Elecciones generales en Polonia: un giro brusco a la derecha

MARCIN ROMAN CZUBALA (*)

 

 

Kaczynski, felicitado por la hija de su hermano fallecido tras ganar las elecciones en Polonia

 

Tras las elecciones parlamentarias del 25 de octubre de 2015, los resultados con casi la totalidad del escrutinio finalizado apuntan al partido ultraconservador de Jarosław Kaczyński como claro ganador. Con el 37,70% de los votos, que suponen 232 escaños, Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) adquiere la potestad de gobernar en solitario, volviendo al gobierno tras perder las elecciones de 2007 y dando además lugar a una situación sin precedentes. Es decir, por primera vez desde la transición de este país hacia la democracia en 1989, una formación ganadora dispone de plena posibilidad de ser gobernante único sin necesidad de formar coaliciones. 

La segunda en obtener el mayor número de votos fue la Plataforma Cívica (PO, por sus siglas en polaco). El partido liderado anteriormente por el actual Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, (con el resultado del 23,60% y en clara oposición a la formación ganadora) se queda fuera del gobierno, ocupando además el puesto de líder de la oposición. Asimismo, teniendo en cuenta los resultados de las elecciones parlamentarias del 2011, vemos una clara inversión de fuerzas. El partido de Ewa Kopacz (la sucesora de Tusk) no solamente es el principal perdedor de los últimos comicios, sino también la distancia electoral hacia su principal opositor (Ley y Justicia) decrece notablemente. Esto ha sido resultado del cansancio social generado por su gobierno, así como (tal como apuntan los medios nacionales) el resultado del orgullo, la vanidad y el sentimiento de superioridad de sus políticos frente al resto de los oponentes.

  

Fuente: http://www.tvn24.pl/wybory-parlamentarne-2015,127,m (26.10.2015)

 

Otro de los rasgos principales de estas elecciones es la entrada de dos nuevas formaciones políticas: Kukiz´15 y Moderna (Nowoczesna en polaco). En el primer caso, hablamos de un partido dirigido por Paweł Kukiz (exrockero y líder de la banda “Piersi”), conocido ya por la sociedad polaca debido a la presencia de su líder en las elecciones presidenciales del pasado 10 de mayo. Con un resultado total del 8,70% de votos, Kukiz´15 dará representación al electorado marcado por el activismo social: tanto de carácter populista, radical y antisistema, como derechista, indignado y frustrado con el anterior y el actual gobierno, así como con la situación interna que vive el país.

 En cambio, Moderna de Ryszard Petru es un partido proeuropeo y claramente liberal. Con un programa electoral y postulados políticos basados en importantes reformas económicas, esta formación obtuvo el 7,70% de votos. La liberalización económica, el desarrollo basado en la innovación, la reforma sustancial del sistema de seguridad social y de educación o la eliminación de los privilegios de ciertos colectivos profesionales son solamente algunas de sus propuestas.

 Finalmente, la última de las cinco formaciones políticas que consiguieron entrar en el Congreso es el Partido Campesino Polaco (PSL, por sus siglas en polaco). Con el 5,20% de votos obtenidos, es otro de los claros perdedores de estos comicios, siendo sin duda afectado notablemente por la coalición con el anterior partido gobernante, Plataforma Cívica, y la aprobación de las políticas puestas en marcha por su socio.

 Quizás la sorpresa más grande es la desaparición de la izquierda de la escena política polaca. Como vemos en los siguientes gráficos, la agrupación de estos partidos presentada por la candidata de los socialistas (Barbara Nowacka) no llegó a obtener el suficiente número votos a su favor para entrar en la cámara baja del Parlamento. Sin la menor duda, la mala gestión de la campaña, la tardía aparición de su candidata principal, sus líderes históricos y la falta del rejuvenecimiento de sus estructuras fueron las principales causas de su decreciente popularidad, presenciada ya durante las elecciones presidenciales de este mismo año. Igualmente, el surgimiento del partido Juntos (Razem en polaco), su popularidad y buenas previsiones electorales (finalmente insuficientes) causaron también una parcial desviación de los votos; ya fuera hacia este nuevo actor político (popular especialmente entre la gente joven y de izquierdas) o hacia otras formaciones.

 

 

 

Fuente: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,147565,19085685,petru-bedziemy-glosem-rozsadku-mam-nadzieje-ze-beata-szydlo.html?lokale=local#BoxNewsImg (26.10.2015)

 

El partido KORWiN, otra de las formaciones a la que el Congreso de los Diputados se queda (por ahora) fuera de su alcance, obtuvo el 4,90% de votos. No obstante, su posible entrada podría cambiar sustancialmente el reparto actual de los escaños, nivelando el número de los diputados de Ley y Justicia (ganadora en 14 de las 16 regiones del país) a 228. En tal caso, el partido ganador perdería el “privilegio” de poder gobernar en solitario, siendo obligado a formar una coalición con el objetivo de obtener una mayoría parlamentaria; aunque Paweł Kukiz en su entrevista con una de las principales cadenas de radio nacionales (Radio Zet) afirmó ya que no formará parte del nuevo gobierno de la derecha ultraconservadora.

 Por su parte, la futura primera ministra Beata Szydło, antropóloga de 52 años de edad, en ningún momento de la campaña dudó en presentar su postura relativa a los asuntos clave y de actualidad nacional que preocupan a gran parte de la sociedad polaca. Defensora de los valores católicos y nacionalistas, reservada en lo que se refiere a la entrada de Polonia en la zona euro, favorable a una mejor redistribución de riqueza, negativa hacia las cuotas del reparto de los refugiados y de postura anti-rusa, logró un amplio apoyo no solamente entre la gente mayor (el electorado tradicional de su partido), sino también de una parte importante de la gente joven.

 Asimismo, la elección de esta entusiasta de las políticas de Viktor Orbán (comparada a menudo con Marine Le Pen) crea una situación de cierta incertidumbre, especialmente en el caso de su equivalente occidental más próxima. Parece estar claro que Polonia apoyará desde ahora las posturas de otros de los Estados de la región (Hungría, Republica Checa y Eslovaquia) formando un eje que intentará diluir los acuerdos sobre la inmigración acordados estos meses.

 Teniendo en cuenta la trayectoria y la actitud del último gobierno de Ley y Justicia en relación con sus socios europeos y el lugar de Polonia en la Unión Europea, existe también la posibilidad de que las buenas relaciones polaco-alemanas, así como las polaco-rusas, sufran un deterioro. Paradójicamente, un clima de confrontación podría suponer una clara ventaja para el gobierno de Putin debido a la mayor división y debilidad política de la UE, lo que jugaría en parte en contra de los intereses nacionales de Polonia. No obstante, ¿existe la posibilidad de que la futura primera ministra polaca se desvincule de Jarosław Kaczyński? ¿Lograría este cambio de cara a la galería dar lugar a un rejuvenecimiento ideológico de su partido y un posible cambio de rumbo en el contexto comunitario? ¿Nos esperan unos tiempos difíciles para Europa? No nos queda otra alternativa que esperar, aunque una cierta alteración tanto en el ámbito nacional como europeo parece ser innegable.

 

Marcin Roman Czubala es doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

La cuestión de la reforma del Senado ante las próximas elecciones legislativas

 

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Vista del hemiciclo del pleno del Senado en una sesión de control al Gobierno.

 

Desde hace ya demasiados años se habla de forma permanente de la idoneidad del actual Senado y de su posible reforma. Es más, las críticas no son ninguna novedad; son casi tan antiguas como la propia Constitución, pues desde el primer momento se le vio como una cámara de composición conservadora y llamada a ejercer un papel de contrapeso del Congreso de los Diputados.

Más recientemente, la crítica al Senado ha contado con argumentos diferentes, con mayor eco en la opinión pública y, seguramente, a veces más preocupantes, ya que miden la eficacia de las instituciones según el coste de sus gastos de funcionamiento, un sistema de medición de eficiencia económica nada deseable cuando se trata de contar con instituciones que satisfactoriamente representen a los ciudadanos y a los territorios. Desde una perspectiva bien diferente, el proceso soberanista iniciado en Cataluña ha reabierto el debate sobre la forma de adaptar el actual modelo autonómico a nuevas demandas sociales y al posible desarrollo federal de la Constitución española. Por otro lado, aunque aún no se conocen los contenidos precisos de los programas electorales, es de esperar que las diferentes fuerzas políticas vayan a tomar posición ante la evidente necesidad de reformar una institución que desde no está cumpliendo la previsión del artículo 69 de la Constitución, en el que se le califica como “cámara de representación territorial”.

La Experiencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

La insatisfacción sobre el actual Senado español ya en 1994 dio lugar a un interesante acuerdo entre las principales fuerzas políticas que condujo a una reforma de su Reglamento y a la creación de un órgano cuya experiencia puede ser ilustrativa en el momento actual, la Comisión General de las Comunidades Autónomas. En aquel momento, y sin necesidad de modificar la Constitución, es decir su composición y funciones, se encontró una fórmula imaginativa que se pensó que podía reforzar el papel del Senado. Aun sin haber logrado resolver las dudas latentes, la actividad de la Comisión General aporta una interesante experiencia para valorar las necesidades y problemática de un posible Senado reformado.

La modificación del Reglamento de 1994, vuelven su mirada al modelo del Bundesrat alemán, es decir, a una cámara formada por representantes de los Gobiernos de los Länder y no por representantes elegidos de forma directa por los ciudadanos, como resulta lógico en un sistema de federalismo de ejecución en el proceso legislativo nacional. Por este motivo, en la Comisión General de las Comunidades Autónomas conviven la condición de cámara de segunda lectura, tradicional de los sistemas bicamerales, junto a elementos que le acercan al modelo alemán. Siguiendo el modelo del Bundesrat, se reconoce el derecho de intervención en sus debates por parte de los miembros de los Consejos de Gobierno autonómicos junto al de los miembros del Gobierno. Además, se reconoce la iniciativa de los Consejos de Gobierno autonómicos para solicitar la convocatoria de la Comisión. Pero, por otro lado, el orden del día es fijado por la Mesa, oídos los portavoces de los grupos. El resultado es un órgano de composición y funcionamiento híbrido que no ha logrado resultar adecuado para responder a las expectativas que generó.

 La Comisión alcanzó su máxima actividad en la Legislatura 2004-2008, cuando celebró 41 reuniones y debatió casi todos los proyectos normativos del Gobierno que afectaban a las Comunidades Autónomas (infraestructuras, vivienda, medio ambiente, sanidad, educación). En la siguiente Legislatura su actividad decayó hasta sólo 11 sesiones; pero resulta aún más significativo que en la recién acabada el número de reuniones sea sólo de 8, y sólo con debates efectivos en 3 reuniones y sobre 3 temas: el proyecto de Ley de Mejora y Calidad Educativa, el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.

Pero con vistas a la posible reforma del Senado, es importante tener en cuenta que la participación media de miembros de los Consejos de Gobierno autonómicos en sus sesiones ha ido también decayendo. En la Legislatura 2004-2008 fueron 11 y en la posterior, 2008-2011, sólo 4. Además, las Comunidades Autónomas que con mayor asiduidad han tomado parte en sus sesiones han sido Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, Madrid, Andalucía, Galicia, C. Valenciana, Cantabria y Aragón. En el lado opuesto País Vasco, Navarra, Canarias y Cataluña, cuatro Comunidades con fuerte identidad propia, son las que menos veces participaron en sus reuniones.

Otro olvido concierne a la celebración de los Debates sobre el Estado Autonómico. A pesar de la previsión, en veinte años sólo se han celebrado tres; en 1994, 1997 y 2005, curiosamente con tres Presidentes del Gobierno diferentes y sin que el actual Presidente del Gobierno haya celebrado ninguno. Más aún, sus contenidos ponen de relieve una lectura unilateral del Estado Autonómico por parte de cada Comunidad y que los temas compartidos han sido escasos.

Podemos buscar diferentes interpretaciones para explicar el fracaso de la experiencia, pero puede ser significativa la convivencia forzada de unas reglas de funcionamiento de naturaleza parlamentaria y de una presencia de miembros de Gobiernos autonómicos. El riesgo de un Senado reformado según el modelo alemán y sin participación efectiva de sus miembros no puede ser olvidado.

  

Cuestiones para el Debate.

 Desde una perspectiva crítica, la primera cuestión a debatir es la necesidad de un Senado, ya que puede sostenerse que la composición del Congreso de los Diputados es una suficiente garantía de representación popular. Sin embargo, es cierto que los países más importantes de la Unión Europea y otros del mundo occidental cuentan con un sistema de doble cámara. Las razones son de índole histórica y complejas, y ciertamente discutibles desde la perspectiva de la racionalización parlamentaria, pero es cierto que la existencia de una segunda cámara, o del Senado en España, permite una segunda lectura de las leyes, es decir, un análisis más reposado que da más tiempo a los parlamentarios y a los grupos políticos a fijar su postura sobre los proyectos de ley. Es más, los propios Gobiernos aprovechan esta doble lectura como una doble posibilidad para modificar los textos que inicialmente remitieron al Congreso de los Diputados.

Una cuestión diferente es que la conveniencia de esta segunda cámara se haya convertido en la práctica en un instrumento característico de los Estados de organización territorial federal o regional. Los ejemplos son abundantes y prácticamente todos los Estados compuestos, como en cierto sentido lo es el español,  cuentan con una segunda cámara compuesta por parlamentarios que representan no a la totalidad de la población sino especialmente a los ciudadanos de los diferentes territorios, que componen el Estado.

Asumida la opción de un Senado de representación territorial, se plantea la necesidad de revisar su actual composición. Es importante recordar que la composición actual de nuestra cámara alta tiene un origen preconstitucional y viene a ser una reproducción de lo que ya preveía la Ley de Reforma Política de 1976: cuatro senadores por provincia y derecho a votar solo por tres candidatos. El resultado es el ya conocido efecto de reparto entre primer y segundo partido mediante una distribución de tres senadores para el primer partido y uno para el segundo. En la práctica de los últimos años esta regla se ha convertido en un instrumento muy beneficioso para el PP, ganador en más provincias, lo que supone que desde 1996 se vengan sucediendo mayorías absolutas de este partido en el Senado, incluso durante los triunfos electorales socialistas de 2004 y 2008. Es lógico pensar que estas mayorías absolutas durante casi veinte años parecen un serio obstáculo para el consenso necesario que requiere la reforma del Senado. De la misma manera, se ha cuestionado la falta de igualdad en la representación, de modo que Madrid o Barcelona cuentan con el mismo número de senadores que  Soria o Teruel, sin tener en cuenta la población de cada provincia.

En este mismo sentido cabe cuestionarse qué interés efectivo tiene seguir considerando la provincia como circunscripción electoral en una organización política basada sobre todo en Comunidades Autónomas. Pero también, y desde una perspectiva crítica, se intuye que la dificultar de fijar el número de senadores o de ponderar el voto de cada Land o Comunidad Autónoma tendría en España un eco especial, si tenemos en cuenta el ejercicio comparativo de ventajas y agravios que rodea permanentemente el modelo autonómico.

La tercera cuestión clave a dilucidar es la de las funciones. Parece existir un acuerdo en reforzar el papel territorial del Senado, pero ¿cuáles serían las atribuciones específicas que tendría y que le diferenciaría del Congreso? Los diferentes proyectos o simples ideas de reforma apuntan a diferenciar las leyes de contenido prioritariamente territorial o con mayor incidencia o efectos para las Comunidades Autónomas, que serían objeto de tratamiento prioritario en el nuevo Senado reformado.

Ahora bien, habría importantes dificultades para aplicar esta diferenciación. Por un lado, porque el sistema de distribución de competencias es complejo y ello dificultaría la calificación que habría que hacer de cada ley. No sería una labor automática considerar si una determinada ley ha de ser vista antes por el Senado o por el Congreso. Pero, sobre todo por el uso alarmante que se viene haciendo de la figura del Real Decreto-ley, usado en 75 ocasiones durante la Legislatura recién finalizada, un número no muy alejado de las 127 leyes ordinarias aprobadas. Es obvio decir, que ante un uso tan extendido de esta forma de legislar la reforma del Senado para intensificar la participación de senadores autonómicos en la elaboración de las normas pierde toda relevancia. 

Un futuro Senado reformado: ¿ Cámara para la Cooperación entre el Estado y las Comunidades Cámara o Cámara para la Participación de las Comunidades Autónomas en el Proceso Legislativo del Estado?.

 En el debate siempre abierto sobre cómo reformar el Senado el modelo del Bundesrat alemán ejerce una atracción llamativa. Este modelo hace posible la existencia de un sistema de cooperación desde el momento en el que los representantes de los Länder participan en esta Cámara, pero también puede dar lugar a una tecnificación y complejidad excesiva de las decisiones políticas e incluso al desarrollo de una burocracia de cooperación cuyos resultados son hoy por hoy desconocidos. Con las cautelas propias ante lo desconocido, este debería ser uno de los objetivos de la reforma: garantizar la cooperación y evitar el conflicto.

Pero, en paralelo, la reforma debería abordar el hecho de que el sistema constitucional no cuente con un sistema formalizado de participación autonómica en el debate de leyes de Estado, lo que resulta extraño en un sistema en el que las Comunidades han de desarrollar y ejecutar una buena parte de la legislación que prueban las Cortes Generales. La elevada conflictividad competencial que conocemos en la actualidad en el sistema autonómico no es ajena a esta carencia. En este punto el modelo español se aleja claramente del modelo federal y muy especialmente del alemán, con tanta frecuencia tomado como referencia, donde rige el principio de responsabilidad colectiva y compartida en la elaboración y aplicación de las leyes; un principio que supone la institucionalización de la participación de las unidades federadas y, posiblemente, la reducción de los conflictos competenciales.

En todo caso, la ausencia de previsiones sobre esta participación en la actualidad resulta hoy día especialmente incoherente, sobre todo desde que las Asambleas Legislativas participan en el mecanismo para la defensa del Protocolo de Subsidiariedad de la Unión Europea, conocen las propuestas normativas y pueden expresar su criterio sobre ellas antes de su aprobación definitiva e incluso participan en las delegaciones españolas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Es decir, las Asambleas autonómicas tienen acceso a los proyectos normativos de la Unión Europea, pero no a los del Estado.

 

José María Pérez Medina es politólogo

 

 

 

Farsa electoral en Egipto

 

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO (*)

 

El presidente egipcio Al-Sisi (drcha), al lado del rey saudita Salman y el presidente yemenita Haidi, 

 

El pasado domingo se dio el pistoletazo de salida de las elecciones legislativas egipcias, cuya segunda fase se desarrollará a finales de noviembre. En juego están los 596 escaños del nuevo Parlamento que, con toda probabilidad, será copado por candidatos ‘independientes’. Según la nueva ley electoral, sólo una quinta parte de los diputados (120 en total) corresponderá a las diferentes coaliciones que se presentan a los comicios.

La apatía y el desinterés han presidido la campaña electoral y los egipcios son plenamente conscientes de que la Asamblea del Pueblo que saldrá de las urnas será una correa de transmisión de Abdel Fattah al-Sisi. En sus dos años de presidencia, Sisi ha cortado de raíz toda disidencia y ha restringido severamente las libertades públicas. Los Hermanos Musulmanes, el principal movimiento opositor, están completamente diezmados tras la brutal persecución de la que han sido objeto. Sus líderes languidecen en las prisiones tras haber sido condenados a la pena capital y sus simpatizantes esperan a que lleguen tiempos mejores para recuperar el terreno perdido.

Con la mayor parte de los opositores encarcelados o neutralizados, las elecciones ni serán libres ni tampoco competitivas. Posiblemente el porcentaje de abstención, que se prevé muy elevado, nos sirva para calibrar la credibilidad que la población egipcia otorga a estos comicios. Según fuentes oficiosas, la participación habría oscilado en esta primera fase entre el 10 % y el 15 %, lo que ha encendido todas las alarmas en el palacio presidencial de Ittihadiya, puesto que una escasa afluencia pondría en tela de juicio la legitimidad del nuevo Parlamento. Ante dicha eventualidad, el gobierno se apresuró a dar media jornada libre a los trabajadores públicos para tratar de atraerles a las urnas.

Estas elecciones suponen la última parada de la hoja de ruta fijada por Abdel Fattah al-Sisi tras el desalojo de los Hermanos Musulmanes del poder. La primera fue la aprobación de la nueva Constitución en enero de 2014 y la segunda la elección de Sisi como presidente en el mes de mayo de ese mismo año con casi un 97% de los votos a su favor. Ahora toca cerrar este círculo con la elección de un Parlamento, que en todo caso dispondrá de un escaso margen de maniobra y que, todo parece apuntar, se someterá dócilmente al poder ejecutivo. Al mismo tiempo, los comicios ponen fin a una situación anacrónica, ya que desde hace tres años el país funcionaba sin poder legislativo puesto que la Cámara fue disuelta por el Tribunal Constitucional en junio de 2012 y, desde entonces, Egipto ha sido gobernado a golpe de decreto presidencial.

Ante el boicot de buena parte de los partidos egipcios, la coalición oficialista ‘En Amor a Egipto’ tiene todas las papeletas para alzarse con la victoria. El hecho de que sea dirigida por el general Sameh Saif al-Yazal, un antiguo miembro de los servicios de inteligencia, da cuenta del grado de control que los militares ejercen sobre la transición egipcia. Esta curiosa alianza está compuesta, amén de por varias estrellas de la televisión y astros del balón, por hombres de negocios y destacadas figuras del régimen mubarakista que tratan de acomodarse a la nueva situación para congraciarse con los militares, los dueños del nuevo Egipto. El resto de coaliciones vienen a ser más de lo mismo y están dirigidas por los denominados ‘remanentes’ de la época de Mubarak, como es el caso del Frente Egipcio dirigido por el ex primer ministro Ahmed Shafiq. 

También concurre a las elecciones la plataforma salafista al-Nur, que respaldó el golpe militar y pretende ahora ser recompensada por ello. Su propósito es convertirse en la principal fuerza del islam político tras la ilegalización de los Hermanos Musulmanes. No obstante se quedará muy lejos del 25 % de los escaños que obtuvo en las elecciones de 2011, ya que Sisi no está excesivamente interesado en tener contrapesos que constriñan su labor de gobierno.

Durante sus dos años en el poder, Sisi ha aprovechado la lucha contra el terrorismo yihadista para afianzar su posición y eliminar a sus rivales. No sólo ha perseguido a los sectores islamistas, sino también a los artífices de la revolución de Tahrir, muchos de ellos condenados a elevadas penas de prisión. El mensaje que trata de vender al pueblo egipcio es que el fortalecimiento de la democracia no es una condición indispensable para el crecimiento económico. El desdoblamiento del canal de Suez, que pretende duplicar los ingresos gracias al nuevo tráfico generado, fue presentado a bombo y platillo como la panacea que resolverá todos los problemas de Egipto. La realidad es bien distinta, ya que los frutos de esta apuesta tardarán en llegar, si es que llegan algún día. Mientras tanto, la inaudita acumulación de poder en manos de Sisi podría tener el efecto contrario al deseado, puesto que le deja sin escudos de protección ante eventuales crisis futuras.

 

Ignacio Álvarez-Ossorio es profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Alicante y coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación Alternativas

 

¿Qué podemos esperar de la COP21 sobre cambio climático en Paris?

 

ANA BELEN SÁNCHEZ (*)

 

 
Chimeneas de una planta de carbón alemana emiten humo junto a un molino de viento

 

Esta semana tiene lugar la última ronda de negociaciones antes de la Conferencia sobre cambio climático de Paris, la COP21. En ese momento, los 196 países (contando a la Unión Europea como uno sólo) que acordaron luchar contra el cambio climático en 1992 se reunirán de nuevo para renovar su compromiso.

Atrás quedan intentos fallidos de lograr un acuerdo global que involucre a todos los países y que asegure esfuerzos de acuerdo a sus capacidades y sus responsabilidades. Aún nos acordamos de la reunión que tuvo lugar en Copenhague en 2009. Los líderes mundiales reunidos allí no fueron capaces de encontrar un lugar común que aunara los esfuerzos de todos en esta lucha. ¿Por qué Paris será diferente? ¿Qué ha cambiado desde entonces?

En Copenhague se planteó un acuerdo que replicaba el enfoque del Protocolo de Kioto, por el que se establecía un objetivo global de reducción de emisiones y se repartían los esfuerzos entre países para cumplir este objetivo. Además, se dividían los países en dos categorías: aquellos países que ya estaban industrializados, responsables en gran parte de las emisiones que se acumulan en la atmósfera debido a la utilización de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) y aquellos países aún en proceso de desarrollo, mucho menos emisores pero con perspectivas futuras de crecimiento.

Ambas ideas han cambiado: el enfoque de arriba-abajo no ha funcionado. Los países quieren tener la libertad de decidir en qué sectores pueden actuar y qué medidas se deben implantar. Unos optan por usar más energías renovables (la mayoría), otros por reducir la deforestación, otros por reducir el consumo de energía en las ciudades y otros promocionar una agricultura más sostenible. También ha cambiado el estado de desarrollo de los países. China, Brasil o Sudáfrica pueden hoy difícilmente considerarse como países en desarrollo. China sobrepasó a Estados Unidos como primer emisor a nivel mundial ya en 2009. Sus emisiones per cápita (6,8 t/per cápita) superaron a muchos países desarrollados, entre ellos España (5,8 t/per cápita[1]). Sin embargo aún existen países como Bangladesh, Haití o Mali prácticamente no emisores pero altamente vulnerables a los impactos del cambio climático. Inundaciones, olas de calor, subida del nivel del mar, sequías y otros. Sus pequeños avances en dejar atrás la pobreza son borrados en pocos días, cuando alguno de estos (frecuentes) eventos asola alguno de estos países.

Es por todo esto que las negociaciones sobre cambio climático han evolucionado. El Acuerdo Paris definirá un nuevo marco de acción en política climática que entrará en vigor en 2020 y que plantea una responsabilidad de acción climática compartida por todos los países, sin olvidar las necesidades de los países más vulnerables al cambio climático y donde son los propios países los que deciden qué están dispuestos a hacer y se comprometen a hacerlo. Tres elementos deben darse para poder considerar la COP21 un éxito.

En primer lugar el efecto agregado de todos los planes nacionales en términos de reducción de emisiones debe asegurar un futuro seguro para la humanidad. De acuerdo a la comunidad científica internacional, este futuro se sitúa en un aumento máximo de temperatura media de entre 1,5-2ºC frente a los niveles preindustriales. Con este incremento de temperatura los impactos del cambio climático son considerados como ‘manejables’, aunque costará muchos recursos económicos y humanos luchar contra ellos. ¿En qué se traduce en términos de emisiones este objetivo? Según las conclusiones de los científicos, la manera más efectiva en términos económicos de reducir estas emisiones sería, logrando que el máximo de producción de emisiones a nivel global se diera alrededor del 2020 (en sólo 5 años) para reducirse después gradualmente y llegar a una producción cero de emisiones alrededor de 2070[2]. Un éxito de la reunión de París sería un objetivo en esta línea.

Hasta el momento 146 países han presentado un avance de sus planes climáticos. En total cubren un 87% de las emisiones mundiales[3] y su cumplimiento supondría un aumento de la temperatura media de 3º C, es decir, nos sitúan en la zona de peligro, en un escenario de impactos inmanejables, donde los más vulnerables, también dentro de cada país, serán los que más sufran.

En este punto aparece el segundo punto clave del Acuerdo. ¿Qué hacer si los compromisos de los países no son suficiente? Según el nuevo Acuerdo, estos planes tendrán que revisarse periódicamente, probablemente cada 5 años, siempre para aumentar su ambición. Estas revisiones se harán posiblemente por un panel de expertos que evaluarán hasta qué punto el país podría hacer más, de acuerdo a sus capacidades y responsabilidades. Quedan abiertas sin embargo cuestiones como qué principios se utilizarán para hacer esta revisión,  qué uso se hará de las recomendaciones del panel de expertos, qué ocurrirá si algún país decide no actuar más allá aunque tenga la capacidad económica, política y social de hacerlo.

La sociedad civil ha presentado esta semana una propuesta de revisión en la que propone que ésta se haga de acuerdo a criterios de responsabilidad histórica y capacidades tomando como datos de partida para el reparto de emisiones la cantidad de emisiones producidas por cada país en las últimas décadas y los ingresos per cápita medios[4]. Según su estudio, son los países en desarrollo lo que, en la actualidad, están haciendo un esfuerzo de reducción de emisiones por encima de sus capacidades. El Acuerdo por tanto debe dar suficiente seguridad de que el mecanismo de revisión funcionará y se logrará la ambición necesaria, aún en base a acuerdos voluntarios.

El tercer elemento clave del Acuerdo es la financiación climática o en otras palabras que dineros acordarán desembolsar los países ricos (con una mayor responsabilidad climática) para ayudar los países más vulnerables a adaptarse a los efectos del cambio climático. La promesa de financiación climática no es nueva. Ya en Copenhague los países desarrollaron se comprometieron a dar 100 mil millones de dólares al año a partir del 2020 y 30 mil millones al año entre 2010-2012. Se estima que en ese periodo se distribuyeron 35 mil millones de dólares, 5 más del objetivo, pero sólo el 20% fue de financiación nueva, el resto era dinero ya comprometido bajo programas de cooperación al desarrollo[5]. Además, sólo el 30% se utilizó en medidas de adaptación, que es la mayor necesidad de los países en desarrollo. Sin financiación suficiente la lucha climática no será posible. Y no sólo es importante la cantidad, también como se distribuirá en y entre países. De nuevo hablamos de categorizar a los países según su grado de vulnerabilidad y capacidad de acción. Difícil tarea.

Nos jugamos mucho. Un  mundo seguro y próspero. Necesitamos un acuerdo ambicioso que mantenga al mundo en un escenario de seguridad climática que evite un aumento en el número de desastres climáticos y que impida más inversiones públicas y privadas en sectores del pasado, que nos anclen a un futuro que ni queremos ni podemos permitirnos.

Ana Belén Sánchez es coordinadora del panel de sostenibilidad de la Fundación Alternativas

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[1] Según datos del Banco Mundial de 2011 http://datos.bancomundial.org/indicador/EN.ATM.CO2E.PC

[2] IPCC 5^th Assessment Report http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

[3] Unprecedented Global Breadth of climate action plans ahead of Paris, UNFCCC, 2015 http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/indcs-unprecedented-global-breadth-of-climate-action-plans-ahead-of-paris/

[4]Fair Shares: a civil society equity review of INDCs: https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-civil-society-review-climate-indcs-191015-en_2.pdf

[5] Mobilizing International Climate Finance, WRI, 2013. http://www.wri.org/publication/mobilising-international-climate-finance

Un Saturno de derechas

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA (*)

 

John Boehner, en el centro de la imagen

 

 Seguramente fue cuando comenzaron a rodar las cabezas de los líderes de la Revolución Francesa que surgió el símil según el cual las revoluciones, al igual que el dios Saturno, devoran a sus hijos. Pero, a juzgar por lo visto en estos días en Estados Unidos, a veces Saturno resulta de derechas sin por eso perder la voracidad hacia su progenie.

 Siendo Estados Unidos un país presidencial, el liderazgo de la Cámara de Representantes lo lleva el llamado “portavoz” de la misma (Speaker). Es el único cargo de la Cámara que se halla estipulado por la Constitución, uno de los más importantes del país y, aunque esto sea más bien simbólico, el tercer cargo en la línea de sucesión a la presidencia. El portavoz es elegido por el partido mayoritario en la Cámara y se espera de él que sea el líder de dicha mayoría, jugando un papel decisivo a la hora de diseñar la agenda legislativa y la táctica para impulsarla.

 Hace pocos días el hasta entonces portavoz John Boehner anunció su renuncia en forma un tanto prematura. No se había aún asentado el polvo de la conmoción cuando Kevin Mc Carthy, a quien en su calidad de “Majority Leader” le hubiera correspondido en condiciones normales reemplazar a Boehner, retiró su nombre de la contienda dejando la elección abierta. Súbitamente el Partido Republicano parecía quedar acéfalo. Al momento de escribir estas líneas parece haber un consenso aún frágil que podría elevar al cargo de Speaker a Paul Ryan, quien fuera compañero de fórmula de Mitt Romney en la elección presidencial del 2012.

 ¿A qué se debe este caos? En parte a circunstancias fortuitas. Mc Carthy se autodestruyó cuando, en un rapto de indiscreción (o de honestidad, según se mire), reconoció que el principal motor de la investigación sobre los hechos de Benghazi (Libia) eran los réditos políticos de poder atacar a Hillary Clinton. Pero más allá de estos detalles, se advierte una profunda fractura estructural en el Partido Republicano.

 Por estos días se ha puesto en boga en la prensa norteamericana usar la clásica división entre “radicales” y “moderados” para entender este episodio. Esto induce a equívocos. En asuntos de fondo, el Partido Republicano se encuentra bastante unido. Todos sus miembros más importantes rechazan absolutamente la política económica y exterior de Obama, la reforma a la sanidad, la legalización del matrimonio homosexual y así sucesivamente. Tras más de dos décadas de deriva hacia la derecha, la revolución conservadora dentro del Partido Republicano ha sido tan exitosa que ya no quedan moderados en el sentido que ese término tenía hace unos años. El partido está resuelto a atacar no solo las reformas de Obama, sino también las estructuras del Estado del bienestar creadas en los años 60s e incluso, si el tiempo lo permite, repudiar totalmente el New Deal de los años 30.

 La división interna del partido es más un asunto de táctica que de estrategia o de metas. Lo que la prensa llama el sector moderado es más bien un sector bastante conservador que, sin embargo, está dispuesto a aceptar que el Partido Demócrata, debido a cambios en la demografía y la geografía electorales, se ha convertido en el “partido de la presidencia.” Mientras los demócratas controlen la Casa Blanca, esta facción prefiere negociar. En cambio, el “sector radical” prefiere tensar la cuerda al máximo; si se rompe, mejor.

 En términos concretos, la pugna gira en torno a una de las grandes invenciones de la civilización moderna: la deuda pública a perpetuidad. Como resultado de una serie de accidentes históricos que de otro modo no tendrían importancia, el proceso legislativo norteamericano tiene dos etapas en lo que se refiere al presupuesto. En una primera etapa, el Congreso aprueba los presupuestos del Estado, los usos y fuentes de los recursos. Pero luego, el cupo de endeudamiento del gobierno también se somete a votación en el Congreso. Esto genera una situación extraña en la que el Congreso en una ley de la república le da al gobierno la orden de acometer ciertos gastos y cobrar ciertos impuestos, pero luego puede decidir si acepta o no la deuda pública que resulte de cualquier diferencia entre ambos. Kant decía que quien quiere los fines, quiere también los medios pero el Congreso norteamericano parece no regirse por este principio.

 Durante mucho tiempo la solución a este problema era muy sencilla: ignorarlo. Cuando llegaba el momento de votar el cupo de endeudamiento del gobierno, se trataba de un mero trámite. Pero como resultado de los cambios dentro del Partido Republicano han llegado al Congreso nuevos sectores que no están dispuestos a jugar con las mismas reglas y que ahora insisten en utilizar el cupo de endeudamiento como herramienta para atacar a la Administración Obama.

 Se produce así uno de los espectáculos más curiosos de la política moderna. En la gran superpotencia capitalista del mundo existen sectores  conservadores que en su afán de defender el sistema están dispuestos a hacer estallar uno de los pilares del capitalismo moderno: la capacidad de los Estados Unidos de emitir deuda a perpetuidad. Los Bonos del Tesoro de Estados Unidos son la barra de iridio del sistema financiero mundial; son el activo de riesgo cero por excelencia. Hasta hace pocos años sugerir que el gobierno de Estados Unidos faltara a sus obligaciones hubiera sido considerado un acto sedicioso por parte de los partidos tradicionales y de los grandes intereses económicos, empezando por Wall Street. Pero ahora hay sectores de derecha que abiertamente amenazan con forzar esta situación.

 Irónicamente, fue el mismo John Boehner el que, tratando de aplacar a sus elementos más fanáticos, comenzó con este tipo de amenazas. Pero, como suele ocurrir, aquellos sectores, lejos de aplacarse, se han vuelto más asertivos. Ya antes habían logrado derrotar humillantemente a Eric Cantor, líder conservador como el que más pero que aún así no pudo evitar la arremetida del Tea Party. Ahora le correspondió el turno a Boehner y, aunque es prematuro hacer pronósticos, en estos días sí quedó claro que los extremistas de la Cámara no veían con buenos ojos a Paul Ryan, a pesar de que sus posiciones ideológicas coinciden casi plenamente con las de ellos.

 Curiosamente, Saturno esta vez resultó ser conservador y, más curioso aún, a pesar de ser el dios del tiempo, parece que se enreda con la noción de deuda a perpetuidad.

 

Luis Fernando Medina Sierra es doctor en Economía

Licencias de tv doblemente "digitales"

 

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

 

 

El anuncio extraoficial del Gobierno de la futura concesión de seis nuevas licencias de televisión en TDT, constituye el último escándalo de la práctica tradicional ya en España, que se remonta a la tradición franquista, de conceder las licencias privadas de forma “digital”. En un concurso de confusas normas que alegan la expresión libre y plural y la cultura (producción audiovisual), pero interpretadas por una comisión gubernamental, el resultado era esperable. Los canales de HDTV serán para Mediaset y AtresMedia, que refuerzan así su duopolio (más del 85 % del mercado publicitario) y…para el Real Madrid; los tres canales suplementarios normales serán para 13 TV, la productora Sequoya y Radio Blanca. Tan formidable alarde de pluralismo se producirá unas semanas antes de las elecciones generales, por si quedaran dudas del interés intervencionista del Gobierno de Rajoy, y por quince años. 

Tan esperpéntica escena sólo es el resultado de un sistema autoritario, heredado pero reforzado por el PP, que pivota sobre la anulación de toda autoridad audiovisual en España, único caso hoy de entre los 27 países de la Unión Europea. Como se sabe, ese regulador independiente, reclamado por el Senado en 1995, revindicado en el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, y previsto por la Ley General del Audiovisual de 2010 nunca se llegó a poner en marcha durante la X legislatura por la oposición del PP. Entre sus competencias al menos, estaba la de vigilar las condiciones de los concursos e informar sobre los aspirantes, aunque al contrario que en otros muchos países, sus valoraciones no eran vinculantes para el Gobierno.

Finalmente, un proyecto de ley presentado al Congreso a finales de 2012. venía a consagrar la supresión definitiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que moría antes de nacer. Sin embargo, en la nueva Ley 3/2013 (BOE de 5-6-2013), alegando siempre la austeridad y la eficiencia, esa “non nata” autoridad independiente se subsume en la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, junto con las competencias de las telecomunicaciones, la energía, el transporte, el correo postal y la competencia, revelando, de paso la concepción gubernamental de la cultura y la información como simple economía, fuera de toda implicación para el pluralismo y la diversidad, que ni siquiera son citados en el preámbulo de la ley. Además, su proclamación como “independiente” es altamente cuestionable porque depende orgánicamente del Ministerio de Economía, y sus diez miembros fueron nombrados por el Gobierno –ocho de ellos de confianza directa del Ejecutivo-, a propuesta del citado Ministerio, y ratificados por el Congreso por mayoría simple. Contra todo pronóstico la CNMC ha tomado medidas serias de regulación y sanción en el campo audiovisual, pero sus competencias mermadas y su composición son las que son.

En cualquier caso, las licencias quedaron fuera de sus competencias y, por tanto, residen exclusivamente en el poder ejecutivo. Así el Gobierno se convierte en la práctica en el guardián efectivo de la radiotelevisión pública y de la privada incluso directamente, porque competencias clave como el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general vuelven a Presidencia del Gobierno, mientras las licencias privadas y las sanciones contra ellas se desplazan al Ministerio de Industria (disposición adicional 7ª).

El problema es que esta situación no sólo penaliza al pluralismo ideológico y social, sino también a la producción cultural, en el que los compromisos de los aspirantes suelen olvidarse nada más se atribuyen las concesiones. Además, perjudica gravemente a la libre competencia mercantil, lo que debería incitar a la Comisión Europea a tomar medidas severas.

 

Enrique Bustamante (*) Catedrático de Comunicación Audiovisual en la UCM, miembro del Consejo del OCC de la Fundación Alternativas.

 

Al Asad no es Hitler

 

VICENTE PALACIO (*)   

 

  

En marzo pasado, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, comparaba al Presidente Bachar Al Asad  con Hitler y Sadam Husein. John Kerry, Secretario de Estado de EEUU, ya lo había hecho después de que en agosto de 2013 el régimen bombardeara con armas químicas el barrio de Ghuta, a las afueras de Damasco, aniquilando más de 1400 civiles. Puede que este tipo de actos reflejos le vengan a Al Asad de familia: de hecho, su padre, el patriarca Hafez, y su hermano, Rifaat, ya habían aplastado la rebelión de los Hermanos Musulmanes en la ciudad de Hama en 1982, llevándose por delante miles de combatientes. Treinta años más tarde aplicó el mismo modelo.

 

La historia nos muestra una y otra vez la celeridad con que estos cirujanos de hierro pasan a convertirse en villanos, lo fácil es que el gobernante déspota se convierta en asesino. El Daily Mail británico había captado en una foto de 2009 una cena privada de los matrimonios Kerry y Asad - asiduos londinenses - en lo que parece una conversación exquisita y cómplice. Una escena que hoy nos parece inquietante, y que el mandatario sirio había repetido, oficialmente o en la intimidad, con decenas de gobernantes occidentales, igual que en el pasado Sadam, Gadafi o Mubarak.

 

En entrevistas recientes, como en la exclusiva de la BBC, Bachar se muestra firme, sonriente a veces, incluso elegante. Por supuesto, Bachar es el último bastón contra el terrorismo yihadista y el Estado Islámico (ISIS) en Oriente Medio. Buenos modales, razonamientos en forma de elipsis, nada que ver con la retórica alocada de Sadam o Gadafi. Tanto que uno casi olvida su fenomenal récord como estadista: más de 300.000 muertos, una tercera parte de ellos civiles, decenas de miles de desaparecidos, y una dramática ola de doce millones de desplazados, cuatro de ellos fuera del territorio sirio, y el número va en aumento. 

 

La historia reciente también nos muestra que el imaginario occidental necesita siempre su nuevo Hitler para poder librar la gran batalla: alguien o algo realmente maligno, despiadado con su pueblo, destructor de libertades y derechos , expansionista y guerrero. Es verdad: hubo un momento en 2013 en que Obama estuvo dispuesto a intervenir militarmente, al fin y al cabo todo presidente norteamericano le ha sacado partido al hecho de tener un Gran Villano enfrente al que poder derrotar (distinto a Putin, con quien la guerra no es posible). Es un poco parte del espíritu nacional. Occidente vislumbraba poco a poco al nuevo Hitler contra el que combatir y a partir del cual instaurar un orden nuevo en la región: democrático, próspero, libre de “malas influencias”. Pero rusos y chinos impusieron su veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y el fantasma pasó de largo. Se perdió el momento, porque luego apareció con mucha fuerza un tercer bando en discordia, otra réplica fatal de Hitler: ISIS. Para colmo, estaba claro que Al Asad no tenía ninguna intención de invadir a nadie, sino de salvar su propio pellejo.  Los expansionistas, en todo caso, eran los yihadistas; los amigos proxies como Hezbollah, estaban a la baja; incluso en Israel, como en una burbuja propia e inoperante, los Netanyahus le tenían cierta estima a ese enemigo del pasado, siempre tan predecible y constante. Más tarde, otros Hitler despiadados entraron en escena, esta vez los amigos saudíes, cometerían sus tropelías en Yemen.

 

Lo malo de toda esta historia es que Al-Asad no es Hitler, es sólo un pequeño hitler, con minúsculas: Oriente Medio está lleno de sus replicantes. No podemos colgarle esa etiqueta y destruirlo, más ahora que se ha regalado la iniciativa a Putin, y tanto Obama como el resto de líderes los occidentales lo saben. Las grandes potencias ya han iniciado el camino para tomar Damasco. Va a hacer falta mucha diplomacia y creatividad para al mismo tiempo derrotar a ISIS y cambiar el régimen sirio. Al Asad se ha librado hasta ahora de sentarse en el banquillo por crímenes de guerra y lesa humanidad, y si en el futuro tiene suerte y sirve de canje de otros intereses, incluso fuera del poder, no lo verá en vida. Las cartas se están barajando de nuevo en Washington, Moscú, Teherán, Ankara, Riyad, y tantos otros, y a ver qué pasa. Lo importante es que Al Asad se vaya, y abrir nueva página.

 

Hay que pensar, también los europeos, otra mecánica diferente, hay que mirar más lejos. En ese camino hacia la meta, plagado de espectros de Hitler, cualquier símil con la segunda guerra mundial seguramente no nos llevará a nada bueno. Sabemos cómo terminó en 1945 la carrera hacia Berlín de los aliados y los rusos, desde los frentes del Oeste y del Este, para derrotar al enemigo común. De allí salió un régimen nuevo, pero muy distinto a aquél de concordia y democracia que se esperaba. Lo llamaron la Guerra Fría, y dura hasta hoy. 

 

* Vicente Palacio es director adjunto de OPEX

De existir, la verdad estaría en los datos

DAVID MÁRQUEZ MARTÍN DE LA LEONA (*)

Imagen de una cola a la entrada de un cine  

 

Recientemente la Secretaría de Estado de Cultura anunció que iniciaba una colaboración con una empresa privada para suministrar semanalmente en la página del Instituto de la Cinematografía y las Ciencias Audiovisuales (ICAA) los datos de recaudación de las taquillas cinematográficas del país. Se trata de unos datos que ya venía recogiendo, divulgando y comercializando esa empresa y que, lógicamente, son de utilidad para las distribuidoras de películas.

La creación de esta nueva plataforma de divulgación es una buena oportunidad para preguntarnos si, aparte del servicio que le prestan al sector privado, no se podrían utilizar estos datos también para entender mejor cómo funciona la distribución y el consumo de cine en todo el país y poder así diseñar e implementar políticas públicas que ayuden a conseguir objetivos políticos concretos. En caso de ser así, también sería pertinente preguntarse por qué esa recogida de datos no la lidera el sector público en lugar de dejarla en manos privadas.

A modo de ejemplo, si el Ministerio de Cultura recogiese directamente datos de cómo funciona la recaudación de las películas en todo el país, sabría si hay grandes diferencias entre la distribución de películas en el ámbito rural y el urbano, pongamos el caso. De constatar, como es previsible, que hay un cine que no llega al ámbito rural, con esos datos podría diseñar un programa que ayude a una más equitativa distribución cinematográfica que garantice el igual acceso de los ciudadanos a una diversidad de “productos culturales” independientemente del entorno en el que residan. Eso sí, para ello habría que asumir este objetivo como político. Donde antes un lobby reclamaba unas ayudas (que favorecieran su interés) ahora podríamos desarrollar una política de “interés público”. O dicho de otra manera, de decidir hacer un gasto, al menos hacerlo conforme a una evidencia empírica que sustente la decisión política.

Este ejemplo ayuda a ilustrar como las nuevas tecnologías de la información nos ayudan a superar los viejos debates que bloquean con frecuencia el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas. Ante una opinión, ahora llegaríamos a una evidencia.

 Continuando con el ámbito de las políticas culturales (sector profundamente ideologizado, fragmentado y debilitado en el que cualquier decisión política conduce con frecuencia a la controversia) una meticulosa extracción y compilación de datos puede ayudar a detectar de una manera objetiva los problemas y las necesidades. Por qué, como en el cine, no disponemos de datos de frecuentación de teatros, auditorios, museos, desgranados por disciplinas, edades del público, temporalidades…? Técnicamente eso es posible hacerlo hoy día. Faltan los recursos y la voluntad política para así disponerlo. La misma voluntad política que debería conducir a relegar a niveles más técnicos la elaboración, conforme a esos datos, de las políticas públicas ad hoc. La tecnología, los datos y la técnica no excluirían la dimensión política sino que, antes bien, la evidenciarían y la clarificarían entre todo el ruido, nerviosismo y confusión que hoy día dominan el debate sobre políticas culturales.

Los recelos ante la introducción de esta tecnología en las técnicas de gestión y administración de lo público se irán venciendo poco a poco. Ni los temores de concentración de información están justificados cuando hablamos de los poderes públicos, pues esa información es por naturaleza y como garantía, pública; ni las reticencias de una Administración, y una parte de los administrados, son racionalmente sostenibles. Por ello caminar hacia una Administración Pública fundamentada en las técnicas actuales de recogida de información y procesamiento de datos, nos acercaría hacia esa eficiencia que, en un desliz positivista, podríamos llamar “verdad”.

(*) David Márquez Martín de la Leona es analista cultural y politólogo

 

 

 

Derrota da Direita e Desafiador Quadro Político

MANUEL CARVALHO SILVA (*)

 

El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho

 

Os resultados das eleições do passado dia 4 de outubro criaram em Portugal um quadro político significativamente diferente daquele que o país viveu nos últimos 4 anos e meio. É já claro que surgirão pressões novas/ mudanças no sistema político-partidário e/ou suas práticas. Entretanto, Passos Coelho e seus pares, bem como o Presidente da República (PR) procuram dar a aparência de que mantêm o mesmo poder.

Primeiro, a coligação de direita, formada por PSD e CDS teve uma grande derrota: mais de 700 000 votos perdidos face aos resultados que havia obtido em 2011, caindo 12 pontos percentuais (de 50,4% para 38,5%) e ficando agora com menos 28 deputados. A direita não pode governar sozinha. Precisa de apoios para fazer aprovar o seu programa de governo e o Orçamento do Estado, pode nem sequer formar governo, ou sustentar um governo de duração limitada.

É um facto inquestionável que existia na sociedade portuguesa, há poucos meses atrás, a perspetiva de que esta coligação de direita no governo teria uma derrota ainda maior e havia também um certo consenso (expresso em sondagens e na opinião pública dominante) quanto à possibilidade de o PS ser a força política mais votada e com significativa diferença. Entretanto, com o aproximar do dia das eleições, as sondagens e o ambiente da campanha eleitoral foram progressivamente mostrando que a direita não teria a perda inicialmente prevista e o facto de aquele cenário, verdadeiramente possível, não ter sido atingido, propiciou no plano nacional e no plano europeu, o surgimento de uma certa ideia de vitória das políticas de austeridade e uma tentativa de relançamento da tese da sua eficácia na resolução dos problemas com que os povos e os países como Portugal se debatem. Trata-se de uma grande mentira que rapidamente ficará a nu.

Entre os inúmeros fatores que se podem enunciar como justificação para as escolhas feitas pelos portugueses e portuguesas, podem considerar-se: i) o PS enredou-se em contradições, desde logo apresentando um programa eleitoral marcadamente técnico (com notas pontuais de influência neoliberal) quando o combate era político. Daí resultou um debate eleitoral em que no centro da discussão esteve muito mais o programa do PS do que o balanço dos 4 anos e meio de governação da direita e das propostas que esta tinha ou não para o futuro. Na parte final, os dirigentes do PS acreditaram que o PS podia resolver o problema apresentando-se como o saco do voto útil, esquecendo que a social-democracia há muito surge aos olhos dos cidadãos sem programa capaz de gerar alternativas sérias e que muitos cidadãos, apesar de gostarem muito da Europa como projeto comum, começam a apostar em propostas políticas que afrontem as regras europeias; ii) a emigração de centenas de milhares de portugueses (aproximadamente 500 000) nos últimos anos levou para fora do país ativistas jovens, facto que enfraqueceu bases e capacidades de mobilização à esquerda; iii) uma parte do descontentamento das pessoas – que andam a fugir da vida porque esta é muito dura – refugia-se na abstenção perante a inexistência de alternativas que interpretem os seus dramas; iv) os discursos e intervenção do PR, sempre numa perspetiva de subjugação do país perante os poderes dominantes na União Europeia (UE) e/ou posições dos mercados, bem como o seu combate a políticas alternativas tiveram, ao longo dos anos, um efeito desmobilizador no comportamento dos portugueses e de favorecimento da direita; v) a ideia de que no espaço da UE e da zona euro será muito difícil fazer vingar políticas alternativas foi muito reforçada com o processo político grego e com a avalanche de pronunciamentos de dirigentes e tecnocratas da UE. Sem dúvida que isto intimida e estes medos não serão ultrapassados sem que à esquerda se desenvolvam respostas mais sólidas, o que ainda não aconteceu no processo eleitoral.

Segundo, o PS embora não tenha atingido os objetivos eleitorais a que necessariamente se propunha, conseguiu aumentar a sua votação em mais de 180 000 votos, subiu (em comparação com os resultados obtidos em 2011) mais de 4 pontos percentuais e terá no novo Parlamento mais 11 deputados do que os que tinha até aqui. Está objetivamente no seio de um enorme sarilho, debaixo de fortes pressões da direita, do Presidente da República que atua com todo o descaramento para favorecer a direita e, por certo, sofrendo também fortes pressões dos poderes dominantes na UE e dos “mercados”. Tudo farão para o tornar prisoneiro da direita e uma parte significativa de “quadros” do PS, há muito que vendeu a alma ao diabo. Por outro lado, como refiro a seguir, aumentou significativamente a pressão à sua esquerda. Contudo, o PS “entalado” e obrigado a gerir cenários complexos estará, ao mesmo tempo, no centro de todo o processo político e à partida continua com condições para fazer melhor do que tem feito.

Terceiro, as forças à esquerda do PS reforçaram-se. O BE passou de 5,2% para 10,2%, a que correspondeu uma votação de quase 550 000 votos e a eleição de 19 deputados (antes tinha 8). O PCP ficou com 8,3% do global de votos (antes tinha 7,9%) elegendo 17 deputados, e obtendo mais de 450 000 votos. Se a estes dois partidos juntarmos a votação de alguns outros pequenos que não elegeram ninguém, temos uma representação eleitoral à esquerda do PS, bem superior a 20% do eleitorado.

Além disso quer o BE, quer o PCP avançaram com a afirmação de posições políticas novas no sentido de poderem trabalhar compromissos com o PS com vista a gerar-se uma “maioria de esquerda” para viabilizar um governo. E têm sido comedidos nas exigências que fazem. Qual a sinceridade e os objetivos táticos e estratégicos destas posições, qual a capacidade e disponibilidade do PS para as gerir e potenciar, são interrogações que hão de ter clarificação nos próximos tempos; mas é inquestionável que estes novos dados vão influenciar relações de forças – estão já a desencadear o surgimento de novas confluências, mas também contradições nos posicionamentos das esquerdas – e ter impactos em todo o quadro político-partidário existente e no futuro político do país.

Quarto, com estes resultados a Assembleia da República vai ter lugar de relevo como já não tinha há muitos anos. Perspetiva-se mais debate e conflito de posições, que obrigará ao desenvolvimento de propostas com mais qualidade e fundamentação, necessidade de mais negociação e de criação de compromissos novos. Para a democracia portuguesa será bom que o Parlamento desempenhe esse papel. As grandes mudanças não se fazem sem práticas novas e, além disso, todos os deputados (e as forças políticas representadas) têm responsabilidade igual nos seus mandatos.

Dois outros aspetos importa realçar: primeiro, o PR, que atabalhoadamente e de forma inqualificável apressou-se a entregar a Passos Coelho a tarefa de encetar diligências com vista à observação de condições para formar governo, mesmo antes de falar com todos os partidos e de estar feita a contagem dos votos dos emigrantes e identificando ele próprio condicionalismos que pretendem afastar o BE e o PCP da participação ou apoio a um governo de esquerda; não vai desarmar nas suas intenções, mas está já com os poderes de intervenção diminuídos pois em finais de janeiro ou fevereiro já está eleito um novo PR. Figuras da direita já berram contra a hipótese de entendimentos fortes à esquerda. Estão tão habituados a agir para uma sociedade que instituiu que uma parte dos cidadãos são excluídos, que também querem instituir a impossibilidade de forças de esquerda poderem governar.

Segundo, ao contrário do que pregam “orgulhosos” certos políticos europeus, os portugueses não sancionaram as políticas de austeridade. É bom lembrar que a direita proclamou durante toda a campanha eleitoral que “a crise e a austeridade” já passaram. Eles conquistaram votos a partir do convencimento de que agora vai haver recuperação de direitos e de condições de desenvolvimento.

Estou convencido que a sociedade portuguesa se mobilizará para exigir essa recuperação, seja qual for o futuro governo. Ninguém ignora o excesso do quadro cor-de-rosa com que a direita tentou pintar a realidade do país, todos sabemos que são grandes os problemas económicos e políticos que atingiram a UE e a situação internacional, mas acima de tudo só cabeças loucas podem apresentar as políticas austeritárias como solução para um futuro melhor.

Em Portugal estamos vivendo um período político difícil mas desafiador. Com otimismo moderado afirmo: janelas de esperança se abriram.

 

(*) Professor universitário,coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas

do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

 

 

For think tanks, it’s either innovate or die

JAMES McGANN(*)

 

Global Think Tank Summit II, celebrated in Milan last week

 

Beginning in the 1970s, public policy research institutions experienced explosive growth — today there are over 6,500 think tanks worldwide, with representation in virtually every country. The boom was driven and defined by globalization, the growth of civil society, an increasing complexity of policy issues and new demands for timely and concise analysis. In recent years, however, the surge has died down and the pace of think tank establishment has slowed. Now, think tanks face extinction unless they learn to innovate and adapt to a rapidly changing political economy.

While many factors have contributed to their decline, a shortage of money and the growth of an information-rich environment are arguably the most influential. Limited private and public funding for think tanks has resulted in more short-term, project-specific funding, rather than long term institutional support. Think tanks also face competition from advocacy organizations, for-profit consulting groups, law firms and electronic media for the attention of busy policymakers and an increasingly distracted public. In today’s environment anyone can be a think tank, at least virtually.

Traditional measures of impact and policy research are less relevant than ever, and the best mediums for reaching policymakers and the public are in a constant state of flux. This poses an existential challenge for think tanks — but also an incredible opportunity to increase the quality of their output and their ability to reach a larger audience.

[Other perspectives: Are think tanks obsolete?]

Policymakers still require reliable, accessible and useful information on the mechanics of current policies and on the costs and consequences of possible alternatives. These needs have long been central to government decision-making, but now, more than ever, the forces of globalization require analytical insight to bridge the gap between research and actually implementing policy solutions.

Think tanks, however, still face an operating environment that is full of tensions and disruptions. To successfully navigate it, they must understand the threats and opportunities facing all knowledge-based organizations and adapt to meet the market’s new demands.

First, research must be timely and accessible in order to effectively engage policymakers, the media and the public. Gone are the days when a think tank could operate with the motto “research it, write it and they will find it” — publishing a white paper and assuming that an influential policymaker would come across it eventually. To have meaningful effect, think tanks must place relevant analysis in the right hands, in the right format, at the right time. This means strategic use of Facebook, linkedin, infographics, and video briefs to communicate information and analysis on key policy issues. Policymakers read an average of thirty minutes a day, and they are not reading books or journals. A think tank’s objective should be to capture their attention so they direct their staff to read the 300-page book or report.

Second, think tanks must adapt to the growing demand for rapid data and analysis. Our era of constant connectivity brings with it a perpetual flood of information — from television to the blogosphere, from political advocacy to social media campaigns. Think tanks must be nimble enough to adjust to the acceleration and information avalanches that technical change will bring about.

Ultimately, think tanks must respond to this changing environment by collaborating and innovating. They must develop national, regional and international partnerships, and create new platforms to reach citizens, firms and policymakers with their insights. In a marketplace of ideas where everything is global, innovations, insights and influence can only be realized through strategic knowledge partnerships.

With their rigorous and innovative perspectives on issues and trends, think tanks contribute evidence and quality information to help tame policy tsunamis sweeping the globe. They are uniquely positioned and skilled to critically assess the good, bad, ugly and potentially dangerous ideas and opinions that flood the Internet and airwaves every day. Increasingly, policymakers are turning to think tanks they know and trust to validate their positions on key policy issues, to check facts and sort through the flood of conflicting opinions and information that crosses their desks each day.

To preserve their future, think tanks will need to adopt entrepreneurial and tech-savvy communication strategies while continuing to produce rigorous, policy relevant analysis. With a 21st-century approach, think tanks will survive and thrive for years to come. Without it, they may go the way of the eight-track.

 

(*)James G. McGann, Ph.D. is a senior lecturer of International Studies at theLauder Institute and director of the Think Tanks and Civil Societies Programat the University of Pennsylvania.