Hacia el 20-D: ¿Qué opinan los ciudadanos de los impuestos?

MARTA ROMERO (*)

 

 

Delegación de Hacienda de Guzmán el Bueno (Madrid)

 

El debate sobre los impuestos suele ocupar un lugar destacado en las campañas electorales. Y los partidos políticos, con independencia de su orientación ideológica, parecen defender sus (diferentes) propuestas desde el (mismo) planteamiento de que subir impuestos, más que de izquierdas o derechas, es impopular. No en vano, estamos acostumbrados a escuchar los elocuentes términos de “presión” y “carga fiscal” cuando se habla de impuestos y, por ende, de “alivio fiscal” cuando éstos bajan.

Por ello no es de extrañar que, sin entrar en el contenido de las propuestas, los diferentes partidos políticos coincidan en la forma en la que plantean el debate sobre la fiscalidad. Por ejemplo, la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude se ha convertido en una especie de “latiguillo” al que las fuerzas políticas recurren con frecuencia en tiempo preelectoral. Al igual que, cuando se propone una reforma fiscal, se explica que es para lograr una recaudación más justa desde el punto de vista social (contribuyendo más el que más tiene) y más eficiente desde el punto de vista económico (recaudando más y mejor).  En la misma línea, siempre que los partidos plantean “abiertamente” subidas de impuestos dejan claro que éstas no afectarán ni a la clase media ni trabajadora, sino que repercutirán sobre los que más tienen.

De acuerdo con los datos de la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre opinión pública y política fiscal (estudio 3105, julio 2015) y que hemos conocido recientemente, los ciudadanos tienen una mala opinión sobre la cantidad de impuestos que se pagan en España, la equidad con la que se recaudan y los beneficios que se obtienen del pago de impuestos y cotizaciones. Así, nos encontramos que más del 60% de los españoles considera que se pagan muchos impuestos y teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga. Hasta 9 de cada 10 ciudadanos opinan que no paga más el que más tiene y existe mucho o bastante fraude fiscal sin que, a su juicio, además, la Administración realice muchos esfuerzos para combatirlo.

Sin lugar a dudas, la ciudadanía tiene una opinión muy negativa sobre la forma en que se recaudan los impuestos en España y el uso que se hace de ellos. Pero también es cierto que esa valoración ha sido constante a lo largo de la democracia, sin que se pueda, por tanto, hablar, en términos demoscópicos, de un pasado (mucho) mejor en este terreno. Por ejemplo, desde 1985, siguiendo los datos del CIS, la respuesta de que no paga más el que más tiene ha sido siempre abrumadoramente mayoritaria y, desde 1992, también ha sido predominante la percepción de que la sociedad no recibe todo lo que paga en impuestos. Entre 2010 y 2014, años marcados por los recortes sociales y las subidas de impuestos directos e indirectos y con una polémica amnistía fiscal aplicada para los grandes defraudadores, se acentuó en el ámbito fiscal el descontento ciudadano, pero en 2015 se observa una valoración menos negativa. Algo que puede estar ligado a las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses por el Gobierno central y otros gobiernos autonómicos y locales, junto al discurso de que se pueden destinar más recursos para aumentar las prestaciones sociales habida cuenta de la mejora de la situación económica.

En todo caso, los ciudadanos han mostrado y siguen mostrando actitudes positivas en lo que se refiere a la utilidad que tienen los impuestos y preferirían pagar más para tener acceso a mejores servicios públicos y prestaciones sociales, que pagar menos impuestos y tener menos servicios y prestaciones. La mayoría (54%) de los ciudadanos cree que los “impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos” y un 10,4% considera que “son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad”. Frente a estas opiniones positivas, hay casi un tercio de de españoles que considera que los impuestos “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber a cambio de qué”.

Respecto a 2014, han crecido las opiniones positivas sobre la utilidad de los impuestos y han disminuido las negativas (ver gráfico). Por otra parte, encontramos que la mayoría de los ciudadanos considera que se destinan pocos recursos a las principales políticas del Estado de bienestar, como son las ayudas a personas dependientes, la sanidad, la educación y las pensiones.

 

Parece, de este modo, que el malestar de los ciudadanos con los impuestos no se debe a que estén en contra de pagarlos, sino a que valoran negativamente la gestión que se hace de los mismos; empezando por la crítica de que no se recaudan equitativamente. Al igual que en otras áreas, en el ámbito de la fiscalidad se observa en España una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus gestores. Y evidentemente no ha contribuido a aumentar esa confianza el continuo goteo, al que hemos asistido en los últimos años, de escándalos de corrupción y comportamientos poco ejemplares protagonizados por representantes políticos e institucionales. En este sentido, siguiendo como referente a los países nórdicos donde los ciudadanos pagan elevados impuestos a cambio de tener una alta cobertura de prestaciones sociales y servicios públicos, la clave principal reside en que la ciudadanía confíe en las instituciones y en el uso que éstas hacen de los recursos públicos.

Pero no está claro que, durante la campaña de estas elecciones generales, se vaya a plantear el debate de la fiscalidad en términos de confianza institucional y en sentido amplio (teniendo en cuenta todas las dimensiones implicadas: qué prestaciones sociales y servicios públicos queremos, cómo gestionar de forma más eficiente los recursos, cómo lograr una recaudación más equitativa, cómo lograr instituciones más transparentes y eficaces, etcétera). Al contrario, es probable que, haciendo gala de seguir el manual de campaña para minimizar riesgos, los partidos políticos (tanto los tradicionales, como las fuerzas emergentes) sigan coincidiendo en la forma de abordar este debate como un campo especialmente peligroso y en el que lo más conveniente es no quedarse atrás en la carrera por bajar impuestos (o, en su caso, subírselos sólo a los más ricos).

 

(*) Marta Romero es subdirectora de Laboratorio en la Fundación Alternativas

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

[Publicado por: Juliana Luisa González Hurtado]

No es que la ciudadanía confié en las instituciones, sino en que las instituciones hagan un uso correcto del dinero recaudado y que la ciudadanía así lo vea.

Un saludo

[Publicado por: ECO]

“La percepción que la sociedad tiene de la realidad suele ser tan importante como la realidad misma”. Pero en este caso creo que no es una cuestión de percepción, sino que la opinión de los ciudadanos es la lógica teniendo en cuenta dos cosas: Primea, la estratificación en clases de la sociedad española, la clase media ha crecido de forma importante en las últimas décadas, según informes de la Fundación Encuentro la clase trabajadora, que es a la que más le interesa que haya una justa presión fiscal, no llega al 50% de la sociedad. Segunda, a las características del mercado laboral español, con un elevado porcentaje de empresas familiares, elevado porcentaje de autónomos, elevado porcentaje de economía sumergida, etc.

[Publicado por: abogados madrid]

Interesante artículo.
Lo que sí es verdad es que deberíamos distinguir la percepción que puedan tener los ciudadanos sobre lo que pagan de impuestos, si pagan mucho o poco, de lo que realmente se paga en relación con los países de nuestro entorno. Aquí quizás los ciudadanos también tengan razón.
Ante el problema de percepción que plantea el artículo quizás pueda tener como solución la realización de una campaña de comunicación que pudiera explicar realmente a donde van sus impuestos y por qué se tiene que pagar.
Muchas gracias.

[Publicado por: ECO]

Interesante articulo.
Sin ser un experto en la materia, en un país con una deuda pública del 100% del PIB, incapaz de cumplir los objetivos de déficit, con aproximadamente un cuarto de la población activa en paro, y con un elevado porcentaje de la población en situación de pobreza, bajar los impuestos es un enorme error.