Dimitiendo, que es gerundio

PALOMA ROMÁN MARUGÁN (*)

 

 José Torres Hurtado (PP) ha sido el último alcalde en dimitir

 

Tengo la impresión que el término dimisión es uno de los que más se oyen últimamente, y menos se comprenden. Una suerte de leyenda urbana sostiene que en España no se dimite como en otros contextos democráticos más consolidados; que este hecho tiene mucho que ver con una cultura política autoritaria heredada del franquismo. Y que entre ese legado, y el condicionante mediterráneo que identifica a los pueblos meridionales como aquejados de falta crónica de dimisiones, pues que esto no está bien, y que no sabemos para cuándo cambiaremos y nos homologaremos con los espíritus anglosajones y septentrionales que de esto nos dan tantas lecciones.

Dándole vueltas al asunto, rápidamente surge la necesidad de aclarar conceptos y, lo más importante visto lo visto, desentrañar confusiones fruto tanto de la ignorancia, como del interés de cada uno, lo que produce una mezcla bastante explosiva. Hay que empezar reconociendo la existencia de uno de los elementos más turbadores en este panorama que denunciamos, que es la presencia de la corrupción como un faro, más fijo que intermitente, en nuestra ración diaria de información ciudadana. No se puede ahondar aquí y ahora en un fenómeno tan complejo como el mencionado; sólo recordar que la corrupción y su percepción dependen de los estándares sociales, y que su clasificación conocida por colores (blanca, gris o negra) hace que las conductas afectadas recorran un espectro que va desde la comprensión, a la mirada cómplice, o a la condescendiente, hasta el grueso del código penal. Esta larga línea dificulta mucho la apreciación adecuada de lo que realmente significa dimitir en el sentido de asunción de la responsabilidad política que es de lo que se trata.

Los políticos son personas como nosotros hasta un cierto punto. Cuando son elegidos con nuestros votos, como nuestros representantes, y en virtud del juego parlamentario, algunos incluso forman parte del poder ejecutivo y dirigen la política nacional e internacional de nuestro país, se instalan en una estructura de privilegios para poder llevar a cabo su cometido; luego dejan de ser exactamente como nosotros por el tiempo que dure su dedicación. Por tanto, se hacen deudores nuestros y han de actuar con provecho, probidad, competencia y eficacia por el bien común –o al menos intentarlo-; nosotros depositamos en ellos una confianza que deben respetar; por todo ello también, deben conducirse con ejemplaridad, actuando como los mejores de nosotros tanto en el mejor desempeño de su tarea concreta en términos técnicos como morales: en una palabra como los más aptos.

Todo ello sin olvidar su falibilidad, en definitiva, su humanidad; sus errores, o bien que andando el tiempo se den cuenta que no están capacitados para el cargo que aceptaron; todo eso lo sabemos, y lo comprendemos: ha llegado el momento de irse, de dimitir, antes de que esa situación se prolongue indebidamente en el tiempo y es mucho peor para el interés general. Recapitulando, se habla de dimisión de un cargo público, designado o electo, cuando fundamentalmente, algo que se descubre, quiebra aquella confianza que se citó con anterioridad, y se realiza de ese modo un ejercicio de responsabilidad política.

Pero aquí es donde comienzan los problemas que complican la situación, porque lo dicho en el párrafo anterior no se entiende o no se quiere entender. A partir de aquí, se inicia una especie de ceremonia de la confusión, donde entre otros laberintos, está aquel que confunde la responsabilidad política con la responsabilidad penal.

Por la extensión de estas líneas, no se puede entrar en si es deliberada o fortuita, pero ahí está incontestable, creando un bucle de confusión severo. La responsabilidad penal, ligada a la comisión de un delito, es general de todo ciudadano; la responsabilidad política es solo para los que ejercen un cargo público en cualquiera de sus variantes.

La política es el ámbito de la toma de decisiones entre alternativas, por tanto puede caber una u otra; se calculan cuestiones como la oportunidad y la discrecionalidad; y ahí por lo menos, está el punto que luego habrá que valorar. Cuando hay una sombra de duda sobre algún asunto, se dicen frases que, dan la impresión de que han copiado cien veces como en el colegio: soy inocente, todo lo que hecho es legal; luego si las cosas se complican, es cuando aparece aquello de no me consta, o no me acuerdo bien, o para llegar al punto de no retorno, que es no me acuerdo y punto.

Este aturdimiento crea un reduccionismo perverso, que acaba equiparando dos cosas que en nada se parecen. La función principal del ejercicio de la dimisión como expresión del ejercicio de la responsabilidad política es que uno valora que no está en condiciones óptimas para seguir al servicio del bien general; solo se trata de retirar aquella confianza de la que hablábamos antes.

En definitiva, hay que corresponder con respeto a los ciudadanos; es una práctica honrosa, que no debe significar la muerte política de quien la ejerce; es un comportamiento ejemplar para otros y para todos; y vista de este modo, es una sanción suficiente, ya que sin duda supone un traspiés profesional y un desgarro personal, pero dignifica. Se responde por un error, por un fracaso, por una incompetencia, a veces ni siquiera son propios. Pero todo esto aquí no se entiende de esta manera, como es notorio.

Pero también porque el político en trance de dimitir no está solo; está su partido, y están los dirigentes de su partido; y por supuesto, está la oposición. El papel de esta es relativamente sencillo y comprensible; pero el de los anteriores es complejo. A veces, el interesado quiere dimitir pero no es el momento para su organización en general, o para sus líderes en particular; con el agravante de la situación puede cambiar, y resultar rentable que se vaya, y entonces todo se precipita. Por ello, los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad/culpa en todos estos asuntos que estamos tratando aquí. Como se dice en la calle, todo esto se lo tienen que mirar por el bien de todos, y desde luego por el de ellos mismos.

 

(*) Paloma Román Marugán es doctora en Ciencias Políticas

Intermitencia versus temporalidad

IÑAKI GUEVARA (*)

 

 

Laia Marull protagoniza la versión catalana de 'La llista'

 

Las pasadas elecciones generales para la Unión de Actores y Actrices fueron un hito. Conseguimos reunirnos con todos los partidos políticos y comprometerles en la necesidad de un cambio de la regulación de artistas, creadores y trabajadores del espectáculo Esta labor implica crear un Estatuto del Artista (y del creador, intérprete, técnico...). El cual ha de tener en cuenta dos elementos:

El primero de ellos es que intermitencia no es sinónimo de temporalidad. La temporalidad en el empleo es una de las características, pero también lo es la inseguridad del mismo: La jornada diaria de trabajo puede hacerse dentro de las 24 horas, así como realizar una semana de trabajo sin interrupción y sin festivos. También debemos siempre tener en cuenta desplazamientos fuera del domicilio tanto en giras teatrales como en rodajes. El artista ha de estar continuamente en formación e investigación de nuevos proyectos y tener en cuenta que en los ensayos se cobra una parte mínima del salario. Por lo tanto, el concepto de la intermitencia supera el empleo formal y define la actividad artística.

El segundo elemento es que la intermitencia es la forma laboral de los artistas hasta en el mejor de los mundos posibles. No depende de la coyuntura económica del momento ni del modelo productivo, los condicionantes externos mejoran o empeoran las condiciones del empleo pero no modifican su naturaleza. Como solemos defender: “Hasta en el mejor de los mundos las obras de teatro se acaban”.

Nosotros proponemos que los trabajadores artísticos dispongan de una prestación por desempleo específica que reconozca la intermitencia del empleo formal y lo complemente, un modelo que en  Francia  existe    desde    hace      varias    década. 

El trabajador cotizaría a la Seguridad Social, como ya hace, y cuando su empleo formal finaliza, recibiría el desempleo de manera inmediata, permitiendo un modelo de ingresos estables. 

Este modelo permite desterrar la precariedad del sector cultural y que los trabajadores del mismo dediquen más tiempo a lo cultural que a sobrevivir. Además permite reducir los altos ratios de contratos en negro del sector pues el trabajador dependerá de su cotización para ingresar como intermitente en el desempleo y de igual modo, al ser el desempleo una prestación contributiva, generar una vida laboral estable, y por lo tanto la tan ansiada jubilación.

Frente a estas ventajas sabemos que este proyecto se desarrolla en un momento en el que la mayor parte de contratos firmados son temporales y, si bien la intermitencia supera la temporalidad, debemos entender que son muchos los sectores que necesitan un ingreso garantizado. Además debemos entender que ahora mismo el empleo cultural es un desconocido, sin estadísticas oficiales, y por lo tanto no disponemos de la capacidad de realizar una memoria económica del proyecto, lo que perjudica y retrasa la aprobación de la medida.

Buscamos superar el modelo actual y establecer uno de reconocimiento de la intermitencia. Así reconociendo nuestra diversidad, potenciamos los elementos que hacen del empleo artístico una fuente ingente de creatividad y valores.

 

(*) Iñaki Guevara es actor y secretario general de la Unión de Actores

Motivos para celebrar el Día de la Tierra

ANA BELÉN SÁNCHEZ (*)

 

Campo de cultivo de colza en Ingatestone (Reino Unido). Autor: Chris Ratcliffe

El 22 de abril es el Día de la Tierra. Desde hace más de 45 años lo celebramos para concienciar a la población sobre la degradación ambiental y la injusticia social, provocada por los cada vez más graves problemas ambientales sobre los sectores de la sociedad más vulnerables y desprotegidos. La celebración comenzó en Estados Unidos, a iniciativa del Senador Gaylor Nelson, que consiguió su objetivo de crear un departamento gubernamental que trabajara la protección del medioambiente en el país (lo que hoy es la Agencia de Protección Ambiental, EPA), y el inicio de la política ambiental estadounidense, con la aprobación de la primera Ley sobre Aire Limpio (Clean Air Act). Ha sido esta misma Agencia designada para poner en marcha la reducción del 32% de emisiones de las plantas de carbón productoras de electricidad (Clean Power Act ). Esta medida, que ha sido la principal disposición de lucha contra el cambio climático aprobada por el gobierno de Obama, está ahora pendiente de su aprobación por la Corte Suprema de Justicia.

Esta primera celebración del Día de la Tierra en 1970 se considera el inicio del movimiento ecologista en el mundo. La celebración se ha extendido desde entonces por todo el planeta y se calcula que a día de hoy es celebrado en más de 190 países.

Lamentablemente no faltan razones para continuar demandando más protección ambiental. Se calcula que en Europa, el 90% de la población está expuesta diariamente a niveles de contaminación del aire, extremadamente perjudiciales para la salud. La mitad de las aguas de Europa no se encuentran en buenas condiciones. La contaminación, su uso excesivo y el cambio climático, son algunas de las principales razones que explican este estado. Según los expertos, el 60% de los ecosistemas del mundo están degradados o se gestionan de forma insostenible, el número de especies ya desaparecidas y a punto de hacerlo es cada vez mayor. En Europa el 77% de los hábitats se encuentran degradados.

Un problema ambiental particularmente importante es el cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero son más altas que nunca. Desde la década de los 70 han crecido en un 90%. Según los últimos datos disponibles, estas emisiones se han traducido en un aumento de la temperatura media del planeta de 1º C desde la era preindustrial. Debemos recordar que el Acuerdo de París tiene como objetivo limitar el aumento de temperatura media global entre 1.5 y 2ºC. Sin embargo, el año 2015 ha sido el más caluroso desde que se tienen registros. Y 15 de los 16 años en los más calurosos de la historia han ocurrido desde el año 2001. El consumo de combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo) para calentar nuestros edificios, mover nuestros coches, iluminar nuestras casas o hacer funcionar nuestras fábricas son algunas de las causas de este crecimiento. La deforestación, el cambio de uso de la tierra hacia la agricultura y pastos para ganadería son otras.

Por todo esto fue elegido el Día de la Tierra como día para celebrar la firma del Acuerdo de París de cambio climático. Hoy, mandatarios de 155 países se reúnen en Nueva York para firmar este acuerdo adoptado durante la COP21 el pasado diciembre. Esta firma es el inicio del proceso legal que llevará a la ratificación o aprobación del acuerdo por cada uno de estos países. El sistema legal que debe seguir cada uno de ellos es diferente. Este fue uno de los elementos más controvertidos del acuerdo. Con el objetivo de flexibilizar este proceso legal y evitar tener que pasar por congresos, como el de Estados Unidos, que con seguridad bloquearían el acuerdo, se incluyó entre los instrumentos de adopción del acuerdo, además de la ratificación (forma habitual de aprobación de acuerdos internacionales) la adhesión, aceptación y aprobación del mismo. En otros países como España, la ratificación de este acuerdo, como el de cualquier otro internacional pasa por la aprobación del Congreso.

Y será justamente la puesta en marcha de medidas que aseguren el cumplimiento del Acuerdo de París una de las tareas importantes del nuevo gobierno. España debe cumplir con el objetivo europeo de reducir un 40% las emisiones en el año 2030 frente a niveles de 1990. Sin embargo, en España las emisiones están aumentando y nos sitúan en la parte más complicada del tablero. Según algunas estimaciones, en 2015, primer año en el que nuestro PIB creció (en un 3.2%) desde el comienzo de la crisis económica, las emisiones ya habían aumentado un 4% con respecto al año anterior. Esto significa que no hemos conseguido desacoplar nuestra economía de la producción de emisiones; lo que nos hace menos competitivos frente a otros países que sí lo han conseguido (Suecia, por ejemplo, cuyo PIB creció un 31% y sus emisiones se redujeron un 8%). En España sólo se produjo una reducción de emisiones entre los años 2008 y 2013, en los que la economía española fue profundamente afectada por la crisis económica y la posterior recesión. El reto será conseguir este desacoplamiento a la vez que se mejora nuestro bienestar y crece el empleo. La apuesta por un sistema energético limpio basado en el uso masivo de energías renovables, una movilidad sostenible y unos niveles mucho mayores de eficiencia y ahorro energético en nuestros edificios e industrias forma parte de la receta de soluciones.

 

(*) Ana Belén Sánchez es coordinadora del panel de sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Hacia un gobierno de derechas (y hacia el hastío)

    CARLES MANERA (*)

 

Pedro Sánchez saluda en el Congreso a Albert Rivera

Los días van cayendo y el bloqueo persiste. Éste tiene doble vertiente: es interno, en el propio sino de los partidos que dicen querer pactar; y es externo, desde el momento en que los “jugadores” que intervienen ponen barreras a los otros, de forma que el desenlace del “juego” es imposible. Los errores se han multiplicado, a pesar de que cada partido ha actuado con la idea de que sus postulados son los que se deben mantener y desarrollar. Cada formación actúa con criterio impecable…si sólo existiera ella. El problema radica en la apertura de negociaciones entre los participantes, cada uno de ellos enrocado en sus esencias. Mala perspectiva. Veamos algunos factores, que llaman poderosamente la atención.

            El PSOE se dispara en un pie cuando su Ejecutiva Federal pone líneas rojas para establecer negociaciones políticas con grupos parlamentarios nacionalistas –por muy independentistas que sean–. Tal actitud coloca a Pedro Sánchez en una tesitura más que complicada, toda vez que, simplemente, los números no salen. Podemos, a su vez, dispara sobre el otro pie del PSOE, si bien hay cuotas de pólvora y algo de metralla que también daña a los morados: las teatrales puestas en escena de Pablo Iglesias no han hecho más que activar la animadversión de los socialistas, que se sienten menospreciados y ninguneados. A su vez, las tendenciosas preguntas del “referéndum” de Podemos a sus bases van en la misma línea argumental: dinamitar al PSOE y alcanzar esa “otra orilla” que, ya en su momento, ansiaba Julio Anguita, que se mueve regocijado en tal escenario. El objetivo no parece que sea desbancar a la derecha, con los números que conforman ahora mismo la escena parlamentaria, sino laminar al PSOE. Este es el planteamiento táctico que domina los intereses de los “jugadores” de Podemos. Para Ciudadanos, se celebra que los tiros sacudan los pies de otros. Las líneas rojas marcadas por Rivera siegan la capacidad negociadora de los socialistas y reorientan la dirección hacia un posible encuentro con el PP.

            En todo este guirigay, Sánchez se halla envuelto en fuegos amigo y enemigo, tratando de esquivar los golpes que le propinan desde todos los ángulos, incluido el suyo propio, buscando una salida. ¿Y el PP y Rajoy? Pues fumándose un puro en la Moncloa. Rajoy espera con parsimonia su nuevo triunfo electoral, gracias a la ineptitud de unos y otros (pero, a mi juicio, más de unos que de otros). Esta derecha es la que va a ganar con escaso desgaste, a pesar de los múltiples escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta a lo largo de la legislatura, gracias a las esencias inmaculadas de las izquierdas y al hábil comportamiento de los dirigentes conservadores ante tamaño despropósito. Se repite la Historia, una vez más: las izquierdas priorizan más a sus adversarios internos que a sus enemigos exteriores. Tras junio y con la confirmación –me temo que inevitable– de la victoria derechista, vendrán los reproches y el crujir de dientes de progresistas e izquierdosos de salón. Nada nuevo bajo el sol. Y se confirmarán nuevos ajustes económicos, a los que el nuevo gobierno conservador hará frente sin pestañear ante Bruselas. Un hastío. Un asco.

(*) Carles Manera es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universitat de les Illes Balears

La cultura como enemiga de la igualdad

RUBÉN CARAVACA (*)

 

Paula Ortiz estuvo nominada este a los premios Goya como mejor directora

 

Mucho se habla de la cultura (de la intervención cultural habría que decir) y de su papel para generar espacios de igualdad. Argumentos, estrategias y herramientas más que dudosos. Discursos que en la práctica parecen alejados de la realidad.

La música y la cultura durante siglos se transmitieron de forma oral. Palabras entonadas con cánticos permitieron que se preservaran costumbres y tradiciones. Madres y abuelas desde la infancia trasfiriendo saberes y cantares, canciones de cuna, juegos. Muchas de ellas entonadas también fuera del hogar y de las labores cotidianas en plazas, mercados o castillos. Cantaderas y juglaresas anónimas, apenas reconocidas. Mujeres que tuvieron que ingresar en conventos para poder desplegar su talento. Creaciones sin reconocimiento de la autoría o bien atribuida a varones cercanos. Folcloristas elaborando trabajos a partir de los que ellas aportaron (sin visibilizar nunca) las fuentes reveladoras.

Escasa notabilidad en manifestaciones más actuales como el punk (cuando ellas han integrado muchos grupos desde el inicio del movimiento), en la electrónica, tras los platos de cualquier sesión de baile o en una rave clandestina.

Cultura antipática con la igualdad. En programaciones, mesas, debates, ediciones y cualquier actividad cultural ellas ocupan siempre un papel secundario, cuando lo tienen. Un estudio sobre el hip hop hispano mostraba que la programación de raperas en grandes festivales de nuestro país pasaba escasamente de un dos por ciento. En los últimos Goyas se comentaba con cierto embeleso la nominación de un par de candidatas a la mejor dirección. Ejemplos donde el lenguaje tiene un papel determinante. Visión sexista histórico-cultural del mundo.

Todo ello en un mundo donde productoras, mediadoras gestoras, dinamizadoras, economistas e investigadoras forman parte de un tejido donde son mayoritariamente invisibilizadas. Que lo femenino tenga mucho que ver con el trabajo en común, con compartir el conocimiento, puede que sea otro de los motivos. Es más cómodo difundir lo individual y lo competitivo que apostar por modelos que pongan en evidencia lo habitual.

Hablar de igualdad es denunciar la cantidad de trampas que se esconden tras muchos discursos igualitarios. El escaso interés, por ejemplo, por revisar una historia contada de manera unilateral y sesgada, llena de falsedades, ficciones y secretos donde la cultura tiene su papel de cómplice contribuyendo a mantener una realidad distorsionada.

 

 

(*)Rubén Caravaca Fernández es dinamizador y comunicador cultural

Perú: la sombra alargada de Fujimori

 

VÍCTOR C. PASCUAL (*) 

 

 

 

Keiko Fujimori saluda a los presentes durante el cierre de campaña en 2011

 

El domingo 10 de abril, Perú celebró elecciones para elegir a su nuevo Presidente y a los 130 diputados del Parlamento unicameral. Perú disfruta de un período de más de 20 años de normalidad democrática no interrumpida, por lo que este proceso electoral mantiene la línea de la estabilidad institucional. Casi dos décadas después del fin del mandato de Alberto Fujimori -que actualmente cumple una condena de 25 años de prisión por corrupción y crímenes de lesa humanidad-, la candidata favorita a convertirse en la máxima mandataria del Perú es una de sus hijas, Keiko Fujimori.

El período preelectoral ha estado marcado por diversas irregularidades. La descalificación por parte de la justicia peruana de dos relevantes candidatos presidenciales, Cesar Acuña y Julio Guzmán, ha distorsionado sustancialmente la carrera presidencial. Finalmente, los candidatos y partidos políticos con mayor relevancia han sido los siguientes:

• Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, que revitaliza la derecha fujimorista y reivindica los logros obtenidos durante el mandato de Alberto Fujimori y las bases económicas asentadas por aquel.
• Peruanos Por el Kambio, de Pedro Pablo Kuczynski, de centro derecha. Formación que mantiene su apoyo al modelo de democracia neoliberal y trata de dejar atrás el legado de Fujimori para que Perú consolide sus avances institucionales.
• Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, encabezado por Verónika Mendoza. Partido izquierdista que propugna la mejora de los derechos laborales, la protección de los pueblos indígenas, el reforzamiento del control sobre las operaciones mineras y la elaboración de una nueva Constitución para combatir la desigualdad.

            El resultado de las elecciones parlamentarias ha arrojado un resultado claramente favorable a Fujimori, lo que le permitirá controlar el Congreso; por su parte, en lo que respecta a la elección presidencial, la victoria de Keiko Fujimori, con un 39,80 % de apoyos, frente al 20,99 % de votos logrado por Pedro Pablo Kuczynski y el 18,84 % obtenido por Verónika Mendoza, resulta insuficiente para evitar una segunda ronda. En consecuencia, el próximo 5 de junio los dos candidatos con mayor número de votos, la hija del ex presidente Fujimori y el liberal Kuczynski, se enfrentarán de nuevo por la presidencia del país.  

Aunque el buen resultado obtenido por Keiko Fujimori en la 1ª vuelta parecería augurar ahora una contundente victoria, la contienda de junio se presume abierta habida cuenta que el fujimorismo provoca un efecto polarizador y maniqueo en la sociedad peruana, que puede volcar las encuestas y las tendencias de voto expresadas el 10 de abril. En Perú, la población o está a favor de la familia Fujimori y es ferviente partidario el ex mandatario y de su hija, o siente una profunda animadversión hacia ellos, de manera que sus detractores no dudarían en apoyar a otros partidos y candidatos –aún ideológicamente lejanos- con tal de evitar que un nuevo Fujimori alcance el poder. De este modo, el liberal Kuczynski mantiene intactas sus opciones de convertirse en el próximo presidente de la República, pues se espera que aglutine todo el voto del antifujimorismo.

Por lo tanto, todo está por decidir en el Perú. Los comicios del 5 de junio pueden evidenciar que el fujimorismo sigue conservando gran fuerza e influencia en el país o incluso que el número de electores nostálgicos se ha incrementado; o, por el contrario, pueden otorgar una victoria a Kuczynski, haciendo patente que el país andino quiere olvidar el legado del ex mandatario y seguir avanzando con nuevos mimbres en la política peruana a fin de consolidar el período de estabilidad democrática de que vienen gozando los ciudadanos de forma ininterrumpida desde 2001, por cierto, concretamente, desde el último intento de ruptura de la legalidad democrática que sufrió el país con el autogolpe de Estado fallido que ejecutó el propio ex presidente Alberto Fujimori.

En definitiva, queda por saber si, después del 5 de junio, la sombra de Alberto Fujimori en Perú seguirá siendo alargada…

 

 

 

(*) Víctor C. Pascual es profesor Asociado Derecho Internacional Público UCM

@victorcpascual

 

Sobre la meta del déficit español. Dos miradas

STUART MEDINA MILTIMORE Y CARLES MANERA (*)

 

El ministro de Hacienda y Administraciones públicas en funciones, Cristóbal Montoro.

 

¿Por qué se empeñan en vaciarnos los bolsillos?

Por: Stuart Medina Miltimore

España no ha cumplido el objetivo de déficit en 2015. Esta frase no debería tener ninguna connotación positiva o negativa. El hecho de que un estado tenga un superávit o un déficit es una mera cuestión contable. Es una magnitud que recoge la diferencia entre lo que ha inyectado el estado en el sector privado vía gastos y ha retirado vía impuestos.

Fíjense en el siguiente gráfico que refleja el saldo de las cuentas públicas en porcentaje del PIB y el crecimiento interanual de esta magnitud macroeconómica para los Estados Unidos de América. Observarán que prácticamente todos los años EEUU ha incurrido en un déficit fiscal. Al lector observador quizás le llame la atención que, cada vez que el gobierno estadounidense ha conseguido un superávit, le acompañó una caída del crecimiento del PIB. No es una coincidencia y explicaré por qué más adelante. Gráficos parecidos podríamos hacer para todos los países.

«Pero», dirá el lector, «si un estado mantiene un déficit perpetuo, se acumulará una deuda insostenible.» Esta es una creencia generalizada pero es falsa; se deriva de una analogía falaz con la restricción presupuestaria a la que están sometidos los hogares o las empresas. Un gobierno emisor de moneda no tiene restricciones financieras, o dicho de otro modo, no necesita recaudar impuestos antes de gastar. La explicación reside en que el gobierno es emisor de moneda y puede crearla ex nihilo sin coste alguno. Nunca se te puede acabar algo de lo que eres creador. Por tanto un gobierno puede mantener un déficit permanente sin quebrar ya que siempre podrá pagar su deuda. Esto no quiere decir que el estado no debe recaudar impuestos. Éstos son un instrumento de política económica fundamental para evitar procesos inflacionistas, apartar producción real para los fines públicos y redistribuir las rentas.

Pese a que los medios han expresado alarma por el incumplimiento del objetivo de déficit lo cierto es que fue positivo porque, no por casualidad, nuestro PIB en volumen creció el año pasado a una tasa interanual del 3,3%. Como dice el economista australiano Bill Mitchell, que visita España en mayo para presentar su nuevo libro, La Distopía del Euro, España demuestra cómo funciona la política fiscal anticíclica responsable [1]. Quizás habría que estar agradecido, ya sea a las autonomías, como asegura Montoro, ya al propio ministro, por la desviación. ¿Sabía que no ibamos a cumplir pero prefirió evitar la presión de una Bruselas dogmáticamente obsesionada con el cumplimiento de un objetivo de déficit del 3%? Digo dogma porque ese límite es arbitrario y carece de base científica aunque los políticos del PP dicen compartirlo.

Lo grave del incumplimiento del objetivo sería que, si el gobierno español se aviene a las renovadas exigencias de Bruselas para acercarse al objetivo del 3%, tendrá que recortar el déficit público en 20 mil millones de euros (el equivalente al 2% del PIB). Pero ¿por qué tiene que cumplir este objetivo? ¿No habíamos quedado en que un gobierno no está sometido a restricciones presupuestarias? Sí, pero esa ventaja solo la disfrutan aquellos estados que tienen soberanía monetaria y España renunció a ella al ingresar en el euro. Sin su propia moneda, el estado español no es muy distinto de una provincia, una diputación provincial o una colonia: tiene que conseguir euros primero para poder gastar.

Dado que los políticos españoles no parecen partidarios de recuperar la soberanía monetaria, los administradores de nuestro gobierno central tendrán que conseguir el dinero de los bolsillos de los ciudadanos. Alternativamente podrían conseguir el apoyo del BCE para que las emisiones de deuda del estado no se vean sometidas a los caprichos del mercado, pero sabemos que éste está condicionado al cumplimiento de unos objetivos de austeridad o a programas como el QE de duración limitada lo cual no cambia mucho las cosas.

Pero el recorte de gastos no es una buena idea y la explicación reside en lo que llamamos la identidad de los balances sectoriales. La economía nacional se puede desagregar por sectores institucionales (empresas, instituciones financieras, hogares, administraciones públicas y resto del mundo) para analizarla en detalle. Contemplen ahora el siguiente gráfico que refleja la capacidad (cifra positiva) o necesidad de financiación (cifra negativa) de cada sector institucional de la economía y comprobarán que es perfectamente simétrico. No es una casualidad; la simetría se deriva del hecho de que el endeudamiento de uno es forzosamente el ahorro de otro. Es decir, si el gobierno pretende reducir su déficit y su endeudamiento, el sector privado verá cómo merman sus ahorros.

Esta relación explica por qué el nuevo gobierno puede tratar de comprometerse con un objetivo de déficit y sin embargo fracasar en el intento. El problema de la senda de reducción de déficit es que es un objetivo móvil. A veces, cuanto más recortas, más te alejas del objetivo. La razón es que la gente tiene la dichosa manía de acaparar dinero (algunos lo consideran una actividad virtuosa y lo llaman ahorro). Si el estado quiere reducir su déficit tocando el bolsillo de los ciudadanos estos pueden decidir recortar sus gastos para seguir alcanzando sus objetivos de acaparamiento (ahorro). Menos gasto agregado es igual a menos ingreso agregado, o sea, menos PIB, el denominador en el coeficiente utilizado para medir el objetivo de déficit.

Desde que Keynes y Kalecki lo explicaron, allá por los años 30, sabemos que, en una recesión causada por el colapso del gasto del sector privado, la respuesta es aumentar el gasto y reducir los ingresos del sector público para que el estado ocupe la parte de la demanda evacuada por hogares y empresas. A veces, para recuperar la economía basta con dejar actuar a los llamados estabilizadores automáticos —el gasto aumenta, por ejemplo, las ayudas al desempleo, y la recaudación tributaria cae cuando flojea la actividad económica—. Sin embargo, en una depresión tan profunda que ha dejado un legado de desempleo tan elevado es posible que los estabilizadores automáticos sean insuficientes y, en ese caso, convendría que el estado aumentara el gasto de forma discrecional. Paradójicamente un déficit público puede indicar un posicionamiento fiscal contractivo y procíclico, es decir, que actúa profundizando la depresión.

Si creemos la previsión de crecimiento más recientemente publicada por el Banco de España, 2,7% para 2016, podemos afirmar que continuar en esa senda de reducción de déficit solo puede resultar en una caída del crecimiento hasta cifras inferiores al 1% deteniéndose abruptamente nuestra recuperación económica.

Por tanto, no se trata de negociar una senda de reducción sino de anunciar que lo aumentaremos. La mejor salida a una gran depresión de la escala que vive España puede ser llenar los bolsillos de los ciudadanos con los ingresos generados mediante programas que movilicen los recursos reales actualmente ociosos y que el sector privado renuncia a emplear. Dicho en otras palabras: aumentando el déficit y dejándolo volar hasta conseguir nuestros objetivos de pleno empleo. El reto está en exigir a nuestros socios europeos el apoyo del Banco Central Europeo para las emisiones de deuda del estado español.

 

[1] Bill Mitchell. Spanish government discretionary fiscal deficit rises and real GDP growth returns. Abril de 2016. http://bilbo.economicoutlook.net/blog/?p=33329

 

Las excusas de Montoro ante el déficit

Por: Carles Manera

Una vez más, Cristóbal Montoro amenaza a las comunidades autónomas. El incumplimiento del déficit público, 5,2% sobre PIB en vez del 4,2%, que era el previsto, ha encendido de nuevo las alarmas en un Ministerio que ya sabía el desenlace final, aunque lo ha silenciado hasta hoy mismo. Esto fue advertido desde Bruselas, tanto en informes como en declaraciones de altos cargos, y por la propia AIREF (autoridad fiscal independiente) que, de facto, clavó el dato hace ya algunas semanas, de forma que el aviso estaba dado desde instancias distintas, tanto a Montoro como a De Guindos. Ambos, negaron en su momento esas evidencias, y siguieron confiando en la teología económica, en la fe: se cumpliría, decían, como siempre se había hecho. Falso. En claro: el gobierno no ha controlado las cuentas públicas, ni ha hecho frente a la emergencia laboral y social del país, dos factores sobre los que Rajoy ha insistido como prioritarios en su política económica. Un fracaso en toda regla de las recetas aplicadas, que han supuesto incumplimientos reiterados y tangibles en los ejercicios 2012-2015. Tozudas cifras para desarmar a un gobierno demasiado noqueado por las circunstancias.

En ese contexto, el PP ha prometido rebajas impositivas, que han supuesto una reducción de ingresos del orden de 6.000 millones de euros en 2015. Este dato no ha penalizado a la Administración Central, cuyo déficit se sitúa en -2,68 (frente a una previsión de -2,9), toda vez que los costes financieros han sido inferiores a los que se pensaban. La explicación es lógica si se observan las adjudicaciones en el reparto del déficit: el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) decidió, aunque con la disconformidad de algunas comunidades autónomas, que el objetivo para la Administración Central sería del -2,9, mientras el asignado a las regiones se situaría en -0,7. Este último dato ya fue cuestionado por AIREF, que apuntaba que ese guarismo se colocaría entorno al 1,6, más del doble de lo acordado en el CPFF. Recuérdese que el grueso del gasto social público está en manos de las comunidades autónomas: un tercio, exactamente. Una repartición más razonable hubiera concretado el déficit permitido a estas comunidades en una cifra más acorde con sus compromisos inelásticos de gasto, es decir, ese tercio real, o sea, un 1,4 sobre 4,2, que era el objetivo determinado por Bruselas.

Pero no: Montoro se salió con la suya, y ahora vuelve con sus soflamas contra las cuentas de las regiones, acusándolas una vez más de despilfarradoras y realizando la lectura política correspondiente. Es decir: los nuevos gobiernos autonómicos son responsables de las desviaciones conocidas y, sostiene Montoro, cada anuncio que realizan supone un incremento del gasto en lugar de un recorte real de las partidas.

El nuevo gobierno central, sea el que sea, deberá atajar este serio problema. Y una de las bases centrales de la solución no va a poder ser relajar la política fiscal hasta extremos que supongan pérdidas cruciales de ingresos, en el escenario de problemática social y laboral que vivimos, tal y como ha sugerido el PP –y también Ciudadanos–. Otro dato más, preocupante: la bajada de impuestos de 2015 va a afectar al vigente modelo de financiación cuando se liquide, dos años más tarde. Entonces, en 2017, auguro más problemas de encaje de las cifras regionales, toda vez que los ingresos por IRPF serán menores, a tenor de los datos conocidos hasta ahora.

 

(*) Stuart Medina Miltimore es economista y Carles Manera, Catedrático de Historia e Instituciones económicas en la Universidad de Illes Balears.

Los culpables del déficit

SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE (*)

 

 

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro

Acabamos de conocer los últimos datos: España ha incumplido en 2015 el objetivo de déficit de forma espectacular, superando todas las expectativas y alcanzando (por ahora) el 5,16% del PIB frente al objetivo del 4,2. El ajuste necesario para cumplir en 2016 (objetivo del 2,8%) implicaría un recorte de más de 24.000 millones, con un gobierno en funciones y escasos meses para realizarlo. Y ya ha comenzado la búsqueda de culpables: las manirrotas CCAA (que a su vez responden acusando al sistema de financiación autonómico) y la insostenible Seguridad Social. En frente, una Administración Central campeona de la estabilidad.

Pero, ¿respaldan las cifras estas afirmaciones? En un reciente documento de la Fundación Alternativas (“¿Quién tiene la culpa del déficit?”) se analizan estos datos en un contexto temporal más amplio, examinando el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de estabilidad, comparando nuestras cifras globales con los de la Unión Europea, desagregando el comportamiento de los diferentes niveles del Sector Público y valorando el respaldo real de la asignación de responsabilidades que normalmente domina el debate público. En este artículo resumimos las principales conclusiones.

En primer lugar, la labor del Gobierno durante la última legislatura no puede considerarse sobresaliente en la lucha contra el déficit. Los objetivos de déficit se han incumplido en todos los ejercicios, por escaso margen en los dos años intermedios, por bastante en el primero y de forma escandalosa en el cuarto (0,4; 0,1; 0,1 y 1 puntos, respectivamente). Además, esta evaluación es incompleta si no se tiene en cuenta que se han modificado los objetivos dos veces partiendo del escenario previo vigente desde 2009: primero en julio de 2012 y luego en mayo de 2013. Con esta consideración, si bien es cierto que la desviación en 2011 fue muy elevada, 3 puntos del PIB, se observa que, sin las sucesivas suavizaciones, en 2012 el agujero hubiese sido de 2,3 puntos (respecto al escenario vigente a principios de año, el de 2009), en 2013 de 2,1 puntos, en 2014 de 3,1 y en 2015 de 3,3 puntos del PIB (en estos casos respecto al escenario ya suavizado de 2012).

Extendiendo el ámbito temporal de análisis a los últimos veinte años, se constata que nuestro comportamiento fue modélico, en términos relativos, hasta el comienzo de la crisis, con un pronunciado ajuste que llevó incluso a registrar superávits entre los años 2005 y 2007 (paralelamente, nuestra deuda se redujo casi a la mitad, desde el 61,7% del PIB en 1995 hasta el 35,5% en 2007, cuando la media europea era cercana al 60%). Todo esto quedó desbaratado por la fragilidad de las bases sobre las que se asentaba nuestro crecimiento, desembocando en uno de los mayores déficits de nuestro entorno y una deuda cercana al 100% de nuestro PIB (frente a una media del 86,8% en 2014).

Al mismo tiempo, en cuanto a la dimensión global de nuestro Sector Público, se constata que en este periodo tanto los gastos como los ingresos públicos en España se sitúan muy por debajo de la media de la UE: 5,6 puntos del PIB de media en el caso de los gastos y 6,2 en el de los ingresos. Nuestro sector público es reducido dentro de la escala europea, particularmente en el caso de la recaudación -baja, inestable y sensible a la crisis económica, registrando la segunda mayor caída de los ingresos a consecuencia de la misma, únicamente superados por Bulgaria-. Resultados que no se explican por el nivel de nuestra riqueza relativa el cual se ha situado por encima de la media europea en doce de los veinte años.

¿Cómo se han comportado las distintas administraciones? La Administración Central es la que partía con un mayor nivel de déficit, superior al 7%, y la que mayor esfuerzo de consolidación realizó hasta el comienzo de la crisis, llegando a registrar superávits entre 2005 y 2007. En ese mismo periodo (1995-2007), las administraciones locales se mantuvieron en práctica estabilidad presupuestaria en todos los años, mientras las regionales, inmersas en un intenso proceso de descentralización de las competencias (que elevó en 7 puntos del PIB –un 70% - sus responsabilidades de gasto, aumento paralelo a la disminución del gasto de la administración central en esa misma cuantía) tuvieron una promedio de déficit muy reducido, del 0,37% del PIB. Por su parte, la Seguridad Social registro en media un superávit anual del 0,41% del PIB, sin incurrir en déficit en 9 de los 13 años. Hasta ese momento, impulsados por un crecimiento que se demostraría insostenible, nada indicaba un descontrol en la gestión inmediata –a corto plazo- de las cuentas públicas. Ni duplicidades escandalosas derivadas de la descentralización, ni insostenibilidad inmediata de nuestro sistema de seguridad social. Tampoco, desde el punto de vista de las quejas de las CC.AA., puede observarse una infrafinanciación o desequilibrio vertical obvio.

Todo esto cambia (para todos) de forma radical con la llegada de la crisis. Entre 2007 y 2009 los ingresos totales se desploman, perdiéndose 6,1 puntos del PIB. En estos dos primeros años de la crisis es la Administración Central la que asume todo el coste, mientras que las CC.AA. y Entidades Locales dispusieron de dos años más antes de enfrentar toda la crudeza de la crisis debido a que gran parte de sus ingresos se fijan anticipadamente con entregas a cuenta basadas en las previsiones de ingresos –terriblemente erróneas en estos años -. En abril de 2009, el contexto internacional y el déficit acumulado en tan sólo dos años crean un escenario de grave riesgo y el Consejo Europeo decide abrir un Procedimiento de Déficit Excesivo a España inaugurando la etapa de recortes y aumentos de impuestos. Las CC.AA. ven como se desploman sus ingresos al acabarse el escudo artificial respecto a los efectos de la crisis provocado por las entregas a cuenta y, a la vez, se ven obligadas a realizar el ajuste más importante del gasto público: del 16,5 al 14,5% del PIB entre 2009 y 2015. En estos mismos años, la Administración Central no recorta el volumen de gasto, que se mantiene –consolidando transferencias entre administraciones- en el 10% del PIB, teniendo que hacer frente a una creciente carga de la deuda pública, y recupera ingresos con sucesivas subidas de impuestos. La Seguridad Social afronta también gastos crecientes, en especial debido al rápido incremento del desempleo, entrando por primera vez en déficit tras una década de superávits. Todo ello hasta llegar al año 2015 y las sucesivas elecciones, cuyas consecuencias ya hemos visto: una desviación de más de 10.000 millones.

Visto lo anterior, ¿por qué es tan común culpar a las CC.AA. de los desequilibrios presupuestarios? Gran parte de la explicación se encontraría en factores no estrictamente económicos, una aversión a la descentralización por parte de los sectores más centralistas y la respuesta enconada de los adversarios más extremos, que desemboca en la búsqueda continua de la culpabilización fácil antes que el entendimiento y la colaboración. Pero, además, hay otro factor que contribuye al resultado. La determinación del reparto de los objetivos de gasto se realiza de forma prácticamente unilateral por la Administración Central, favoreciendo así que dichos objetivos ya prefiguren el resultado, atribuyendo las desviaciones –y las culpas- a otras administraciones. En todos los años de la última legislatura, la Administración Central ha sido la que ha disfrutado de un objetivo de déficit más elevado, además de forma creciente, desde el 55% hasta el 69% de la cifra global, mientras que su participación en el gasto es, de forma estable, del entorno del 23%. En sentido contrario, las CC.AA. han ido viendo reducida su participación en los objetivos de déficit, desde el 23,8% hasta el 16,7%, pese a ser responsables de un tercio del total del gasto. De forma global en todo el periodo el ajuste más importante, de 0,8 puntos, se exige a las CC.AA. De igual manera, los objetivos para la Seguridad Social han sido de forma continua fijados muy por debajo de su capacidad para afrontarlos en esta época de crisis. Con esta sencilla operación ya se cuenta con dos culpables a priori para posibles desviaciones: Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Todo ello frente a una Administración Central, falsa campeona de la estabilidad.

En definitiva, frente a muchas interpretaciones de los datos interesadas y discutibles, unas pocas conclusiones que, en mi opinión, deberían guiar el planteamiento de las futuras políticas públicas: las bases de nuestra economía son muy débiles y son las que explican nuestra crisis; los niveles de gasto y, sobre todo, de ingresos públicos nos alejan de los países europeos más desarrollados; y, por último, la concienciación respecto a los fundamentos necesarios para un buen funcionamiento de un sistema descentralizado es escasa y ha desembocado en interpretaciones sesgadas de la realidad que en ningún caso van a ser útiles para resolver nuestros problemas.

 

Santiago Díaz de Sarralde es profesor de Economía Aplicada de la URJC y coordinador de Economía en OPEX-Fundación Alternativas.

Obstáculos para un gobierno de gran coalición en España: dificultades constitucionales y diferencias ideológicas

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Rajoy y Sánchez, durante un encuentro en el palacio de la Moncloa

 

Tras las elecciones del 20 de diciembre pasado, por primera vez en España, ningún partido ha obtenido mayoría suficiente para gobernar España en solitario. A la vista de tales resultados, desde el primer momento el PP lanzó la idea de un acuerdo entre los dos partidos políticos que habían obtenido más votos y diputados, populares y socialistas, argumentando que es la única suma suficiente y que, además, este tipo de coaliciones es práctica habitual en muchos Estados de la Unión Europea.

Sin embargo, tampoco ha precisado si propone un pacto parlamentario o la conformación de un gobierno de coalición, a la vez que planea la idea de una mera adhesión del PSOE a su programa de gobierno. Desde entonces, tampoco se han oído mayores precisiones que lleven a una futura comparación de programas y propuestas para identificar puntos de coincidencia o similitud. Existen, sin embargo, serios obstáculos para encontrar una respuesta compartida que van más allá de los resultados que han provocado la fragmentación de la cámara, y que incluyen circunstancias objetivas que dificultan aún más el gobierno de gran coalición en España.

Existen dificultades de orden constitucional. La Constitución española de 1978 primó la estabilidad y optó por una presidencia del Gobierno fuerte. El presidente es elegido por el Congreso tras un debate planteado en torno al programa por él presentado y es él quien posterior y libremente designa a los ministros. La moción de censura se fundamenta en proponer un candidato alternativo y la cuestión de confianza también es presentada y defendida por el presidente en solitario. La responsabilidad de disolución de las Cortes Generales también corresponde en exclusiva al presidente. En este marco, los ministros aparecen más como subordinados que cómo colaboradores, por lo que el trato paritario que requieren las coaliciones de gobierno resulta prácticamente imposible en un sistema de rasgos tan presidencialistas. Esto supone que en el sistema español el presidente actúa como centro del sistema político, una condición que no ha sido nunca compartida; y que quizás no pueda serlo con los mecanismos constitucionales actuales.

La práctica de la vida política desde 1978 ha consolidado la apuesta constitucional. El presidente del Gobierno también es el líder del partido más votado. Además de elegir a los ministros, también participa en la elección de los diputados, al menos de forma indirecta, pues no se concibe que las listas de candidatos no cuenten con su conformidad y supervisión directa. El presidente también interviene en la elección de los candidatos de su partido a las presidencias autonómicas y a las alcaldías de las principales ciudades. Cuando es necesario, interviene más o menos directamente en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, de los responsables de las principales empresas públicas, o incluso en la elección del presidente de RTVE.

La preeminencia política del presidente se traslada en el funcionamiento administrativo a la vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular dirige la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de modo que mediante este instrumento garantiza la coordinación de la acción gubernamental actuando como filtro de los temas que serán tratados por el Consejo. Puesto que mediante esta función el vicepresidente actúa como ejecutor y supervisor del plan político del presidente, se adivinan dificultades extraordinarias para que el vicepresidente del Gobierno sea propuesto por un partido político diferente al del presidente.

Mientras tanto, la opinión pública no parece inquieta ante esta acumulación de poder. Más bien al contrario, valora positivamente la autoridad en el mando y la coherencia en la dirección. Incluso parece aceptar la pervivencia en el sistema democrático de algunos rasgos de uso autoritario del poder, algo bien conocido en la historia del país. Una cuestión que curiosamente no ha sido incorporada hasta el momento a la agenda de propuestas de regeneración democrática, tan en boga últimamente.

Además, existen diferencias ideológicas más profundas que dificultan en España la gran coalición. Estas diferencias se visualizan especialmente desde 2004 con motivo de los sucesivos cambios de gobierno, de modo que se ha asumido que cada Gobierno impulse unas medidas dirigidas, entre otras, a neutralizar las medidas de mayor significado ideológico tomadas por el anterior Gobierno. A veces, incluso podría pensarse que el programa político del Gobierno es en muchos aspectos el negativo de las prioridades del Gobierno saliente. Una memoria histórica aún viva y el recuerdo de violentos enfrentamientos en el pasado acrecientan esta oposición y refuerzan una visión excluyente en la que el acuerdo y el pacto se ven como algo excepcional.

Pues bien, ¿cuáles son estas diferencias ideológicas fundamentales que dificultan ahora el pacto?.

Los trece recursos de inconstitucionalidad presentados primero por el PP y, el mismo número, luego por el PSOE durante las dos últimas Legislaturas resultan clarificadores de unas diferencias entre partidos que se erigen en serios obstáculos para hacer viable un gobierno de coalición. Entre ellas cabe señalar:

• Una diferente concepción de la relación entre el poder político y los ciudadanos, según se atienda más o menos a valores relacionados con la autoridad y el orden. Se ejemplifica en los recursos interpuestos por el PSOE contra la reforma de la jurisdicción universal, la ley de protección de la seguridad ciudadana; o el Código Penal; así como en otras medidas, como el esfuerzo por vincular la reforma educativa con el esfuerzo personal, el cambio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para hacer efectivo el cumplimiento de sus sentencias o la modificación del sistema de elección del presidente de RTVE, que ya no requiere ser elegido por consenso. Todas ellas son decisiones que esconden diferentes concepciones de las atribuciones del poder y que pueden ser las más difíciles de asumir por la socialdemocracia.

• Se aprecian profundas divergencias en la lectura del título VIII de la Constitución y en la concepción de la España autonómica, así como en sus perspectivas de futuro. Aparentemente el PP defiende el mantenimiento del actual sistema, sin ninguna propuesta nueva, mientras que el PSOE ofrece un proyecto de reforma para conseguir la mejor integración de Cataluña en una España federal. Pero en el fondo, las diferencias son aún más profundas por lo incómodo que casi siempre ha sido el sistema autonómico para el PP, agravado en los últimos años por el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña de 2006. Desde 2012 se ha desarrollado un discurso que denuncia los “excesos” y aboga por “embridar a las Comunidades Autónomas”, una propuesta novedosa y que despertó la alarma de las Comunidades con una identidad propia más clara. La recuperación del recurso previo contra los Estatutos de Autonomía, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para reducir el papel institucional de las Cortes, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la minuciosidad de su desarrollo reglamentario, o la reforma de la Administración local, recurrida por el PSOE, ponen de relieve posiciones difíciles de conciliar en este ámbito.

• Existe una diferente visión de la incorporación de la moral católica a las decisiones políticas, según se conciba el hecho religioso como una opción específica del individuo o se resalte el componente moral o el carácter mayoritario del Catolicismo en España. En esta línea hay que recordar que el PP recurrió la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, mediante el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

• Hay una evidente conformidad entre los dos principales partidos con respecto a la estabilidad presupuestaria, básicamente por tratarse de obligaciones derivadas de compromisos comunitarios y por lo tanto ineludibles, pero este apoyo es matizado entre posiciones más o menos convencidas y solícitas a las peticiones de la Unión Europea, de los demás organismos económicos internacionales y de los propios operadores económicos. La discrepancia de ideas que subyace es la extensión de los servicios públicos, su forma de financiación, los criterios para priorizar el gasto público y la distribución de los recursos financieros con las Comunidades Autónomas, que gestionan los servicios esenciales y de proximidad.

• Observamos una diferente visión del papel del Estado en la economía. La tesis liberal da por obvia la mayor eficiencia de la gestión privada sobre la pública, por lo que considera que la política económica debe ser puesta al servicio de la empresa. En este apartado encontramos todas las medidas tendentes a favorecer la desregulación y eliminación de lo que se consideran “trabas administrativas”, pero también decisiones más específicas, como la finalización de la reforma del sistema financiero y la consiguiente concentración empresarial, la reforma laboral y la consiguiente devaluación salarial, las medidas de apoyo al emprendedor, las medidas para fomentar la libertad horaria del comercio, la privatización parcial de AENA, la regularización de deudas tributarias, el nuevo marco de la legislación de costas, las nuevas forma de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual, etc.

• Se constata una diferente consideración de los servicios públicos de uso más frecuente, como la educación, la sanidad, la dependencia, el cuidado del medio ambiente o la protección de los consumidores. Esto ha llevado a la adopción de sendos Reales Decretos-ley, referentes a la reducción del gasto educativo y sanitario, que abogan por un control del gasto social, considerado insostenible, y que indirectamente lleva a la inclusión de estos servicios en el paquete de los que pueden ser prestados en condiciones de mercado y en situación de competencia, lo que implica justificar su privatización.

• En el ámbito de la cultura, no puede obviarse la especial desconfianza del PP ante la pluralidad cultural que aportan las Comunidades Autónomas y el plurilingüismo en España. Estas discrepancias se han apreciado en la última Legislatura con especial intensidad con motivo del debate sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recurrida por el PSOE.

En resumen, hemos intentado ordenar algunas ideas sobre por qué es tan complejo y,quizás, imposible una gran coalición en la España actual. Por un lado, late la diferente ideología y la distinta concepción del papel del Estado. Por otro lado, la conflictividad planteada por ambos partidos ante el Tribunal Constitucional en los últimos años requeriría alcanzar acuerdos coherentes sobre muchas de las cuestiones apuntadas, pues de otra manera el Gobierno de coalición nacería maniatado al no poder legislar sobre estas materias. Esto requeriría una adaptación del punto de partida de los dos principales partidos y la renuncia a muchos de sus postulados tradicionales.

 

(*)José María Pérez Medina es politólogo e historiador 

Seguridad en los grandes eventos musicales: La necesidad de una legislación ad hoc

PATRICIA GABEIRAS (*)

 

Imagen del desalojo del Madrid Arena

 

La organización por parte de una promotora privada de un macrofestival de música en un recinto de titularidad pública, cuyo aforo actual llega difícilmente a un tercio del anunciado por la empresa, ha hecho saltar las alarmas y ha reabierto el debate sobre el procedimiento a seguir para el control del cumplimiento de la normativa de seguridad en los recintos titularidad del Ayuntamiento de Madrid.

Si hacemos un ejercicio de memoria sobre el origen de un gran número de normas en materia de seguridad vemos que éstas han sido habitualmente la respuesta del legislador a grandes desastres, en un intento de evitar la repetición de accidentes. La norma muchas veces llegaba tarde, pero al menos llegaba.

Sin embargo, esta dinámica de actuar ex eventu, después de producirse el desastre, parece que se rompió tras la desgracia que se produjo en el Madrid Arena.

El Ayuntamiento de Madrid, como reacción normativa a la tragedia que sucedió en lo que iba a ser la fiesta de Halloween de 2012, tuvo la desfachatez de relajar el procedimiento de control del cumplimiento de la normativa de seguridad en los recintos de titularidad pública municipal hasta el punto de no exigir licencia alguna de actividad, ni para los eventos producidos por el Consistorio, ni para los realizados por los promotores privados en espacios de titularidad municipal.

De este modo, y a través de una simple Ordenanza (la Ordenanza para la apertura de actividades económicas en la ciudad de Madrid, de 28 de febrero de 2014, que vulnera de manera palmaria la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid) la Excma. Sra. Botella, por entonces Alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, trató de legalizar ex post el hecho de que el Madrid Arena no contase con la correspondiente licencia de actividad.

Si bien la permisividad que contempla esta Ordenanza puede todavía resultarle cómoda a algunos (puesto que la ausencia de un procedimiento reglado a cumplir permite una mayor “flexibilidad” del procedimiento de autorización del evento) los propios promotores, los técnicos municipales y la sociedad civil deberían alzar la voz contra este tipo de normas claramente inconstitucionales que ponen en peligro la seguridad jurídica y que, más allá de ser éticamente reprobables, son auténticos fraudes legislativos que persiguen intereses contrarios a su finalidad; en este caso la celebración de eventos en unas condiciones de seguridad jurídica y técnica que garanticen a su vez la seguridad de la ciudadanía a la que se invita a participar.

 

(*) Patricia Gabeiras es doctora en Derecho de la Cultura