STUART MEDINA (*)
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
Aunque las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones del 20-D han concentrado la atención de la opinión en factores de política interna, sería erróneo ignorar el entorno económico europeo en el que tendrá que desenvolverse el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo. Por eso, conviene echar un vistazo a la iniciativa emanada de la Unión Europea, el conocido “plan Juncker” que va a determinar en buena medida las restricciones económicas a las que se enfrentará España en los próximos años.
Decía Warren Mosler que no hay crisis financiera lo suficientemente grande que no pueda arreglar un plan de estímulo fiscal lo bastante amplio. Salir de una gran depresión como la crisis financiera global que asoló el mundo a partir de 2007 requería aplicar recetas bien probadas desde la Segunda Guerra Mundial. Bastaba con un programa de expansión fiscal para compensar la caída en la demanda efectiva del sector privado. Ésa fue la política del gobierno de Zapatero. Tras negar en 2008 que hubiera una crisis económica en España, acometió un plan de expansión que inyectó más de 12 mil millones de euros. Muchos lo criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida.
Ilustración 1: Datos del INE
El plan dio resultados con una tímida recuperación en 2010 pero la crisis griega y la reacción austericida lo abortaron prematuramente (ver gráfico 1). En ese año los mercados financieros advirtieron que el diseño institucional del Euro privaba a los países miembros del respaldo de un banco central. La escalada de la prima de riesgo sirvió de excusa para la reacción ideológica hacia la austeridad capitaneada por Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet que doblegó al gobierno de Zapatero. Poco tiempo después llegaba al poder Rajoy cuyos recortes presupuestarios hundieron la economía española en una segunda recesión, elevaron el desempleo a niveles insoportables y alargaron innecesariamente la crisis económica. La economía española habría caído por el abismo si Guindos y Rajoy no hubiesen reaccionado en 2013 con un plan de estímulo fiscal destinado a ganar las elecciones. Too little, too late.
Si no hubiera sido por la oportuna sustitución de Trichet por Mario Draghi, es posible que hoy la Eurozona hubiese sido una más de las 69 uniones monetarias que se rompieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas del BCE demostraron que los tipos de interés no los determinan los mercados y evitaron que gobiernos como el de España declararan la insolvencia. Pero cinco años adicionales de crisis han demostrado que la utilidad de la política monetaria es incapaz por sí misma de reactivar la demanda.
Los defensores de la política monetaria piensan que una reducción de tipos de interés estimulará el crédito a empresas y familias. El problema es que el crédito depende de decisiones de los banqueros y de la existencia de una demanda solvente. Los empresarios no piden créditos porque no tienen expectativas de rentabilidad. Falta un ingrediente fundamental, al cual que Keynes llamó los “animal spirits”, ese estado de euforia en el que a veces cae la clase empresarial y que le anima a acometer inversiones no siempre rentables. Las familias han reducido su consumo o lo posponen porque sus ingresos han caído o los han perdido por encontrarse en el paro. Los empresarios no invierten porque no tienen expectativas de vender sus productos. Predomina la aversión al riesgo.
Desde los años treinta sabemos, gracias a dos grandes economistas, Keynes y Kalecki, que la respuesta adecuada a una caída de la demanda privada es un aumento del déficit fiscal. Uno de los hallazgos geniales de los economistas keynesianos es el multiplicador de la inversión. El multiplicador se comporta como las ondas en un estanque tras lanzar en él una piedra. Éstas se expanden en círculos concéntricos cada vez de menor amplitud hasta que se van disipando. De forma similar una decisión de gasto exógena como un aumento de la inversión o, mutatis mutandis, del gasto público generan repercusiones en toda la economía. Esa decisión de gasto exógena es un ingreso para los hogares o las empresas. Parte de este ingreso volverá al circuito económico mediante el consumo aunque otra se ahorrará, se destinará al pago de impuestos o incluso se fugará al exterior mediante importaciones, en definitiva, será retirada del circuito económico. La parte consumida de nuevo será un ingreso para otros hogares que de nuevo retirarán parte y consumirán otra. En cada ciclo se genera un aumento de la renta, cada vez más reducido por las fugas en forma de ahorro, impuestos e importaciones. De esta forma una decisión de gasto exógena genera un aumento del producto total de la economía que es un múltiplo del estímulo inicial. Gracias al efecto multiplicador un plan de inversión liderado por el estado puede tener una gran potencia para estimular la demanda y animar a los inversores.
Durante una recesión el déficit aumenta de forma automática. La recaudación fiscal cae porque así lo hace la base fiscal. También aumentan ciertas partidas de gasto como los seguros de desempleo. Este es el efecto de los llamados ‘estabilizadores automáticos’. Los estabilizadores automáticos podrían conseguir una recuperación de la actividad en una recesión leve pero en una gran depresión como la actual, que ha dejado la tasa de desempleo en el 21%, la respuesta correcta es incurrir en un déficit tan amplio como sea necesario para recuperar el pleno empleo.
La situación europea pide a gritos una reflación basada en un programa de expansión pública pero, si los estados endeudados del sur, sin soberanía monetaria y fiscal, no pueden asumirla ¿quién puede? En España urge porque la inversión cayó fuertemente desde un máximo de 338 mil millones € cuando se inició la crisis. La recuperación es tímida y este año no es probable que rebase los 225 mil millones, claramente insuficiente para llevar la economía al pleno empleo.
Ilustración 2. Evolución de la inversión. Datos facilitados INE
Algunos recibieron con esperanza el anuncio del plan Juncker, que prometía invertir 16 mil millones de euros con la esperanza ilusoria de movilizar otros 360 millones aportados por el sector privado. Muchos economistas nos hemos mostrado escépticos y el tiempo nos ha dado la razón. La semana pasada la Comisión europea publicó los resultados del plan Juncker[1] en un informe de gran prestancia gráfica y escaso contenido. La inversión de la UE en España fue de 515 millones € con la cual esperan movilizar 1.600 millones €. Esta inyección de nuevos fondos en la economía apenas representa el 0,15% de nuestro PIB. Además, al examinar más a fondo el documento hallamos que, de los seis proyectos anunciados con fanfarria por la UE, tres se encuentran en fase de estudio. Es decir, el plan Juncker se ejecuta con retraso. Resultan cuestionables los criterios de inversión pues se destinan en algunos casos a grandes grupos empresariales que no tienen vedado el acceso al mercado de capitales. Si la inversión se hubiese acometido sin la aportación del plan Juncker el efecto multiplicador queda muy mitigado. La parvedad de los recursos de la Comisión Europea se agrava por su empeño en ceder el protagonismo a un sector privado carente de grandes empresas con capacidad de movilizar recursos en la cuantía necesaria como para que los proyectos cofinanciados por las instituciones europeas tengan un impacto relevante.
Nuestras élites políticas están dominadas por una ideología que aborrece de lo público e impide administrar la medicina que necesita Europa. Esa doctrina se llama neoliberalismo, una forma de pensamiento que introdujo el virus monetarista en los años 70. Este dogma es refractario al gasto público al que considera fuente de todo tipo de plagas, como ese antiguo fenómeno que algunos ya apenas recordamos llamado inflación. Para resistirse a un plan de expansión pública los neoliberales han encargado estudios que demuestren que el multiplicador es inferior a 1. Estos se basan en la premisa de las “expectativas racionales”, es decir, en la creencia de que, si el estado aumenta el gasto público, los ciudadanos anticiparán un aumento de los impuestos y por tanto ahorrarán más ahora para poder pagarlos en el futuro. Este comportamiento no se ha observado jamás en la vida real y es una ficción académica.
El plan Juncker necesitaría de un multiplicador descomunal para que 515 millones sacudieran a nuestra economía de su actual sopor. Aun así debemos tentarnos la ropa pues al próximo gobierno la Comisión Europea lo está esperando para exigirle recortes de al menos 9.000 millones € para cumplir con los arbitrarios límites de déficit público acordados en el ‘Pacto de Estabilidad y Crecimiento’. Los españoles deberían rezar para que se demore la constitución de un nuevo gobierno y que no haya nadie en Moncloa obligado a aplicar los recortes. La aritmética nos dice que el impacto neto de las políticas europeas será negativo en 8.500 millones €. Asumiendo un multiplicador de 1,5 veces nuestro PIB se encogerá en un 1,3% marchitando el brote de recuperación económica, con plan Juncker o sin él. Estos días se apela a la responsabilidad de los políticos españoles para constituir un gobierno rápidamente que aplique los compromisos con Bruselas. Urge un gobierno que actúe de forma irresponsable ahora para salvar nuestro futuro.
[1] http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016_en
(*) Stuart Medina es economista
Hay 0 Comentarios