Obstáculos para un gobierno de gran coalición en España: dificultades constitucionales y diferencias ideológicas

JOSÉ MARÍA PÉREZ MEDINA (*)

 

Rajoy y Sánchez, durante un encuentro en el palacio de la Moncloa

 

Tras las elecciones del 20 de diciembre pasado, por primera vez en España, ningún partido ha obtenido mayoría suficiente para gobernar España en solitario. A la vista de tales resultados, desde el primer momento el PP lanzó la idea de un acuerdo entre los dos partidos políticos que habían obtenido más votos y diputados, populares y socialistas, argumentando que es la única suma suficiente y que, además, este tipo de coaliciones es práctica habitual en muchos Estados de la Unión Europea.

Sin embargo, tampoco ha precisado si propone un pacto parlamentario o la conformación de un gobierno de coalición, a la vez que planea la idea de una mera adhesión del PSOE a su programa de gobierno. Desde entonces, tampoco se han oído mayores precisiones que lleven a una futura comparación de programas y propuestas para identificar puntos de coincidencia o similitud. Existen, sin embargo, serios obstáculos para encontrar una respuesta compartida que van más allá de los resultados que han provocado la fragmentación de la cámara, y que incluyen circunstancias objetivas que dificultan aún más el gobierno de gran coalición en España.

Existen dificultades de orden constitucional. La Constitución española de 1978 primó la estabilidad y optó por una presidencia del Gobierno fuerte. El presidente es elegido por el Congreso tras un debate planteado en torno al programa por él presentado y es él quien posterior y libremente designa a los ministros. La moción de censura se fundamenta en proponer un candidato alternativo y la cuestión de confianza también es presentada y defendida por el presidente en solitario. La responsabilidad de disolución de las Cortes Generales también corresponde en exclusiva al presidente. En este marco, los ministros aparecen más como subordinados que cómo colaboradores, por lo que el trato paritario que requieren las coaliciones de gobierno resulta prácticamente imposible en un sistema de rasgos tan presidencialistas. Esto supone que en el sistema español el presidente actúa como centro del sistema político, una condición que no ha sido nunca compartida; y que quizás no pueda serlo con los mecanismos constitucionales actuales.

La práctica de la vida política desde 1978 ha consolidado la apuesta constitucional. El presidente del Gobierno también es el líder del partido más votado. Además de elegir a los ministros, también participa en la elección de los diputados, al menos de forma indirecta, pues no se concibe que las listas de candidatos no cuenten con su conformidad y supervisión directa. El presidente también interviene en la elección de los candidatos de su partido a las presidencias autonómicas y a las alcaldías de las principales ciudades. Cuando es necesario, interviene más o menos directamente en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Defensor del Pueblo, de los responsables de las principales empresas públicas, o incluso en la elección del presidente de RTVE.

La preeminencia política del presidente se traslada en el funcionamiento administrativo a la vicepresidencia del Gobierno, cuyo titular dirige la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, de modo que mediante este instrumento garantiza la coordinación de la acción gubernamental actuando como filtro de los temas que serán tratados por el Consejo. Puesto que mediante esta función el vicepresidente actúa como ejecutor y supervisor del plan político del presidente, se adivinan dificultades extraordinarias para que el vicepresidente del Gobierno sea propuesto por un partido político diferente al del presidente.

Mientras tanto, la opinión pública no parece inquieta ante esta acumulación de poder. Más bien al contrario, valora positivamente la autoridad en el mando y la coherencia en la dirección. Incluso parece aceptar la pervivencia en el sistema democrático de algunos rasgos de uso autoritario del poder, algo bien conocido en la historia del país. Una cuestión que curiosamente no ha sido incorporada hasta el momento a la agenda de propuestas de regeneración democrática, tan en boga últimamente.

Además, existen diferencias ideológicas más profundas que dificultan en España la gran coalición. Estas diferencias se visualizan especialmente desde 2004 con motivo de los sucesivos cambios de gobierno, de modo que se ha asumido que cada Gobierno impulse unas medidas dirigidas, entre otras, a neutralizar las medidas de mayor significado ideológico tomadas por el anterior Gobierno. A veces, incluso podría pensarse que el programa político del Gobierno es en muchos aspectos el negativo de las prioridades del Gobierno saliente. Una memoria histórica aún viva y el recuerdo de violentos enfrentamientos en el pasado acrecientan esta oposición y refuerzan una visión excluyente en la que el acuerdo y el pacto se ven como algo excepcional.

Pues bien, ¿cuáles son estas diferencias ideológicas fundamentales que dificultan ahora el pacto?.

Los trece recursos de inconstitucionalidad presentados primero por el PP y, el mismo número, luego por el PSOE durante las dos últimas Legislaturas resultan clarificadores de unas diferencias entre partidos que se erigen en serios obstáculos para hacer viable un gobierno de coalición. Entre ellas cabe señalar:

• Una diferente concepción de la relación entre el poder político y los ciudadanos, según se atienda más o menos a valores relacionados con la autoridad y el orden. Se ejemplifica en los recursos interpuestos por el PSOE contra la reforma de la jurisdicción universal, la ley de protección de la seguridad ciudadana; o el Código Penal; así como en otras medidas, como el esfuerzo por vincular la reforma educativa con el esfuerzo personal, el cambio de las atribuciones del Tribunal Constitucional para hacer efectivo el cumplimiento de sus sentencias o la modificación del sistema de elección del presidente de RTVE, que ya no requiere ser elegido por consenso. Todas ellas son decisiones que esconden diferentes concepciones de las atribuciones del poder y que pueden ser las más difíciles de asumir por la socialdemocracia.

• Se aprecian profundas divergencias en la lectura del título VIII de la Constitución y en la concepción de la España autonómica, así como en sus perspectivas de futuro. Aparentemente el PP defiende el mantenimiento del actual sistema, sin ninguna propuesta nueva, mientras que el PSOE ofrece un proyecto de reforma para conseguir la mejor integración de Cataluña en una España federal. Pero en el fondo, las diferencias son aún más profundas por lo incómodo que casi siempre ha sido el sistema autonómico para el PP, agravado en los últimos años por el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña de 2006. Desde 2012 se ha desarrollado un discurso que denuncia los “excesos” y aboga por “embridar a las Comunidades Autónomas”, una propuesta novedosa y que despertó la alarma de las Comunidades con una identidad propia más clara. La recuperación del recurso previo contra los Estatutos de Autonomía, la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha para reducir el papel institucional de las Cortes, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la minuciosidad de su desarrollo reglamentario, o la reforma de la Administración local, recurrida por el PSOE, ponen de relieve posiciones difíciles de conciliar en este ámbito.

• Existe una diferente visión de la incorporación de la moral católica a las decisiones políticas, según se conciba el hecho religioso como una opción específica del individuo o se resalte el componente moral o el carácter mayoritario del Catolicismo en España. En esta línea hay que recordar que el PP recurrió la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como la Ley por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, mediante el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo.

• Hay una evidente conformidad entre los dos principales partidos con respecto a la estabilidad presupuestaria, básicamente por tratarse de obligaciones derivadas de compromisos comunitarios y por lo tanto ineludibles, pero este apoyo es matizado entre posiciones más o menos convencidas y solícitas a las peticiones de la Unión Europea, de los demás organismos económicos internacionales y de los propios operadores económicos. La discrepancia de ideas que subyace es la extensión de los servicios públicos, su forma de financiación, los criterios para priorizar el gasto público y la distribución de los recursos financieros con las Comunidades Autónomas, que gestionan los servicios esenciales y de proximidad.

• Observamos una diferente visión del papel del Estado en la economía. La tesis liberal da por obvia la mayor eficiencia de la gestión privada sobre la pública, por lo que considera que la política económica debe ser puesta al servicio de la empresa. En este apartado encontramos todas las medidas tendentes a favorecer la desregulación y eliminación de lo que se consideran “trabas administrativas”, pero también decisiones más específicas, como la finalización de la reforma del sistema financiero y la consiguiente concentración empresarial, la reforma laboral y la consiguiente devaluación salarial, las medidas de apoyo al emprendedor, las medidas para fomentar la libertad horaria del comercio, la privatización parcial de AENA, la regularización de deudas tributarias, el nuevo marco de la legislación de costas, las nuevas forma de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual, etc.

• Se constata una diferente consideración de los servicios públicos de uso más frecuente, como la educación, la sanidad, la dependencia, el cuidado del medio ambiente o la protección de los consumidores. Esto ha llevado a la adopción de sendos Reales Decretos-ley, referentes a la reducción del gasto educativo y sanitario, que abogan por un control del gasto social, considerado insostenible, y que indirectamente lleva a la inclusión de estos servicios en el paquete de los que pueden ser prestados en condiciones de mercado y en situación de competencia, lo que implica justificar su privatización.

• En el ámbito de la cultura, no puede obviarse la especial desconfianza del PP ante la pluralidad cultural que aportan las Comunidades Autónomas y el plurilingüismo en España. Estas discrepancias se han apreciado en la última Legislatura con especial intensidad con motivo del debate sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), recurrida por el PSOE.

En resumen, hemos intentado ordenar algunas ideas sobre por qué es tan complejo y,quizás, imposible una gran coalición en la España actual. Por un lado, late la diferente ideología y la distinta concepción del papel del Estado. Por otro lado, la conflictividad planteada por ambos partidos ante el Tribunal Constitucional en los últimos años requeriría alcanzar acuerdos coherentes sobre muchas de las cuestiones apuntadas, pues de otra manera el Gobierno de coalición nacería maniatado al no poder legislar sobre estas materias. Esto requeriría una adaptación del punto de partida de los dos principales partidos y la renuncia a muchos de sus postulados tradicionales.

 

(*)José María Pérez Medina es politólogo e historiador 

Comments

[Publicado por: Juliana Luisa González Hurtado]

Desde mi punto de vista, es necesario sustituir la democracia representativa en un nuevo tipo de democracia. Importantes filósofos contemporáneos, entre ellos algunos Premios Nobel, indica la necesidad de implantar una democracia por consenso o participativa, en la que no todo gire en torno de "la mayoría"
Un saludo