La necesaria reforma del sistema electoral español para cumplir las obligaciones internacionales

Por: | 25 de marzo de 2016

VÍCTOR C. PASCUAL PLANCHUELO (*)

 

 

Mordaza

Un grupo de personas se manifiesta contra la denominada "Ley Mordaza"

El pasado 25 de Febrero de 2016 se publicó el “Informe Final” relativo a las elecciones generales celebradas en España el 20 de Diciembre de 2015 elaborado por la Misión de Asistencia Electoral de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR) de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE). Esta Oficina con base en Varsovia (Polonia), antigua Oficina para las Elecciones Libres, constituye un instrumento fundamental de asesoramiento y asistencia electoral para los 56 países que componen la Organización, creada en la Cumbre de París en 1990, con el modesto mandato de facilitar los contactos y el intercambio de información sobre elecciones entre los Estados miembros de la CSCE. .

Actualmente, la ODIHR centra sus esfuerzos en apoyar los procesos de transición a la democracia electoral de los países de Europa Central y Oriental así como de Asia Central, y envía importantes Misiones de Observación Electoral a estos países para verificar que las elecciones celebradas se adecuan a los estándares internacionales para elecciones libres y competitivas.

Para los países de Europa Occidental, que pasan por ser democracias más consolidadas, la ODIHR no suele enviar Misiones extensas de observadores internacionales, sino que se limita a enviar un reducido Equipo de expertos y analistas electorales para evaluar los procesos electorales, analizando no sólo el día de la votación, sino el conjunto del proceso electoral en casi todas sus etapas.

Los parámetros en los que se basa la ODIHR para evaluar si las elecciones se realizan en línea con los estándares internacionales, en el ámbito OSCE, se recogen en el “Documento de Copenhague sobre la Dimensión Humana de la OSCE, de 1990”, que fue pactado y suscrito por todos los países de la Organización con el fin de promover la democracia en Europa, Asia Central, Estados Unidos y Canadá. El Documento de Copenhague establece un marco jurídico sin precedentes para el análisis de los procesos electorales en la región OSCE con el objeto de verificar si las elecciones celebradas se ajustaban a estos parámetros o estándares internacionales para elecciones democráticas.

Para las pasadas elecciones generales celebradas en España el 20 de Diciembre de 2015, la ODIHR envió una Misión de Asistencia Electoral compuesta de 7 expertos –procedentes de 7 Estados miembros de la Organización- que estuvieron observando el proceso electoral desde el 7 hasta el 23 de diciembre. La conclusión de la Misión fue que

“Las elecciones se desarrollaron de manera profesional, eficiente y transparente, en términos generales, y los actores electorales expresaron su confianza en la mayoría de etapas del proceso electoral”.

No obstante, la Misión, que desarrolló una observación imparcial, técnica y analiza integralmente todo el proceso, también detectó relevantes deficiencias en el sistema electoral. Entre otras muchas, por su importancia, destacamos las siguientes

  1. La Ley de Seguridad Ciudadana (vulgarmente conocida como “Ley Mordaza”), en vigor desde julio de 2015, y algunas modificaciones del Código Penal, suscitan dudas sobre su congruencia y respeto a las libertades básicas de los ciudadanos.
  2. El reparto de escaños por circunscripciones no respeta debidamente el principio de “igualdad de voto”, tal y como se preceptúa en el artículo 7.3 del Documento de Copenhague. Puede analizarse en el informe el grado de desviación en la igualdad de voto en algunas circunscripciones. En términos generales, el sistema electoral tiende a favorecer a los partidos mayoritarios, tanto a nivel nacional como provincial, primando de forma desproporcionada el voto de las provincias frente al voto de las ciudades. Las provincias menos pobladas están sobrerrepresentadas. En base a ello, el Informe concluye aduciendo que existen ciertas quiebras del principio de “igualdad de voto”, debiendo considerar las autoridades la necesidad de asegurar esta igualdad para todos los votantes en la elección de diputados y senadores.
  3. La ODIHR también estima que la Administración Electoral debería realizar sus reuniones en sesiones abiertas a observadores y medios de comunicación, para mejorar su transparencia.
  4. El informe también destaca que las restricciones al voto de las personas con discapacidad vulneran el artículo 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, ratificada y en vigor en España.
  5. Por otro lado, el informe insiste –como en anteriores citas electorales- en la necesidad de garantizar que puedan presentarse a las elecciones candidaturas independientes, de conformidad con los estándares internacionales.
  6. Asimismo, el Informe prosigue afirmando que el marco legal español no permite la observación del proceso electoral por parte de observadores nacionales no partidistas ni a observadores internacionales, vulnerando de esta forma la obligación reflejada en el artículo 8 del Documento de Copenhague.
  7. De igual modo, se señala que el secreto de voto no se respeta por los votantes, pues no se utilizan las cabinas de votación, por no ser de uso obligado. Insiste la Misión en que las Autoridades deben garantizar el “secreto de voto” como principio fundamental para unas elecciones democráticas, tal y como se prevé en el artículo 7.4 del Documento de Copenhague, evitando así influencias o riesgos que pueden poner en tela de juicio el libre ejercicio del derecho de voto.
  8. Presta atención la Misión de la ODIHR a las diversas incidencias que ha presentado en estas elecciones el procedimiento del voto por correo en relación a los ciudadanos en el exterior; recalca el Informe que todos los electores deben poder gozar de las mismas oportunidades para ejercer su derecho al voto mediante el voto por vía postal, debiendo corregirse los defectos y obstáculos que se han detectado en este proceso electoral para aquellos electores residentes en el extranjero.
  9. De igual modo, el Informe de la Misión enfatiza la necesidad de mejorar la formación y el entrenamiento de los miembros de las Mesas Electorales para optimizar su conocimiento de los procedimientos y el correcto desarrollo de sus funciones.
  10. Para finalizar, la ODIHR también constata la necesidad de que cada colegio electoral publique los resultados electorales de ese Colegio, en un formato accesible al público, a fin de mejorar la transparencia del proceso.


Estas son algunas de las deficiencias más relevantes que podemos extraer del informe de la Misión de Observación; en la parte final del Informe de la ODIHR se exponen hasta 23 recomendaciones que la Misión dirige a las autoridades españolas para que sean tomadas en consideración en próximas citas electorales, con objeto de acercar a España al cumplimiento adecuado de los estándares internacionales para elecciones democráticas.

Es decir, este Informe de la ODIHR resulta un instrumento de gran valor que habría de guiar la reforma electoral tantas veces demandada en nuestro país. Este detallado e imparcial informe no proviene de ningún partido político, no viene marcado por ninguna tendencia ideológica, sólo persigue –desde un enfoque exclusivamente técnico- la mejora de nuestra Democracia electoral y, por ende, de nuestro sistema en su conjunto.

Nuestra democracia necesita profundización, requiere mejorar la igualdad de voto de los españoles, la representatividad, la transparencia del proceso, la garantía del secreto de voto, etc. Además es obvio que necesitamos mecanismos de democracia directa y participativa; tenemos una vibrante y activa sociedad civil, y la participación de la población en la vida política demanda una mayor implicación del ciudadano en la Política.

Si como parece el 26 de Junio de este año se van a repetir las elecciones por la falta de acuerdos para formar Gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, se abrirá entonces una oportunidad única de implantar estas recomendaciones y subsanar las deficiencias de nuestro sistema electoral, con objeto de acercar nuestro sistema a los estándares internacionales para elecciones democráticas, tal y como se recogen en el Documento de la Dimensión Humana de la OSCE, firmado en Copenhague en 1990, por los Estados miembros de la Organización.

En definitiva, pido a autoridades, partidos políticos y agentes sociales que este Informe no quede relegado al ostracismo; les ruego que lo difundan y que exijan la reforma de nuestro sistema electoral, cada uno desde sus ámbitos de actuación, libre de partidismos y posicionamientos ideológicos, es decir, únicamente en base a las recomendaciones técnicas en él contenidas.

Es responsabilidad de nuestras autoridades políticas tener en cuenta este Informe, implantar sus recomendaciones y corregir las deficiencias advertidas de nuestro proceso electoral. Y ello porque el cumplimiento de las recomendaciones que expone el meritado Informe constituye una obligación política del Estado español, que forma parte de sus obligaciones internacionales.

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1.- OSCE/ODIHR, Informe Final de la Misión de Observación Electoral en las Elecciones Generales en España, 20 de diciembre 2015, http://www.osce.org/odihr/elections/spain/224411?download=true

2.- Documento de la Dimensión Humana de la OSCE, Copenhague, 1990.

3.- “(7.3 ) — garantizarán el sufragio universal e igual a todos los ciudadanos adultos”
“Artículo 29. Participación en la vida política y pública.

4.- Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante: i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda; iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar;
b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.”
“(8) Los Estados participantes consideran que la presencia de observadores, ya sean extranjeros o nacionales, puede realzar el proceso electoral de los Estados en que se celebren elecciones. Por consiguiente, permitirán a observadores de otros Estados participantes de la CSCE, así como a instituciones y organizaciones privadas adecuadas que lo deseen, observar el curso de sus procesos electorales nacionales, en la medida permitida por la ley”.

5.- “(7.4) — garantizarán que las elecciones sean por votación secreta o por algún proceso equivalente de votación libre y que los votos sean contados y registrados limpiamente, dando a conocer al público los resultados oficiales;”


(*) Víctor C. Pascual Planchuelo es profesor asociado de Derecho Internacional Público de la UCM

Hay 1 Comentarios

Interesante informe.


Hay dos puntos en los que fija su atención la ODIIHR, que me parecen importantes: La no participación de observadores no partidistas, y la necesidad de la publicación de los resultados de cada colegio. Dos anormalidades del sistema electoral español consecuencia del hecho de que la sociedad española este muy politizada, como se suele decir, no hay vida más allá de los partidos políticos, de forma directa o indirecta los partidos lo controlan todo, incluso el proceso electoral. Personalmente, me gusta más el sistema mayoritario, una circunscripción un ganador. Tal vez, España lo debiera adoptar, por lo menos para elegir Presidente, separando la elección de diputados de la del presidente de la Nación.

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