Licencias de tv doblemente "digitales"

Por: | 19 de octubre de 2015

 

ENRIQUE BUSTAMANTE (*)

 

SORIA

 

 

El anuncio extraoficial del Gobierno de la futura concesión de seis nuevas licencias de televisión en TDT, constituye el último escándalo de la práctica tradicional ya en España, que se remonta a la tradición franquista, de conceder las licencias privadas de forma “digital”. En un concurso de confusas normas que alegan la expresión libre y plural y la cultura (producción audiovisual), pero interpretadas por una comisión gubernamental, el resultado era esperable. Los canales de HDTV serán para Mediaset y AtresMedia, que refuerzan así su duopolio (más del 85 % del mercado publicitario) y…para el Real Madrid; los tres canales suplementarios normales serán para 13 TV, la productora Sequoya y Radio Blanca. Tan formidable alarde de pluralismo se producirá unas semanas antes de las elecciones generales, por si quedaran dudas del interés intervencionista del Gobierno de Rajoy, y por quince años. 

Tan esperpéntica escena sólo es el resultado de un sistema autoritario, heredado pero reforzado por el PP, que pivota sobre la anulación de toda autoridad audiovisual en España, único caso hoy de entre los 27 países de la Unión Europea. Como se sabe, ese regulador independiente, reclamado por el Senado en 1995, revindicado en el Informe del Consejo para la Reforma de 2005, y previsto por la Ley General del Audiovisual de 2010 nunca se llegó a poner en marcha durante la X legislatura por la oposición del PP. Entre sus competencias al menos, estaba la de vigilar las condiciones de los concursos e informar sobre los aspirantes, aunque al contrario que en otros muchos países, sus valoraciones no eran vinculantes para el Gobierno.

Finalmente, un proyecto de ley presentado al Congreso a finales de 2012. venía a consagrar la supresión definitiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que moría antes de nacer. Sin embargo, en la nueva Ley 3/2013 (BOE de 5-6-2013), alegando siempre la austeridad y la eficiencia, esa “non nata” autoridad independiente se subsume en la “Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, junto con las competencias de las telecomunicaciones, la energía, el transporte, el correo postal y la competencia, revelando, de paso la concepción gubernamental de la cultura y la información como simple economía, fuera de toda implicación para el pluralismo y la diversidad, que ni siquiera son citados en el preámbulo de la ley. Además, su proclamación como “independiente” es altamente cuestionable porque depende orgánicamente del Ministerio de Economía, y sus diez miembros fueron nombrados por el Gobierno –ocho de ellos de confianza directa del Ejecutivo-, a propuesta del citado Ministerio, y ratificados por el Congreso por mayoría simple. Contra todo pronóstico la CNMC ha tomado medidas serias de regulación y sanción en el campo audiovisual, pero sus competencias mermadas y su composición son las que son.

En cualquier caso, las licencias quedaron fuera de sus competencias y, por tanto, residen exclusivamente en el poder ejecutivo. Así el Gobierno se convierte en la práctica en el guardián efectivo de la radiotelevisión pública y de la privada incluso directamente, porque competencias clave como el catálogo de acontecimientos deportivos de interés general vuelven a Presidencia del Gobierno, mientras las licencias privadas y las sanciones contra ellas se desplazan al Ministerio de Industria (disposición adicional 7ª).

El problema es que esta situación no sólo penaliza al pluralismo ideológico y social, sino también a la producción cultural, en el que los compromisos de los aspirantes suelen olvidarse nada más se atribuyen las concesiones. Además, perjudica gravemente a la libre competencia mercantil, lo que debería incitar a la Comisión Europea a tomar medidas severas.

 

Enrique Bustamante (*) Catedrático de Comunicación Audiovisual en la UCM, miembro del Consejo del OCC de la Fundación Alternativas.

 

Hay 1 Comentarios

Una vergüenza. El PP no sabe qué significa la palabra democracia.
Un saludo

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