Rusia y Turquía, frente a frente

ANTONIO ÁVALOS MÉNDEZ (*)

 

 

Vladimir Putin, durante una rueda de prensa

 

La evolución de los acontecimientos en el contexto de la guerra en Siria está teniendo derivaciones globales e incontrolables. En primer lugar, globales por las acciones terroristas del ISIS fuera del territorio que domina en Siria y en Irak y, en segundo lugar, incontrolables porque las acciones de los estados implicados en el combate contra el grupo terrorista en Siria, y algo menos en Irak, carecen de coordinación y no se ha resuelto el horizonte de una solución definitiva que ponga fin a la guerra. Precisamente este desacuerdo está en las raíces de las crecientes tensiones entre Rusia y Turquía, una relación bilateral que ya se había deteriorado de manera notable en el curso del último año[1].

El derribo del avión militar ruso por parte de Turquía el 24 de noviembre de 2015 fue el punto álgido de una escalada que comenzó con la decisión de Rusia de bombardear el territorio sirio controlado por el ISIS y las facciones rebeldes. Esta decisión se tomó tras la petición del gobierno sirio de ayuda ante la eventualidad de un inminente colapso debido al avance de la oposición hacia sus feudos. Los bombardeos comenzaron el 30 de septiembre de 2015. Muy pronto, el 3 de octubre, empezaron las violaciones del espacio aéreo turco. Turquía pidió una reunión urgente de la OTAN tras quejarse ante el embajador ruso por las incursiones. El resultado de la reunión fue una firme condena por parte del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado de la organización instando a cesar las violaciones del espacio aéreo. El secretario de Estado de los EE UU, John Kerry, también advirtió de un posible derribo por parte de Turquía de aviones rusos en el caso de que violasen su espacio aéreo[2]. El temor compartido era que una crisis entre Turquía y Rusia acabara arrastrando a la OTAN, algo que se ha evitado por el momento.

Las consecuencias del derribo del avión militar ruso fueron inmediatas. El presidente ruso, Vladimir Putin, se enzarzó en una escalada de recriminaciones hacia Turquía, a la que acusó de ser cómplice del ISIS y de proteger sus vías de transporte clandestino de petróleo. Por su parte, Turquía, acérrima enemiga de Bashar El Assad, acusó a Rusia de bombardear a los grupos rebeldes y no sólo al ISIS. En los días posteriores, mientras que Turquía mantenía su estrategia institucional, apelando a la OTAN, Rusia anunció medidas de represalia.

Las represalias anunciadas por Rusia se han centrado por el momento en la esfera económica y está por ver qué incidencia tendrán en las relaciones bilaterales en el medio plazo. En primer lugar hay que considerar la dependencia energética de Turquía, que importa el 55% del gas y el 30% del petróleo de Rusia. Además, en este sector, existe un acuerdo entre ambos países para la construcción de infraestructuras, como el gaseoducto de TurkStream o la planta nuclear de Akkuyu, que ahora han quedado en suspenso. En segundo lugar, el sector turístico también resultará afectado, ya que cada año visitan Turquía más de tres millones de turistas rusos (en 2014 representaron un 10% del total). También podría afectar a las propiedades adquiridas por rusos, lo cual implicaría un movimiento negativo en el mercado inmobiliario vacacional, muy importante actualmente tras la desestabilización del norte de África y el Mediterráneo oriental. En tercer lugar también afectará al comercio de productos agrícolas, especialmente frutas y verduras, que representan el 25% del total de las exportaciones turcas a Rusia.

La adopción de estas represalias podría notarse rápido y dañar seriamente a las relaciones comerciales entre ambos países. El mayor problema quizás sea la dependencia energética de Turquía, ya que el intento de modificar sus proveedores no parece sencillo de resolver dado que sus relaciones con otros países productores como Arabia Saudí no atraviesan por su mejor momento. La razón principal está en la política exterior desarrollada por Erdogan para situar a Turquía como líder regional. Asimismo, aunque confíe en el apoyo de Occidente, las represalias rusas no han sido aún condenadas de forma rotunda ni por la UE ni por los EE UU. En este contexto, Turquía no parece tener buenas cartas en sus manos para ganar la partida[3].

La principal baza a su favor es la llegada masiva de refugiados sirios a la UE a través del territorio turco. Sin embargo, aunque la reunión del 29 de noviembre de 2015 entre la UE y Turquía dio frutos positivos como la concesión de una ayuda de 3.000 millones de euros para la gestión de los más de dos millones de refugiados residentes en territorio turco, el anuncio de la reapertura de negociaciones para la adhesión todavía parece limitado[4]. Únicamente se acordó la apertura del capítulo 17, relativo a política económica y monetaria, en un momento en el que, como se ha dicho, la situación económica puede empeorar como consecuencia de las sanciones rusas. Lo más importante es que esto significa un cambio de políticas tanto de la UE, que había congelado la negociación para la adhesión, como de Turquía, que era reticente a doblegarse ante las exigencias europeas. Este camino implica, no obstante, un ejercicio delicado de diplomacia en el que las sensibilidades no se vean dañadas por una UE que aún ve con recelo una eventual adhesión de Turquía. Países como España, que tradicionalmente han sido favorables a la negociación, pueden ahora jugar un papel importante a la hora de dar fluidez a las negociaciones y alcanzar acuerdos constructivos

 

[1] Rodríguez López, Carmen y Ávalos Méndez, Antonio, “Las elecciones legislativas turcas de 2015”, Memorando OPEX nº. 199/2015, http://www.fundacionalternativas.org/public/storage/opex_documentos_archivos/202da3525c2fc46d1cf84c341e37ede6.pdf

[2] “Nato condemns Russia over violations of Turkey's airspace”, The Guardian, 6 de octubre de 2015, http://www.theguardian.com/world/2015/oct/05/turkey-says-russian-warplane-violated-airspace

[3] Halpern, Micah, “Out of Gas: Turkey Is Losing Its Battle With Russia”, Observer, 10 de diciembre de 2015, http://observer.com/2015/12/out-of-gas-turkey-is-losing-its-battle-with-russia/

[4] “EU,Turkey agree on €3 bn aid deal for Syrian refugees in Turkey”, Daily Sabah, 29 de noviembre de 2015, http://www.dailysabah.com/eu-affairs/2015/11/29/euturkey-agree-on-3-bn-aid-deal-for-syrian-refugees-in-turkey

 

(*)Antonio Ávalos Méndez es Investigador del Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos, UAM

 

Elecciones generales: primeras conclusiones

ANTONIO ARROYO GIL Y BORJA SUÁREZ CORUJO (*)

 

 

 

Un colegio electoral de Pamplona en las generales de 2011.

El resultado de las elecciones generales ofrece un panorama parlamentario desconocido en el presente periodo democrático. Lleno de interrogantes e incertidumbres, pero también de oportunidades. Cómo se resuelva la gobernabilidad del país y sus consecuencias para la ciudadanía, los partidos políticos y el propio Estado dependerá en buena medida de una interpretación adecuada del sentido del voto. Algunos de los aspectos sobre los que merece la pena reflexionar serenamente son los siguientes:

• Frente a lo que cabría esperar, no se ha producido un incremento sustancial en el número de votantes. Al contrario, una vez se contabilicen los votos de españoles residentes en el extranjero, la participación quedará por debajo del 72%, el nivel más bajo desde los años ochenta, con la excepción de 2000 y 2011. Eso quiere decir que, básicamente, los votos se han repartido entre las “viejas” y las “nuevas” fuerzas políticas. Y algo que es más significativo: hay un elevado número de potenciales votantes, que ronda el 25 % del censo, que renuncia a ejercer su derecho al voto (casi 10 millones de personas). Es probable que, en parte, este dato refleje la salida de nuestro país de muchos españoles, jóvenes en su mayoría, ante la falta de perspectivas laborales. Pero, en todo caso, demuestra que la falta de interés o el desencanto con la política de un sector importante de la población no ha desaparecido pese a la aparición de nuevos actores políticos.

• Una vez más se constata una clara división ideológica del país en dos mitades que podríamos calificar de centro-derecha/derecha y centro-izquierda/izquierda. No por casualidad tras unos años de durísimos recortes, la balanza se ha inclinado claramente en esta ocasión hacia la izquierda: si solo el PP sumó más de 2,2 millones de votos más que la izquierda en 2011, en esta ocasión PSOE, Podemos e IU han logrado casi un millón más de apoyos que PP y Ciudadanos juntos. En todo caso, hay que ser conscientes de que cualquier intento de poner en marcha reformas que afecten al marco institucional y de convivencia ha de pasar necesariamente por la consecución de amplios consensos, más allá de los programas de máximos.

• Es obvio que el partido más votado, con diferencia, en estas elecciones ha sido el Partido Popular; de hecho, mantienen su mayoría absoluta en el Senado. No obstante, su pérdida de apoyo ha sido histórica, sólo superada por la de la UCD en 1982. Es la muestra evidente de que a veces ‘ganar’ no significa que no se haya perdido. Por su parte, el PSOE parece haber soportado el chaparrón que le auguraban las encuestas, pero es evidente que sigue sin encontrar la clave de conexión con una parte importante de un electorado que antes le había sido muy fiel: en dos elecciones ha perdido la mitad de los votos logrados en 2008. Podemos ha obtenido un gran éxito, entre otras razones, por haber sido capaz de sumar a su proyecto a otras fuerzas políticas, las llamadas confluencias, en Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana, lo que ha incrementado sensiblemente el cómputo global de sus votos. Finalmente, Ciudadanos ha tenido un resultado notable, aunque seguramente mucho más pobre de lo que aspiraba a obtener, desde su confianza en que era posible pescar en distintos caladeros sin que se notasen sus contradicciones y querencias/carencias ideológicas.

• La ley electoral sanciona excesivamente a los partidos nacionales minoritarios. Que al PP, en términos globales, le “cueste” un diputado 58 mil votos, al PSOE 61 mil, a Podemos 75 mil y a Ciudadanos 87 mil, es aceptable en términos de proporcionalidad. Que IU tenga que aportar 460 mil votos para conseguir un diputado es injusto. Esta situación no es nueva, pero parece llegado el momento de llevar a cabo una modificación de la ley electoral para corregir esa insoportable desigualdad, sin perder de vista los dos principios a los que toda buena ley electoral ha de servir: garantizar la mayor proporcionalidad posible sin que se resienta la gobernabilidad.

• Estas elecciones han dejado tiritando al llamado bipartidismo, dado que la suma de sus votos apenas supera el 50% del total, cuando en 2008 superaba con creces el 80%. Es cierto que todavía es posible apreciar una diferencia muy importante entre los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) y los dos emergentes (Podemos y Ciudadanos): les separan más de 4 millones de votos. Pero ambos deberían reflexionar sobre las causas que explican una pérdida de apoyos tan intensa, muy en particular en el caso del PSOE, que apenas ha obtenido 350 mil votos más que Podemos.

• En tanto que partido más votado con una clara diferencia respecto del segundo, corresponde al PP procurar formar gobierno. Pero es evidente que el aislamiento político del PP, tras una legislatura en la que ha impuesto su mayoría absoluta como un rodillo parlamentario, hace extraordinariamente complicado, en principio, que pueda lograr esos apoyos. Si fracasa, corresponderá entonces al PSOE intentarlo. No es descartable que pueda lograrlo; si así fuera, dado que estamos en un sistema parlamentario, la legitimidad de ese gobierno sería la misma que si estuviera encabezado por el partido con más votos.

• El desarrollo de las negociaciones entre los partidos será complejo. Por eso, únicamente será posible avanzar sobre bases firmes y transparentes. Solo así los ciudadanos podremos valorar en sus justos términos quienes, además de habilidad política, tienen sentido de Estado, madurez democrática y cultura institucional, cualidades tan necesarias en este momento crítico en el que el país se la juega.

• Los destrozos de la pasada legislatura en materia laboral y social exigen una respuesta urgente. El riesgo de no hacerlo puede desembocar en una fractura social con consecuencias indeseables, que más allá de sus efectos concretos sobre las personas que más la padecen, podría acabar minando las bases de la convivencia. Esta debería ser, por tanto, la prioridad del futuro gobierno: recomponer el equilibrio social, lo que pasa por acometer con inteligencia una redistribución más equitativa de la riqueza, utilizando con decisión la herramienta fiscal, y restableciendo un mayor equilibrio en las relaciones laborales.

• La cuestión territorial, indudablemente, también se encuentra sobre la mesa. La respuesta que se le dé requiere sosiego, ponderación y claridad, además de un amplio consenso entre las fuerzas políticas. El intento de abordarla desde posicionamientos que se amparen en un supuesto ejercicio de la democracia, aunque ello implique ignorar el ordenamiento jurídico vigente, están abocados al fracaso. En un Estado democrático de Derecho, como lo es el nuestro, Democracia y respeto a la ley van indisolublemente unidos, lo que no quiere decir que la ley sea irreformable.

• La palabra maldita, “ingobernabilidad”, domina, como una amenaza, todo análisis de los resultados electorales. Pero, tal vez, sea posible, y conveniente, pensar en otros términos. Hemos entrado en una etapa de nuestra historia que demanda una nueva cultura política: la del pacto, la de la búsqueda del acuerdo, la del consenso. Exactamente lo mismo que, pese a la inmensa distancia que hay, ocurrió hace apenas 40 años. Entonces las distintas fuerzas políticas fueron capaces de encontrar soluciones satisfactorias para la inmensa mayoría. Este es el reto, y la responsabilidad, que “nuevos” y “viejos” partidos tienen por delante.

 

(*) Antonio Arroyo Gil y Borja Suárez Corujo son profesores en la Facultad Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid

El Acuerdo de París: creación de empleo y política climática para una transición justa

GUY RYDER(*)

 

 

Acceso a las instalaciones donde se celebra la COP21 en París

 

El domingo pasado asistíamos al fin de la COP21 con la adopción de un nuevo acuerdo climático, el Acuerdo de París. Tenemos la certeza de que esta vez sí hemos logrado lo que se nos había escapado antes: que los 195 países que firmaron en 1992 la Convención Marco de Cambio Climático se hayan comprometido a que las emisiones de gases de efecto invernadero no suban por encima de niveles peligrosos que supondrían impactos imposibles de gestionar e incluso la desaparición de algunos estados insulares. En otras palabras, no subir por encima de los 2C la temperatura media del planeta y hacer todo lo posible para que este incremento no sea de más de 1.5C.

Es un acuerdo histórico por varias razones. En primer lugar, porque el objetivo a largo plazo acordado es suficientemente ambicioso como para que el Acuerdo sea realmente un punto de inflexión en las políticas nacionales y se dé prioridad a un desarrollo más sostenible, bajo en emisiones, que acelere nuevas inversiones bajas en emisiones, públicas y privadas y se cambie nuestros patrones de producción y consumo hacia modelos más sostenibles. En segundo lugar, porque es un Acuerdo universal. Siguiendo la senda de la agenda de desarrollo 2030 que aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sitúa a todos los países del mundo bajo condiciones muy parecidas, al menos en lo relativo a los compromisos de acción climática. Se continúa pidiendo a los países ya desarrollados que sean líderes y reduzcan sus emisiones de manera drástica en el corto plazo. Se les pide también que ayuden a los países con un nivel de desarrollo menor a hacerlo con suficientes recursos financieros, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Recordemos la responsabilidad histórica de estos países, desarrollados gracias al consumo de combustibles fósiles desde la revolución industrial.

Es histórico también porque por primera vez se reconoce la necesidad de tener en cuenta que la transición a este modelo de desarrollo resiliente a los impactos del clima y bajo en emisiones se haga de manera justa, respetando los derechos de todos, también de los trabajadores y que asegure la creación de empleo decente.

Este reconocimiento de la necesidad de una transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible sitúa al mundo del trabajo, es decir a empresarios, a trabajadores y a gobiernos, en el centro de la política climática y los presenta como actores esenciales en la implementación de soluciones.

Sitúa también la justicia social y la creación de empleo decente en el centro. No servirá cualquier tipo de política climática. No servirá en particular, aquellos planteamientos que no respeten los derechos de los trabajadores, que no ofrezca oportunidades de creación de empresas sostenibles y trabajo productivo y con salarios suficientes, que no ofrezcan seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, y aseguren la libertad para que la gente exprese sus opiniones, se organice y participe en la toma de decisiones climáticas que puedan afectarles de una forma u otra. Y sobre todo no servirá planteamientos que no aseguren la igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.

El mundo del trabajo ha estado muy presente durante la COP21. Por un lado, los anuncios hechos por algunas de las mayores multinacionales del mundo, bajo la campaña RE100, de usar únicamente fuentes de energías renovables para el abastecimiento de electricidad. Se calcula que esta medida reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en un 15%. Trabajadores y sindicatos de todo mundo se han movilizado para demandar una mayor ambición climática bajo el lema ‘no hay empleos en un planeta muerto’. La transición, están de acuerdo, supondrá importantes desafíos para trabajadores y empleadores, pero una gestión adecuada de esta transición, basada en el diálogo y consenso entre las partes implicadas, puede transformase en un importantísimo motor de creación de empleo.

La OIT calculó que inversiones de alrededor del 2% del PIB mundial en sectores ambientalmente sostenibles crearían más de 60 millones de empleos en las próximas dos décadas. Particularmente relevante en un escenario mundial donde alrededor de 75 millones de jóvenes están desempleados y donde los jóvenes tienen tres veces más probabilidades de no tener trabajo que el resto de trabajadores. Además, se espera, que más de 600 millones de personas entren en el mercado laboral hasta el año 2030, muchos de ellos en los países menos desarrollados, sobre todo en África y América Latina.

Por eso, el mensaje enviado por el Acuerdo de París a inversores públicos y privados es fundamental para que este potencial de creación de empleo se transforme en realidad. Proteger nuestro medioambiente y hacer buen uso de nuestros recursos naturales es bueno para el empleo. Buena nota han tomado ya países de todos el mundo: Alemania o China en su apuesta por las energías renovables, Brasil con programas que frenan la deforestación y proveen de protección social a las comunidades que dependen de estos bosques, Francia en el apoyo a la eólica marina o Sudáfrica o India con sus programas públicos de empleo, que ofrecen empleo a aquellos que no lo tienen en la construcción de infraestructuras de adaptación a las sequías, inundaciones, incendios y otros efectos del cambio climático.

Ha sido también la primera vez que más de 15 directores de organizaciones del sistema de Naciones Unidas han participado en la Conferencia, también la OIT. Nuestras organizaciones serán especialmente importantes en la implementación de este Acuerdo. Desde la OIT nos hemos comprometido en apoyar a las organizaciones de empleadores, de trabajadores y a gobiernos de todo el mundo en la ejecución del Acuerdo de París: En este contexto resulta especialmente relevante las nuevas directrices aprobadas por nuestro Consejo de Administración, que con estructura tripartita, recoge recomendaciones políticas para implementar, a nivel nacional, un marco de transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos.

A través del diálogo social, del asesoramiento técnico y la formación, el desarrollo de empresas sostenibles y la identificación de nuevas fuentes de empleo verde, o del reforzamiento de los sistemas protección social, claves para lidiar con los impactos laborales del cambio climático reforzaremos las capacidades de nuestros aliados, empresarios, trabajadores y gobiernos, hacia lograr una transición justa a un mundo más sostenible ambientalmente y más creador de empleo. Queda mucho por hacer, pero la comunidad internacional ya ha dado un importante paso en la buena dirección.

 

 

(*) Guy Ryder es Director General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)[1]

 

[1] Agencia Especializada de Naciones Unidas para el trabajo. La OIT está consagrada a promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional a través de la creación de empleo decente.

Algo se mueve

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

Pablo Iglesias lidera Podemos, una de las formaciones emergentes para el 20-D

Dentro de pocos días se celebrarán elecciones generales en España. Llevamos más de año y medio, saltando en una especie de juego de la oca, de unos comicios a otros desde las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014 a las elecciones al Parlamento Andaluz, desde las autonómicas y municipales de mayo a la convocatoria al Parlamento Catalán, todas ellas en 2015, para llegar al colofón del 20 D.

Desde luego que no es que no estemos acostumbrados a concurrir a las urnas, pero es cierto que en estos últimos dieciocho meses, sentimos que no pisamos el terreno habitual. Sabemos reconocer el calificativo de elecciones críticas, o bien de cambio de ciclo, para identificar cuando hay elementos que estimulan una mayor participación, bien sea por preocupación o por la existencia de una perspectiva de cambio. Pero esta etapa es algo distinta; algo se mueve.

En las elecciones del 25 de mayo de 2014, diseñadas para elegir a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, las siempre denominadas de segundo orden porque concitan menor interés, ya se notó más movimiento. El resultado fundamental fue la aparición en escena de Podemos, hoy conocido como integrante del bloque de las fuerzas emergentes. Su irrupción con 5 diputados significó que algo nuevo aparecía en el horizonte. La formación política recién creada empezó a atesorar votos de distintos sectores desde el desmovilizado de hace tiempo, o del movilizado desencantado. A partir de ese momento, y aunque oscilasen, no se movieron de escena tanto en el ámbito de la predicción demoscópica como del terreno real.

El 22 de marzo de 2015 se celebran elecciones anticipadas en Andalucía. La Presidenta las convoca tras la ruptura del pacto de gobierno con IU. Algo se mueve también en el sur de España. Es una jugada arriesgada, pero que intenta conjurar la debilidad de estar en minoría, con un panorama complicado por la remontada socialista que no llega, y el ascenso de la fuerzas emergentes, ahora ya con Ciudadanos en liza. A la vista de los resultados, Andalucía se convierte en el primer gran laboratorio de lo que nos puede esperar dentro de unos días. El resultado desde la perspectiva del algo se mueve, es sobre todo la ausencia de un pacto de gobierno antes de la siguiente gran convocatoria electoral: el 24 de mayo. Más de dos meses tuvieron a Susana Diaz en funciones, mientras sus posibles socios se atildaban para salir bien parados en autonómicas y municipales.

La menor cultura de pactos y coaliciones en el sistema político español (y sus distintos subsistemas) fue asomando su cara, y componiendo un mapa institucional distinto al de 2011 gracias a este efecto. En el capítulo de las novedades, están sin duda la irrupción en la escena institucional de los emergentes y sus alianzas de cartel: de entrada consiguen las alcaldías de Madrid y Barcelona, increíble un año antes, y el apoyo pactado a los partidos mayoritarios para gobernar en el ámbito autonómico, incluido por fin el semáforo en verde al gobierno andaluz. El fin del bipartidismo, coreado como una meta utópica, se ve venir.

A todo este panorama, va unido sin remedio el escenario catalán, revuelto a más no poder y donde no solo existe una dinámica propia en torno al procès, sino que es una pieza fundamental del argumentario político del país en su conjunto. Para conseguir una vuelta de tuerca más en estos tiempos de “novedades”, el President Mas convoca elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña. Lleva haciéndolo recurrentemente, ya no es novedad, pero sí que son elecciones “plebiscitarias”. Concepto que hay que ir explicando recurrentemente con distintos resultados porque no es fácil. Se trata de una fusión de conceptos con variadas lecturas e interpretaciones. Los resultados del 27 de septiembre, en términos absolutos, son los propios de un escenario de fragmentación similar a lo ya esbozado, pero donde las fuerzas antaño hegemónicas en Cataluña, no son tales (el PSC no es quien era, y CiU, ya no es siquiera). Hay mezclas que cuesta entender; y en un terreno donde unos emergentes lo tenían más sencillo (C’s), mientras que otros se han sostenido el voto “a medias” (C. Sí que es pots). Y tampoco generan un gobierno al día de hoy, prolongando una situación de “gobierno en funciones”, como ya ocurriera en Andalucía. Y como no, la gran novedad es el distinto conteo de votos/escaños en esa pugna por que cada quien deje claro cuál ha sido el resultado del plebiscito.

Apuntemos las novedades de la campaña. Los debates políticos como entretenimiento. Del pugilístico formato de dos, pasamos al de tres más una (que es la dos), al de nueve, o al lamento de los que siendo aun fuerzas parlamentarias no están, porque son todos los que están, pero no están todos los que son. La participación de los líderes en los programas más populares para demostrar su vertiente más cercana: frente al fenómeno de la personalización el de la personificación. Puesta en marcha de estrategias de ataque duro o ataque blando a los demás contendientes en la medida que convenga. Esto no carece de importancia, ya que el número de indecisos es altísimo, como es lógico ante tanta novedad. Pero en términos estrictos los líneas fundamentales de los programas se basan en dos /tres ejes, y hay muchos temas que no se manejan en los debates, salvo el tropiezo inadmisible de Ciudadanos con el tema capital de la violencia de género.

Y así llegamos a la antesala de las elecciones generales que han abierto una mayor expectación en función de su perspectiva de cambio –la palabra más repetida a lo largo de las campañas electorales de la democracia española-. Ahora parece que ese cambio va a ser más notorio, pero sobre todo porque el cambio supone tantas novedades. Del recambio al cambio; nos acercamos con curiosidad de la monotonía a la expectación. No se puede negar: está animado el cotarro.

 

(*) Paloma Román Marugán es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid

Cultura: promesas electorales para 2016 ¿A la altura del cambio?

ENRIQUE BUSTAMENTE (*)

 

El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, conversa con el secretario de Estado de Francia para la UE, Harlem Désir.

El examen de los programas electorales de los grandes partidos políticos sobre la cultura resulta un ejercicio trascendental para adelantar algún pronóstico de lo que el cambio político español pueda significar en este campo a partir de 2016.

El programa del Partido Popular, (“España, en serio”, “Primero, las personas”) ha tenido como novedad en estas elecciones el aparecer por etapas en la Web oficial en forma de vídeos sucesivos (30 días/30 respuestas) pero precedido de una cuantificación del cumplimiento de las promesas anteriores (cumplimos.es): se asegura así que en materia de “cultura: creación, libertad y herencia”, se ha cumplido un 90,99 por ciento; Tan solo un punto se declaraba incumplido, el de la formación profesional artística. Entre los vídeos disponibles, el del Capítulo 5 , “Apostar por el talento”, solo contiene una promesa en materia de cultura: “Estatuto del creador”.

El programa del PSOE sobre la cultura es amplio, como seguramente no se conseguía desde los comicios de 2004[1]. Tras calificarla como “una de las mayores víctimas de la acción del Gobierno del PP”, se la define como “derecho”, y “uno de los sectores de oportunidad más dinámicos e importantes de nuestro país”. Entre las principales propuestas, destaca un acuerdo social y político”, basado en la recuperación del Ministerio de Cultura, con aumento de su dotación presupuestaria en una Ley de acceso a la cultura, y nuevas leyes remodeladas de mecenazgo y de propiedad intelectual; junto a la rebaja del IVA cultural (10 por ciento), se propugnan medidas detalladas para cada sector cultural.

El programa de Ciudadanos aparece en su Web desgajado por áreas temáticas, pero en lo que respecta a la “cultura y lenguas de España”, destaca su conceptualización como “lugar central en una sociedad libre, solidaria y de progreso como la española” y “herramienta de integración social”. En correspondencia con este papel, se promete garantizar el acceso a la cultura, bajar el IVA, una nueva ley de mecenazgo y un programa de educación cultural. El texto está marcado reiteradamente por la obsesión de impedir cualquier injerencia o intervencionismo gubernamental en las orientaciones culturales.

El programa electoral de Podemos es con seguridad el más amplio y detallado en el campo cultural[2]. Reúne propuestas novedosas como la creación de un Ministerio de Cultura y Comunicación, la asamblea de profesionales de la cultura, el Observatorio ciudadano de la cultura o la plataforma pública de cultura abierta” como vías de participación y supervisión para “neutralizar las injerencias políticas” y “el uso partidista”. Con promesas coincidentes con las de otras formaciones (reducción del IVA, nueva ley de mecenazgo, reforma de la ley de propiedad intelectual…), contiene asimismo numerosas medidas para incentivar la cultura digital en cada sector y para fomentar el acceso y la actividad de los usuarios.

En cuanto a Izquierda Unida-Unidad Popular, el programa cultural está integrado en el apartado de “democracia y servicio público”, y es breve aunque proporcional a la sintética expresión del total de sus propuestas (11 páginas). Coincide con los anteriormente citados en algunos puntos como un estatuto de los artistas, o la promesa de rebaja del IVA cultural (al 7 por ciento). Diferencialmente, se propone una política activa de difusión cultural y la creación de una red de espacios culturales públicos.

En definitiva, puede decirse que la presencia de la cultura es mucho más relevante, cuantitativa y cualitativamente, que en los programas de los dos últimos comicios generales. Y que sus concepciones, reveladas o implícitas, y sus promesas centrales, aunque con peculiaridades y obsesiones peculiares, mantienen denominadores comunes, como la restauración del protagonismo de las políticas públicas, con Ministerio de Cultura específico en la mayoría de los casos, retorno al IVA cultural reducido, reformas de las leyes de mecenazgo y propiedad intelectual y mayor atención a la cultura popular. Más allá de las diferencias evidentes, puede afirmarse así que, al menos en lo que respecta a los “partidos del cambio” o que se propugnan como tales, no sería difícil avizorar un “pacto de Estado” sobre el tratamiento de la cultura en nuestra sociedad a partir de 2016.

 

[1] PSOE, 2015. “El cambio que une: Bases para un proyecto de futuro”. Ver: “Capítulo 1: Hacia la España del conocimiento”Cultura (pag. 53), Cap. IV: Sectores”: 4.2. Industrias Culturales, Creativas, del Conocimiento y la Comunicación”. (pag. 207)

[2] Podemos, 2015. “Queremos, sabemos, podemos”. Un programa para cambiar nuestro país”. Capítulo “Democracia social” Cultura (pags. 132-134).Propuestas 206 a 224).

 

(*) Enrique Bustamante es catedrático de Comunicación Audiovisual en la universidad Complutense

Los venezolanos votaron por un cambio

MANUEL HIDALGO (*)

 

Lilian Tintori, a la izquierda, celebra junto a otros miembros de la MUD la victoria

 

El pasado 6-D la oposición venezolana nucleada en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) infringió una severa derrota electoral al oficialismo. Aunque se celebraban elecciones parlamentarias (se elegían 167 representantes), se convirtieron en un plebiscito en torno al Presidente Maduro y su equipo. Y ello se explica porque, en un contexto polarizado, muchos ciudadanos hartos de la pésima gestión de gobierno optaron por el voto castigo. En una jornada caracterizada por una alta participación (74,25%) para este tipo de proceso electoral, la MUD obtuvo el 56,5 de los votos mientras que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aliados lograron el 41%. Dichos resultados le han permitido a la oposición alcanzar la mayoría cualificada de dos tercios (112 diputados). Al efecto, hay que tomar en cuenta las consecuencias de un sistema electoral diseñado y reformado por el chavismo que, en esta ocasión, se ha vuelto en su contra. Con este triunfo, la oposición controlará, a partir del 5 de enero de 2016, por primera vez la Asamblea Nacional durante el actual periodo chavista que se inició en 1999. Sin duda, estas elecciones inauguran una nueva etapa política en el país no exenta de riesgos.

A diferencia de comicios anteriores, la oposición partía con una clara ventaja en las encuestas (las diferencias se situaban en torno al 20-30 puntos). En primer lugar, el contexto socioeconómico era muy desfavorable para el oficialismo. Bajo el mandato de Nicolás Maduro, que se inicia con su ajustado y cuestionado triunfo en abril de 2013, el país ha entrado en recesión y han comenzado a evaporarse significativos logros sociales alcanzados durante la década anterior. Avances que tuvieron lugar gracias a unos elevados precios del petróleo y al liderazgo e iniciativas de Hugo Chávez. Pero Maduro no tiene el carisma ni la conexión con los sectores populares de su antecesor; tampoco tiene los mismos apoyos en las filas chavistas y, además, se ha rodeado de un equipo poco competente para enfrentar una coyuntura signada a partir de 2014 por la fuerte caída del ingreso petrolero, fundamental éste para la suerte del denominado socialismo bolivariano y el desarrollo del país. Desde luego, Maduro heredó una pesada carga económica pero su gobierno no ha hecho sino empeorar la situación con políticas erradas ancladas en los controles (precios y cambio), las estatizaciones, el burocratismo, la corrupción, el gasto ineficiente y el desdén, en suma, por todo aquello que tenga que ver con una economía de mercado, así sea social. De ahí que se hayan agravado los desequilibrios macroeconómicos y, como resultado, haya empeorado la calidad de vida de los venezolanos hasta niveles insospechados en la historia reciente. Escenificado en las continuas y largas colas que tiene que hacer el ciudadano común para conseguir productos básicos de alimentación y medicamentos, reflejo de la gravedad del momento. Mucho más que la elevada inflación, la negativa situación económica, la rampante violencia o la desbocada inseguridad.

El clima de desencanto es la clave para entender lo sucedido el 6-D, que no puede leerse de manera simplista en términos de izquierda versus derecha. Muchos ciudadanos han optado por otorgar un voto de confianza a la oposición por un instinto de supervivencia, de sensatez. Quieren que se produzcan transformaciones y para ello han votado en muchos casos por representantes que no conocen; de ahí que deba subrayarse que no necesariamente han transferido su lealtad a la oposición. Ciertamente, la MUD ha tenido su parte de responsabilidad en el triunfo obtenido. Dejando atrás sus divisiones y estrategias erradas, las fuerzas variopintas que integran la alianza han logrado soslayar sus diferencias y buscar objetivos de manera mancomunada. Asimismo, sus candidatos han transmitido la idea de que las transformaciones pueden comenzar a través de un buen desempeño en la Asamblea. Esto hay que ponerlo en valor en particular por las dificultades que han enfrentado los sectores opositores para hacer política en un contexto en el que el régimen había acentuado sus características autoritarias, los grupos radicales de izquierda habían ganado mayor peso en las decisiones gubernamentales y los militares más espacios de poder. A lo anterior se suma una campaña electoral dura, inequitativa y ventajista. A pesar de ello, el gobierno no consiguió que calara entre la mayoría de la población su tesis de que la situación del país obedece a una hipotética “guerra económica” que libran ciertos grupos empresariales coaligados con intereses extranjeros contrarios a los intereses de Venezuela.

Los resultados abren las puertas a una transición hacia un régimen más democrático que aborde con cierta eficacia los acuciantes problemas del venezolano. Pero los cambios no estarán exentos de obstáculos y contratiempos. Por ejemplo, Maduro ya ha anticipado un veto a una ley de amnistía que la MUD prometió para liberar a más de setenta personas presas por motivos políticos. Además, para valorar las dificultades que se avecinan conviene no olvidar que el oficialismo tiene todavía importantes apoyos sociales, domina cuatro (de cinco) poderes nacionales, controla una veintena de gobernaciones y más de doscientos cincuenta ayuntamientos. Y, de momento, tiene discrecionalidad para manejar los recursos del petro-estado. A corto plazo, es esperable que la elite gobernante endurezca su posición y considere innegociable su insostenible modelo, incluso que intente radicalizarlo. Por su parte, la oposición, en la nueva Asamblea, es probable que se muestre conciliadora y dispuesta a alcanzar algunos acuerdos básicos durante varios meses. Una oposición que tiene además ante sí retos importantes como permanecer unida o legislar para amplias mayorías. En todo caso, de producirse el conflicto institucional y los bloqueos, no hay que descartar que la MUD recurra a algunos mecanismos previstos en la Constitución: celebración de un referéndum revocatorio presidencial (puede ser convocado a partir de la mitad del mandato de Maduro, esto es 2016), una enmienda constitucional para acortar el periodo presidencial y eliminar la reelección indefinida o recurrir a una Asamblea Constituyente.

Venezuela en los últimos años ha perdido capacidad financiera para apoyar gobiernos y movimientos afines en la región. Con la nueva Asamblea se recupera la función contralora sobre el resto de poderes e instituciones públicas. Eso implica que el Ejecutivo nacional tendrá que lograr la aprobación legislativa para promover sus políticas internacionales, al menos en términos de inyección de dinero. Por tanto, de entrada, se reduce la capacidad del chavismo de usar los recursos del petro-estado para seguir manteniendo los estrechos vínculos que caracterizan la relación con países como Cuba o de mecanismos de cooperación como Petrocaribe y el Alba. Asimismo, los resultados del 6-D aunados las recientes elecciones en Argentina y la inestable situación política brasileña pudieran influir en el funcionamiento de Mercosur. Finalmente, no puede pasarse por alto la perdida de importancia de la red de apoyos internacionales fruto de las estrecheces económicas del régimen bolivariano y la pérdida de atractivo para distintos grupos y movimientos sociales.

Mientras que China y Rusia han sugerido pragmatismo al Ejecutivo venezolano ante el escenario post-electoral, Estados Unidos se mantiene a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos y cuenta con capacidad para incidir en la política del país ya que lleva a cabo investigaciones de casos que vincularían a altos funcionarios civiles y militares venezolanos con el tráfico de capitales y estupefacientes.

Como podemos apreciar, los cambios por los que ha votado la mayoría de los venezolanos no vendrán fácilmente. El 6-D fue sólo el inicio de un camino hacia la recuperación de la institucionalidad democrática. Para ello, se requiere del concurso de ambos sectores para conciliar e implementar políticas públicas que satisfagan las expectativas de la ciudadanía. Sin embargo, el oficialismo no pareciera tomar en cuenta de momento el voto castigo, que obliga a una necesaria rectificación por parte del Ejecutivo. A mayor abundamiento, persiste en seguir impulsando su proyecto sociopolítico a pesar del evidente rechazo que suscita en una mayoría que se manifestó. En suma, el devenir de Venezuela deberá ser observado con mucha atención en los próximos meses.

 

(*) Manuel Hidalgo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas

Hacia el 20-D: ¿quiénes son los electores indecisos?

MARTA ROMERO (*)

 

Imagen de los cuatro representantes políticos que intervinieron el 7 de diciembre en el debate de Antena 3

 

Entre los datos más comentados de la encuesta preelectoral que el CIS dio a conocer el pasado jueves, a pocas horas de que comenzara la campaña electoral, destaca el elevado porcentaje que hay de electores indecisos. De acuerdo con esta encuesta, un 41,6% de los ciudadanos que tienen pensado acudir a las urnas el 20 de diciembre, no tiene aún decidido su voto (gráfico 1). Se trata de una cifra significativamente mayor que la que se registró hace cuatro años, en la antesala de las elecciones generales de 2011, cuando el sondeo del CIS reveló que un 31,6% de los electores que pensaban ir a votar no tenían decidido su voto, frente a cerca de un 68% que sí lo tenía decidido.

Fuente: CIS

No hay un único indicador para medir la proporción de electores que dudan qué votar ante unas elecciones. Algunas empresas demoscópicas, como Metroscopia, sitúan el porcentaje de indecisos en una cota más baja que el CIS, en torno a un 30%. Pero, en todo caso, en lo que sí parece haber consenso demoscópico es en que nos encontramos ante un nivel alto de indecisos y en que éste es más elevado que en otras ocasiones en un contexto, además, en el que se detecta una mayor predisposición para ir a votar.

El hecho de que haya aumentado la oferta de partidos políticos que se presentan a estas elecciones generales, ha contribuido, sin duda, a aumentar las dudas de un electorado que ahora tiene más opciones entre las que elegir. Las propias fluctuaciones experimentadas en los dos últimos meses por las fuerzas emergentes en sus expectativas de voto, con Ciudadanos habiendo logrado el sorpasso de Podemos en voto estimado e incluso del PSOE o estando en condiciones de lograrlo, apuntan a una opinión pública volátil cuyas preferencias electorales no están asentadas. En este sentido, es probable que aumente el número de ciudadanos que esperen hasta el último momento para decidir su voto. Hace cuatro años, tan sólo un 6% de los electores decidieron su voto el mismo día de las elecciones.

Los ciudadanos que tienen intención de acudir a las urnas, pero no tienen decidido su voto, son siempre un objetivo prioritario para los partidos políticos. Y en esta ocasión, si cabe, lo serán aún más. La cuestión es conocer qué votantes se muestran hoy (más) indecisos y entre qué opciones dudan.

Por electorados, parece que el PSOE se va a tener que emplear a fondo durante la campaña electoral, ya que un 40,1% de los que optaron por este partido en las elecciones generales de 2011 y tiene pensado votar el 20 de diciembre, no sabe aún que hará, dudando principalmente entre optar por el PSOE o Ciudadanos y el PSOE o Podemos. En el caso de los votantes del PP ese porcentaje se reduce al 32,4%; y sus dudas se centran en volver a votar al PP o decantarse por Ciudadanos. Entre los electores de IU hay un 36,7% de indecisos entre los que predominantemente dudan entre optar por este partido o Podemos.

Si nos fijamos en la edad de los electores, parece que a medida que se tienen más años, más decidido se tiene el voto (gráfico 2). Así encontramos que los más indecisos son los que tienen entre 18 y 24 años. En este grupo, el porcentaje de los que responden que tienen pensado ir a votar el 20 de diciembre, pero no tienen decidido aún su voto, se eleva hasta casi el 53%. Una cifra que asciende al 55% entre los nuevos votantes, es decir, entre aquéllos que tienen entre 18 y 21 años y podrán votar el 20 de diciembre por primera vez en unas elecciones generales.

Dado que los jóvenes tienen una mayor tendencia a abstenerse que los electores de mayor edad, el reto para los partidos políticos será evitar que los que están ahora indecisos acaben por no acudir a las urnas. De cualquier modo, sus dudas se reparten entre la opción de votar al PP o a Ciudadanos, a Podemos o a Ciudadanos, al PSOE o a Ciudadanos y al PSOE o a Podemos. En el electorado joven, ahora Ciudadanos aparece como el partido que más apoyos lograría, pero el pulso está muy ajustado con el PSOE y Podemos, lo que puede elevar los incentivos de estos partidos para captar su voto; y especialmente para Podemos que, en los últimos meses, ha perdido capacidad de atracción entre los jóvenes.

 

Fuente: CIS

En el otro extremo, encontramos a los electores que tienen 65 y más años que son los votantes que en, mayor proporción (casi el 66%), tienen decidido su voto. En este grupo, los populares parten con ventaja dado que el PP es el partido que más apoyos lograría y se trata, además, del segundo segmento de edad, tras los electores de 55 a 64 años, que mayor intención tiene de acudir a las urnas. Por otro lado, a diferencia del conjunto del electorado en el que la primera opción entre la que se duda es votar al PP o a Ciudadanos, en el caso de los indecisos de 65 y más años es entre optar por el PP o el PSOE.

Por género, hay un mayor porcentaje de indecisas (45,3%), que de indecisos (37,6%). Y, por ideología, los que tienen más dudas son los electores que se sitúan en el centroizquierda, ya que el 50,2% de éstos no tienen aún decidido su voto. Desde hace meses, los dos grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, y las dos fuerzas emergentes, Ciudadanos y Podemos, pugnan por persuadir a estos votantes que representan más del 20% del electorado. A principios de este año, Podemos aparecía como el partido que aglutinaba más apoyos en este grupo de electores. En cambio, a principios de octubre, era el PSOE el que ocupaba la primera posición y ahora es Ciudadanos. Los indecisos de centroizquierda dudan ahora entre Ciudadanos, PSOE y PP. Por su parte, Podemos ha perdido importantes apoyos en este grupo, pero no se puede descartar que durante la campaña pueda recuperarlos.

Ante un pulso electoral ajustado y una alta volatilidad en el comportamiento de los votantes, los partidos políticos centrarán todos sus esfuerzos, y hasta el último momento, en convencer a los indecisos. Cabe esperar que tanto la campaña electoral, como los debates entre los candidatos, tengan una mayor influencia en el voto que en otras ocasiones. A apenas 10 días de la cita con las urnas, el desenlace electoral puede estar en manos de los que aún no han decidido su voto.

 

(*) Marta Romero es politóloga y subdirectora del Laboratorio en la Fundación Alternativas 

Acceso a los audios donde la autora expone sus puntos de vista sobre el comportamiento de los indecisos:

 

 

¿Cómo se convence a los indecisos? Ir al audio

¿Cuál es el perfil del indeciso? Ir al audio

 

Las ciudades como grandes repositorios de abundancia

RAÚL OLIVÁN CORTÉS (*)

 

Pabellones de la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008.

 

Desde que Eva probara la fruta prohibida, los humanos hemos construido nuestras sociedades a partir de la gestión de la escasez. Escasez de alimentos, de vivienda, de empleo o de dinero. Y sin embargo, dos cambios estructurales permiten empezar a cambiar las reglas del juego. De una parte, la producción de bienes con coste marginal cercano a cero, pues gracias a la eficiencia de la tecnología cada día es más barato fabricar, almacenar y conectar. De otra, el nuevo ADN colaborativo de la sociedad red, basado en la lógica de intercambio, que habrá de imponerse por completo cuando los jóvenes millennials gobiernen el destino de la sociedad.   

Esta transición hacia la abundancia no es absoluto baladí. El problema de la escasez, aun cuando no es endémico sino autoinducido, es la mejor coartada del capitalismo. En un escenario de escasez se impone el paradigma de la competición y la selección de los mejores. Mientras que en abundancia, el instinto de conservación se diluye y la concentración de capitales deja de tener sentido, generando una ola de redistribución.

Más allá del análisis económico que este cambio de Era puede acarrear, la gestión de la abundancia se revela como una potente línea de trabajo en los contextos urbanos, especialmente en los ámbitos de la movilidad, la cultura o las políticas sociales. Si miramos alrededor nuestro, observamos que la ciudad es un gran repositorio de abundancia. Es la consecuencia de haber producido mucho más de lo que necesitábamos, y sobre todo, de no haber tenido las herramientas para gestionar de forma eficiente todo ese excedente: ¿Cuántos coches parados la mayor parte del tiempo? ¿Cuántos residuos útiles que apenas se reciclan? ¿Cuántos edificios públicos sin usar? ¿Cuánto saber en las personas mayores ? ¿Cuánto tiempo libre? ¿Cuántas personas en desempleo sin ocupación?...

Lo único que nos separa de esa gran fuente de abundancia es un cambio definitivo de mentalidad y una maraña de leyes que nos impiden aprovechar todo el ancho de banda disponible. Cuando ambas barreras desaparezcan. el cambio será indefectible.

Hoy, por ejemplo, todavía nos cuesta mucho pensar que dejaremos de tener coche propio dentro de unas décadas. La serpiente, que es el abogado del diablo, nos preguntará qué pasará con toda la economía que genera la industria del automóvil. La respuesta es que las opciones de movilidad serán abundantes y dedicaremos el excedente de capital a bienes que sí son realmente escasos, como escuchar una ópera en directo.

 

(*) Raúl Oliván Cortés es director de Zaragoza Activa. Licenciado en Publicidad y Diplomado en Trabajo Social.@raulolivan 

 

 

Macri: otra América Latina

VICENTE PALACIO (*)

 

 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, al salir de la Quinta de Olivo

Y entonces llegó Macri. El terremoto en Argentina ha coincidido con un cambio de tendencia en Latinoamérica. Hay varios epicentros simultáneos. Brasil: en recesión, al pie de los caballos financieros, con la espada del impeachment sobre la cabeza de Dilma. En Venezuela: lo que es seguro es que pase lo que pase en las elecciones, mucho va a cambiar, porque hay marejada de fondo. En México: el Presidente Peña Nieto no consigue desatascar las cañerías de un sistema obturado por el narco. Y en el Caribe, Cuba avanza por un camino desconocido, de pragmatismo puro, dejando fuera de juego a sus socios bolivarianos.

En este nuevo momento político, ¿hacia dónde apunta la integración regional en Latinoamérica?

Creo que el punto de partida debería el siguiente: por más que se empeñen ideólogos de uno y otro signo, lo que está pasando no necesariamente refleja solo un giro a la derecha o al neoliberalismo. En lo básico el consenso permanecerá: las clases medias están para quedarse, no se las puede dejar caer, y el reparto de la riqueza y las conquistas sociales no deberían revertirse. El asunto central es más bien cómo crecer más y mejor. Pero junto a ello se trata también de cambiar las formas de hacer política: en acabar con las corruptelas y el clientelismo, dando paso a nuevos actores en el escenario.

A partir de ahí, los caminos de la integración pueden tomar un nuevo sesgo. Nos habían contado el cuento de que que Latinoamérica iba a fracturarse entre el Pacífico y el Atlántico; los liberales y los proteccionistas; los buenos y los malos. Por un lado la Alianza del Pacífico que despegaba mirando a Asia y a EEUU: México, Colombia, Perú y Chile. Por otro lado, el imposible Mercosur, con Brasil negándose a pagar las facturas del liderazgo; una Argentina indolente; Uruguay y Paraguay como socios diminutos, y una Venezuela como elefante en la cacharrería. ¿La UNASUR se rompería por la mitad? Cundió el nerviosismo, y en su día Lula y Bachelet lanzaron mensajes de calma. Siempre nos quedaría la gran familia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Pero ese relato ha saltado por los aires. Las piezas del puzzle latinoamericano van cambiando de forma, y con ellas cambia el dibujo entero. Primero, todos han perdido bastante por el bajonazo en la demanda china de materias primas (salvo México, que ya tiene bastante con el narco). El 5% de media de crecimiento del PIB entre 2003 y 2013 se sostuvo por ese tirón; ahora la CEPAL pronostica un crecimiento de la región del 0.5%. Por lo tanto, hay que plantearse cómo unirse más para afrontar un reto común.  

De otro lado, la Alianza nunca supuso un juego de suma cero. Una cooperación reforzada entre los cuatro del Pacífico - en visados, mercados de valores, o eliminación de burocracias en el comercio - es una buena noticia que no va contra nadie. En realidad, ni siquiera supone una integración, pues los cuatro países presentan situaciones tremendamente dispares, especialmente el gigante mexicano, muy dependiente de EEUU en inversión y comercio.

De hecho, la mala coyuntura general, junto al éxito relativo de la Alianza, podría llevar a argentinos y brasileños a ponerse las pilas. La situación de emergencia pide más pragmatismo, y ello podría incentivar más integración, no menos. Brasil coquetea con asociarse a la Alianza, y de ahí acceder a los asiáticos por la vía del Acuerdo Transpacífico (TPP). Macri posiblemente ha visto la jugada; es un momento para la gran política, y se ha ido a visitar a empresarios y políticos brasileños, porque quiere ir de la mano con el Mercosur. En este momento, cuando todo se tambalea, es muy importante que nadie se quede descolgado. Brasilia y Buenos Aires deberían emplearse a fondo para ayudar a re-conducir la situación y evitar que degenere en el caos y la violencia, con el imán de Mercosur para aprovechar su potencial.

La idea de la integración está en vilo. Inesperadamente, Macri ha resucitado la idea de Mercosur, quizá bajo una nueva forma más flexible. Eso es una gran noticia que pondrá a prueba la creatividad y el liderazgo de ambos lados. Al final, todo depende de si en las cancillerías se tiene o no la visión La formulación es fácil: avanzar hacia un sistema basado en articulación de cadenas de valor, con compensaciones de distinto tipo a los perdedores (claramente inspirados en los fondos estructurales y de cohesión de Europa). La práctica es otra cosa.

Este cuento suena más bonito: abrirse a Europa y a Estados Unidos, abrir puentes hacia el Pacífico mediante infraestructuras con sus vecinos. Más que una integración de naturaleza supra-nacional (mercado único, instituciones comunes, moneda), se trata de algo flexible. América Latina avanzaría hacia plataformas de negociación donde se concretan cooperaciones reforzadas en políticas concretas.

La integración no es una foto fija; es un proceso, y más en este continente donde los liderazgos personales y las constelaciones ideológicas de cada momento pesan muchísimo. UNASUR el ALBA o la Alianza tienen mucho de ello. En este momento, la integración es una idea difícil, arriesgada, pero es una opción entre otras aún peores que llevan al ombliguismo y al proteccionismo.

Bajo una fuerte presión interna, Macri posiblemente tratará de ganar apoyos fuera, en sus socios regionales, en Washington, y en Europa, a la que tiende la mano para cerrar un acuerdo. No sabemos si cumplirá lo que ha anunciado, si lo hará bien o mal, o si le dejarán hacerlo. Lo tiene casi todo y a casi todos en su contra. ¿Será Macri el Neoliberal o Macri El Pragmático? Su llegada no solo altera el equilibrio de poder en Argentina; también nos trae un nuevo relato sobre la integración latinoamericana.

 

(*) Vicente Palacio es director de OPEX en la Fundación Alternativas 

El porqué de la irresponsabilidad social corporativa

JUAN CARLOS GONZÁLEZ Y EMILIANO MORENO (*)

Chevron consiguió el premio "Lifetime Public Eye" por contaminar grandes extensiones de selva virgen

 

Más allá de los escándalos ligados a la corrupción política, ya han dejado de sorprendernos las noticias que se hacen eco de comportamientos irresponsables por parte de las empresas, sobre todo las más grandes (que son las que generan un mayor interés mediático). Y ello a pesar de las cuantiosas inversiones en comunicación y en relaciones públicas que, cada año, realizan estas empresas para tratar de convencer a una sociedad -que tolera cada vez menos los comportamientos autistas- de la “responsabilidad” de estos poderes económicos con y hacia la sociedad.

Si tenemos en cuenta que cada vez son más las evidencias que ponen de manifiesto el boicot de los consumidores hacia las empresas y las marcas irresponsables, cuesta entender, tanto desde el punto de vista económico-comercial como de la propia Responsabilidad Social Corporativa (RSC), por qué grandes corporaciones que han sido capaces de labrarse a lo largo de los años, una buena reputación corporativa, arriesgan todo lo conseguido actuando de manera “irresponsable”.

Resulta difícil creer que, en plena “cuarta revolución industrial” (donde cada día “teras” y “teras” de datos pululan por la nube y donde Internet hace posible que el control del mercado pase de los productores a manos de los consumidores), la falta de transparencia (cuando no el engaño) pueda quedar impune, sin saberse. Por otro lado, desde el punto de vista de la RSC, sorprende que todavía haya ejecutivos de algunas de las grandes multinacionales que continúen infravalorando las consecuencias -tangibles e intangibles- de determinadas malas praxis tratando de justificarlas en base a una visión exclusivamente utilitarista.

Aunque no es fácil encontrar una respuesta que, en pleno siglo XXI (cuando hay un consenso mundial sobre la necesidad de terminar con la pobreza, garantizar una vida digna y la igualdad de oportunidades, así como proteger la integridad del planeta), pueda explicar plenamente la existencia de conductas empresariales irresponsables, algunos de los trabajos y de las publicaciones que vienen realizándose en el campo de la RSC nos permiten vislumbrar dos tipos de razones complementarias para explicarlas.

Una primera razón, de carácter económico, parece (según plantea, entre otros, el economista David de Ugarte) dotar de impunidad (frente a la RSC) a las empresas que alcanzan una cierta dimensión (“Escala”) en tamaño y en dividendos. En base a este razonamiento, los gestores conocerían sobradamente que, a partir de que las empresas adquieren cierto tamaño y sus dividendos consiguen determinados niveles de competitividad, no sólo es que puedan hacer que su gestión sea “opaca”, sino que les permite independizar la misma de la aprobación social (sobre todo, la de las comunidades situadas en su entorno más cercano). Asimismo, serían plenamente conscientes del incremento exponencial de su capacidad de influir en el desarrollo del mercado (gracias al “peso de los lobbies”) y de que son ellos quienes controlan al Consejo de Administración/Junta de Accionistas, en vez de ser éstos supervisados por los citados órganos.

Este “beneficio de la opacidad” -de llegar a ser “irresponsable” sin pagar, al menos de manera inmediata, peaje social y/o económico alguno- consecuencia del tamaño y volumen de negocio, parece ser un objetivo comúnmente perseguido por algunas de las grandes corporaciones empresariales. Así puede inferirse cuando se revisa el resultado de las convocatorias de los “Public Eye Awards”, organizadas por la ONG Declaración de Berna y Greenpeace Suiza para distinguir a las empresas más irresponsables del mundo. Resulta paradójico ver cómo, desde su primera edición, este “galardón negativo” (considerado el “anti Oscar de la RSC”) va a grandes empresas, la mayoría de ellas conocidas por los consumidores y clientes de todo el mundo. Por ejemplo, este año la firma Chevron ha conseguido el premio “Lifetime Public Eye”, por contaminar grandes extensiones de selva virgen en el norte de Ecuador (una responsabilidad que, tras 20 años de litigio, sigue rechazando la compañía) y en 2014 la compañía GAP fue “galardonada” por no haber accedido a firmar el acuerdo vinculante sobre “seguridad en la construcción de edificios y de instalaciones de sistemas contra incendios” en Bangladesh.

Asimismo, el “beneficio de la opacidad” también se justificaría a través del hecho de que casi el 80% de las multinacionales no alcanza el aprobado en una prueba realizada, a nivel mundial, por la ONG Transparencia Internacional (y publicada en noviembre de 2014), en la que se analizó la calidad del reporte financiero y de las acciones contra la corrupción llevadas a cabo por más de 145 grandes empresas. En lo que respecta a nuestro país, el Banco Santander y Telefónica figuran entre las diez empresas mejor posicionadas en esa prueba.

Lo paradójico de esta situación es que, por regla general, los países de origen de estas grandes multinacionales son percibidos por la opinión pública como “limpios o casi limpios” (de corrupción). Sin embargo, según el Mapa de la Corrupción que la OCDE publicó en 2014, de los 427 casos de sobornos internacionales analizados y juzgados en 87 países que han concluido en sentencia judicial, la mayoría se ha producido en lugares con altos o muy altos niveles de desarrollo.

La segunda razón para tratar de explicar el “porqué de estos comportamientos opacos” la encontramos en que la RSC es percibida como una moda pasajera; algo que sólo hay que tener en cuenta en épocas de bonanza ya que, en puridad (¡no nos engañemos!), se trata de un coste que, en el mejor de los casos, es compatible o está alineado con la estrategia de creación de valor para los accionistas. Es, por lo tanto, una visión de la RSC muy alejada de considerarla, en sí misma, generadora de valor ya sea porque contribuye a atraer inversores (“socialmente responsables”) y a generar nuevas oportunidades sociales de mercado (pensemos en la diferenciación que otorga, por ejemplo, la “innovación sostenible”), o ya sea porque sirve para captar, motivar, comprometer y retener el talento.

Esta visión de tolerar la RSC mientras no sea demasiado cara está vinculada al riesgo que entraña el hecho de descubrir la rentabilidad, aunque sea en el corto plazo, de una “gestión insostenible” y quizás este descubrimiento sea el que mueva a ciertos directivos de las grandes empresas a enterrar sus convicciones (¿también sus valores?) sobre la RSC obviando, con ello, el valor innegable que ésta tiene para la sociedad, para el medio ambiente y, en general, para el entorno.

Por ello, todos los hechos que la realidad se empeña tozudamente en demostrar (boicots ciudadanos, vulnerabilidad, etc.) hacen, si cabe, todavía más incomprensible el autismo de algunos líderes empresariales cuyas decisiones resultan muy dañinas tanto para la reputación de sus corporaciones, como para la sociedad en su conjunto. Al fin y al cabo, al igual que la contaminación, las consecuencias de la irresponsabilidad social no tienen fronteras.

 

(*) Juan Carlos González es Catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Alcalá (UAH) y Emiliano Moreno es Profesor Honorífico Investigador de la Universidad de Alcalá (UAH).