De existir, la verdad estaría en los datos

Por: | 14 de octubre de 2015

DAVID MÁRQUEZ MARTÍN DE LA LEONA (*)

CINE

Imagen de una cola a la entrada de un cine  

 

Recientemente la Secretaría de Estado de Cultura anunció que iniciaba una colaboración con una empresa privada para suministrar semanalmente en la página del Instituto de la Cinematografía y las Ciencias Audiovisuales (ICAA) los datos de recaudación de las taquillas cinematográficas del país. Se trata de unos datos que ya venía recogiendo, divulgando y comercializando esa empresa y que, lógicamente, son de utilidad para las distribuidoras de películas.

La creación de esta nueva plataforma de divulgación es una buena oportunidad para preguntarnos si, aparte del servicio que le prestan al sector privado, no se podrían utilizar estos datos también para entender mejor cómo funciona la distribución y el consumo de cine en todo el país y poder así diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a conseguir objetivos políticos concretos. En caso de ser así, también sería pertinente preguntarse por qué esa recogida de datos no la lidera el sector público en lugar de dejarla en manos privadas.

A modo de ejemplo, si el Ministerio de Cultura recogiese directamente datos de cómo funciona la recaudación de las películas en todo el país, sabría si hay grandes diferencias entre la distribución de películas en el ámbito rural y el urbano, pongamos el caso. De constatar, como es previsible, que hay un cine que no llega al ámbito rural, con esos datos podría diseñar un programa que ayude a una más equitativa distribución cinematográfica que garantice el igual acceso de los ciudadanos a una diversidad de “productos culturales” independientemente del entorno en el que residan. Eso sí, para ello habría que asumir este objetivo como político. Donde antes un lobby reclamaba unas ayudas (que favorecieran su interés) ahora podríamos desarrollar una política de “interés público”. O dicho de otra manera, de decidir hacer un gasto, al menos hacerlo conforme a una evidencia empírica que sustente la decisión política.

Este ejemplo ayuda a ilustrar como las nuevas tecnologías de la información nos ayudan a superar los viejos debates que bloquean con frecuencia el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Ante una opinión, ahora llegaríamos a una evidencia.

 Continuando con el ámbito de las políticas culturales (sector profundamente ideologizado, fragmentado y debilitado en el que cualquier decisión política conduce con frecuencia a la controversia) una meticulosa extracción y compilación de datos puede ayudar a detectar de una manera objetiva los problemas y las necesidades. Por qué, como en el cine, no disponemos de datos de frecuentación de teatros, auditorios, museos, desgranados por disciplinas, edades del público, temporalidades…? Técnicamente eso es posible hacerlo hoy día. Faltan los recursos y la voluntad política para así disponerlo. La misma voluntad política que debería conducir a relegar a niveles más técnicos la elaboración, conforme a esos datos, de las políticas públicas ad hoc. La tecnología, los datos y la técnica no excluirían la dimensión política sino que, antes bien, la evidenciarían y la clarificarían entre todo el ruido, nerviosismo y confusión que hoy día dominan el debate sobre políticas culturales.

Los recelos ante la introducción de esta tecnología en las técnicas de gestión y administración de lo público se irán venciendo poco a poco. Ni los temores de concentración de información están justificados cuando hablamos de los poderes públicos, pues esa información es por naturaleza y como garantía, pública; ni las reticencias de una Administración, y una parte de los administrados, son racionalmente sostenibles. Por ello caminar hacia una Administración Pública fundamentada en las técnicas actuales de recogida de información y procesamiento de datos, nos acercaría hacia esa eficiencia que, en un desliz positivista, podríamos llamar “verdad”.

(*) David Márquez Martín de la Leona es analista cultural y politólogo

 

 

 

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