Solidaridad con Francia

NICOLÁS SARTORIUS (*)

 

 

Rajoy y Hollande posan en la escalinata del palacio del Elíseo 

 

I.- El país vecino ha sido objeto de un ataque brutal no solo de unos terroristas sino de una entidad autodenominada “ estado islámico”, ISIS o Daesh que ocupa una parte de los territorios de Siria e Irak y ejerce, en ellos, funciones estatales. A partir de las zonas que controla organiza ataques contra objetivos en Europa y otras partes del mundo. Es una amenaza muy seria que se ha ido extendiendo por Oriente Medio hasta convertirse en una amenaza global.

II.- En esta ocasión ha atacado en París, pero no nos engañemos, podía haber sido en Bruselas, Londres o Madrid., es decir es un ataque a la Unión Europea. El gobierno francés ha apelado al art. 42.7 del Tratado de Lisboa  por cuanto considera que necesita la ayuda de los demás socios europeos en esta dura y larga batalla. Es la primera vez que se invoca el mecanismo de defensa mutua y ello tiene su importancia. No se ha acudido, como en otras ocasiones, a la OTAN o a alianzas puntuales sino a un instrumento netamente europeo en la línea de caminar hacia una defensa europea. La decisión tiene su importancia, pues no deberíamos olvidar que hoy se ha tratado de Francia pero mañana podemos ser nosotros los atacados y, como es lógico, también solicitaremos la solidaridad de los demás. Solidaridad más necesaria en el caso de España que no tiene la capacidad militar de Francia o Inglaterra.

III.- Ante esta imprescindible solidaridad mutua no podemos responder con el silencio, aunque el gobierno francés haya manifestado su “ comprensión” ante las próximas elecciones generales. Mi opinión es que el gobierno español y las fuerzas políticas tienen la obligación de definir claramente su posición ante los ciudadanos españoles aparte de lo que , en algún momento, Francia nos solicite. Digamos las cosas claras: nadie ha pensado enviar tropas a Siria o Irak, tampoco el gobierno francés porque sobre el terreno deben intervenir los efectivos locales. Tampoco se nos ha solicitado que enviemos bombarderos a esos países. Primero, porque no seríamos de gran utilidad teniendo en cuenta la cantidad de naciones que ya están bombardeando con más medios que nosotros. Lo que si se nos ha venido a decir es que a Francia( y a la Unión Europea) le vendría bien que España enviara medios militares a países de África que pudieran sustituir a soldados franceses: tropas, aviones de transporte, elementos logísticos etc. Efectivos que, como es lógico, el gobierno francés tendrá que solicitar formalmente al máximo nivel, como ha hecho con otros países y el gobierno español deberá consensuar con otras fuerzas políticas y llevar el debate y resolución a la Diputación Permanente del Congreso.

IV.- Llegados a este punto, España no puede negarse a prestar su ayuda por cálculos electorales. Entre otras cosas porque no nos deberíamos dejar influir por un “ no a la guerra”,fuera de contexto y de razón, como si estuviéramos ante otra guerra de Irak,cuando el actual conflicto no tiene nada que ver con aquel, sino que se trata de todo lo contrario. Aquella fue una invasión ilegal e ilegítima, basada en falsas informaciones, cuyo resultado fue catastrófico y está en el origen de los actuales problemas. Hoy estamos ante una situación de legítima defensa ante los ataques de una entidad criminal que degüella a los prisioneros, destruye obras de arte milenarias y envía terrorista a múltiples países. Estado “islámico” que si no se le frena y derrota podría extenderse por todo Oriente Medio y se crearía un conflicto mucho más vasto que el actual.

  A nadie le gusta la guerra, pero no es esa la opción en este momento. La cuestión es si nos defendemos de esos ataques o no. Se podrán discutir los medios a emplear pero lo que está claro es que o hacemos frente y derrotamos al llamado Daesh o ISIS o se extenderá como la lepra hasta hacer la situación insostenible. Sin duda hay que luchar por la paz, pero cuando a uno le atacan o se defiende o está perdido.

(*) Nicolás Sartorius en vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

 

 

A propósito del “Informe sobre Desigualdad”

LUIS FERNANDO MEDINA SIERRA(*)

 

 

El Segundo Informe sobre la Desigualdad en España de la Fundación Alternativas es un esfuerzo conjunto, multidisciplinario de varios investigadores que busca tomar el pulso del Estado del bienestar español. Aparte de cubrir una gran diversidad de aspectos (pensiones, garantías de ingreso, sanidad, educación, vivienda y fiscalidad), en cada caso busca ir más allá de las consideraciones coyunturales, una tentación difícil de resistir en vista de la agudísima crisis de los últimos años, para entender cómo dicha crisis ha interactuado con las estructura que ya estaban en pie desde años atrás.

Dada la magnitud del tema, no es posible reducir todo a dos o tres renglones apresurados. Se trata de un texto que merece un detenido estudio. Pero, con el fin de alentar la discusión y la reflexión, se pueden resaltar algunos elementos.

La crisis económica ha sido una dura prueba para el Estado del bienestar en España. Se puede afirmar sin equívocos que en cada uno de los frentes, la crisis ha traído consigo un aumento en la desigualdad. Esto era de esperarse aún en las mejores condiciones ya que, dada la magnitud de la recesión, era inevitable que se redujeran los recursos de que dispone el Estado para atender las necesidades de los ciudadanos y garantizarles los derechos sociales que la Constitución les otorga.

 Pero además, España no se encontraba en las mejores condiciones. La crisis ha puesto en evidencia que el Estado del bienestar español acusa algunas rigideces y limitaciones que le impidieron responder al reto como hubiera sido deseable. En ese sentido, el informe pone de relieve dos puntos.

 Primero, la redistribución en España está excesivamente recargada sobre el factor trabajo. Esto se advierte tanto en el caso de las pensiones, que siguen muy de cerca las remuneraciones de los beneficiarios a expensas de su potencial redistributivo, como en el caso de los impuestos donde cerca del 90% del recaudo procede del trabajo de sectores de ingresos medios y bajos. Aparte de que esto limita la capacidad del Estado para combatir la desigualdad, es una estructura muy vulnerable al ciclo económico. Dados estos factores era de esperarse que el aumento pasmoso de los niveles de desempleo de los últimos años iba a tener un duro impacto sobre el Estado del bienestar y la desigualdad.

 En segundo lugar, España aún se enfrenta a legados históricos de desigualdad en varios frentes. En materia de educación, por ejemplo, aunque el sistema educativo ha mejorado notablemente en las últimas décadas, aún se siente el impacto de la deficiente educación que recibieron generaciones anteriores que se encuentran todavía bien en el mercado laboral, con limitadas capacidades de generar ingreso, o en uso de retiro sometidas a pensiones magras en virtud de su historia de bajos salarios. Como la educación tiene un alto componente de transmisión entre generaciones, estas desigualdades previas aún se hacen sentir en las aulas de clase contemporáneas.

 

Algo similar se advierte en el frente de la vivienda. España ha invertido muy poco en vivienda pública o de interés social por lo que la recesión empujó muy rápidamente a un sector importante de la sociedad a niveles de precariedad y penuria en la vivienda.

 

Por supuesto que no todo es malo. El Estado del bienestar español ha cosechado varios logros en las últimas décadas, logros que es necesario defender y expandir. El sistema de sanidad español sigue gozando de alta legitimidad social y buenos niveles de cobertura. Es verdad que ha sido muy duramente golpeado por los drásticos recortes de los últimos años y que las recientes reformas amenazan su progresividad. Pero por eso mismo, estos tiempos de adversidad deberían invitar a valorar más lo que se ha obtenido para detener los procesos nocivos en curso antes de que se vuelvan irreversibles.

 Del mismo modo, la educación, con todos los problemas que pueda tener, y con todo lo que se puede mejorar, como lo constatará un juicioso lector del Informe, ha sido capaz de aprobar un duro examen durante los finales de los 90s. En esos años recibió cerca de un millón de niños de origen inmigrante, muchos de ellos en situaciones socioeconómicas muy duras y con dificultades de inserción cultural. A pesar de la magnitud del reto, el sistema educativo español ha logrado incorporarlos sin generar excesivos traumatismos. Sí que se han generado, y es necesario corregir, severas desigualdades en el sistema. Pero cuando se compara la dificultad de la tarea, con el resultado final se ve que, a pesar de lo mucho que queda por hacer, hay razones para la satisfacción, que no complacencia.

 El Informe abunda en propuestas e ideas. Ningún resumen como éste puede hacerles justicia a todas ellas. Pero las consideraciones anteriores nos ayudan a entender sus puntos en común. Para salir de la crisis con un Estado del bienestar más robusto, más legítimo y más moderno, España debe hacer un esfuerzo mayor en inversión pública, debidamente financiado con una estructura tributaria más progresiva y eficiente. También debe alejarse del excesivo protagonismo que tiene el factor trabajo en su esquema de redistribución. Asimismo, debe darle al Estado más herramientas para actuar, según sea el caso como proveedor directo de bienes y servicios, como regulador o como catalizador de la coordinación entre ciudadanos; no hay en esto espacio para los dogmatismos.

 La crisis económica puede (y debe) marcar un antes y un después en la sociedad española. Si no se aprenden sus lecciones, si se persiste en fórmulas fallidas o anticuadas, quedarán sembradas las semillas de la próxima crisis en medio de un espeso sedimento de deslegitimación y descontento ciudadano. Pero si se construye sobre lo que se ha ganado, si se rectifica lo que ha fallado, preparándose para los retos que vienen, España consolidará su lugar como uno de los estados de derecho más avanzados del mundo, todo un logro que para muchos hubiera sido inimaginable hace solo unas pocas décadas.

 

Luis Fernando Medina Sierra es colaborador de la Fundación Alternativas y licenciado en Economía y Filosofía 

7N, aprendiendo de Nina Simone

GLORIA G. DURÁN (*)

 

La cantante Nina Simone, durante una actuación 

 

En 1963 Nina Simone compondrá y cantará su primera canción por los derechos civiles. Ese año fueron asesinadas cuatro niñas afroamericanas. En una hora, tras enterarse de la noticia, Nina Simone escribirá Mississippi Goddamn[i]. Como ella misma dice, la escribirá en un arrebato de rabia, de frustración, de impotencia y determinación: “De un golpe me di cuenta lo que significaba ser negro en América”. Esa canción se convertirá en un himno para los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos.

Las canciones son un magnífico soporte para recordar, pues la música es lo último que olvidamos, y las letras adheridas a ella quedan para siempre en algún rincón de nuestro cerebro. Por eso las canciones son también uno de los vehículos más eficaces de comunicación y comunión. ¿Quién no ha llorado, se ha emocionado, se ha empoderado o ha luchado con una canción?, ¿Quién no ha visto todo acto posible gracias a una canción?, ¿Quién no tiene una banda sonora?

Libre[ii], Libertad sin ira[iii], A las barricadas[iv], Sugar Man[v], Biko[vi], son canciones que ayudaron a cambiar las cosas: a veces cosas pequeñas, a veces grandes. Así también Mississippi Goddamn se transformará desde su creación en un himno para la causa de los derechos civiles. Y aun en 2012, cuando Trayvon Martin fue asesinado en Sanford, Mississippi Goddam volvió a las calles, volvió a corretear y volvió a unir a las gentes ante una causa común. Como dice Galeano, la canción voló y no se quedo atrapada en un texto, ni en un libro ni un cartel. No quedó en imagen y se hizo sonido.

En la manifestación del pasado sábado, “7N marcha estatal contra las violencias machistas”[vii], intenté encontrar una tonadilla en mi cerebro. Encontré muchas imágenes: un montón de zapatos rojos en la Puerta del Sol; máscaras blancas; color violeta en Cibeles; unas mujeres de negro en la performance de la mañana; megáfonos, peinados teñidos de violeta, camisetas, pancartas, chapas; la obra de Nike de Saint Phalle en la web de la convocatoria, las peinetas de las Ninja Pastori[viii]… pero ni una sola canción.

Dada la gravedad de la lucha común en la que todos nos encontramos implicados, la lucha contra la violencia machistas, creo que merecería la pena buscar una banda sonora que aglutine esa misma rabia, frustración, impotencia y determinación que sintiera Nina Simone en el 63 y que todos sentimos el pasado sábado 7 de noviembre de 2015.

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[i] http://www.azlyrics.com/lyrics/ninasimone/mississippigoddam.html

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=hQ2b-UsPdBU

[iii] https://www.youtube.com/watch?v=hQ2b-UsPdBU

[iv] https://www.youtube.com/watch?v=op3w3wMqdwg

[v] https://www.youtube.com/watch?v=qyE9vFGKogs

[vi] https://www.youtube.com/watch?v=iLg-8Jxi5aE

[vii] http://marcha7nmadrid.org/

[viii] https://www.youtube.com/watch?v=9dSM7dMaTZw

 

Gloria G. Durán es doctora en Bellas Artes

Hacia el 20-D: ¿Qué opinan los ciudadanos de los impuestos?

MARTA ROMERO (*)

 

 

Delegación de Hacienda de Guzmán el Bueno (Madrid)

 

El debate sobre los impuestos suele ocupar un lugar destacado en las campañas electorales. Y los partidos políticos, con independencia de su orientación ideológica, parecen defender sus (diferentes) propuestas desde el (mismo) planteamiento de que subir impuestos, más que de izquierdas o derechas, es impopular. No en vano, estamos acostumbrados a escuchar los elocuentes términos de “presión” y “carga fiscal” cuando se habla de impuestos y, por ende, de “alivio fiscal” cuando éstos bajan.

Por ello no es de extrañar que, sin entrar en el contenido de las propuestas, los diferentes partidos políticos coincidan en la forma en la que plantean el debate sobre la fiscalidad. Por ejemplo, la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude se ha convertido en una especie de “latiguillo” al que las fuerzas políticas recurren con frecuencia en tiempo preelectoral. Al igual que, cuando se propone una reforma fiscal, se explica que es para lograr una recaudación más justa desde el punto de vista social (contribuyendo más el que más tiene) y más eficiente desde el punto de vista económico (recaudando más y mejor).  En la misma línea, siempre que los partidos plantean “abiertamente” subidas de impuestos dejan claro que éstas no afectarán ni a la clase media ni trabajadora, sino que repercutirán sobre los que más tienen.

De acuerdo con los datos de la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre opinión pública y política fiscal (estudio 3105, julio 2015) y que hemos conocido recientemente, los ciudadanos tienen una mala opinión sobre la cantidad de impuestos que se pagan en España, la equidad con la que se recaudan y los beneficios que se obtienen del pago de impuestos y cotizaciones. Así, nos encontramos que más del 60% de los españoles considera que se pagan muchos impuestos y teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes, la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga. Hasta 9 de cada 10 ciudadanos opinan que no paga más el que más tiene y existe mucho o bastante fraude fiscal sin que, a su juicio, además, la Administración realice muchos esfuerzos para combatirlo.

Sin lugar a dudas, la ciudadanía tiene una opinión muy negativa sobre la forma en que se recaudan los impuestos en España y el uso que se hace de ellos. Pero también es cierto que esa valoración ha sido constante a lo largo de la democracia, sin que se pueda, por tanto, hablar, en términos demoscópicos, de un pasado (mucho) mejor en este terreno. Por ejemplo, desde 1985, siguiendo los datos del CIS, la respuesta de que no paga más el que más tiene ha sido siempre abrumadoramente mayoritaria y, desde 1992, también ha sido predominante la percepción de que la sociedad no recibe todo lo que paga en impuestos. Entre 2010 y 2014, años marcados por los recortes sociales y las subidas de impuestos directos e indirectos y con una polémica amnistía fiscal aplicada para los grandes defraudadores, se acentuó en el ámbito fiscal el descontento ciudadano, pero en 2015 se observa una valoración menos negativa. Algo que puede estar ligado a las rebajas fiscales aplicadas en los últimos meses por el Gobierno central y otros gobiernos autonómicos y locales, junto al discurso de que se pueden destinar más recursos para aumentar las prestaciones sociales habida cuenta de la mejora de la situación económica.

En todo caso, los ciudadanos han mostrado y siguen mostrando actitudes positivas en lo que se refiere a la utilidad que tienen los impuestos y preferirían pagar más para tener acceso a mejores servicios públicos y prestaciones sociales, que pagar menos impuestos y tener menos servicios y prestaciones. La mayoría (54%) de los ciudadanos cree que los “impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos” y un 10,4% considera que “son un medio para distribuir mejor la riqueza en la sociedad”. Frente a estas opiniones positivas, hay casi un tercio de de españoles que considera que los impuestos “son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber a cambio de qué”.

Respecto a 2014, han crecido las opiniones positivas sobre la utilidad de los impuestos y han disminuido las negativas (ver gráfico). Por otra parte, encontramos que la mayoría de los ciudadanos considera que se destinan pocos recursos a las principales políticas del Estado de bienestar, como son las ayudas a personas dependientes, la sanidad, la educación y las pensiones.

 

Parece, de este modo, que el malestar de los ciudadanos con los impuestos no se debe a que estén en contra de pagarlos, sino a que valoran negativamente la gestión que se hace de los mismos; empezando por la crítica de que no se recaudan equitativamente. Al igual que en otras áreas, en el ámbito de la fiscalidad se observa en España una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus gestores. Y evidentemente no ha contribuido a aumentar esa confianza el continuo goteo, al que hemos asistido en los últimos años, de escándalos de corrupción y comportamientos poco ejemplares protagonizados por representantes políticos e institucionales. En este sentido, siguiendo como referente a los países nórdicos donde los ciudadanos pagan elevados impuestos a cambio de tener una alta cobertura de prestaciones sociales y servicios públicos, la clave principal reside en que la ciudadanía confíe en las instituciones y en el uso que éstas hacen de los recursos públicos.

Pero no está claro que, durante la campaña de estas elecciones generales, se vaya a plantear el debate de la fiscalidad en términos de confianza institucional y en sentido amplio (teniendo en cuenta todas las dimensiones implicadas: qué prestaciones sociales y servicios públicos queremos, cómo gestionar de forma más eficiente los recursos, cómo lograr una recaudación más equitativa, cómo lograr instituciones más transparentes y eficaces, etcétera). Al contrario, es probable que, haciendo gala de seguir el manual de campaña para minimizar riesgos, los partidos políticos (tanto los tradicionales, como las fuerzas emergentes) sigan coincidiendo en la forma de abordar este debate como un campo especialmente peligroso y en el que lo más conveniente es no quedarse atrás en la carrera por bajar impuestos (o, en su caso, subírselos sólo a los más ricos).

 

(*) Marta Romero es subdirectora de Laboratorio en la Fundación Alternativas

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el llanto, reflexión

JOSÉ ENRIQUE DE AYALA (*)

 

 

Abdelhamid Abaaud, en una foto difundida el pasado febrero.

Apenas han pasado cuatro días de los terribles atentados de París, y aún no salimos de esta sensación de estupor, rabia, desolación y tristeza que han dejado los asesinos yihadistas, una vez más, en todas las personas civilizadas. Este no ha sido el primer atentado en Francia (Toulouse, marzo 2012. París, enero 2015), ni el más grave cometido en Europa (Madrid, marzo 2004). Pero lo peor es que todos sabemos que muy probablemente no será el último ¿Qué hacer? ¿Cuál es la receta para evitar que se repita? ¿Cómo combatir esta insidiosa amenaza que asesina despiadadamente a los más inocentes en el momento más inesperado? Tras las protestas de unidad de partidos políticos, países, y organizaciones, no es difícil empezar a ver ya las primeras señales de división, que muy probablemente se agudizarán a medida que las lágrimas se vayan secando y den paso a la realidad del inmenso trabajo que tenemos por delante. Es necesario que hagamos, al menos en Europa, una reflexión colectiva sobre el camino a seguir, porque solo teniendo las ideas claras y actuando unidos tendremos alguna posibilidad de éxito. 

     En primer lugar, el auge del yihadismo tiene unas raíces profundas que sin duda es necesario abordar con determinación, tanto en el interior de Europa como en el exterior, si queremos encontrar una solución definitiva y duradera al problema.  En el interior, hay que atacar una de las causas de la radicalización, como es la marginación social, cultural y económica de buena parte de los jóvenes musulmanes que viven en las sociedades europeas, mediante un esfuerzo de integración y mejora de sus condiciones de vida, así como un impulso educativo para contrarrestar la propaganda radical, apoyando política y financieramente a líderes religiosos y políticos musulmanes de carácter moderado. En el exterior, es imprescindible también poner en marcha medidas de carácter político y económico ayudando a los países en los que se desarrolla, o que pueden verse afectados, a poner en marcha programas educativos y culturales, a mejorar la eficacia de sus servicios de seguridad y a incrementar el intercambio de inteligencia y las medidas de prevención. Hay que intentar llevar a las naciones en las que florece el yihadismo hacia la paz, la democracia, la libertad y la prosperidad, aunque sea extremadamente complicado y costoso, porque ese será el mejor antídoto. La alternativa que se nos presenta a los europeos en el siglo XXI es clara: o arreglamos el mundo que nos rodea, o ese mundo nos devora 

     No obstante, la acción política y económica solo dará sus frutos a largo plazo. Mientras tanto, tenemos el derecho y el deber de defendernos. No podemos dejarnos matar invocando la democracia. Pero, atención, los que tienen la responsabilidad de dirigir esa defensa están obligados a actuar con serenidad, venciendo la fácil tentación de los himnos, las banderas y los llamamientos a la guerra. Las decisiones tomadas en caliente pueden conducir a errores graves. El miedo y la ira no son buenos consejeros, ni el campo de la política, ni menos aún en el de la seguridad.

     Nuestra única defensa inmediata es prevenir los atentados mediante la activación de redes de inteligencia suficientemente extensas y eficaces, capaces de obtener y procesar información proveniente de barrios de población mayoritariamente musulmana, mezquitas, cárceles, páginas web, círculos islamistas radicales, de modo que cualquier movimiento preparatorio, creación de células, adquisición de armas o infraestructura, pueda ser detectado a tiempo. Es imprescindible, además, un seguimiento estrecho de los principales sospechosos, especialmente de los retornados de conflictos. Todo ello requiere dotar a los servicios de inteligencia y a las fuerzas de seguridad de los recursos humanos y materiales necesarios para que puedan llevar a cabo este trabajo sobre una población, y unas listas de sospechosos, cada vez más amplias. Esta línea de acción ha cosechado ya muchos éxitos, evitando posibles atentados, en varios países europeos, entre ellos España. Hay que insistir en ella y reforzarla, mediante una colaboración exhaustiva, sin reservas, entre todos los países europeos, y con otros fuera del continente, incluidos los árabes que se presten a ello.

     Es necesario, no obstante, ser extremadamente rigurosos al manejar el binomio libertad/ seguridad. La aprobación de medidas extraordinarias que afecten a los derechos individuales debe limitarse a lo estrictamente imprescindible, y solo si se prueba su eficacia. Aún asumiendo un cierto nivel de riesgo, no podemos permitirnos perder o limitar nuestra privacidad o nuestras libertades, que es lo más valioso que tenemos y precisamente lo que los terroristas atacan.

     Paralelamente, hay que combatir el yihadismo allí donde surge y se desarrolla, pues los atentados en nuestro territorio son una consecuencia de lo que está sucediendo en países árabes o musulmanes azotados por este fenómeno, cuando no responden directamente a órdenes  provenientes de ellos. El yihadismo se extiende por una amplia zona geográfica que va desde Nigeria y el Sahel (Mali), pasando por el norte de África (Libia), hasta Oriente Próximo (Siria, Irak), Yemen y Somalia. Es el principal riesgo para nuestra seguridad y debe ser combatido por todos los medios, incluidos los militares, hasta neutralizarlo, siempre que sea posible en cooperación con los Gobiernos legítimos de los países afectados, como ya se hace en Mali e Irak.

     En lo que se refiere al autodenominado Estado Islámico (EI) o Daesh, que constituye sin duda la mayor amenaza en la actualidad, hay mucho trabajo por hacer en cortar su financiación, que procede sobre todo de la venta de petróleo (en su mayor parte en Turquía), y de las donaciones procedentes de países árabes y musulmanes, que pueden ser interceptadas con un seguimiento de las cuentas a través de las que circulan, y en tratar de impedir el suministro de armas que proviene en parte del tráfico ilegal internacional. Con todo, no cabe contemporizar con tan brutal fanatismo ni esperar un cambio milagroso en su actitud, por lo que, al final, será la solución militar la que termine por imponerse. Será necesario primero consolidar una gran coalición que incluya a EEUU, la UE, Rusia, y a los tres actores regionales más importantes: Turquía, Arabia Saudí e Irán, que se pongan de acuerdo en la transición política en Siria, y consigan detener, o al menos congelar, la guerra civil. Una vez logrado este acuerdo, todos los esfuerzos podrán dirigirse a extirpar el cáncer del EI, que a todos amenaza.

     La dirección y ejecución de los combates contra el EI debe recaer en los propios sirios, coordinados con los iraquíes, y en los países de la región. Las imprescindibles botas sobre el terreno deben pertenecer a soldados musulmanes, y preferiblemente suníes (turcos, saudíes, kurdos), porque solo una acción militar de fuerzas suníes contra el EI  puede ser vista por el mundo musulmán como exenta de toda intención partidista, y dar una verdadera dimensión de lo que el yihadismo armado representa realmente, por encima de las creencias. Los países occidentales se han mostrado hasta ahora reticentes a enviar tropas, y así debe seguir, a no ser que no exista ninguna otra solución y la situación se descontrole, puesto que su presencia se vería como una nueva intervención occidental de carácter colonial en la región y daría alas a la propaganda yihadista, presentando su causa como una defensa del islam. No obstante, no debería descartarse la posibilidad de enviar asesores militares y técnicos para apoyar a las fuerzas que combatan al EI en capacidades en las que sean deficitarias, incluso la utilización de pequeños grupos de operaciones especiales, empotrados en unidades de primera línea para dirigir los ataques aéreos que son muy poco efectivos sin este apoyo. Y por supuesto, se debe prestar, en coordinación con Rusia, el apoyo aéreo necesario. Aún en estas acciones aéreas, que no suelen ser muy precisas, sobre todo en núcleos urbanos, es necesario ser extremadamente cuidadosos. Si se bombardea a poblaciones civiles, por negligencia o por error, las bombas sembrarán la semilla de nuevos terroristas.

     No podemos permitirnos actuar emocionalmente. La venganza es el argumento de los yihadistas. Pero no puede ser el nuestro. Primero, porque no es éticamente aceptable, pero – sobre todo – porque no es eficaz, sino que produce una realimentación perversa de la violencia, en una escalada que cada vez causará más víctimas, entre ellas las nuestras. Las intervenciones militares deben ser como las quirúrgicas: solo es asumible el daño que sirve para evitar otro mayor. Lo demás, es odio. Y el odio siempre se vuelve contra el que lo siente.

     Sí, tenemos derecho a defendernos, y a utilizar para ello todos los recursos necesarios, empezando por los políticos, siguiendo por los policiales y de inteligencia, y terminando por los militares si es preciso. Pero siempre con  acciones proporcionadas, reflexivas, eficaces, y sin perder nuestros principios y valores, que son la esencia de nuestra civilización. Si los perdemos, si actuamos como ellos, esa sería nuestra peor derrota.

 

José Enrique de Ayala es miembro del Consejo Europeo de la Fundación Alternativas

Con París, con Francia

NICOLÁS SARTORIUS (*)

 

Ahora han golpeado en el corazón de París como ayer golpearon en Madrid, Londres, Nueva York o Ankara y todos los días en ciudades de Siria, Irak, Yemen, Libia o Afganistán. El terrorismo se ha hecho global y éste es un hecho con el que tenemos que contar y al que tendremos que hacer frente, por desgracia, durante bastante tiempo. En nuestra frontera del sureste se desarrollan múltiples guerras en los países ya mencionados, entre sunitas Y chiítas, con el estado islámico o daesh que, queramos o no, nos afectan y nos vemos involucrados en diferentes grados de intensidad.

En esta ocasión los terroristas han asesinado al grito de ¡Alá es el más grande ! E intentan justificar su horrendo crimen por la intervención francesa en Siria. No nos confundamos, ni se trata de una guerra con el Islam ni la causa de la matanza es la intervención francesa. Por la sencilla razón de que también han atentado cuando no se intervenía. Además tenemos que preguntarnos algo muy serio. ¿Podemos dejar, sin hacer nada, que el daesh o estado islámico se haga con Siria e Irak y siga avanzando por todo Oriente Medio?. ¿Acaso podemos permitirnos intervenir cuando no debíamos, como fue el caso del criminal error de Irak y no hacerlo cuando deberíamos hacerlo, como es el caso de Siria?

     Estamos ante un problema muy grave y complejo y no seré tan pretencioso como para pretender dar soluciones en estas breves líneas. Creo, no obstante, que deberíamos reflexionar sobre la necesidad de construir una gran alianza contra el estado islámico ya que es, en este momento, el enemigo principal y no distraernos con enemigos secundarios. alianza en la que deberían participar además de los países de la UE y EEUU, Rusia, Irán, además de otros países de la zona.

     Todos estamos, en esta hora, con Francia, todos somos franceses. Así lo han manifestado los responsables políticos europeos y de otras regiones del mundo. Más esas manifestaciones no pueden quedarse en meras declaraciones retóricas. Si estamos ante un enemigo que actúa globalmente, coordinemos nuestra respuesta de manera global. Establezcamos estrechas políticas preventivas de información y operativas a nivel europeo y con otras regiones igualmente amenazadas. No caigamos en la tentación de limitar libertades. La unidad democrática es la mejor arma contra el terror. Es nuestra experiencia.

(*) Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas

Cataluña, federalismo y sanidad

 

JAVIER REY DEL CASTILLO (*)

 

Imagen de una protesta por los recortes en un hospital de Barcelona

 

Las recientes elecciones catalanas han producido un resultado difícil de administrar, tanto para el gobierno que se llegue a constituir a su amparo, como para el gobierno central. Cataluña se halla una situación singular, diferente de la que supone por ahora la integración de las restantes CCAA en el Estado compuesto que es España. Por otra parte, lo singular de la situación no debe ocultar  que existen problemas generales de coordinación e integración de todas las CCAA en el funcionamiento del Estado autonómico, creado sobre la base de la descentralización de buena parte las competencias que antes ejercía el gobierno del Estado. 

De entre las alternativas que se han planteado para proporcionar esta última, la única que ha alcanzado un cierto grado de elaboración  es la alternativa “federal” propuesta por el PSOE en Granada hace más de dos años. Aunque el partido la ha formulado como vía de solución del problema catalán, por las características peculiares del mismo no parece que la propuesta pueda resolverlo por sí sola. El diseño de la alternativa federal podría, sin embargo, contribuir a reducir el apoyo a las propuestas independentistas en Cataluña si ofrece soluciones a los problemas que afectan más directamente a la vida de los ciudadanos de todos los territorios españoles, entre ellos, como indica la propia alternativa, los del acceso a distintos servicios públicos en condiciones de equidad, igualdad básica y universalidad. Estas condiciones están más lejos aún de alcanzarse en el territorio catalán como consecuencia de las políticas de los gobiernos del mismo partido, CDC, que capitanea ahora la reivindicación independentista, a la vez que, con motivo de la crisis económica, se ha encargado de llevar a cabo los recortes más precoces y más profundos  en los servicios públicos.

Desde hace años, la sanidad pública sufre una degradación continua acentuada por los recortes de los últimos años, pero sus fallos, quizás los más perjudiciales, están enquistados como efectos indeseables de la forma en que se llevó a cabo la descentralización sanitaria a las CCAA. Entre ellos destacan:

1)La reducción de hecho del ejercicio del derecho universal a la protección sanitaria en todo el territorio nacional. Las dificultades que encuentra cualquier ciudadano para ser asistido en una CA distinta a la de su residencia son múltiples. La atribución efectiva a cada autonomía de la facultad  de definir y gestionar la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es otra forma de trocear el ejercicio del derecho a la atención sanitaria sin ninguna base legal para hacerlo, pues el mismo deriva de los artículos 41 y 43 del texto constitucional, y su gobierno corresponde al Gobierno del Estado, sin posibilidad de delegación a las CCAA. Por su parte la Administración General del Estado (AGE), la responsable de mantener la universalidad personal y territorial  de la protección sanitaria a través del Ministerio de Sanidad, ha hecho dejación de sus funciones en esa materia y, en todo caso, carece ahora de instrumentos para hacerla efectiva.

2)El desgobierno del Sistema Nacional de Salud. Otra secuela de la forma en que se llevó a cabo la descentralización es la diversificación de las formas de gestión, públicas, privadas o mixtas, adoptadas por cada una de las CCAA. Cada una de ellas adoptó la forma de gestión que creyó más conveniente, sin ninguna limitación legal para hacerlo. Cataluña, que recibió el traspaso de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en 1981, cinco años antes de que se promulgara, en 1986, la Ley General de Sanidad (LGS), la norma que estableció las bases legales fundamentales de la sanidad universal en España, sirvió de modelo a muchas de las restantes CCAA para constituir sus servicios bajo formas público-privadas de gestión, poco apropiadas  para CCAA con una disponibilidad real de centros privados muy diferente de la catalana. Valencia, con el hospital de Alzira, sirvió de punta de lanza para introducir las formas de concesión administrativa y PFI para la construcción  y gestión de centros nuevos.  El resultado es una pérdida notable de eficiencia del conjunto del Sistema, la desaparición de las ventajas de una gestión coordinada de un sistema de protección universal, una desinformación muy importante de lo que en cada servicio de salud autonómico se lleva a cabo, y la oportunidad de episodios de corrupción, tanto en la licitación y construcción de los nuevos centros públicos, como en la gestión de los mismos, que no han dejado de aflorar.

3)Un sistema de financiación peculiar e injusto. Las diferencias en nivel de renta y actividad económica de las CCAA determinan desigualdades manifiestas en su capacidad fiscal y, por tanto, también en los recursos disponibles y las prestaciones que pueden ofrecer con cargo a ellos. Sólo tres de las CCAA incluídas en el régimen común de financiación, Baleares, Cataluña y Madrid,  disponen de medios económicos suficientes para responder al actual catálogo de servicios asistenciales; las restantes deben acudir a la financiación complementaria que facilitan diferentes fondos de compensación.

Por otra parte, el gasto sanitario crece sin cesar, avivado por la continua progresión de las innovaciones tecnológicas, principalmente los nuevos productos farmacéuticos, siempre de alto precio, generalmente excesivo e infundado (un ejemplo reciente el sofosbuvir para la hepatitis C; pero hay otros muchos de características similares para otras patologías, como los anticancerosos, a la espera de lanzarse al mercado), e incorporación a la prestación pública sin mecanismos adecuados de control de los beneficios añadidos que aporta cada uno. En la fijación en los precios interviene además de manera importante la tendencia a la concentración de los proveedores (sobre todo la industria farmacéutica), que les ha hecho adquirir una capacidad económica superior a las de muchos Estados;  frente a ella, la generación de sistemas de compra diferenciados por cada CA (y aún de cada centro dentro de ésta)  ha dejado a los servicios autonómicos en una posición de desventaja para afrontar esa parte del gasto sanitario.

4)Desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios.  Las desigualdades en recursos, gastos, endeudamiento, organización de los servicios y prestaciones entre los servicios sanitarios autonómicos rompen la equidad en la asistencia sanitaria pública  entendida como igual tratamiento para igual necesidad e igualdad de acceso cualesquiera que sean las circunstancias culturales, económicas y geográficas del enfermo, y carecemos de instrumentos adecuados para evitar esa situación de desigualdad. En este sentido, conviene mirar el caso de Canadá, uno de los pocos países que combina un sistema federal con el establecimiento del derecho universal de la protección sanitaria.

En respuesta a los retos de su sistema, Canadá ha adoptado medidas de las que se puede aprender tales como la constitución de un sistema de financiación sanitaria finalista específico, que contiene una parte de financiación condicionada al mantenimiento por las provincias canadienses de los mecanismos que hacen posible que se mantengan la universalidad y la igualdad de la protección sanitaria. El compromiso y el interés puestos de manifiesto por el mantenimiento de esas condiciones de la protección sanitaria allí han terminado por convertir esta última en un elemento principal de la ciudadanía canadiense, e incluso en un instrumento de cohesión estatal que contribuye a reducir las pulsiones identitarias de Québec, pese a que los gobiernos conservadores más recientes la estén poniendo en cuestión.

La creación de los estados de bienestar en la segunda mitad del siglo XX llevó a que la legitimidad del estado ante sus ciudadanos pasara a sustentarse de manera principal en el “monopolio de la benevolencia”, del que forma parte esencial la protección sanitaria. Ésta es, por otra parte, como indicaba el reciente premio Nobel Angus Deaton en su libro The Great Escape, un instrumento importante de reducción de la creciente desigualdad.

Por todo ello, si  la alternativa federal pretende tener algún éxito y lograr algún apoyo entre la ciudadanía española, también la catalana, es preciso de manera ineludible complementar la propuesta  “federal” con un desarrollo específico de propuestas dirigidas al mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la protección sanitaria como parte esencial de la misma. Lo que supondría romper la cómoda inercia en la que se mueven todos los partidos políticos en España  en relación con nuestro sistema sanitario (“uno de los mejores del mundo”), como si esas condiciones constituyeran un  logro ya alcanzado al completo, lo que cabe poner en cuestión,  e inamovible, no precisado de adaptaciones continuas para sostener sus logros.

Que el ejercicio de la gestión sanitaria suponga un promedio del 40% de los presupuestos de todas las CCAA, y una parte sustancial de las responsabilidades atribuídas a ellas, es una justificación adicional del papel central que la protección  sanitaria ocupa en la organización del Estado autonómico, y debe ocupar en la mejora del funcionamiento de  éste, mediante una reforma “federal”. 

(*) Javier Rey del Castillo es Doctor en Medicina. Médico inspector de la Seguridad Social

Cultura o barbarie

NICOLÁS SARTORIUS (*)

 

 

En principio el título puede sonar dramático, pero bien pensado quizá nos quedamos cortos.

Del latín  barbaries, significa falta de cultura, fiereza y crueldad. Se aplicó a aquellos pueblos que desde el siglo V invadieron el Imperio Romano. Parecía que había desaparecido de nuestra civilización, después de los campos de exterminio. No es así.

Acaso no es barbarie que el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio de seres humanos o ver caminar a millones de personas por caminos y vías férreas, huyendo de la guerra y la miseria, de los múltiples bombardeos de Siria, Irak, Libia, Yemen o Afganistán.

O que cientos de miles de personas vivan hacinados en campos de internamiento- o de concentración, sin cámaras de gas-, en Líbano, Jordania, Gaza, Turquía, a consecuencia de esas mismas guerras. Y que decir de que vuelvan a levantarse muros y vallas en USA o Méjico, en Hungría y otros países de Europa. O, sin ir más lejos, que estemos destruyendo nuestro ecosistema a pasos agigantados.

Hace muchos años leí un libro, hoy inencontrable, “ Las ruinas de Palmira”, del conde de Volney. Aristócrata francés, culto, que había abrazado la causa de los “ transparentes”. Una metáfora sobre las ruinas a las que conduciría el capitalismo salvaje, escrito antes de la Iª y IIª grandes guerras. El otro día esas ruinas de Palmira fueron destruidas por la expresión de la madre de todas las barbaries, el Daesh o Estado Islámico. Si levantara la cabeza el conde de Volney comprobaría que no quedan ni las ruinas de las ruinas.

Por eso “Cultura o Barbarie”, la cultura como opuesta a la barbarie, a la ignorancia, a la crueldad, a lo susceptible de manipulación, a la prevaricación intelectual.

Muchos se han preguntado como fue posible el nazismo en un pueblo culto, se decía el más culto de Europa.  Pudo ser así porque la cultura no es sólo información y/o conocimiento, que también, sino juicio crítico más consistencia ética, es decir, consciencia no manipulable que da valor para resistir a la mentira, a la manipulación. Porque a la barbarie se llega a través, precisamente, de esa manipulación y de la inmoralidad, a la masiva prevaricación intelectual sin respuesta.

Hoy asistimos a un nuevo “ asalto a la razón”, por medio de dos grandes depredadores de la razón- y de la cultura: las religiones fanatizadas y los nacionalismos sectarios y excluyentes. Por eso es tan esencial el rearme cultural como antídoto frente al sectarismo, la exclusión, la manipulación. La cultura presupone visiones complejas, plurales,, con vocación universal que no admite fronteras.

En mes y medio tenemos elecciones generales. Nos gustaría emplazar a los partidos y personas  que salgan elegidos a situar la cultura en el centro de las políticas futuras. De ahí el subtítulo del Foro: 10 propuestas al borde del abismo. No se trata de hacerlas nosotros sino los participantes: sectores culturales, creadores y gestores, industrias, actores políticos y sociales. Se trata de emplazar a los futuros representantes y gobernantes a que sean, en lo posible, cultos y sitúen la cultura en el centro de las tareas de gobierno y legislativas para evitar la barbarie y el abismo. 

 

Nicolás Sartorius en vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas

El dominio comercial de China y la economía mundial

 

CARLES MANERA (*)

 

 

La traslación de una nueva geografía económica a los datos macroeconómicos subraya el avance chino en la producción y consumo de primeras materias y alimentos entre 1990 y 2014, determinantes para sostener una población en crecimiento en los espacios urbanos y un proceso de industrialización acelerado. Se destaca lo siguiente:

a) La expansión productiva y de consumo en materias primas industriales (aluminio, cobre, hierro, cinc) y en determinados alimentos (frutas, carnes y productos del mar).

b) Las importaciones de cobre, hierro y cinc crecen. También las de soja y las de carnes, frutas y productos del mar.

c) La importancia de la energía y su escasez productiva. El petróleo es la muestra ilustrativa, si bien la cuota del carbón es impresionante –del 22,3 por ciento en 1990 al 43,8 por ciento en 2010 del conjunto mundial– y de menor entidad la de gas. Los consumos energéticos se expanden –en esencia, petróleo y carbón–, y las necesidades importadoras se incrementan. Esta urgencia de la energía de combustibles fósiles va a marcar con claridad la perspectiva comercial de China en los próximos años, y su estrategia política, militar y diplomática con otros continentes y países.

         Las cifras configuran un mapa comercial nuevo con la reciente globalización:

1. El peso determinante de los mercados asiáticos y europeos, incluso a raíz de la Gran Recesión. Dos terceras partes del tráfico mundial de mercancías se realiza desde y hacia Asia y Europa. En el marco europeo, el 20 por ciento del comercio lo ejecutan Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, con claro predominio germánico: casi el 8 por ciento de las exportaciones y el 6,43 por ciento de las importaciones del mundo. En Asia, China impera: el 11,48 por ciento de las exportaciones y el 10 por ciento de las importaciones del total mundial.

2. La derivada del punto anterior es el uso creciente del yuan en el comercio mundial. Este esquema monetario funciona de manera dinámica desde 2009, operado en sus inicios desde Hong Kong, Macao y los países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental. El proceso se ha extendido a todo el país desde 2011, y su cénit ha sido un acuerdo comercial entre China y Japón, en 2012, de forma que se pueden realizar operaciones cambiarias directamente entre el yen y el yuan. China promueve otros tratados parecidos con monedas locales, hasta el punto que en 2012 en la reunión del G-20 los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica) acordaron promover igualmente el uso de sus monedas en los intercambios comerciales.

3. Estos indicadores confirman que Estados Unidos no lidera el comercio internacional, su dependencia de las importaciones se acrecienta, sus déficits comerciales no se corrigen y se perfilan variaciones que pueden consolidarse en un futuro cercano, como la progresiva presencia de otros espacios económicos que cuestionen las preeminencias norteamericana y europea (Rusia, Oriente Medio y, por supuesto y con gran diferencia, Asia).

         El poderío mercantil chino se sustenta sobre un fuerte crecimiento económico, pero con problemas:

a) China presenta una alta tasa de inversión, basada en la acumulación de factores de producción y no en aumentos de la productividad. Esto puede adscribirse a las empresas estatales, en un proceso que arranca ya de los años 1980 en regiones avanzadas. Así, Shanghai desde esa década ha ido aumentando a tasas relevantes –superiores al 6 por ciento– la producción de las empresas del Estado, mientras que la productividad total de los factores ha crecido un 0,8 por ciento. Ésta se ha estancado en la última década, al tiempo que se ha acrecentado la formación brutal de capital. Otras estimaciones indican, sin embargo, que la productividad total de los factores en China aportó un 43 por ciento al PIB, con un crecimiento económico próximo al 10 por ciento.

b) La acumulación es capital-intensiva. China se enfrenta a un exceso inversor: la potente tasa de crecimiento se explica más por la sobreacumulación de capital que por el avance técnico. Esto sugiere la necesidad de actuar sobre la demanda nacional con varias medidas: aumentar el gasto público en áreas de carácter social, subidas salariales y disminución de los impuestos, factores que deberían incidir en rebajar la tasa de ahorro.

c) La caída de la tasa de ganancia, relacionada de manera directa con dos fenómenos aparentemente opuestos: la pérdida de productividad del capital –en descenso desde 1992– y el aumento en la productividad del trabajo –que crece también desde principios de la década de 1990–. La explicación del proceso radica en que la mayoría de las empresas trabajan muy por debajo de su capacidad, de forma que el volumen de capital fijo es superior a lo producido, lo cual condiciona la productividad del capital. Esta situación se resuelve por ajustes en el mercado laboral: la disminución del volumen de mano de obra, con resultados de incrementos en su productividad. Por tanto, es evidente que se acrecienta la explotación en un contexto de apertura comercial de China y a su entrada determinante en la competitividad internacional. Al mismo tiempo, disminuye la tasa de beneficio, que llegaría al 8,5 por ciento frente a guarismos muy superiores, en épocas de esplendor económico, en Japón, Estados Unidos y Alemania (que oscilaron entre el 20 por ciento y el 30 por ciento entre 1960 y 1972).

d) Problemas en el sector bancario chino. Dos motivos explican esta situación. Por un lado, la acumulación de deudas de cobro dudoso. Por otro, el crecimiento de la deuda bruta de China con bancos propios y extranjeros, debido al crédito comercial. Aquí, los tipos de interés al alza pueden generar problemas añadidos, ya que serían un antecedente a la caída de las exportaciones y, a su vez, significarían un claro freno a la inversión empresarial, de manera que la masa de ganancia se vería negativamente afectada junto a la pérdida de beneficios. El sector financiero, además, controla fondos soberanos de inversión: el 29 por ciento del total mundial. Los fondos no financiados con exportaciones de productos fundamentales se han convertido en una fuente determinante de liquidez. El caso más elocuente: los bonos del Tesoro norteamericano, de cuyo monto total China y Japón poseen aproximadamente una quinta parte cada uno. Por ello, una disminución notable de la economía de Estados Unidos –desplome del consumo o devaluación relevante del dólar– se acabaría traduciendo en una reducción del PIB chino. 

Carles Manera es historiador y economista

China: días de ópera

VICENTE PALACIO (*) @Vpalacio22

 

 

El príncipe Philip junto a Xi Jinping pasa revista a la guardia real en Londres.

 

Existen cientos de variedades de Ópera China, que han ido evolucionando desde el siglo VIII de nuestra era occidental hasta el presente: acrobacias, artes marciales, música, danza. No resulta imposible imaginar que la política china imite un poco al arte. A lo largo de la última semana, en el gran teatro del mundo se ha representado una pieza de teatro chino titulada “El ascenso pacífico de la superpotencia”. Una nueva pieza de la conocida serie, que nos ha deparado sorpresas, miedos y sonrisas.   

Acto primero: tranquilo y ceremonioso. 

Mientras en Madrid se reunían durante la última semana de octubre decenas de think tanks en torno al proyecto de desarrollo de la Ruta de la Seda, en Pekín y a lo largo de la costa este, una delegación española hacía otro tanto de lo mismo.   

Hace un par de años que los dirigentes chinos advirtieron la maniobra de EEUU para dejarles fuera del TPP (Trans- Pacific Partnership), en lo que quiere ser una versión de el Pacífico para los Americanos. Entonces, al Presidente Xi Jinping se le ocurrió la brillante idea del One Belt One Road, un gran corredor de desarrollo a lo largo del imaginario de la vieja Ruta de la Seda inmortalizada por Marco Polo: una versión de Asia para los Chinos, con un camino hacia el sudeste asiático, y otro hacia Europa a través de Asia central. Ahora, China quiere cambiar su modelo basado en importación de commodities y exportación de manufacturas baratas, por otro de consumo interno y de grandes inversiones en infraestructuras dentro de China y en el exterior. Y puede hacerlo: tres billones de dólares en reservas les avalan, y hay más de 100.000 millones de dólares previstos en diversos fondos para apuntalar el proyecto. 

 Casi al mismo tiempo, en un intervalo de pocos días, Xi Jinping visitaba a Cameron en Londres. El presidente chino elogió a tanto a Shakespeare como las fortalezas de la City, el centro financiero neurálgico donde empresas e inversores chinos esperan sacar una deliciosa tajada. La ópera, se vino a decir, se cantaría en el futuro en chino y en inglés. Los germanos no van a ser menos que los británicos, se dijo Merkel, y dos días después aterrizaba en la Corte de Pekín con una extensa delegación empresarios de tecnología punta. Y entre otras cosas, cerraba la venta de ciento treinta aparatos de  Airbus por valor de 17.000 millones de dólares. 

Esa gran ruta de desarrollo Confuciana para el siglo XXI, llena de buenas palabras de armonía y cooperación, a imagen y semejanza de la mejor tradición China, necesita un rápido aprendizaje. En particular, un trazado sostenible que preserve el medioambiente y los equilibrios territoriales y sociales. China tiene un problema de superproducción y necesita exportar obras y mano de obra. Y ahí las empresas europeas y españolas pueden aportar mucho, si les dejan un trozo de pastel: antes, la política tendrá que hacer su labor, y convencer a la parte china de que la cooperación en términos de igualdad es posible. 

Segundo acto: música de guerra y personajes alborotados, guerreros y bufones. 

El portavoz del Ministerio de Defensa chino advierte con rostro serio a la Marina norteamericana de que China no permitirá provocaciones en sus aguas territoriales. A poco menos de 1.500 kilómetros al sur de Hong Kong, en torno a las disputadas Spratly, China está construyendo plataformas para equipo militar, en unas aguas cuyo reconocimiento se disputan entre otros los vecinos de Vietnam, Malasia, Filipinas o Taiwan. El escenario perfecto para una tercera guerra mundial, si no fuera porque algo así es ya imposible, o al menos imaginarlo. A nadie ayudaría bloquear ese volumen altísimo de tráfico marítimo que discurre por esas aguas. Además, un mes antes, los presidentes Obama y Xi Jinping habían dado su palabra de caballeros de que buscarían un entendimiento. Desenlace: al día siguiente, el portavoz chino, esta vez vestido de traje civil, no militar, y en un tono más suave, anuncia en rueda de prensa nuevas ronda de conversaciones sobre el tema, y Washington hace lo propio. Responsables de operaciones navales de ambos lados se ponen al habla.  

El telón cae y se levanta. Tercer acto. 

Como en toda trama que se precie, del enfrentamiento se pasa a la reconciliación. Vemos otro escenario muy diferente: en  Seúl, el primer ministro Li Kequiang, el premier japonés, Shinzo Abe, y el Presidente surcoreano Geun-hye se hacían la foto para dejar claro que los fantasmas de las guerras del siglo XX no les impedirían aumentar el comercio y establecer la paz en la región. Las relaciones y los gestos son sutiles: japoneses, coreanos y chinos se aprecian y rechazan: al fondo del escenario, EEUU observa impaciente.  

Cuarto acto.

El Comité Central del Partido Comunista Chino se reúne en uno de esos estupendos hoteles algo kitsch de Pekin, para debatir el 13 Plan quinquenal para 2016-2020. Parte de lo prohibido pasa a ser permitido, promovido incluso: todos los chinos podrán tener dos hijos desde ya, el yuan cotizará libremente en 2020, y se abrirá el sector servicios.

Todo lo anterior sirve a la especulación. Tantas contradicciones tienen algo de irreal. Quizá no es una Ópera de Pekín, sino un teatro de otro tipo, un Teatro de Sombras. ¿Un mero divertimento de sombras chinas proyectadas en el muro blanco de la Historia? Alguien tendría que estar moviendo los dedos muy sutilmente, con guante de seda, creando la ilusión de algo que no es, para reservarse la propia libertad de movimientos. Pero esto es también un efecto óptico del pasado. En estos tiempos de globalización, donde nadie manda del todo y donde no hay tiempo apenas, quizá la capacidad china no llega a tanto. Ni la de nadie.  

 

 (*) Vicente Palacio es director de OPEX