Dos meses después

(*) SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE

 

Primera reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados

 

Dos meses después, el dinosaurio todavía estaba allí. Y lo peor es que ni siquiera parece que hayamos despertado. Los electores han expresado sus deseos con una riqueza de matices e información inédita en nuestra democracia. Sin embargo, el análisis de sus consecuencias parece empantanado en la dinámica preelectoral, confundiendo deseos con realidades y fiándolo casi todo a que los votantes cambiemos de opinión. Puede ser que ese sea el final, pero antes merece la pena detenerse en cual fue el principio.

¿Qué orientación ideológica han mostrado los votantes? ¿Cuántos apoyan o rechazan las líneas rojas? ¿Qué gobiernos son viables? ¿Qué partidos son los responsables de que haya o no gobierno? El recuento de votos y escaños, cruzado con el posicionamiento ideológico que nos ofrecen las encuestas del CIS (Estudio Preelectoral 2015) nos permite responder a estas preguntas.

En primer lugar, el posicionamiento ideológico medio de los votantes, calculado por los pesos de los diferentes partidos y la valoración que los ciudadanos les otorgan (en una escala de 1, extrema izquierda, a 10, extrema derecha; la media sería 5,5, teniendo en cuenta que no hay valoración 0) es de un 5,3, teniendo en cuenta los votos, y 5,6, si valoramos los escaños. Un votante claramente centrado (cerca del resultado que dan las encuestas del CIS, con una media de 4,7 y una moda, la opción más frecuente, de 5).

En segundo lugar, respecto a la línea roja más relevante en la actualidad, la posibilidad o no de que haya referéndums sobre la independencia que se celebren segmentando territorialmente al electorado, un 32,3% de los electores han apoyado a partidos que defienden esta opción, que se traducen en el 27,4% de los escaños. Obviamente, el 67,7% de los votantes y el 72,6% de los representantes en el Congreso están en contra.

En tercer lugar, las posibles coaliciones. Sólo hay una coalición viable de dos partidos (PP+PSOE), cuyo posicionamiento ideológico ponderado –por el peso de cada partido- sería del 6,6, bastante más a la derecha que la media de los votantes y muy alejado de la autovaloración ideológica de los ciudadanos en las encuestas, dónde sólo un 16% se sitúa más a la derecha del 6. Con tres partidos hay varias opciones. Nos centraremos en las que contarían con partidos adyacentes en el terreno ideológico (descartando opciones tipo PP + Podemos). La coalición PP, Ciudadanos y PSOE tendría una valoración ideológica del 6,5, con lo que los comentarios referidos a la “gran coalición” son igualmente aplicables.

En el otro extremo, la coalición PSOE y Podemos (más confluencias), con 161 escaños, no alcanza la mayoría, ni siquiera añadiendo a IU. La coalición de bloqueo de PP, Cs (y posiblemente CC) los supera. Necesitaría el voto a favor, al menos, del PNV y la abstención de ERC y Democracia y Libertad, asumiendo la línea roja del referéndum de independencia. El posicionamiento ideológico de esta macro-coalición (activa y pasiva) sería del 3,7, mucho más a la izquierda del votante medio. De nuevo, sólo el 28% de los ciudadanos se sitúan en la escala ideológica en posturas de izquierda menores al 4.

La opción PSOE, Cs, Podemos (y confluencias) tendría mayoría y su valoración ideológica ponderada sería del 4,1, a la izquierda de la media de los votantes pero más cercana a la autovaloración promedio de los ciudadanos en las encuestas (el 4,7, con un 55% de ellos entre el 4 y el 6).

Esas son las opciones, pero ¿quién tiene la responsabilidad? El poder de voto es algo más complejo que el porcentaje de votos (o escaños) con que cuenta cada partido, depende de cómo se pueden formar coaliciones vencedoras y de si ese partido es decisivo para las mismas. Es fácil ver que en un ejemplo de tres partidos con 4, 3 y 2 votos, respectivamente, y dónde la mayoría requiere obtener 5 votos sobre los 9 totales, todos los partidos tienen igual poder (y, por tanto, responsabilidad) para alcanzar esa suma, pese a sus diferencias en votos absolutos. Sin entrar en tecnicismos (índices de Banzhaf, Shapley-Shubik, etc.) todos los indicadores dan como resultado que el PP es el que más poder de voto tiene, el que podría ser decisivo en más coaliciones de las aritméticamente posibles, y que si no puede ejercitarlo no es por su representación numérica, sino por su incapacidad de tender puentes. Después irían, totalmente empatados, PSOE y Podemos, seguidos –a bastante distancia- de Cs y el resto. Y si consideramos el último escenario conocido, tras el principio de acuerdo entre PSOE y Cs, la situación queda en un triple empate entre Podemos, PP y estos dos partidos conjuntamente.

Vamos a ver cómo va el dinosaurio: los votantes han mostrado un perfil ideológico muy centrista, las encuestas dan este mismo resultado, ligeramente sesgado a la izquierda, una amplia mayoría de los votantes no consideran –por decirlo suavemente- que los referéndums de independencia sean una prioridad, lo que cuestiona gravemente la coalición dependiente de aceptar esta medida y nos deja únicamente con dos opciones viables (la “gran coalición” y la triple colación entre Podemos, Cs y PSOE). Y todos son igualmente responsables del resultado, independientemente de a quien le haya encargado el Rey la formación de gobierno.

Por último, uno de los actores principales, Podemos y confluencias, defiende el referéndum mientras, al mismo tiempo, afirma que quiere que no se produzca la secesión. Si esto es así, ¿no deberían buscar las alternativas para que sea posible hacer reformas que solucionen el descontento antes de plantear la votación? ¿Sobre qué van a “decidir” si sólo cuentan con el statu quo o la independencia?

Ya hemos votado y España sigue teniendo la segunda mayor tasa de paro dentro la Unión Europea, la mayor tasa de desempleo juvenil, la segunda mayor tasa de empleos temporales, la quinta tasa de pobreza más elevada, la cuarta distribución de ingresos más desigual de la UE y más de setecientos mil hogares en los que ninguno de sus miembros percibe ingresos. Repito: y ya hemos votado.

 

(*) Santiago Díaz de Sarralde es profesor de la universidad Rey Juan Carlos y coordinador de economía en OPEX (Fundación Alternativas).

Reino Unido: un acuerdo defectuoso y sin precedentes

 DOMENEC RUIZ DEVESA (*)

 

El primer ministro británico, David Cameron, durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza)

 

El 19 de febrero de 2016 se introdujo en las conclusiones del Consejo Europeo un acuerdo de los 28 jefes de estado y de gobierno (en adelante, los veintiocho) reunidos en su seno (lo que es distinto de un declaración de esta institución europea) sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, lo que incluye una reinterpretación de los Tratados, una promesa de reforma de los mismos, una promesa de adopción de una Directiva sobre las relaciones entre la Eurozona y el resto de Estados miembros, la introducción de un nuevo mecanismo de control de la subsidiariedad, y la promesa de reformar tres Directivas relativas a la seguridad social y la libre circulación de personas y trabajadores.

La llamada "Decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el seno del Consejo Europeo" presenta numerosos problemas formales y materiales.

En primer lugar, como ya se ha dicho, esta "Decisión", que no entraría en vigor si no vence el "sí" a la permanencia de Gran Bretaña en el referendo del 23 de junio de 2016, no parte del Consejo Europeo, porque en efecto no parece tener competencias para adoptarla.

Al no ser emitida tal resolución por ninguna institución europea, se evita que la misma pueda ser llevada ante el Tribunal de Justicia para examinar su más que dudosa compatibilidad con los Tratados comunitarios. Se trata en puridad de un acuerdo internacional suscrito por 28 estados, por lo que nos encontramos en el ámbito no del Derecho Comunitario sino del Derecho Internacional Público, si bien no es un tratado internacional al no someterse a ratificación por los parlamentos nacionales respectivos.

Ello no obstante los veintiocho afirman que la "Decisión" supone una "garantía legal" y que es "jurídicamente vinculante", lo que se hace sin referencia alguna a una base legal incluida en los Tratados. Este aspecto no es menor porque como se ha señalado más arriba, el paquete acordado incluye la modificación de legislación secundaria (las tres Directivas señaladas) lo que requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. En derecho, y en general en la vida, es aconsejable no prometer, mucho menos comprometerse jurídicamente a cumplir, lo que no depende exclusivamente de uno mismo.

En segundo lugar, los veintiocho se arrogan el papel de interpretar de manera restrictiva los Tratados, por la vía de hecho, y de nuevo sin especificar base legal alguna, al señalar que la "Decisión" debe "tomarse en consideración como un instrumento de interpretación de los Tratados".

Así, otorgan una excepción al Reino Unido respecto del principio de establecer una "unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa", y además de vaciarlo de contenido para el conjunto, al afirmar que el mismo no supone ni una base para aumentar las competencias de la Unión (en efecto, éstas son las que atribuye el Tratado) pero tampoco un freno para su devolución a los Estados nacionales. Huelga recordar que la interpretación de los Tratados corresponde al Tribunal de Justicia, por mucho que los veintiocho sean los firmantes de aquéllos, como el propio acuerdo recuerda de manera sibilina.

En todo caso, los jefes de estado y de gobierno prometen en el acuerdo incorporar el contenido de esta interpretación a una futura reforma de los Tratados. Esto requiere unanimidad y ratificación por los parlamentos nacionales, por lo que no es posible que se haya otorgado "garantía legal alguna" al Reino Unido sobre la efectiva realización de tal modificación.

En tercer lugar, los veintiocho acuerdan dejar de tomar en consideración una propuesta legislativa en el Consejo cuando se opongan al menos el cincuenta y cinco por ciento de los parlamentos nacionales en el marco del control del principio de subsidiariedad. Esto supone una modificación de los Tratados por la vía de hecho, al no estar contemplado tal procedimiento, si bien puede entenderse como un "pacto de caballeros" dentro del Consejo, similar al llamado "compromiso de Luxemburgo" cuya validez legal es también, como en aquel caso, dudosa. Es significativo que el acuerdo no remita aquí a una futura reforma del Protocolo 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

En cuarto lugar, los veintiocho acuerdan adoptar una Directiva del Consejo para asegurar que la Eurozona puede seguir integrándose sin impedimentos y que al mismo no tiempo no se discriminará a los Estados miembros que no han adoptado la moneda única. Éste es en realidad el elemento menos problemático del paquete, pues en efecto el Consejo puede adoptar la legislación sin depender del Parlamento Europeo (aunque es consultado) y las contrapartidas acordadas no benefician solamente al Reino Unido, que no podrá adoptar decisiones para perjudicar a los socios de la zona del euro, aunque sí podrá ralentizar el proceso de toma de decisiones (sin constituir en ningún caso un derecho de veto, como el propio acuerdo señala explícitamente en la página 28). Tampoco supone ningún problema la Declaración del Consejo Europeo sobre la importancia de la competitividad y el comercio exterior.

En quinto y último lugar, como se decía más arriba, la Comisión se compromete a proponer la modificación de tres Directivas, con la finalidad de restringir el libre movimiento de personas y trabajadores, compromiso también de dudoso control jurisdiccional en caso de incumplimiento.

Desde el punto de vista sustantivo, ésta es sin duda la parte más espinosa, cuando no directamente inconstitucional, de todo el acuerdo, al proponerse el establecimiento de un sistema para limitar temporalmente (pero que puede ser hasta siete años) el acceso de los trabajadores de otros Estados miembros a determinadas prestaciones sociales no contributivas. Tal sistema contraviene directamente el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe "toda discriminación por razón de nacionalidad".

Asimismo, se pretender excluir a los cónyuges nacionales de países terceros del ámbito de la libre circulación, e incluso reconocer el derecho a expulsar a personas sin antecedentes penales cuando el Estado miembro considere que representan algún tipo de amenaza, vulnerando de paso la Carta de Derechos Fundamentales.

Sobre esta última parte del paquete, es preciso en todo caso la aprobación del Parlamento Europeo, por lo que los veintiocho no pueden de ninguna manera otorgar "garantía legal" alguna al respecto.

Cuestión diferente es que hasta el 23 de junio de 2016 el Parlamento Europeo mantendrá un perfil bajo, con sus principales grupos políticos manteniendo un medido silencio sobre las modificaciones, a las cuales se opondrán sin duda, llegado el caso, diputados tanto a izquierda como a derecha.

El resultado final dependerá de la capacidad de presión de los jefes de estado y de gobierno sobre las delegaciones parlamentarias de sus propios partidos, y en última instancia, del Tribunal de Justicia, y siempre que el Reino Unido no vote por salir de la Unión, en cuyo caso nada de lo acordado llegará a materializarse.

 

(*) Domenec Ruiz Devesa es economista

Pulsando la protesta callejera en España

 

KERMAN CALVO Y HUGO GARCIAMARIN (*)

 

 

Protesta contra el concejal madrileño José Javier Barbero

El incidente protagonizado por un grupo de policías municipales que, en el marco de una concentración, increparon al Concejal de Seguridad de Madrid invita a volver a reflexionar sobre qué tipo de protesta callejera desarrollamos en España: ¿Cómo protestamos? ¿Sobre qué asuntos? Abordamos éstas y otras preguntas en un reciente trabajo (“¿Qué ha pasado con la movilización social?: Continuidad y cambios en la protesta social en España”) publicado por la Fundación Alternativas en su colección ‘Zoom Político’. El trabajo parte de una legítima curiosidad sobre el estado de la protesta social en España en un contexto de descontento con la austeridad y de indignación con la corrupción y las deficiencias de nuestra democracia; contexto que está, sin embargo, marcado también por la aparición de nuevos partidos políticos que están precisamente actuando sobre la base de ese descontento.

De nuestra investigación rescatamos tres conclusiones. En primer lugar, en España se protesta en la calle más que en otros países europeos, y además de manera más pacífica (a pesar de que en otros países los niveles de asociacionismo son mucho mayores). En este sentido, la Encuesta Social Europea revela que en 2012 en torno al 25% de los españoles había participado al menos una vez en una manifestación, cuando únicamente el 9% de los alemanes o el 11% de los franceses lo habían hecho. Países igualmente afectados por la crisis, como Portugal, exhiben tasas de participación en manifestaciones mucho más bajas que las españolas. Las reacciones sociales ante el terrorismo y la continuidad del conflicto nacional explican esta peculiaridad española en lo que se refiere a los niveles de protesta en la calle; sin embargo, también contribuyen las decisiones de determinados actores políticos y sociales, como la Conferencia Episcopal, por ejemplo, que han recurrido cada vez más a la organización de manifestaciones como arma de presión política.

En segundo lugar, el intensísimo ciclo de movilización puesto en marcha al calor de la lucha contra los recortes y por la regeneración política y democrática está remitiendo. Empleamos diversas fuentes para sustentar esta afirmación. Explotamos, por un lado, datos individuales de participación en manifestaciones a partir del banco de datos del CIS; estos datos revelan un aumento sostenido de la participación entre 2010 y 2013, coincidiendo con las manifestaciones del movimiento 15-M y, posteriormente, de las populares “mareas ciudadanas”. En 2011, el 21% de los españoles recordaba haberse manifestado en algún tipo de manifestación, una cifra muy alta puesta en perspectiva comparada. Estos mismos datos revelan una disminución de este tipo de participación en 2014 y 2015, a cifras en torno al 12%. Por otro lado, se dibuja el mismo patrón, ascendente entre 2010 y 2013, descendente a partir de entonces, cuando exploramos los datos oficiales de manifestaciones proporcionados por el Ministerio del Interior. De acuerdo a estas cifras, en 2010 se registran alrededor de 20.000 manifestaciones, mientras que en 2012 y 2013 se contabilizan aproximadamente 45.000, es decir, más del doble. No obstante, para 2014 (último año con datos disponibles) se registran menos de 40.000 manifestaciones en todo el territorio nacional. Es razonable pensar que esta tendencia se prolongue en 2015.

En tercer lugar, exponemos la estrecha relación que existe entre la evolución del ciclo de movilización y la evolución específica de las protestas contra la austeridad. Estas protestas, que son las más numerosas en el conjunto de la movilización, han seguido el patrón anteriormente descrito, y están, por lo tanto, en claro retroceso desde 2014. Las protestas de carácter político, que en el contexto español son muy variadas y tocan temas centrales para el movimiento 15-M, pero también cuestiones relativas a la independencia de Cataluña o a la situación carcelaria de los presos de ETA, siguen una pauta diferente, habiendo aumentando tímida, pero sostenidamente desde 2014. El gráfico 1 resume el resultado de un análisis de eventos de protesta, a partir de la cobertura realizada por ‘El País’, entre 2013 y 2015. Se distinguen en el gráfico tanto el número global de eventos como aquéllos que clasificamos como protestas contra la austeridad. Permítannos indicar que un evento de protesta es diferente a una unidad de observación en la estadística oficial del Ministerio del Interior: el primero hace referencia a una actividad de protesta contenciosa que ha sido objeto de información por parte de un determinado medio de comunicación. Una manifestación, en términos oficiales, es en realidad cualquier petición oficial cursada al amparo del Derecho Constitucional a la manifestación. Vemos en el gráfico cómo la protesta experimenta variaciones muy abruptas dentro de un mismo año. Vemos también el peso destacado de los eventos vinculados con la austeridad, así como su evolución descendente a medida que se va instalando la idea de superación de la crisis económica.

Gráfico 1: eventos de protesta, 2013-2015

Fuente: Datos propios a partir de la cobertura de la protesta por ‘El País’

Para el final dejamos la pregunta más delicada: ¿Cuánta gente participa? Nuestros datos sobre eventos de protesta nos permiten identificar aquellas protestas con una participación más numerosa. Hemos recogido un total de 37 eventos significativos para 2013, es decir, protestas con al menos 1.000 participantes. Estos eventos congregaron para ese año en torno a los 630.000 participantes en todo el territorio. La cifra es notable, pero ha ido descendiendo con los años: encontramos 23 eventos significativos para 2014, que aglutinaron a 467.000 asistentes; y para 2015, la cifra es de 20 eventos y 283.000 manifestantes. Nuestros datos señalan que son precisamente los eventos contra la austeridad los que mayor número de manifestantes están perdiendo. En suma, es necesario mantener la observación del ciclo de la protesta; la sensación de recuperación económica no elimina las razones que avivaron la protesta estrictamente política en 2011, y es evidente que el enquistamiento del conflicto catalán será motivo de nuevas y previsiblemente muy numerosas protestas ciudadanas, en uno o en otro sentido.

 

(*) Kerman Calvo y Hugo Garciamarín son profesor de Sociología en la Universidad de Salamanca y estudiante de posgrado en la Universidad de Salamanca, respectivamente

 

El futuro a tu medida. Jóvenes y emprendimiento social

MARIO VOTTERO Y DANIEL PERAL (*)

 

 

Mario Vottero (izda) y Daniel Peral (drcha). Fuente: Instagram

 

«Levantarse por uno mismo y crear el futuro que deseas». Estas son las claves que resumen, y mucho, los fundamentos de la empresa social Esfrog.

Con reconocimientos varios a sus espaldas, al emprendimiento social en 2012 e iniciativa de innovación y emprendimiento Noruega 2014, Daniel Peral y Mario Vottero traen a España un programa de liderazgo y emprendimiento basado en el método denominado Frog Online Identity.

La metodología que utilizan se lleva poniendo en práctica en Noruega y en otros países europeos desde la década de los 90, con un éxito de reinserción superior al 60%, frente al 21% previo que conseguían los programa estatales anteriores. En 2015 el 60% de jóvenes que habían realizado la formación se habían reincorporado al mercado laboral o retomado los estudios y un 36% se encontraban realizando actividades relacionadas con el plan de vida que ellos mismos habían diseñado.

El participante logra su realización personal y profesional a través del ‘movimiento’, tomando las riendas de su vida y liderándola. Se produce un cambio en la manera en que se ve a sí mismo frente al mundo y se empieza a relacionar con éste desde una responsabilidad absoluta.

El método Frog Online Identity promueve que los participantes se conozcan a sí mismos, trazando un plan de vida en conexión con su identidad y valores, reconociendo sus cualidades y poniéndose en acción.

La formación combina un proceso presencial en grupo con el trabajo individual en la plataforma de e-learning, un espacio para la reflexión personal a través de un proceso interactivo que permite a los jóvenes sinergizar y expandir su aprendizaje.

Esfrog tiene ante sí un contexto propicio para generar un cambio social entre los jóvenes. España tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. Más del 25% de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja, según revela el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre el Panorama de la Educación 2014.

Ahora el objetivo de esta empresa social es crear una base sólida para llegar a un gran número de jóvenes y así maximizar el impacto positivo que Frog Online Identity tiene en su re/inserción laboral.

Para ello Esfrog está implementando el método en colaboración con socios estratégicos nacionales del sector educativo como la Universidad de Barcelona e instituciones relacionadas con la reinserción socio-laboral como la Fundación Tomillo e instituciones municipales de promoción de la ocupación.

Esta iniciativa social fomenta un cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, el cambio de paradigma donde los jóvenes se ven como la solución y no el problema.

Esfrog impulsa el emprendimiento social, un nuevo sector que crea soluciones innovadoras para dar respuesta a los desafíos actuales de la sociedad.

Iniciativas como Esfrog, dedicada a forjar los valores de los jóvenes, ofrecen una oportunidad a todas aquellas empresas y organizaciones que buscan invertir desde hoy mismo en los protagonistas del futuro.

 

(*) Mario Vottero y Daniel Peral son Co-fundadores de Esfrog.

Por una estrategia estatal frente a la #pobrezaenergetica

JOSÉ LUIS LÓPEZ (*)

 

 

La falta de un marco de protección estatal y de una estrategia coordinada frente a la pobreza energética no se ha producido, entre otras cosas, porque el Gobierno (ahora en funciones) no ha querido reconocer el problema. Durante estos últimos años han sido rechazadas diversas proposiciones de ley y no de ley presentadas por diferentes grupos parlamentarios, se ha omitido toda mención a la pobreza energética en la transposición de directivas europeas que, incluso, instaban a los Estados miembros a establecer medidas de lucha contra la pobreza energética y se han mantenido sin modificaciones herramientas como el bono social, en este caso heredado del gobierno anterior pero claramente injusto e ineficiente. Por el contrario el único argumento que se ha utilizado para reconocer tibiamente la pobreza energética ha sido que su solución pasaba, única y exclusivamente, por algo tan transversal para el bienestar de la sociedad en general como es la “creación de empleo”.

Afortunadamente la cuestión parece tener los días contados ya que incluso el partido del gobierno anunciaba hace escasos días la propuesta de crear un fondo nacional para atender situaciones de extrema pobreza energética y por primera vez se ponía del lado de la búsqueda de soluciones y del reconocimiento expreso del problema. Una lástima que esta posición no hubiera llegado hace unos años, porque hubiera evitado situaciones dramáticas a las que muchas familias se han visto abocadas en estos últimos años. Porque ya en el primer informe elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2012 se constataba que al menos un 10% de los hogares españoles, más de 4 millones de ciudadanos, podrían estar sufriendo situaciones de pobreza energética y, sin embargo, desde la administración estatal no se ha hecho lo más mínimo desde entonces para solucionarlo.

Ante esta situación no quiero dejar pasar la oportunidad de pedir que sea quien sea que tome las riendas del país, diseñe una estrategia consensuada, participativa, efectiva y realista para erradicar la pobreza energética. Apoyar económicamente a las familias vulnerables y protegerlas de los cortes de suministro en la estación fría del año es necesario para evitar los efectos del rigor invernal y las consecuencias sobre la salud de las personas, pero también lo es erradicar los problemas de raíz y trabajar en soluciones a largo plazo.

Desde hace años defendemos que las medidas de mejora de la eficiencia energética, la concienciación y sensibilización ciudadanas o el establecimiento de un precio justo y transparente de los servicios de la energía son factores estructurales que se deben atacar, al margen de otras estrategias macroeconómicas del país que incentiven la generación de empleo o garanticen el apoyo económico a las familias más vulnerables o el derecho a una vivienda. Porque, no nos olvidemos que incluso en un escalón de mayor vulnerabilidad que el de los ‘pobres energéticos de las estadísticas’ hay miles de personas sin hogar, que ni siquiera quedan contemplados en los porcentajes de pobreza energética de nuestros estudios, ya que al carecer incluso de vivienda no tienen un contrato de suministro en la misma.

Dentro de esta estrategia que aborde los factores estructurales que condicional la vulnerabilidad energética de las familias españolas, la apuesta por la mejora de la eficiencia energética es sin duda la que concentra más beneficios globales, al permitir mejorar la calidad de vida de las personas, proporcionar beneficios ambientales y generar empleo en diferentes sectores económicos, no sólo en el que ejecuta la reforma, sino indirectamente en muchas otras actividades. Generar programas de ayudas que contemplen la cobertura del 100% de las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en los hogares, barrios y viviendas más vulnerables y que los incentiven adecuadamente en otros sectores con mayor capacidad de pago se antoja como la única solución que a largo plazo puede reducir la vulnerabilidad energética de los hogares españoles.

Durante estos años a parte de continuar una importante labor de comunicación desde la Asociación de Ciencias Ambientales hemos apostado por la cuantificación del problema y por la generación de debates y del conocimiento del problema y fruto de ello son los dos estudios publicados en 2012 y 2014, que tendrán continuidad con un tercer estudio que muestre la evolución del fenómeno y que presentaremos a comienzos de primavera de 2016. De igual modo, con el fin de abrir un proceso participativo que incorporase a los diferentes agentes,estamos inmersos en un ciclo de debates que buscan cimentar las bases para el desarrollo de una estrategia frente a la pobreza energética contemplando la visión y las preocupaciones de todos los actores. Para realizar este trabajo hemos solicitado el apoyo de ciudadanos y empresas mediante una campaña de crowdfunding, porque creemos necesario realizar esta labor de seguimiento del problema de la que la administración estatal no ha querido preocuparse en estos años.

Este estudio ayudará a contar con un documento de referencia que, como ha ocurrido con los dos estudios anteriores de ACA, permitirá abordar una estrategia para evitar lo antes posible que existan testimonios de personas que se ven privadas de cubrir una necesidad básica como calentar su hogar, encender la luz, ducharse con agua caliente o cocinar.

 

(*) José Luis López es miembro de la Asociación Ciencias Ambientales

El improbable efecto multiplicador del plan Juncker

STUART MEDINA (*)

 

 

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker

Aunque las negociaciones para formar gobierno tras las elecciones del 20-D han concentrado la atención de la opinión en factores de política interna, sería erróneo ignorar el entorno económico europeo en el que tendrá que desenvolverse el próximo gobierno, cualquiera que sea su signo. Por eso, conviene echar un vistazo a la iniciativa emanada de la Unión Europea, el conocido “plan Juncker” que va a determinar en buena medida las restricciones económicas a las que se enfrentará España en los próximos años.

Decía Warren Mosler que no hay crisis financiera lo suficientemente grande que no pueda arreglar un plan de estímulo fiscal lo bastante amplio. Salir de una gran depresión como la crisis financiera global que asoló el mundo a partir de 2007 requería aplicar recetas bien probadas desde la Segunda Guerra Mundial. Bastaba con un programa de expansión fiscal para compensar la caída en la demanda efectiva del sector privado. Ésa fue la política del gobierno de Zapatero. Tras negar en 2008 que hubiera una crisis económica en España, acometió un plan de expansión que inyectó más de 12 mil millones de euros. Muchos lo criticaron por considerarlo extravagante pero el punto de vista de este autor es que esa política fue correcta y, si acaso, pecó de tímida.

 

 

Ilustración 1: Datos del INE

El plan dio resultados con una tímida recuperación en 2010 pero la crisis griega y la reacción austericida lo abortaron prematuramente (ver gráfico 1). En ese año los mercados financieros advirtieron que el diseño institucional del Euro privaba a los países miembros del respaldo de un banco central. La escalada de la prima de riesgo sirvió de excusa para la reacción ideológica hacia la austeridad capitaneada por Merkel, Barroso, Sarkozy y Trichet que doblegó al gobierno de Zapatero. Poco tiempo después llegaba al poder Rajoy cuyos recortes presupuestarios hundieron la economía española en una segunda recesión, elevaron el desempleo a niveles insoportables y alargaron innecesariamente la crisis económica. La economía española habría caído por el abismo si Guindos y Rajoy no hubiesen reaccionado en 2013 con un plan de estímulo fiscal destinado a ganar las elecciones. Too little, too late.

Si no hubiera sido por la oportuna sustitución de Trichet por Mario Draghi, es posible que hoy la Eurozona hubiese sido una más de las 69 uniones monetarias que se rompieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Las políticas del BCE demostraron que los tipos de interés no los determinan los mercados y evitaron que gobiernos como el de España declararan la insolvencia. Pero cinco años adicionales de crisis han demostrado que la utilidad de la política monetaria es incapaz por sí misma de reactivar la demanda.

Los defensores de la política monetaria piensan que una reducción de tipos de interés estimulará el crédito a empresas y familias. El problema es que el crédito depende de decisiones de los banqueros y de la existencia de una demanda solvente. Los empresarios no piden créditos porque no tienen expectativas de rentabilidad. Falta un ingrediente fundamental, al cual que Keynes llamó los “animal spirits”, ese estado de euforia en el que a veces cae la clase empresarial y que le anima a acometer inversiones no siempre rentables. Las familias han reducido su consumo o lo posponen porque sus ingresos han caído o los han perdido por encontrarse en el paro. Los empresarios no invierten porque no tienen expectativas de vender sus productos. Predomina la aversión al riesgo.

Desde los años treinta sabemos, gracias a dos grandes economistas, Keynes y Kalecki, que la respuesta adecuada a una caída de la demanda privada es un aumento del déficit fiscal. Uno de los hallazgos geniales de los economistas keynesianos es el multiplicador de la inversión. El multiplicador se comporta como las ondas en un estanque tras lanzar en él una piedra. Éstas se expanden en círculos concéntricos cada vez de menor amplitud hasta que se van disipando. De forma similar una decisión de gasto exógena como un aumento de la inversión o, mutatis mutandis, del gasto público generan repercusiones en toda la economía. Esa decisión de gasto exógena es un ingreso para los hogares o las empresas. Parte de este ingreso volverá al circuito económico mediante el consumo aunque otra se ahorrará, se destinará al pago de impuestos o incluso se fugará al exterior mediante importaciones, en definitiva, será retirada del circuito económico. La parte consumida de nuevo será un ingreso para otros hogares que de nuevo retirarán parte y consumirán otra. En cada ciclo se genera un aumento de la renta, cada vez más reducido por las fugas en forma de ahorro, impuestos e importaciones. De esta forma una decisión de gasto exógena genera un aumento del producto total de la economía que es un múltiplo del estímulo inicial. Gracias al efecto multiplicador un plan de inversión liderado por el estado puede tener una gran potencia para estimular la demanda y animar a los inversores.

Durante una recesión el déficit aumenta de forma automática. La recaudación fiscal cae porque así lo hace la base fiscal. También aumentan ciertas partidas de gasto como los seguros de desempleo. Este es el efecto de los llamados ‘estabilizadores automáticos’. Los estabilizadores automáticos podrían conseguir una recuperación de la actividad en una recesión leve pero en una gran depresión como la actual, que ha dejado la tasa de desempleo en el 21%, la respuesta correcta es incurrir en un déficit tan amplio como sea necesario para recuperar el pleno empleo.

La situación europea pide a gritos una reflación basada en un programa de expansión pública pero, si los estados endeudados del sur, sin soberanía monetaria y fiscal, no pueden asumirla ¿quién puede? En España urge porque la inversión cayó fuertemente desde un máximo de 338 mil millones € cuando se inició la crisis. La recuperación es tímida y este año no es probable que rebase los 225 mil millones, claramente insuficiente para llevar la economía al pleno empleo.

 

Ilustración 2. Evolución de la inversión. Datos facilitados INE

 

Algunos recibieron con esperanza el anuncio del plan Juncker, que prometía invertir 16 mil millones de euros con la esperanza ilusoria de movilizar otros 360 millones aportados por el sector privado. Muchos economistas nos hemos mostrado escépticos y el tiempo nos ha dado la razón. La semana pasada la Comisión europea publicó los resultados del plan Juncker[1] en un informe de gran prestancia gráfica y escaso contenido. La inversión de la UE en España fue de 515 millones € con la cual esperan movilizar 1.600 millones €. Esta inyección de nuevos fondos en la economía apenas representa el 0,15% de nuestro PIB. Además, al examinar más a fondo el documento hallamos que, de los seis proyectos anunciados con fanfarria por la UE, tres se encuentran en fase de estudio. Es decir, el plan Juncker se ejecuta con retraso. Resultan cuestionables los criterios de inversión pues se destinan en algunos casos a grandes grupos empresariales que no tienen vedado el acceso al mercado de capitales. Si la inversión se hubiese acometido sin la aportación del plan Juncker el efecto multiplicador queda muy mitigado. La parvedad de los recursos de la Comisión Europea se agrava por su empeño en ceder el protagonismo a un sector privado carente de grandes empresas con capacidad de movilizar recursos en la cuantía necesaria como para que los proyectos cofinanciados por las instituciones europeas tengan un impacto relevante.

Nuestras élites políticas están dominadas por una ideología que aborrece de lo público e impide administrar la medicina que necesita Europa. Esa doctrina se llama neoliberalismo, una forma de pensamiento que introdujo el virus monetarista en los años 70. Este dogma es refractario al gasto público al que considera fuente de todo tipo de plagas, como ese antiguo fenómeno que algunos ya apenas recordamos llamado inflación. Para resistirse a un plan de expansión pública los neoliberales han encargado estudios que demuestren que el multiplicador es inferior a 1. Estos se basan en la premisa de las “expectativas racionales”, es decir, en la creencia de que, si el estado aumenta el gasto público, los ciudadanos anticiparán un aumento de los impuestos y por tanto ahorrarán más ahora para poder pagarlos en el futuro. Este comportamiento no se ha observado jamás en la vida real y es una ficción académica.

El plan Juncker necesitaría de un multiplicador descomunal para que 515 millones sacudieran a nuestra economía de su actual sopor. Aun así debemos tentarnos la ropa pues al próximo gobierno la Comisión Europea lo está esperando para exigirle recortes de al menos 9.000 millones € para cumplir con los arbitrarios límites de déficit público acordados en el ‘Pacto de Estabilidad y Crecimiento’. Los españoles deberían rezar para que se demore la constitución de un nuevo gobierno y que no haya nadie en Moncloa obligado a aplicar los recortes. La aritmética nos dice que el impacto neto de las políticas europeas será negativo en 8.500 millones €. Asumiendo un multiplicador de 1,5 veces nuestro PIB se encogerá en un 1,3% marchitando el brote de recuperación económica, con plan Juncker o sin él. Estos días se apela a la responsabilidad de los políticos españoles para constituir un gobierno rápidamente que aplique los compromisos con Bruselas. Urge un gobierno que actúe de forma irresponsable ahora para salvar nuestro futuro.

 

[1] http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016_en

 

(*) Stuart Medina es economista

Ginebra: Crónica de un fracaso anunciado

IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO (*)

 

Salem Muslit, portavoz de la oposición siria, dirigiéndose a la prensa en Ginebra

 

Las conversaciones de Ginebra entre el régimen y la oposición sirias se interrumpieron de manera abrupta antes siquiera de empezar a dar sus primeros pasos. Todas las señales anunciaban este fracaso, pero pocos pensaban que fuera tan fulgurante y estrepitoso. Los contendientes en liza han acudido a la mesa de negociaciones forzados por la presión internacional, pero sin la menor voluntad de alcanzar un compromiso que cierre el ciclo de violencia en la que se haya sumida Siria desde hace ya un lustro.

El régimen sirio ha acompañado la apertura de las negociaciones con una ofensiva contra las posiciones rebeldes en Alepo, la segunda ciudad más poblada del país. Al hacerlo echa por tierra los esfuerzos del enviado de la ONU, el diplomático Staffan de Mistura, encaminados a acercar las posiciones entre las partes. Este movimiento, además, pone en entredicho unas negociaciones que nacieron muertas, porque se basan en el marco establecido en la Conferencia de Ginebra I, celebrada en 2012 en un contexto diametralmente opuesto al actual.

Debemos recordar que dicha propuesta, resucitada el 23 de diciembre pasado por la resolución 2.254 del Consejo de Seguridad, planteaba que la guerra siria se cerrase sin ganadores ni perdedores por medio de la apertura de un proceso de transición en el que el poder ejecutivo fuese asumido por un gobierno de unidad nacional que contase con representación tanto del régimen como de la oposición. En el plazo de 18 meses debería alcanzarse un consenso en torno a un nuevo texto constitucional y convocar elecciones legislativas y presidenciales. Nada se decía sobre el nudo gordiano del asunto, el futuro del presidente Bashar El Asad, sobre el cual se mantenía un estudiado silencio.

Tal esquema, de difícil aplicación ya en 2012, es, a día de hoy, imposible de llevar a la práctica, entre otras razones porque la situación sobre el terreno ha cambiado de manera drástica. El régimen está en una posición de fuerza tras la entrada en escena de Rusia, que le ha permitido recuperar parte de las posiciones perdidas tanto en el sur como en el norte del país, donde se han cortado las líneas de abastecimiento de las milicias rebeldes que combaten en Alepo. Un alto el fuego, como el propugnado por Mistura, frenaría estos avances y consagraría la repartición de fuerzas actual.

En 2012, cuando se planteó la iniciativa de Ginebra I, tampoco tenían presencia sobre el terreno el autodenominado Estado Islámico, que en la actualidad domina un tercio del territorio sirio, ni tampoco el Frente Al Nusra, el brazo sirio de Al Qaeda. Ambos han sido excluidos de las conversaciones de Ginebra, al igual que las Unidades de Protección Populares kurdas, que extienden su autoridad sobre el Rojava kurdo que abarca otra décima parte del país. El régimen sirio, en su estrategia obstruccionista, también ha intentado vetar la participación del salafista Ahrar Al Sham, el principal grupo rebelde.

El Alto Comité Negociador, que es tutelado por Arabia Saudí, intentó sin éxito condicionar su presencia en Ginebra a un alto el fuego en todos los frentes, al levantamiento del asedio sobre una docena de poblaciones y a la apertura de corredores humanitarios para aliviar el sufrimiento del millón de sirios que se encuentran atrapados entre dos fuegos.  A pesar de que el régimen no aceptó ninguna de estas condiciones, la oposición se vio forzada a acudir a Ginebra por la presión de EEUU y de sus patrocinadores. Esta es precisamente una de las claves que explica el fracaso de Ginebra, puesto que ninguno de los contendientes ha acudido por voluntad propia y tampoco tiene la menor intención de negociar nada, ya que ni tan siquiera están dispuestos a sentarse en la misma mesa ni conversar de manera directa.

Confiar, a estas alturas de la función, que los graves problemas de Siria se resolverán con la celebración de unas elecciones no sólo es irrealista, sino también ingenuo. Hasta el momento nadie nos ha explicado cómo se desarrollarían dichos comicios en plena guerra ni quién garantizaría la limpieza del proceso electoral, sobre todo si tenemos en cuanta los precedentes de un régimen autoritario que ha perseguido hasta la extenuación cualquier disidencia en los últimos cincuenta años. Tampoco la pujanza de las fuerzas salafistas y yihadistas augura nada bueno, puesto que dichos grupos contemplan la democracia como una herejía que debe extirparse de raíz.

A pesar de que el marco de Ginebra I ha quedado obsoleto, la comunidad internacional se aferra a él con uñas y dientes como si fuera la tabla de salvación que podría impedir la balcanización de Siria, por la que ya apuestan abiertamente varias de las potencias regionales que ahora barajan enviar tropas de tierra al terreno. Este proceder, además de erróneo, pone de relieve el rotundo fracaso de la comunidad internacional a la hora de abordar la crisis siria. Los países occidentales parecen haberse resignado al cuanto peor mejor y no tienen ningún plan creíble para poner fin a la guerra ni a la catástrofe humanitaria que ha provocado, la mayor experimentada en Oriente Medio desde el genocidio armenio. Las negociaciones de Ginebra son una buena prueba de ello.

 

(*) Ignacio Álvarez-Ossorio es coordinador de Oriente Medio y Magreb de Opex en la Fundación Alternativas; y profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Alicante,

Nubes nuevas desde la izquierda sobre el sistema sanitario público

JAVIER REY DEL CASTILLO (*)

 

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante el homenaje a una víctima del terrorismo

 

Las propuestas de los partidos políticos en torno a la sanidad ocuparon un lugar muy secundario entre las prioridades electorales de todos ellos, y tienen escasa especificidad y precisión para solucionar tanto los problemas generales como los más inmediatos del Sistema Nacional de Salud (SNS), estos últimos causados por el RD-Ley 16/2012, del PP. Sin embargo, algunos comportamientos y actitudes de los partidos de la izquierda en este período transitorio hacia un nuevo gobierno pueden contribuir a deteriorar aún más en el futuro las condiciones universales e igualitarias de nuestro ya precario y desigual SNS.

1) El primero es la prioridad otorgada por Podemos a los planteamientos relativos a la organización territorial del Estado sobre la solución de los problemas de desigualdad y ruptura de la cohesión social en diferentes materias, a partir del planteamiento de un supuesto “derecho a decidir” que carece de homologación en el derecho internacional.

En el terreno sanitario lo territorial y lo social van de la mano: o la protección sanitaria universal e igual para todos los ciudadanos españoles se hace posible a través del Sistema Nacional de Salud, o no será. El mantenimiento de ése y otros servicios y prestaciones semejantes (como el sistema público de Seguridad Social) es y debe estar por encima de cualquier criterio identitario.

Las diferencias en capacidad fiscal entre las CCAA, y la necesidad de intervención estatal para compensarlas, hacen imposible el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la cobertura sanitaria para toda la población española si cada CA pretende hacerlo con cargo a sus recursos, o si se establecen de manera unilateral condiciones para organizarla en cada una, o si se limita la intervención solidaria en este campo. En países federales o de constitución similar, como España, el establecimiento de la condición universal de la protección sanitaria ha sido siempre de iniciativa federal, y su mantenimiento requiere mantener esa organización constitucional, aunque esté precisada de reforma la manera de proveerla.

2) El segundo es la presentación de propuestas legislativas por distintos partidos una vez constituído el Parlamento, en tanto se alcanza algún acuerdo de gobierno, una forma de actuación sin precedentes y de sentido confuso. Según los servicios jurídicos del Congreso el Parlamento puede legislar mientras se mantiene el gobierno en funciones, pero las posibilidades de hacerlo efectivamente sin acuerdos previos en torno a un nuevo gobierno parecen remotas.

Entre esas propuestas se incluyen algunos temas sanitarios: la del PSOE se refiere en exclusiva a la universalización de la asistencia sanitaria, que presenta como  vinculada fundamentalmente a la atención de los inmigrantes irregulares, sin poner en cuestión, e incluso consolidando, la persistencia de distintos regímenes de protección sanitaria diferenciada para colectivos específicos, principalmente las mutualidades de funcionarios. Por su parte, la “Ley 25, de emergencia social”, de Podemos, incluye como Título I, denominado “De la protección del derecho a la salud”, la supresión expresa del artículo primero (relativo a la cobertura sanitaria y las formas de reconocimiento del derecho) y del apartado decimotercero del artículo cuarto (relativo a la “ aportación de los beneficiarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”)   del Real Decreto Ley 16/2012.

Los contenidos de las propuestas formuladas son discutibles y limitados. Carecen de los elementos regulatorios necesarios para subir del nivel de reivindicación popular inmediata al de instrumento de gestión efectiva del Sistema, y soslayan las reformas estructurales imprescindibles para sostenerlo no sólo económicamente, sino también desde el punto de su organización territorial y su condición solidaria, universal e igualitaria.

3) En tercer lugar, algunas actuaciones de los partidos de la izquierda que han alcanzado el gobierno en determinados territorios autonómicos en las últimas elecciones de mayo de 2015, combinan esas propuestas de actuación a nivel nacional con el desarrollo de actuaciones paralelas e inmediatas por los gobiernos autonómicos en los mismos campos.

El ejemplo más amplio de actuaciones en el sentido indicado se ha producido en el terreno de la “universalización” de la asistencia sanitaria. Desde mayo del 2015, cinco CCAA más se sumaron a las 9 que habían hecho regulaciones sobre esa cuestión entre 2012 y 2013. Ese afán regulatorio se ha desarrollado con contenidos heterogéneos y efectos reales muy diversos sobre la cobertura sanitaria de los grupos excluídos de la protección por el RD-Ley 16/2012, obviando que la “universalidad” de la cobertura sanitaria, al margen de cuestiones competenciales, no puede nunca derivar de la suma de criterios parciales diferentes y no acordados sobre esta cuestión.  

El actual gobierno de la Comunidad Valenciana, una de las CCAA con niveles más elevados de deuda sanitaria, y cuya situación económica, resultante de la gestión de la Consejería de Sanidad del anterior gobierno del PP, en especial en lo relativo al gasto farmacéutico, está particularmente comprometida, acaba de aprobar un Decreto para eludir mediante subvenciones el copago farmacéutico establecido por el RD-Ley 16/2012 de los pensionistas residentes en aquel territorio con rentas inferiores a los 18.000 euros, y a otros colectivos limitados. A su vez, numerosas CCAA han puesto en cuestión en estos días el Real Decreto 954/2015, sobre "prescripción enfermera", promulgado en las fechas últimas de la anterior legislatura por el gobierno del PP. Se trata de una norma de dudosa necesidad y oportunidad fuera del contexto de una reforma en profundidad de las políticas globales sobre el personal sanitario, pero largamente demandada desde las cúpulas de las organizaciones corporativas de la enfermería. La reacción de éstas ante un texto que finalmente no satisfizo esas demandas, ajenas a la realidad de la mayoría de la profesión enfermera, ha sido combatir la aplicación de la norma desde su promulgación, tratando de generar conflictos en la asistencia a la vez que presentaban recursos legales frente a ella. Muchas CCAA han adoptado diferentes posiciones de apoyo a esas demandas, que no parecen acordes con su responsabilidad institucional.

Esta situación no es nueva. Diferentes CCAA de distinto signo han venido actuando con anterioridad en el mismo sentido, promoviendo formas diversas de gestión de sus centros, estableciendo sistemas de compras por separado, o promoviendo políticas de planificación y construcción de centros sanitarios guiados por intereses electorales o directamente corruptos. Éstas han dado lugar a situaciones tan esperpénticas como la del hospital construido en Lepe (Huelva), sin acometida de luz ni agua, ni vía de acceso, o conflictos como los generados por la construcción en Madrid de ocho hospitales con fórmulas de financiación privada en los últimos años.

Lo que es novedoso en esta explosión de actividad reguladora autonómica es que se haya producido en un momento en el que la perspectiva inmediata de las elecciones generales abría un horizonte de posible solución común de los problemas más relevantes del SNS. La preferencia por la regulación autonómica dispar en esas materias sugiere que esas actuaciones, acompañadas del enfoque superficial y más inmediato de las propuestas formuladas a nivel general, buscan más proyectar una imagen que resolver en profundidad los problemas que afectan al SNS, incluso los más inmediatos derivados de los recortes de derechos más recientes del PP en este terreno.

A pesar del carácter supuestamente "social" de las iniciativas autonómicas más recientes, su resultado principal no difiere del de las de sentido privatizador, insolidario e ineficiente ocurridas en períodos previos. Su efecto es la ruptura de hecho del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas cada vez más aislados, el desgobierno del conjunto, y la facilitación de su sometimiento a los intereses de los agentes externos que imponen sin oposición y de manera cada vez más descarada sobre el mismo sus intereses corporativos sesgados. Ese efecto convierte a su vez en objetivo prioritario para mantener la protección sanitaria universal la recuperación del gobierno del Sistema Nacional de Salud en el conjunto del Estado, más allá de la corrección de los efectos de las medidas más concretas adoptadas por el PP con el RD-Ley 16/2012.

Si no se corrige este rumbo, aunque finalmente hubiera un gobierno de la izquierda, éste sería incapaz de hacer efectiva una nueva regulación global del sistema sanitario. En Canadá, el país federal de organización sanitaria más semejante al nuestro, con un nuevo gobierno de la izquierda "liberal", y con un sistema con problemas similares a los del nuestro, se ha optado por la renovación del "acuerdo sanitario" entre el gobierno federal y las provincias, una propuesta que, como acaba de reconocer la ministra federal de sanidad parte de la base de que “más dinero para la atención sanitaria no es la respuesta” a sus problemas. Tal intervención ministerial no habría sido posible si la propuesta de ese acuerdo no hubiese figurado de manera expresa en el programa con el que el Partido Liberal concurrió a las elecciones que finalmente ha ganado.

Cualquier compromiso de una naturaleza similar por parte de los partidos de la izquierda española ha estado ausente de los programas de todos ellos, como consecuencia de la ausencia de debate previo en el interior de cada uno sobre los problemas estructurales y funcionales de nuestro sistema sanitario, una ausencia sustituída tan solo por referencias a los problemas más inmediatos. Por el contrario, todos ellos han dado la callada por respuesta a algunas propuestas que se les han formulado para debatir soluciones en el sentido indicado.

En esas condiciones, el futuro del SNS parece cada vez más incierto, aún en manos de la izquierda.

 

(*) Javier Rey del Castillo es Doctor en Medicina. Médico inspector de la Seguridad Socia y miembro del Consejo Asesor del Laboratorio de la Fundación Alternativas

Hay que hundir el barco de la piratería

ESTELA ARTACHO GARCÍA-MORENO (*)

 

Antonio Resines en su discurso como presidente de la Academia

 

En los preliminares para la formación de un nuevo gobierno, desde el sector cultural e industrial que es el cine, dos son las principales demandas para el nuevo ejecutivo también reclamadas durante la reciente gala de los Premios Goya:

• “Hay que hundir el barco de la piratería”

Reproduciendo la expresión de la gala de los premios Forqué, y tal como destacó el Presidente de la Academia de Cine en su discurso del sábado, los 1.900 accesos ilegales por minuto a películas y series que se producen en España exigen una reacción inmediata y firme.

La piratería constituye un fraude ante el que existe la sensación, por parte de la industria, de desamparo e impotencia.

Sin piratería el empleo en la industria española del cine crecería en un 45 %.

Mientras, para la población internauta que piratea, la percepción es de impunidad total, de que no pasa nada por piratear porque todo el mundo lo hace y, como mucho, se perjudica a las estrellas de cine o a las grandes compañías, que, por descontado, ya ganan mucho dinero…

Pero se equivocan quienes así piensan, porque el robo no solo se comete contra los intereses de los que pisan la alfombra roja, sino que vulnera los derechos de todas las personas anónimas que la colocan, fabrican o barren antes de cada festival. De todos esos trabajadores que aparecen en los títulos de crédito, en letra minúscula, al final de la película, y sin cuyo trabajo no hubiera podido llegar a realizarse.

• Que baje de una vez el IVA cultural…

… ese que el anterior gobierno, hoy en funciones, se empeñó en decir que no existe porque tributan al 4% las ventas de libros y revistas, al 10% todas las entradas a bibliotecas, museos o galerías de arte sin ánimo de lucro, y "sólo una parte" lo hace al 21%... Una parte que supone el 60% de la cultura “restante”.

El IVA del 21% ha hecho disminuir la asistencia de los espectadores al cine, teatro, danza, conciertos de música…, alcanzando en el año 2013 en el cine la peor cifra registrada en los últimos 25 años con 77 millones de espectadores.

La vuelta al tipo reducido del IVA para las entradas de cine es la única medida impositiva transversal que beneficiará verdaderamente a todos los integrantes de la cadena de valor de la película, desde los creadores hasta los bolsillos de los espectadores. Una vuelta al tipo impositivo reducido favorecería a la ciudadanía, y redundaría en el mantenimiento y la diversificación de la oferta cultural, enriqueciendo el patrimonio cultural de todos los españoles.

 

(*) Estela Artacho García-Moreno es presidenta de FEDICINE

Parlamentos y parlamentitis

VICENTE PALACIO (*)

 

Nigel Farrage celebra en un pub británico los resultados en las municipales.

 

Por todas partes, en América y Europa, los Parlamentos andan revueltos.

Antes del estallido de la burbuja financiera de Lehman Brothers en 2007, y luego durante los momentos más agudos de la crisis, parecía que la globalización iba a rematar definitivamente a los maltrechos parlamentos. A lo largo de los 80`s, 90’s y principios de los 2000’s, una curiosa convergencia entre el capital financiero y unas masas descontentas con sus representantes, fue minando de sentido y funciones a estos viejos edificios de la soberanía. A pesar de ello, o precisamente por ello, se consolidaban los Parlamentos supranacionales: por ejemplo, el Parlamento Europeo, o el Parlatino en Latinoamérica; pero con un poder muy limitado. En el camino entre Wall Street y los lobbies financieros de Bruselas o la City, y los ciudadanos de a pie, se había abierto un vacío donde apenas había nadie que pudiera realmente ejercer el control. La era Bush y su lucha contra el terror hicieron el resto, hasta el crash financiero. En definitiva, los parlamentos parecían tener los días contados.

Nada de eso: unos pocos años después, los parlamentos están de nuevo al alza. No es que la economía vaya mejor, ni que las grandes reformas de regeneración de los sistemas políticos se hayan materializado aún. Pero al menos hay más debate, más implicación de los ciudadanos en la cosa pública, y más visibilidad de las instituciones. Hay mucho show también, y es que la propia disposición espacial de las Cámaras conforma un excelente teatro - a la griega clásica - para “representar” la gran obra de lo que se ha dado en llamar la nueva política - una fuerza que va de abajo a arriba pero no se sabe muy bien qué es.

Felizmente, la crisis genera sus propios anti-cuerpos. Se ve en las comisiones de investigación y marejadas continuas (en Brasil), en las divisiones del voto dentro de los mismos partidos en las Cámaras (EEUU o Reino Unido), o en las intensas transacciones entre fuerzas parlamentarias para sobrevivir en medio de una fragmentación de la representación (España, Portugal, Bélgica, Holanda). Otras revueltas y algaradas, por los más diferentes motivos, se están dando en la Argentina de Macri, la Venezuela de Maduro, y más.

Desde luego, la revuelta de los Parlamentos no garantiza de por sí un resultado óptimo. Depende de quién esté en ellos y cómo se comporten.

Miremos a EEUU. Desde que el Tea Party entra al galope en el Congreso en las eleccciones mid-term de 2010, el Capitolio ha sido tan protagonista como el Presidente. El que quizá es el precursor de la nueva política frente a los "Washingtons" de este mundo, Barack Obama, ha cosechado sin embargo unos frágiles resultados, si se miden por su efectividad. Reformas e iniciativas como la Affordable Care Act (el Medicare), la nueva ley migratoria, la orden ejecutiva sobre la limitación de armas, el acuerdo nuclear con Irán, o la normalización de relaciones con Cuba, han sido producto de dolorosas deliberaciones y de las zancadillas constantes de los Republicanos. Y no están cerradas del todo. El Congreso afila sus dientes, a la espera de quién sea el próximo Presidente, para intentar darle alguna dentellada a lo que pueda.

Wall Street está bajo el punto de mira del Capitolio y de los votantes. La profunda corriente “populista” presente en los orígenes constituyentes de la Nación - “todo por el pueblo, para el pueblo” - está retornando, de manera compleja y contradictoria en torno al Congreso: a veces lo detesta, pero siempre lo necesita. Y a su vez los candidatos a la Presidencia critican al Congreso, como es costumbre, por más que casi todos - desde Donald Trump o Marco Rubio hasta Hillary - sean hijos, más o menos afortunados, del establishment. La campaña electoral en EEUU muestra un país profundamente dividido en su diagnóstico de la situación, un sociedad marcada por la desigualdad - ¡los super-ricos! - y con la habitual crisis de identidad sobre “el papel de EEUU en el mundo”. La clase media añora los tiempos de la“sociedad fordista”: hoy se ve mucho más vulnerable a los norteamericanos frente a crisis económicas, el terrorismo o el cambio climático. No sabe a qué o quién agarrarse.

En Europa, es obvio que la revuelta de los Parlamentos es un fenómeno básicamente pendular, reactivo - o mejor si se prefiere, dialéctico en sentido hegeliano. Está produciendo cambios institucionales muy saludables, y un mayor grado de exigencia frente a los representantes, algunos de los cuales antes campaban a sus anchas, y otros, los más, vivían en la perpetua resignación de la irrelevancia. Ahora bien, la cosa parlamentaria puede degenerar, si se convierte en Parlamentitis: es decir, en un mal uso de su condición soberana, mediante el uso excesivo y perverso de los mecanismos de control de las iniciativas, de los presupuestos, o lo que sea. Está por ver cuál es la dirección que a partir de aquí tomarán las diversas cámaras de representación en Europa, si en forma de apertura o como un repliegue en sí mismas.

En Reino Unido, Westminster está en llamas. El UKIP de Nigle Farage, los medios sensacionalistas y algunos tories tienen la consigna de disparar a todo lo que se mueva del otro Canal de la Mancha. Al final todo puede acabar en una pantomima; pero el mal ejemplo siempre puede cundir. ¿Quién les va a decir a los Parlamentos francés, alemán, español, polaco o griego que hay que ceder más soberanía a Europa? Estamos a la espera de una Segunda Gran Oleada de revueltas de parlamentos, esta vez para romper los diques nacionales y crear un verdadero Parlamento Europeo.

(*) Vicente Palacio es director OPEX en la Fundación Alternativas