Nubes nuevas desde la izquierda sobre el sistema sanitario público

Por: | 10 de febrero de 2016

JAVIER REY DEL CASTILLO (*)

 

Alonso

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, durante el homenaje a una víctima del terrorismo

 

Las propuestas de los partidos políticos en torno a la sanidad ocuparon un lugar muy secundario entre las prioridades electorales de todos ellos, y tienen escasa especificidad y precisión para solucionar tanto los problemas generales como los más inmediatos del Sistema Nacional de Salud (SNS), estos últimos causados por el RD-Ley 16/2012, del PP. Sin embargo, algunos comportamientos y actitudes de los partidos de la izquierda en este período transitorio hacia un nuevo gobierno pueden contribuir a deteriorar aún más en el futuro las condiciones universales e igualitarias de nuestro ya precario y desigual SNS.

1) El primero es la prioridad otorgada por Podemos a los planteamientos relativos a la organización territorial del Estado sobre la solución de los problemas de desigualdad y ruptura de la cohesión social en diferentes materias, a partir del planteamiento de un supuesto “derecho a decidir” que carece de homologación en el derecho internacional.

En el terreno sanitario lo territorial y lo social van de la mano: o la protección sanitaria universal e igual para todos los ciudadanos españoles se hace posible a través del Sistema Nacional de Salud, o no será. El mantenimiento de ése y otros servicios y prestaciones semejantes (como el sistema público de Seguridad Social) es y debe estar por encima de cualquier criterio identitario.

Las diferencias en capacidad fiscal entre las CCAA, y la necesidad de intervención estatal para compensarlas, hacen imposible el mantenimiento de las condiciones universales e igualitarias de la cobertura sanitaria para toda la población española si cada CA pretende hacerlo con cargo a sus recursos, o si se establecen de manera unilateral condiciones para organizarla en cada una, o si se limita la intervención solidaria en este campo. En países federales o de constitución similar, como España, el establecimiento de la condición universal de la protección sanitaria ha sido siempre de iniciativa federal, y su mantenimiento requiere mantener esa organización constitucional, aunque esté precisada de reforma la manera de proveerla.

2) El segundo es la presentación de propuestas legislativas por distintos partidos una vez constituído el Parlamento, en tanto se alcanza algún acuerdo de gobierno, una forma de actuación sin precedentes y de sentido confuso. Según los servicios jurídicos del Congreso el Parlamento puede legislar mientras se mantiene el gobierno en funciones, pero las posibilidades de hacerlo efectivamente sin acuerdos previos en torno a un nuevo gobierno parecen remotas.

Entre esas propuestas se incluyen algunos temas sanitarios: la del PSOE se refiere en exclusiva a la universalización de la asistencia sanitaria, que presenta como  vinculada fundamentalmente a la atención de los inmigrantes irregulares, sin poner en cuestión, e incluso consolidando, la persistencia de distintos regímenes de protección sanitaria diferenciada para colectivos específicos, principalmente las mutualidades de funcionarios. Por su parte, la “Ley 25, de emergencia social”, de Podemos, incluye como Título I, denominado “De la protección del derecho a la salud”, la supresión expresa del artículo primero (relativo a la cobertura sanitaria y las formas de reconocimiento del derecho) y del apartado decimotercero del artículo cuarto (relativo a la “ aportación de los beneficiarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria”)   del Real Decreto Ley 16/2012.

Los contenidos de las propuestas formuladas son discutibles y limitados. Carecen de los elementos regulatorios necesarios para subir del nivel de reivindicación popular inmediata al de instrumento de gestión efectiva del Sistema, y soslayan las reformas estructurales imprescindibles para sostenerlo no sólo económicamente, sino también desde el punto de su organización territorial y su condición solidaria, universal e igualitaria.

3) En tercer lugar, algunas actuaciones de los partidos de la izquierda que han alcanzado el gobierno en determinados territorios autonómicos en las últimas elecciones de mayo de 2015, combinan esas propuestas de actuación a nivel nacional con el desarrollo de actuaciones paralelas e inmediatas por los gobiernos autonómicos en los mismos campos.

El ejemplo más amplio de actuaciones en el sentido indicado se ha producido en el terreno de la “universalización” de la asistencia sanitaria. Desde mayo del 2015, cinco CCAA más se sumaron a las 9 que habían hecho regulaciones sobre esa cuestión entre 2012 y 2013. Ese afán regulatorio se ha desarrollado con contenidos heterogéneos y efectos reales muy diversos sobre la cobertura sanitaria de los grupos excluídos de la protección por el RD-Ley 16/2012, obviando que la “universalidad” de la cobertura sanitaria, al margen de cuestiones competenciales, no puede nunca derivar de la suma de criterios parciales diferentes y no acordados sobre esta cuestión.  

El actual gobierno de la Comunidad Valenciana, una de las CCAA con niveles más elevados de deuda sanitaria, y cuya situación económica, resultante de la gestión de la Consejería de Sanidad del anterior gobierno del PP, en especial en lo relativo al gasto farmacéutico, está particularmente comprometida, acaba de aprobar un Decreto para eludir mediante subvenciones el copago farmacéutico establecido por el RD-Ley 16/2012 de los pensionistas residentes en aquel territorio con rentas inferiores a los 18.000 euros, y a otros colectivos limitados. A su vez, numerosas CCAA han puesto en cuestión en estos días el Real Decreto 954/2015, sobre "prescripción enfermera", promulgado en las fechas últimas de la anterior legislatura por el gobierno del PP. Se trata de una norma de dudosa necesidad y oportunidad fuera del contexto de una reforma en profundidad de las políticas globales sobre el personal sanitario, pero largamente demandada desde las cúpulas de las organizaciones corporativas de la enfermería. La reacción de éstas ante un texto que finalmente no satisfizo esas demandas, ajenas a la realidad de la mayoría de la profesión enfermera, ha sido combatir la aplicación de la norma desde su promulgación, tratando de generar conflictos en la asistencia a la vez que presentaban recursos legales frente a ella. Muchas CCAA han adoptado diferentes posiciones de apoyo a esas demandas, que no parecen acordes con su responsabilidad institucional.

Esta situación no es nueva. Diferentes CCAA de distinto signo han venido actuando con anterioridad en el mismo sentido, promoviendo formas diversas de gestión de sus centros, estableciendo sistemas de compras por separado, o promoviendo políticas de planificación y construcción de centros sanitarios guiados por intereses electorales o directamente corruptos. Éstas han dado lugar a situaciones tan esperpénticas como la del hospital construido en Lepe (Huelva), sin acometida de luz ni agua, ni vía de acceso, o conflictos como los generados por la construcción en Madrid de ocho hospitales con fórmulas de financiación privada en los últimos años.

Lo que es novedoso en esta explosión de actividad reguladora autonómica es que se haya producido en un momento en el que la perspectiva inmediata de las elecciones generales abría un horizonte de posible solución común de los problemas más relevantes del SNS. La preferencia por la regulación autonómica dispar en esas materias sugiere que esas actuaciones, acompañadas del enfoque superficial y más inmediato de las propuestas formuladas a nivel general, buscan más proyectar una imagen que resolver en profundidad los problemas que afectan al SNS, incluso los más inmediatos derivados de los recortes de derechos más recientes del PP en este terreno.

A pesar del carácter supuestamente "social" de las iniciativas autonómicas más recientes, su resultado principal no difiere del de las de sentido privatizador, insolidario e ineficiente ocurridas en períodos previos. Su efecto es la ruptura de hecho del Sistema Nacional de Salud en 17 sistemas cada vez más aislados, el desgobierno del conjunto, y la facilitación de su sometimiento a los intereses de los agentes externos que imponen sin oposición y de manera cada vez más descarada sobre el mismo sus intereses corporativos sesgados. Ese efecto convierte a su vez en objetivo prioritario para mantener la protección sanitaria universal la recuperación del gobierno del Sistema Nacional de Salud en el conjunto del Estado, más allá de la corrección de los efectos de las medidas más concretas adoptadas por el PP con el RD-Ley 16/2012.

Si no se corrige este rumbo, aunque finalmente hubiera un gobierno de la izquierda, éste sería incapaz de hacer efectiva una nueva regulación global del sistema sanitario. En Canadá, el país federal de organización sanitaria más semejante al nuestro, con un nuevo gobierno de la izquierda "liberal", y con un sistema con problemas similares a los del nuestro, se ha optado por la renovación del "acuerdo sanitario" entre el gobierno federal y las provincias, una propuesta que, como acaba de reconocer la ministra federal de sanidad parte de la base de que “más dinero para la atención sanitaria no es la respuesta” a sus problemas. Tal intervención ministerial no habría sido posible si la propuesta de ese acuerdo no hubiese figurado de manera expresa en el programa con el que el Partido Liberal concurrió a las elecciones que finalmente ha ganado.

Cualquier compromiso de una naturaleza similar por parte de los partidos de la izquierda española ha estado ausente de los programas de todos ellos, como consecuencia de la ausencia de debate previo en el interior de cada uno sobre los problemas estructurales y funcionales de nuestro sistema sanitario, una ausencia sustituída tan solo por referencias a los problemas más inmediatos. Por el contrario, todos ellos han dado la callada por respuesta a algunas propuestas que se les han formulado para debatir soluciones en el sentido indicado.

En esas condiciones, el futuro del SNS parece cada vez más incierto, aún en manos de la izquierda.

 

(*) Javier Rey del Castillo es Doctor en Medicina. Médico inspector de la Seguridad Socia y miembro del Consejo Asesor del Laboratorio de la Fundación Alternativas

Hay 1 Comentarios

Aquí el problema está es que con cualquier cosa queremos hacer política, nos agarramos a lo del Sistema Nacional de Salud, a lo del empleo, a lo de la inmigración, a lo de la territorialidad, ..y cada uno da su versión, sin tener en cuenta si es bueno o malo para España, parecemos payasos que lo único que queremos es hacer que la gente no piense en nada y esté contenta. En política hay algunos temas que apenas se deben tocar, si han funcionado y son necesarios, y si se hace, si se cambia una coma, debe ser después de haber hecho un estudio profundo y que esté de acuerdo todo el parlamento o la mayoría y esto es lo que debe ocurrir con el SNS, me parece muy bien que a sus profesionales haya que mantenerlos laboralmente bien, pero que no toquen para nada la asistencia sanitaria para lograr sus fines, eso no se puede consentir; al fin y al cabo lo que al final nos queda es la vida, y para vivirla bien tenemos que tener salud, y con eso no se juega.

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