Los culpables del déficit

SANTIAGO DÍAZ DE SARRALDE (*)

 

 

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro

Acabamos de conocer los últimos datos: España ha incumplido en 2015 el objetivo de déficit de forma espectacular, superando todas las expectativas y alcanzando (por ahora) el 5,16% del PIB frente al objetivo del 4,2. El ajuste necesario para cumplir en 2016 (objetivo del 2,8%) implicaría un recorte de más de 24.000 millones, con un gobierno en funciones y escasos meses para realizarlo. Y ya ha comenzado la búsqueda de culpables: las manirrotas CCAA (que a su vez responden acusando al sistema de financiación autonómico) y la insostenible Seguridad Social. En frente, una Administración Central campeona de la estabilidad.

Pero, ¿respaldan las cifras estas afirmaciones? En un reciente documento de la Fundación Alternativas (“¿Quién tiene la culpa del déficit?”) se analizan estos datos en un contexto temporal más amplio, examinando el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de estabilidad, comparando nuestras cifras globales con los de la Unión Europea, desagregando el comportamiento de los diferentes niveles del Sector Público y valorando el respaldo real de la asignación de responsabilidades que normalmente domina el debate público. En este artículo resumimos las principales conclusiones.

En primer lugar, la labor del Gobierno durante la última legislatura no puede considerarse sobresaliente en la lucha contra el déficit. Los objetivos de déficit se han incumplido en todos los ejercicios, por escaso margen en los dos años intermedios, por bastante en el primero y de forma escandalosa en el cuarto (0,4; 0,1; 0,1 y 1 puntos, respectivamente). Además, esta evaluación es incompleta si no se tiene en cuenta que se han modificado los objetivos dos veces partiendo del escenario previo vigente desde 2009: primero en julio de 2012 y luego en mayo de 2013. Con esta consideración, si bien es cierto que la desviación en 2011 fue muy elevada, 3 puntos del PIB, se observa que, sin las sucesivas suavizaciones, en 2012 el agujero hubiese sido de 2,3 puntos (respecto al escenario vigente a principios de año, el de 2009), en 2013 de 2,1 puntos, en 2014 de 3,1 y en 2015 de 3,3 puntos del PIB (en estos casos respecto al escenario ya suavizado de 2012).

Extendiendo el ámbito temporal de análisis a los últimos veinte años, se constata que nuestro comportamiento fue modélico, en términos relativos, hasta el comienzo de la crisis, con un pronunciado ajuste que llevó incluso a registrar superávits entre los años 2005 y 2007 (paralelamente, nuestra deuda se redujo casi a la mitad, desde el 61,7% del PIB en 1995 hasta el 35,5% en 2007, cuando la media europea era cercana al 60%). Todo esto quedó desbaratado por la fragilidad de las bases sobre las que se asentaba nuestro crecimiento, desembocando en uno de los mayores déficits de nuestro entorno y una deuda cercana al 100% de nuestro PIB (frente a una media del 86,8% en 2014).

Al mismo tiempo, en cuanto a la dimensión global de nuestro Sector Público, se constata que en este periodo tanto los gastos como los ingresos públicos en España se sitúan muy por debajo de la media de la UE: 5,6 puntos del PIB de media en el caso de los gastos y 6,2 en el de los ingresos. Nuestro sector público es reducido dentro de la escala europea, particularmente en el caso de la recaudación -baja, inestable y sensible a la crisis económica, registrando la segunda mayor caída de los ingresos a consecuencia de la misma, únicamente superados por Bulgaria-. Resultados que no se explican por el nivel de nuestra riqueza relativa el cual se ha situado por encima de la media europea en doce de los veinte años.

¿Cómo se han comportado las distintas administraciones? La Administración Central es la que partía con un mayor nivel de déficit, superior al 7%, y la que mayor esfuerzo de consolidación realizó hasta el comienzo de la crisis, llegando a registrar superávits entre 2005 y 2007. En ese mismo periodo (1995-2007), las administraciones locales se mantuvieron en práctica estabilidad presupuestaria en todos los años, mientras las regionales, inmersas en un intenso proceso de descentralización de las competencias (que elevó en 7 puntos del PIB –un 70% - sus responsabilidades de gasto, aumento paralelo a la disminución del gasto de la administración central en esa misma cuantía) tuvieron una promedio de déficit muy reducido, del 0,37% del PIB. Por su parte, la Seguridad Social registro en media un superávit anual del 0,41% del PIB, sin incurrir en déficit en 9 de los 13 años. Hasta ese momento, impulsados por un crecimiento que se demostraría insostenible, nada indicaba un descontrol en la gestión inmediata –a corto plazo- de las cuentas públicas. Ni duplicidades escandalosas derivadas de la descentralización, ni insostenibilidad inmediata de nuestro sistema de seguridad social. Tampoco, desde el punto de vista de las quejas de las CC.AA., puede observarse una infrafinanciación o desequilibrio vertical obvio.

Todo esto cambia (para todos) de forma radical con la llegada de la crisis. Entre 2007 y 2009 los ingresos totales se desploman, perdiéndose 6,1 puntos del PIB. En estos dos primeros años de la crisis es la Administración Central la que asume todo el coste, mientras que las CC.AA. y Entidades Locales dispusieron de dos años más antes de enfrentar toda la crudeza de la crisis debido a que gran parte de sus ingresos se fijan anticipadamente con entregas a cuenta basadas en las previsiones de ingresos –terriblemente erróneas en estos años -. En abril de 2009, el contexto internacional y el déficit acumulado en tan sólo dos años crean un escenario de grave riesgo y el Consejo Europeo decide abrir un Procedimiento de Déficit Excesivo a España inaugurando la etapa de recortes y aumentos de impuestos. Las CC.AA. ven como se desploman sus ingresos al acabarse el escudo artificial respecto a los efectos de la crisis provocado por las entregas a cuenta y, a la vez, se ven obligadas a realizar el ajuste más importante del gasto público: del 16,5 al 14,5% del PIB entre 2009 y 2015. En estos mismos años, la Administración Central no recorta el volumen de gasto, que se mantiene –consolidando transferencias entre administraciones- en el 10% del PIB, teniendo que hacer frente a una creciente carga de la deuda pública, y recupera ingresos con sucesivas subidas de impuestos. La Seguridad Social afronta también gastos crecientes, en especial debido al rápido incremento del desempleo, entrando por primera vez en déficit tras una década de superávits. Todo ello hasta llegar al año 2015 y las sucesivas elecciones, cuyas consecuencias ya hemos visto: una desviación de más de 10.000 millones.

Visto lo anterior, ¿por qué es tan común culpar a las CC.AA. de los desequilibrios presupuestarios? Gran parte de la explicación se encontraría en factores no estrictamente económicos, una aversión a la descentralización por parte de los sectores más centralistas y la respuesta enconada de los adversarios más extremos, que desemboca en la búsqueda continua de la culpabilización fácil antes que el entendimiento y la colaboración. Pero, además, hay otro factor que contribuye al resultado. La determinación del reparto de los objetivos de gasto se realiza de forma prácticamente unilateral por la Administración Central, favoreciendo así que dichos objetivos ya prefiguren el resultado, atribuyendo las desviaciones –y las culpas- a otras administraciones. En todos los años de la última legislatura, la Administración Central ha sido la que ha disfrutado de un objetivo de déficit más elevado, además de forma creciente, desde el 55% hasta el 69% de la cifra global, mientras que su participación en el gasto es, de forma estable, del entorno del 23%. En sentido contrario, las CC.AA. han ido viendo reducida su participación en los objetivos de déficit, desde el 23,8% hasta el 16,7%, pese a ser responsables de un tercio del total del gasto. De forma global en todo el periodo el ajuste más importante, de 0,8 puntos, se exige a las CC.AA. De igual manera, los objetivos para la Seguridad Social han sido de forma continua fijados muy por debajo de su capacidad para afrontarlos en esta época de crisis. Con esta sencilla operación ya se cuenta con dos culpables a priori para posibles desviaciones: Comunidades Autónomas y Seguridad Social. Todo ello frente a una Administración Central, falsa campeona de la estabilidad.

En definitiva, frente a muchas interpretaciones de los datos interesadas y discutibles, unas pocas conclusiones que, en mi opinión, deberían guiar el planteamiento de las futuras políticas públicas: las bases de nuestra economía son muy débiles y son las que explican nuestra crisis; los niveles de gasto y, sobre todo, de ingresos públicos nos alejan de los países europeos más desarrollados; y, por último, la concienciación respecto a los fundamentos necesarios para un buen funcionamiento de un sistema descentralizado es escasa y ha desembocado en interpretaciones sesgadas de la realidad que en ningún caso van a ser útiles para resolver nuestros problemas.

 

Santiago Díaz de Sarralde es profesor de Economía Aplicada de la URJC y coordinador de Economía en OPEX-Fundación Alternativas.

Comments

[Publicado por: ECO]

Si esto es austeridad que será lo contrario.

Sin ser experto en economía, algo falla cuando creciendo la economía (PIB), al más del 2%, o eso dicen, sigue habiendo un déficit público elevado y por tanto la deuda pública sigue aumentando.

Habiendo déficit, que el Gobierno haya decidido bajar los impuestos, soñando con que así se incrementaran los ingresos porque habrá más consumo e inversión, ha sido, en mi opinión, un enorme error.

En mi opinión, Sanidad, Educación, Interior, y Defensa deberían ser competencias nacionales, lógicamente exceptuando País Vasco y Cataluña, no por razones económicas sino puramente políticas, hoy por hoy inevitables.