesión económica. Desde el punto de vista de la microeconomía, las escuelas de Viena y Estocolmo, en el siglo XIX (con Wieser, Wicksell y Lindahl, entre otros) aplicaron los principios de la teoría subjetiva del valor y defendieron el uso de la imposición progresiva para distribuir la renta mucho antes de que el Partido Socialdemócrata Sueco se lanzará a poner en práctica las teorías keynesianas.

El lector podrá objetarnos, con razón, que hasta ahora solamente nos hemos referido a las ideas de economistas muertos, parafraseando al propio Keynes, y que los postulados de la economía moderna son incompatibles con las ideas socialdemócratas. Nuevamente, estos prejuicios quedan invalidados cuando descubrimos que, además de las impopulares reformas estructurales, las instituciones económicas que a menudo son tachadas como tecnocráticas defienden ideas tan socialdemócratas como la defensa de la igualdad como motor del crecimiento económico (FMI), la defensa de la educación como vehículo de progreso social (OCDE), o animan a impulsar políticas destinadas a fomentar los derechos sexuales y reproductivos a de la mujer (Banco Mundial). Sin ir más lejos, el último premio Nobel, ha recaído sobre Jean Tirole, economista francés cuyas investigaciones se centran en un tema de gran relevancia para la socialdemocracia: la defensa de la competencia y la regulación de los mercados, especialmente los financieros.

Respecto a los retos y desafíos futuros a los que se enfrenta la Unión Europea, la ciencia económica también puede aportar soluciones que satisfagan los principios políticos que tradicionalmente ha defendido la socialdemocracia. Aspectos tan críticos como la defensa de una unión fiscal a nivel europeo, que permita superar la distancia que separa a la Zona Euro de lo que los economistas llaman “zona monetaria óptima”, la articulación de mecanismos que permitan la lucha contra el cambio climático y los problemas medioambientales, o la búsqueda de nuevas políticas que permitan disminuir las brechas sociales y mejorar el crecimiento económico de las naciones en desarrollo también forman parte de las políticas sobre las que la disciplina despliega su actividad día a día.

Por ello nos gustaría volver sobre la idea que defendíamos al principio. No existe un divorcio entre economía y socialdemocracia. La economía es una ciencia social que trata de buscar las mejores herramientas disponibles para la consecución de un fin; por lo tanto, a priori no se le puede atribuir una orientación ideológica concreta. Es a la política, en este caso a la socialdemocracia, a la que le corresponde la elección de dichas herramientas y la búsqueda de los consensos y mayorías necesarias para ponerlas en práctica. Esta tarea no resultará sencilla, pero sabemos por experiencias pasadas, como demuestra la historia de éxito de los países escandinavos, que cuando se acierta a combinar las políticas sociales preferidas con las políticas económicas acertadas se pueden alcanzar las cotas más altas de crecimiento económico, progreso social y desarrollo humano.

Para concluir, nos gustaría recordar, que como ya se ha mencionado otras veces en este blog, los retos de la socialdemocracia nunca deben ser vistos como una excusa para caer en la melancolía. Al contrario, la socialdemocracia debe ser capaz de encontrar nuevas vías para alcanzar sus metas, y la economía como ciencia social debe ser vista como un aliado fundamental en el logro de esos objetivos.

 

Carlos Victoria Lanzón es economista y colaborador del Laboratorio la Fundación Alternativas.

 Jorge Alonso Rodríguez es colaborador del Laboratorio de la Fundación Alternativas.